Daniel Justo Herrera

Expediente 946/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
946/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Daniel Justo Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 946/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Daniel Justo Herrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Licenciado Noé Bautista Rodríguez, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Altamirano. 2. Agente Titular o Fiscal Distrital del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano. Con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero ACTO RECLAMADO "SE HACE CONSISTIR EN EL ACUERDO EMITIDO POR LA RESPONSABLE, DE FECHA (18) DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION 12170700300110010918, en el cual en su contenido SE ME VIOLENTAN SISTEMATICAMENTE MIS DERECHOS HUMANOS, Y GARANTIAS INDIVIDUALES reconocidas y otorgadas para su protección Por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la Responsable sin fundamentación y motivación NO ACORDÓ favorablemente el total de las MEDIDAS DE PROTECCION A MI FAVOR y las MEDIDAS CAUTELARES para las responsables en dicha carpeta, negándose a ordenar como Medida Cautelar o de Protección la SEPARACION INMEDIATA DEL DOMICILIO de los Imputados, los cuales por su naturaleza a criterio del Investigador resultare procedente para alguno de los imputados, asimismo, no acordando favorable para mi persona LA MEDIDA DE PROTECCION de REINGRESARME A MI DOMICILIO articulo 137 CNPP, como el derecho que tengo por ser dueño, como así quedo debidamente acreditado en constancias que obran en la Carpeta de Investigación ya referida, violentándome pues, las responsables mi Garantía a la que hace referencia el Artículo 20 Apartado C fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 109 fracción XIX, 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violando en consecuencia el derecho del ahora quejoso a recibir la impartición de la Justicia pronta, expedita e imparcial, como lo mandata el artículo 17 Constitucional (.)." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 946/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión suscitada dentro de una carpeta de investigación atribuido a autoridades ministeriales que radican en la jurisdicción de este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda, en relación con las constancias de autos, se obtiene que el quejoso Daniel Justo Herrera, reclama el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la carpeta de investigación número 12170700300110010918, instruida en contra de Oscar Justo Sánchez, María de Lourdes y José Alfredo ambos de apellidos Sánchez Monroy y Alfredo Sánchez Amezcua, por el delito de violencia familiar y lesiones, específicamente la parte por la cual no se acordaron de manera favorable las medidas de protección y cautelares consistentes en la separación inmediata de su domicilio de dichos imputados, así como ordenar su reingreso al mismo, solicitadas mediante escrito de dieciocho de septiembre del año anterior. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Carlos Betancourt Cruz, Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, el cual quedó precisado en líneas anteriores. Negativa que se acepta, en sus términos, en razón de que del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que quien emitió el acto reclamado fue una diversa autoridad. Consecuentemente, al no acreditarse la existencia del acto reclamado a dicha responsable, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el juicio de amparo respecto del acto a ella atribuido. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Noé Bautista Rodríguez, Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, tomando en consideración que de las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación número 12170700300110010918, que remitió en apoyo a dicho informe, se advierte que no acordó favorablemente las medidas de protección y cautelares precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, las cuales fueron solicitadas por el quejoso Daniel Justo Herrera, mediante escrito de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2 QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Además, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. Ahora, como se expuso con antelación y quedó acreditado con el informe justificado el acto que en esta instancia constitucional se reclama tiene su origen en la integración de una carpeta de investigación, y en la que se señala que no se han aplicado las medidas de protección en favor de la víctima; así, se obtiene que se reprocha la negativa de la autoridad responsable ministerial de acordar favorablemente la totalidad de las medidas de protección y cautelares solicitadas por el quejoso, a fin de salvaguardar su integridad física y emocional, y si bien dicho actuar no es una determinación per se, dicha conducta tiene los mismos efectos que una negativa a otorgar las medidas; pues si bien de las actuaciones que integran la carpeta 12170700300110010918, se advierte que por actuación de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en atención a lo solicitado por el quejoso Daniel Justo Herrera por escrito de dieciocho de septiembre de esa anualidad, se determinó decretar las medidas de protección en favor de la víctima, aquí quejoso y que hizo consistir en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestias a la víctima u ofendido, no así respecto de la separación inmediata de los imputados del domicilio del quejoso así como de reingresarlo de nueva cuenta al mismo. Para dar mayor claridad a lo anterior, es menester tener presente lo establecido en los artículos 20, apartado C, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracciones XVI y XIX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; De dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido tiene derecho a que el Ministerio Público le provea de protección a fin de salvaguardar su integridad física y emocional, así como a la solicitud de medidas de protección y cautelares. Ahora, con la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. De ahí que al tratarse el acto en estudio una negativa por parte del agente del ministerio público responsable de proveer sobre la toma de medidas a fin de salvaguardar su integridad física y emocional, el mismo es impugnable a través del medio de defensa innominado, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El precepto legal transcrito establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos fundamentales y legales citados, se desprende que conforme al proceso penal acusatorio vigente en el Estado de Guerrero bajo el cual se rige el acto reclamado, las omisiones del Ministerio Público pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre y cuando previamente sean controvertidas dentro del proceso de origen ante la autoridad judicial correspondiente, esto es, combatir esas determinaciones ante el Juez de Control, impugnación que podrá tener efecto de modificar, revocar o nulificar esa situación, y si bien en el presente asunto se reclama la negativa adoptar las medidas de protección y cautelares solicitadas por el quejoso, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y emocional, el mismo es susceptible de ser impugnado en términos del numeral 258 aludido. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a. /J. 28/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen al criterio antes mencionado, sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad y que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y que en ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto. Así, se establece que la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial, cuando el Ministerio Público sea omiso o negligente en cumplir con sus funciones, al ser equiparables estas afectaciones a las determinaciones que afecten o impidan lograr la pretensión de la víctima u ofendido, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y/o en cualquier omisión en que incurra el Agente del Ministerio Público, ya que de una interpretación sistemática de las normas transcritas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la negativa del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de Control resolverá lo conducente, por lo que dicho medio garantiza a la víctima su derecho a que se le administre justicia. Máxime, que de las constancias que integran la carpeta de investigación 12170700300110010918, valoradas en el considerando que antecede, se desprende que mediante oficio 1507 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la referida carpeta fue judicializada ante el Juez de Control de los Distrito Judiciales de Allende, Altamirano y Abasolo; de ahí, que se encuentra expedito su derecho para solicitar ante dicha autoridad jurisdiccional, que se pronuncie respecto de las medidas cautelares y de protección, que no fueron acordadas favorablemente por el Agente del Ministerio Público responsable. En tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia en comento, con base en la cual y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de normas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 946/2018, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tienen por rendidos los informes justificados de los Agentes del Ministerio Público Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de las citadas autoridades oficiantes, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los informes justificados del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación 1 así como del Agente Titular o Fiscal Distrital del Ministerio Público del Fuero Común, ambos del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, ni los acuses de recibo de los oficios 19934/2018 y 19935/2018, a través de los cuales les fue requerido, por lo que, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para este día, según la certificación de cuenta, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. No obstante lo anterior, solicítese por la vía telegráfica a las autoridades responsables citadas en el párrafo que antecede, para que dentro del término de tres días siguientes al en que les sea notificado el presente proveído, por la misma vía informen si recibieron los citados oficios, y de ser así, indiquen la fecha de su recepción; asimismo, en caso de no haber rendido su informe justificado, lo hagan en el comunicado que para tal efecto envíen. En el entendido que de no hacerlo, se le aplicara a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con los artículos 236 y 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo; con independencia de aquella, que prevé el numeral 260, fracción II, de la citada ley. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano