Daniel Gutiérrez Manrique
Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Daniel Gutiérrez Manrique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado los autos originales del juicio oral mercantil 09/2015, radicado ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, compuesto de dos tomos, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida de Martín Ulises Santes Leyva, Secretario adscrito a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION PERSONAL
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Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 206/2018; y R E S U L T A N D O... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Gutiérrez Manrique, contra la autoridad y el acto descrito en el considerando segundo, por los motivos y por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMA QUE DICE... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 206/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el tres de abril siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Daniel Gutiérrez Manrique, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal de manera directa contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La sentencia interlocutoria de fecha ocho de marzo de 2017, que resolvió el incidente relativo a la planilla de liquidación en el juicio Oral Mercantil con número de expediente 09/2015 ante el juzgado segundo de distrito del poder judicial de la federación en el estado de guerrero." SEGUNDO.- Tramite del juicio de amparo. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, recibió la demanda de amparo directo de que se trata; rindió el informe justificado correspondiente y ordeno remitir los originales de la demanda, así como del juicio oral mercantil 9/2015 de donde emana el acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a fin de que admitiera a trámite dicha demanda. Por cuestión de turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el conocimiento del asunto, y por ejecutoria de quince de febrero de dos mil dieciocho, estimó carecer de competencia legal para conocerlo, por lo que remitió el juicio de amparo directo civil 248/2017 de su índice, al Juez de Distrito en Turno de esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, a efecto de que se avocara a su conocimiento, el que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo que fue radicada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 206/2018; se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar de lo anterior al tercero interesado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación en un juicio oral mercantil que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Resulta aplicable por identidad jurídica, la tesis aislada I.1o.C.77 C, que integró el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 341, del Tomo XIII, febrero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERLOCUTORIA PRONUNCIADA EN INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES EN JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 1330 del Código de Comercio previene dos hipótesis en el caso de que la sentencia condene al pago de intereses: cuando su importe se fija en cantidad líquida y cuando se fijan las bases conforme a las que deberá hacerse su liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio. En el primer caso, fijada la cantidad en la sentencia sin posterior trámite procede su cobro en ejecución de sentencia, en vía de apremio si el obligado no cumple voluntariamente. En la segunda hipótesis para cumplir lo ordenado en la sentencia, es necesario proceder dentro de su ejecución, a la liquidación de los intereses y, para tal efecto, el que obtuvo presentará la correspondiente planilla con la que se dará vista a su contraparte por el término de tres días y, con lo manifestado, el juez fallará lo que estime justo. Este procedimiento constituye un incidente de acuerdo con lo que disponen los artículos 1349 y siguientes del Código de Comercio y lo que en él decida el juez, constituye una sentencia interlocutoria, cualquiera que sea su forma, la que, en términos del artículo 1348 del Código en cita, no admite recurso ordinario, aunque lo que en dicho fallo se resuelva verse sobre una simple operación aritmética, razón por la cual procede en su contra el amparo indirecto." SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo establece el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama, la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio oral mercantil 9/2015, en la que se aprobó la cantidad que por concepto de intereses moratorios e indemnización por mora debe hacer la demandada HIR Compañía de Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. TERCERO.- Oportunidad de la demanda. