Daniel Hernández Montalva
Expediente 1296/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Guerrero, Con Residencia En Acapulco de Juarez, Guerrero
- Daniel Hernández Montalva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se desprende que mediante auto de veinticinco de febrero del año en curso, causó ejecutoria el presente juicio de amparo y aun obran las constancias exhibidas por la el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, consistentes en el duplicado de la causa penal 28/2015, como complemento a su informe justificado; devuélvase a la referida autoridad la citada documental, dado que resulta innecesaria su permanencia en este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 1296/2015. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el tres de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic y remitido al día siguiente por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito de esa materia y sede, Daniel Hernández Montalva, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Guerrero". ACTO RECLAMADO La omisión de declarar cerrada la instrucción. SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°y 17 Constitucionales. TERCERO. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 2016/2015-IV, admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la cual declinó su competencia por razón de territorio a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad, por cuya razón fue remitido a este órgano jurisdiccional, y mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil quince se radicó el expediente con el número 1296/2015, se aceptó la competencia y se dejaron listos los autos para pronunciar sentencia una vez que las partes fueran notificadas de dicha determinación, lo que ya aconteció; y CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto omisivo dentro de un juicio penal que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional y que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Daniel Hernández Montalva, reclama de la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, la omisión de la autoridad responsable de declarar cerrada la instrucción. TERCERO. La Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad al rendir informe con justificación por conducto de su Presidente, aceptó el acto que se le atribuye, bajo el argumento de que por auto de diez de septiembre de dos mil quince, se negó la solicitud del encausado, aquí quejoso, para declarar cerrada la instrucción, por los motivos que al efecto expuso. No obstante lo manifestado por la responsable, no se tiene por cierta la existencia de la omisión que se le reclama dado el contenido de las actuaciones de la causa penal número 28/2012 que en copia certificada acompañó a su informe y que a continuación se analizará. En principio, resulta conveniente recordar que el segundo párrafo del aludido dispositivo de la Ley Suprema establece como garantía individual el derecho a la pronta y expedita impartición de justicia, al disponer en lo conducente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Se consagra así una garantía de acceso a la justicia, traducida propiamente en un derecho a la jurisdicción, en el que la condición de celeridad y expeditez es un elemento esencial. En ese sentido, el normal desarrollo de un juicio en el ideal de la Constitución es ágil, dinámico, sin obstáculos; y es precisamente en esta concepción que la paralización de un proceso, propiciada por la omisión judicial, es una de las afrentas más directas al concepto de justicia en la visión del poder constituyente. Asimismo, puede afirmarse que si un tribunal, estando obligado a efectuar una diligencia no la realiza, incurre en un acto inconstitucional que debe considerarse así, salvo desde luego que se demuestre una razón válida que justifique la omisión, pues en tal caso no podrá hablarse de una omisión propiamente dicha, sino de una demora o interrupción en las actuaciones apegada a derecho. Dicho esto debe también destacarse que otra de las características de los actos negativos u omisivos, es que la carga probatoria para desvirtuar su existencia corresponde a la autoridad responsable y no a la parte quejosa, por disposición del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo interpretado en sentido contrario ; de manera que, en el presente caso la responsable manifiesta que no se ha cerrado instrucción por encontrarse pendientes de verificar las pruebas de careos procesales; así como el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato de acuerdo al "Protocolo de Estambul." Ahora bien, de las actuaciones de la causa penal 28/2012 remitidas por la autoridad responsable, las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que: 1. En relación a los careos procesales. Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil quince, en atención a la solicitud del defensor del procesado José Luis Román Vélez, y dado que se advirtieron contradicciones entre lo declarado por los testigos de descargo Adriana Román Vélez, José Román Avilés, Carlos Flores Arroyo, Marbella Ramírez Bailón, Lidia Mier Zamora y Alfredo Bailón Mier, con lo depuesto por los elementos aprehensores Daniel Israel Elvira Hernández, Edgar William Martínez Peña, Jonathan Cartagena Sánchez, José Manuel Ibarra Hernández, Rubén León Rojano, Orlando Cárdenas Terán, Mario Romero Liebre y Sharadania Echegaray Bernabé, se ordenó la práctica de careos procesales entre los anteriormente nombrados y supletorios por cuanto hace al elemento captor Mario Romero Liebre puesto que no fue posible su localización (foja 313 del tomo XII de pruebas). Fueron fijadas diversas fechas para el desahogo de los citados careos, los cuales se han verificado de la siguiente manera: Respecto de Adriana Román Vélez el veintiuno de abril de dos mil quince, se llevaron a cabo con Daniel Israel Elvira Hernández, Edgar William Martínez Peña, Jonathan Cartagena Sánchez, José Manuel Ibarra Hernández, Rubén León Rojano (fojas 55-60 tomo XIII); el veintiséis de mayo del mismo año se realizó el careo supletorio entre la citada con Mario Romero