Daniel Martínez Bracamontes y Otros.
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Daniel Martínez Bracamontes y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Iram Levy Figueroa Cruz, por su propio derecho, contra actos del Director de Finanzas y Administración del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno con el número 741/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del estudio integral del escrito de demanda y sus anexos se advierte que el quejoso Iram Levy Figueroa Cruz acude a la instancia constitucional, en su carácter de trabajador del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, para reclamar la suspensión del salario que percibe con tal calidad, a partir de haber escuchado de voz de las responsables que las subsecuentes quincenas ya no se le seguirían pagando, motivo por el cual identifica al acto reclamado como la orden verbal de suspenderle el sueldo que percibe como trabajadora de dicho Instituto. Establecido lo anterior, este juzgado de Distrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste tiene su origen entre el Gobierno del Estado de Guerrero, como patrón y el quejoso como trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el Gobierno del Estado de Guerrero, representado por la Gobernadora, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Gobierno también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, publicada en la página 92, tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. Más aún, no puede soslayarse que la razón que se esgrime como motivo de suspensión del salario tampoco podría ubicarse como un acto de autoridad, sino en todo caso, como una infracción a la ley laboral o contrato que rige las relaciones del quejoso como trabajador, pues es evidente que la retención del salario por los motivos que expone, constituye -de facto- una terminación de la relación laboral, y por ende, ello no es susceptible de enmendarse mediante la acción constitucional. De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso al servicio del del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, reclama la orden verbal de suspenderle del goce de su sueldo que percibe como trabajadora de aquél, así como su eventual ejecución en las circunstancias antes reseñadas; resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional, sino -se insiste- una cuestión inherente a la relación laboral establecida entre ambos en un plano de coordinación. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Sin que pase inadvertido que al inicio del escrito de demanda, aparezca que la promueven Daniel Martínez Bracamontes e Iram Levy Figueroa Cruz, lo que se advierte es un error mecanográfico, dado que del contexto del misma, solo se refiere a un quejoso, y quien firma la demanda es el segundo de los mencionados, de ahí que resulte innecesario pronunciarse sobre el particular. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en corporativo jurídico abogado's Lex Ius, ubicado en calle Copacabana, número 4, local A, despacho 1, planta baja, colonia la zanja (a un costado de los juzgados del sistema penal acusatorio del fuero común), en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Noé Albino Salgado, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jorge Alejandro Mendoza Rea, Brissel González Carmona, Omar Navarrte Ozuna y María Guadalupe López Rodríguez, por no cumplir con el requisito anterior. D A T O D E C O N T A C T O De igual forma, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 9/022, téngase como datos de contacto de su parte para comunicaciones no procesales el número telefónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se comunica al promovente del amparo que de conformidad con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por su similares 25/2020, 37/2020, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la entrada del edificio sede en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitó una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente.
- Principal
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