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que la resolución reclamada le fue notificada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, lo que se constata con los autos del juicio de origen en que obra la constancia respectiva; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del trece de marzo al cuatro de abril de dos mil diecisiete, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de marzo, uno y dos de abril, por haber sido inhábiles, y el veintiuno de marzo por haber sido inhábil pero laborable, todos de la pasada anualidad; de ahí que, si la demanda fue presentada el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado así lo reconoció expresamente, lo que constituye una confesión en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2º; certeza que se corrobora con los autos originales del juicio oral mercantil 9/2015, que como apoyo a su informe justificado remitió, los cuales, al ser documentales públicas hacen prueba plena de la existencia del acto combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Ya que no existe causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por el quejoso. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre lo fundado o no de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, resulta pertinente tener en consideración los antecedentes directos del acto reclamado, los cuales se obtienen de las actuaciones relativas al juicio oral mercantil 9/2015, cuyo valor probatorio pleno quedó reseñado en el considerando que antecede; constancias de las que se observa lo siguiente: 1).- Mediante escrito de veintitrés de octubre de dos mil catorce, Daniel Gutiérrez Manrique, por su propio derecho, demandó en la vía oral mercantil a "SEGUROS HIR, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de diversas prestaciones con motivo del documento basal que al efecto adjuntó (póliza de seguro de vida número 24801000003); demanda que por cuestión de turno correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, y que mediante auto de quince de enero de dos mil quince la registro bajo el número de juicio oral mercantil 9/2015, y previa prevención, por acuerdo de doce de febrero siguiente la admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada. 2).- Seguido que fue el juicio por sus respectivas etapas procesales, en audiencia de juicio de veintiséis de agosto de dos mil quince, el juez responsable dictó sentencia definitiva en la que se condenó a HIR Compañía de Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos), como suerte principal, derivado de la diferencia a enterar con motivo de la aludida póliza de seguro 24801000003, así como al pago de la indemnización por mora que corresponde de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 bis, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; resolución contra la cual la parte demandada interpuso amparo directo que por cuestión de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito bajo el número de toca de amparo directo civil 531/2015, y que en ejecutoria de catorce de enero de dos mil dieciséis emitida en su auxilio por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región (expediente 743/2015), se determinó negar la protección de la justicia federal solicitada. 3).- En acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en atención a lo solicitado por la parte actora, el juez responsable requirió a la parte demandada para que hiciera pago de la suma señalada en la sentencia definitiva por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos moneda nacional) y se reservó a proveer sobre la planilla de liquidación exhibida por su contraparte hasta en tanto se realizara lo anterior en el plazo indicado para ello. 4).- Por auto de ocho de abril del año próximo pasado, se tuvo a la parte demandada exhibiendo el documento valor expedido el cuatro de ese mismo mes, con el que se dio cumplimiento al pago de la suerte principal, mientras que por diverso proveído de veintidós de abril siguiente se dio trámite al incidente de liquidación planteado por la parte actora en torno a los intereses moratorios por indemnización, motivo por el cual se dio vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. 5).- Mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a la demandada desahogando la vista que se le otorgó respecto a la liquidación planteada por la parte actora y tomando en consideración que la suma de dinero correspondiente a los intereses moratorios por indemnización debían calcularse en unidades de inversión (UDIS), emitidas por el Banco de México, requirió a las partes para que designaran un perito a efecto que dictaminaran sobre el monto que debía enterarse por el aludido concepto y estar en aptitud de resolver la incidencia de mérito. 6).- Seguida la tramitación del incidente de liquidación en comento, por acuerdos de dos y ocho de junio de dos mil dieciséis, los peritos designados por las partes rindieron sus respectivos dictámenes, en los que concluyeron a cuánto ascendía el monto de la condena por concepto de intereses moratorios por indemnización que debía pagar la demandada al actor siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva emitida en el juicio oral mercantil 9/2015. 7).- Por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dada la contradicción entre lo dictaminado por los expertos designados por las partes, a solicitud de la parte actora, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero ordenó girar oficio al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para que designara un perito tercero en discordia en materia de contabilidad; experto que por auto de veinticinco de agosto del año en cita rindió su dictamen. 