Liebre (foja 194 tomo XIII); y, el veintisiete siguiente con Orlando Cárdenas Terán (fojas 192-193 tomo XIII), quedando pendiente con Sharadania Echegaray Bernabé. Por cuanto hace a José Román Avilés el tres de noviembre de dos mil quince únicamente se verificaron con Orlando Cárdenas Terán y Sharadania Echegaray Bernabé (fojas 396-398 tomo XIII). El diecisiete de julio de dos mil quince ante el fallecimiento del testigo Carlos Flores Arroyo, se fijaron careos procesales supletorios con los elementos aprehensores los cuales se verificaron el catorce de agosto de dos mil quince, con excepción de la testigo de cargo Sharadania Echegaray Bernabé, debido a que esta no asistió a dicha diligencia (fojas 101-105 tomo XIII). Por lo que ve a Marbella Ramírez Bailón y Lidia Mier Zamora, no ha sido posible su verificativo debido a su inasistencia. Finalmente, el veintidós de abril de dos mil quince Alfredo Bailón Mier sólo se careó con Daniel Israel Elvira Hernández, Jonathan Cartagena Sánchez, José Manuel Ibarra Hernández, Rubén León Rojano (fojas 61-65 tomo XIII). 2. Del dictamen de tortura. En auto de veintiséis de marzo de dos mil quince, se tuvo por desistido a Daniel Hernández Montalvo en su perjuicio de la prueba pericial Médico/Psicológico, especializado para casos de posible tortura y/o maltrato de acuerdo con lo establecido por el "Protocolo de Estambul", ofrecida por su defensa (fojas 431-433 tomo XII). En auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, la responsable estableció que no obstante que Daniel Hernández Montalvo y los demás procesados solicitaron el cierre de instrucción, su petición no era procedente pues de acuerdo al parte informativo de veinticuatro de marzo de dos mil doce, dichos procesados fueron acusados conjuntamente por lo que era evidente la probable existencia de coautoría en el evento criminal, lo que ocasionaba que las pruebas surtan efectos para todos (fojas 180-182 tomo XIII). El veintiocho de mayo de dos mil quince se determinó que no obstante que los procesados Gojan Manuel Santos Gómez o Manuel Santos Gómez, Daniel Hernández Montalvo o Daniel Hernández Montalva, José Luis Román Vélez, Sergio Marcial Aguilar y José Juan Galindo Villaba, se desistieron de todas las pruebas pendientes, se realizaría de oficio la investigación de la tortura alegada por los acusados en virtud de que constituye una violación a las leyes del procedimiento que afecta la defensa de los procesados; por lo cual, ante la propuesta de la perito médico oficial adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General de la República, para ingresar del diecinueve al veintitrés de octubre de dos mil quince, al Centro Federal de Readaptación en donde se encuentran recluidos los procesados para entrevistarse con ellos; se giraron lo oficios correspondientes para solicitar su acceso y el de la perito en fotografía forense a dicho centro de reclusión (fojas 198-201 tomo XIV). En auto de veintidós de octubre de dos mil quince, por solicitud de la perito médico oficial se reprogramó la fecha para su ingreso al reclusorio para entrevistar a los procesados la cual se fijó del veintitrés al veintisiete de noviembre siguiente (fojas 343-344 tomo XIV). Por tanto, de lo narrado se concluye que no es factible atribuir a la juez responsable la omisión reclamada (abstención de cerrar la instrucción en la causa penal 28/2012), pues a la fecha de presentación de la demanda (tres de noviembre de dos mil quince), mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil quince estableció que no era posible acceder a la petición del procesado aquí quejoso en el sentido de cerrar la instrucción porque aún faltaban por verificarse pruebas, y en efecto como se estudió aún se encuentran pendientes por desahogarse los careos procesales de Adriana Román Vélez con Sharadania Echegaray Bernabé; José Román Avilés con Daniel Israel Elvira Hernández, Edgar William Martínez Peña, Jonathan Cartagena Sánchez, José Manuel Ibarra Hernández y Rubén León Rojano, y supletorios con Mario Romero Liebre Bernabé; los supletorios del testigo Carlos Flores Arroyo con Sharadania Echegaray Bernabé; Marbella Ramírez Bailón, y Lidia Mier Zamora con todos los elementos aprehensores; y, Alfredo Bailón Mier, con Edgar William Martínez Peña, Orlando Cárdenas Terán, Mario Romero Liebre y Sharadania Echegaray Bernabé y supletorios con Mario Romero Liebre Bernabé. Del mismo modo, en auto de veintidós de octubre del año en cita determinó que no obstante que los encausados habían desistido de todas las pruebas pendientes a fin de cerrar instrucción, se realizaría de oficio la investigación de la tortura alegada al momento de su aprehensión; incluso, en auto de veintidós de octubre siguiente reprogramó, para el veintitrés al veintisiete del mes próximo, el ingreso de las peritos médico oficial y en fotografía forense al centro de reclusión para entrevistarse con los procesados y recabar el dictamen médico psicológico especializado para casos de posible tortura y/o maltrato de acuerdo con el "Protocolo de Estambul"; lo cual constituye un impedimento para el dictado de la sentencia, ya que previo a su emisión no debe haber diligencias pendientes que practicar. Por lo demás, en este juicio no es materia de litis constitucional el contenido y sentido de esas decisiones porque no constituyen actos reclamados. De este modo, al no acreditarse la existencia de la omisión reclamada, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo a su respecto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 1296/2015, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciséis de diciembre de dos mil quince, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CR./CJD/004/9212/2015, asistido el veintinueve de enero de dos mil dieciséis por José Uriel Vega Sierra, Secretario del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DANIEL HERNANDEZ MONTALVA,LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE DICE... SE RESUELVE: UNICO.- SE SOBRESEE EL JMUICIO DE AMPARO NUMERO 1296/2015...
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