8).- El ocho de marzo de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, emitió la interlocutoria que constituye el acto reclamado en la presente instancia, en la que concluyó que el total de los intereses moratorios que debía liquidar la demandada por concepto de intereses moratorios comprendidos desde el veinticinco de octubre de dos mil doce al cuatro de abril de dos mil dieciséis, corresponden a la cantidad de $33,581.20 (treinta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 20/100 moneda nacional), y además la suma de $22,872.30 (veintidós mil ochocientos setenta y dos pesos 30/100 moneda nacional) por concepto de actualización de la obligación pendiente de pago; lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones: 8.1).- Que la incidencia debía resolverse conforme a la sentencia, sin que la primera pudiera modificar, rebasar o anular lo decidido en la segunda, ya que su objeto era determinar concretamente en forma líquida, las obligaciones establecidas en la sentencia definitiva a cargo de las partes, con apoyo en los medios de prueba allegados durante el juicio y el procedimiento de ejecución. 8.2).- Que en congruencia con lo anterior, insertó la parte considerativa de la sentencia definitiva, de la que obtuvo la obligación de pago a cargo de la parte demandada de la suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 bis, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 8.3).- A continuación, el juez de origen insertó el contenido de la planilla de liquidación de la parte actora y adujo lo determinado en auto de tres de mayo de dos mil dieciséis (inciso 5), a partir de lo cual procedió a transcribir el contenido de los dictámenes de los peritos de la intención de los contendientes, y del perito tercero en discordia, para después destacar las objeciones planteadas por las partes respecto de los peritajes emitidos por dichas partes procesales, así como la conformidad manifestada por la parte demandada sobre lo concluido por la perito tercero en discordia. Establecido lo anterior, se obtiene que la parte quejosa sostiene esencialmente que la resolución reclamada infringe en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros así como por el diverso 1252 del Código de Comercio, porque: a).- El juez responsable erróneamente le otorga valor indiciario al dictamen emitido por el perito del aquí quejoso (parte actora en el juicio natural), solamente porque no cubre de manera completa los días en que nace la obligación y en relación al cumplimiento del pago, olvidándose por completo de la sana crítica y la lógica jurídica, en razón de que en la resolución reclamada, establece que dicho dictamen, reúne los requisitos que establece el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, por tanto cumplía con la fundamentación y motivación que dicha numeral exige, aunado a que no expresó los requisitos de credibilidad en cuanto a la veracidad del dictamen. b).- El juez responsable no tomó en consideración que el artículo 135 Bis fracción IV establece que la cantidad que resulte posteriormente a aplicar el 1.25 y que debe dividirse entre 100 para expresar el porcentaje y posterior a ello entre los trescientos sesenta y cinco días del año, debe multiplicarse por los días que han transcurrido de acuerdo a los meses en que se ha incumplido con el cumplimiento de la obligación, esto es, acumular todos los días de los meses faltantes y no como lo realizó el perito tercero en discordia que tomó únicamente los días de cada mes. c).- Que le otorgue pleno valor probatorio al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, únicamente porque tiene capacidad plena para ello y conocimientos en la materia, que además aportó pruebas y es trabajador público. Una vez establecidos los antecedentes directos del acto reclamado, así como los motivos de disenso planteados por la parte quejosa, procede ahora dilucidar si estos últimos resultan fundados o no. Para comprobar lo anterior, se tiene presente que los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, el primero se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; lo que en el caso atinente al pronunciamiento de las sentencias del orden civil, exige que sean emitidas conforme a la letra de la ley; es decir, que su sentido se adecue a lo que literalmente disponen los ordenamientos legales aplicables, o en su defecto, conforme lo establezcan los diversos sistemas de interpretación jurídica de la ley (por ejemplo, mediante la interpretación jurisprudencial, semántica, histórica, deductiva, inductiva, sistemática, etcétera), y a falta de ello, se fundará en los principios generales de derecho; mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por otro lado, en el artículo 1348 del Código de Comercio, que a la letra dispone: "Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda.", se encuentra regulado el trámite de la incidencia en la que habrá de cuantificarse el valor de la condena, cuando en la sentencia no se haya establecido en cantidad líquida dicho importe; lo que implica un ejercicio de ponderación entre lo pretendido en la planilla de liquidación y el derecho efectivamente obtenido en la propia sentencia; en la inteligencia de que ese análisis es de carácter oficioso; de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 35/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada." En ese orden de ideas, de la lectura de los antecedentes directos del acto reclamado, se observa que la materia del incidente de liquidación está relacionada con la cuantificación de los conceptos de intereses moratorios así como de la actualización de la obligación incumplida. Precisado lo anterior, los argumentos hechos valer por el peticionario del amparo, en los incisos a) y c), se estiman ineficaces porque contrario a lo sostenido en ellos, la resolución reclamada, se encuentra debidamente fundada y motivada, y por tanto, no se considera violatoria de los derechos de audiencia, seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo anterior se estima así porque: A).- El juez responsable otorgó valor probatorio indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 1252 y 1301 del Código de Comercio, pero demeritó el alcance de la opinión emitida por el perito designado por la parte demandada, sobre la base de que el mismo no se ocupó de la totalidad de los puntos cuestionados, ya que -afirmó-, había omitido dar contestación a los cuestionamientos propuestos por las partes, además de que citó como data de la obligación incumplida el trece de enero de dos mil trece, cuando ese dato lo contiene la propia sentencia a partir del veinticinco de octubre de dos mil doce, además de que calculó los intereses moratorios hasta el veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, y no hasta un día antes en que se realizó el pago (cuatro de abril de dos mil dieciséis), según lo estatuido por el artículo 135 bis, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. B).- Por otra parte, respecto de la eficacia demostrativa del dictamen emitido por el perito designado por la parte actora, el cual demeritó no obstante haberse pronunciado sobre la totalidad de los puntos cuestionados y haber explicado en forma detallada la manera en que obtuvo el resultado aducido y tomó como fecha para la cuantificación de los intereses moratorios el veinticinco de octubre de dos mil doce, en la gráfica allegada para justificar el resultado señalado por dicho experto, la responsable observó que en lo relativo al mes de octubre de dos mil doce únicamente se contabilizaron seis días, cuando lo correcto eran siete días, a partir del día veinticinco del indicado mes. Además, dicho experto señaló que sus cálculos abarcaban hasta el siete de abril de dos mil dieciséis, pero lo correcto era hasta el cuatro del mes y año en cita. C).- En cambio, otorgó eficacia probatoria plena al dictamen del perito tercero en discordia, porque: C.1).- Fue realizado por persona con capacidad plena para ello y con conocimientos en la materia. C.2).- El experto se pronunció en forma congruente, clara y precisa sobre todos los puntos cuestionados, motivando las razones en las que apoyó su opinión, así como los datos y pruebas que tomó en consideración para ello. C.3).- Que se trataba de un servidor público adscrito a un departamento especializado que brinda auxilio y corrobora en la investigación de los diversos asuntos oficiales que requieren su participación, como lo es la Procuraduría General de la República y otras instituciones oficiales. C.4).- A partir de lo anterior, arribó a la conclusión de que el importe de la obligación a liquidar correspondía a las cantidades de $33,581.20 (treinta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 20/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios comprendidos desde el veinticinco de octubre de dos mil doce al cuatro de abril de dos mil dieciséis, y la suma de $22,872.30 (veintidós mil ochocientos setenta y dos pesos 30/100 moneda nacional), equivalente a la actualización de la obligación pendiente de pago, considerando el valor de la UDI (Unidades de Inversión), al cuatro de abril de dos mil diecisiete. Luego, conforme a lo establecido en la parte considerativa de la sentencia definitiva emitida el veintiséis de agosto de dos mil quince, la forma en que las sociedades de seguros deben de hacer el pago de indemnización por mora sobre una obligación pactada en moneda nacional, la establece el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 135 Bis. Si la empresa de seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente: I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la fecha de su exigibilidad legal y su pago se hará en moneda nacional al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Además, la empresa de seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; II. Cuando la obligación principal se denomine en moneda extranjera, adicionalmente al pago de esa obligación, la empresa de seguros estará obligada a pagar un interés moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora; III. En caso de que no se publiquen las tasas de referencia para el cálculo del interés moratorio a que aluden las fracciones I y II de este artículo, el mismo se computará multiplicando por 1.25 la tasa que las sustituya, conforme a las disposiciones aplicables; IV. En todos los casos, los intereses moratorios se generarán por día, desde aquél en que se haga exigible legalmente la obligación principal y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento; V. En caso de reparación o reposición del objeto siniestrado, la indemnización por mora consistirá en el pago del interés correspondiente a la moneda en que se haya denominado la obligación principal conforme a las fracciones I y II de este artículo y se calculará sobre el importe del costo de la reparación o reposición; VI. Son irrenunciables los derechos del acreedor a las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo. El pacto que pretenda extinguirlos o reducirlos no surtirá efecto legal alguno. Estos derechos surgirán por el solo transcurso del plazo establecido por la Ley para la exigibilidad de la obligación principal, aunque ésta no sea líquida en ese momento. Una vez fijado el monto de la obligación principal conforme a lo pactado por las partes o en la resolución definitiva dictada en juicio ante el juez o árbitro, las prestaciones indemizatorias establecidas en este artículo deberán ser cubiertas por la empresa de seguros sobre el monto de la obligación principal así determinado; VII. Si en el juicio respectivo resulta procedente la reclamación, aun cuando no se hubiere demandado el pago de las prestaciones indemnizatorias establecidas en este artículo, el juez o árbitro además de la obligación principal, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las fracciones precedentes, y VIII. Si la empresa de seguros, dentro de los plazos y términos legales, no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le impondrá una multa de mil a diez mil días de salario, y en caso de reincidencia se le revocará la autorización correspondiente." Así, previo a realizar el análisis de las cantidades propuestas por la actora en su demanda incidental, atendiendo a las bases señaladas en la referida sentencia definitiva y lo señalado en el ordinal inserto, específicamente en su fracción I, era necesario que el juez responsable determinara el valor de la obligación incumplida (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), a la data en que se realizó el pago de dicha obligación mediante el cheque 0004885 (cuatro de abril de dos mil dieciséis); y una vez que se obtuviera ese valor, estaría en aptitud de calcular el pago de la indemnización por mora con base en lo estipulado en el artículo 135 bis fracciones I y IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, así como los intereses moratorios a razón de una tasa igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación; esto es, del veinticinco de octubre de dos mil doce (fecha en que se declaró la invalidez total y permanente del asegurado) a la fecha en que se realizó el pago de la obligación incumplida. En este punto, es importante destacar que si bien el juez responsable podía válidamente prescindir de la opinión de peritos para resolver la planilla de liquidación propuesta por la parte actora, habida cuenta que las bases de la cuantificación de los conceptos de que se trata están contenidos tanto en la propia sentencia definitiva como en el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, y a partir de ello realizar las operaciones aritméticas respectivas empleando los factores proporcionados por el Banco de México, no puede soslayarse que la determinación de hacer uso de la prueba pericial para determinar lo anterior quedó definida desde la emisión de la sentencia, pues así se señaló expresamente en el último párrafo del considerando sexto de dicha resolución. Aunado a lo anterior, tampoco puede pasar por alto el hecho de que la decisión de someter la comprobación del importe de los conceptos a cuantificar en cantidad líquida al juicio de peritos se encuentra dentro de las atribuciones de libre arbitrio con que cuenta dicho juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su ordinal 1054. Lo anterior se destaca porque de dicho aspecto se deriva que el análisis a efectuarse para constatar la regularidad de la resolución sujeta a examen orbita en torno a la correcta ponderación o valoración de los dictámenes periciales allegados a los autos del juicio oral mercantil 9/2015, ya que el sentido de la resolución interlocutoria se basó en el valor probatorio otorgado a los dictámenes periciales, particularmente al rendido por el perito tercero en discordia respecto del emitido por los peritos designados por los contendientes. De ahí, que la parte quejosa parte de una interpretación errónea, ya que el artículo 1252 del Código de Comercio, establece que los dictámenes periciales deberán ser rendidos, por personas expertas en la materia sobre la que deberá versar la misma, y que únicamente será admisible, cuando se requieran conocimientos especiales para la resolución del problema, más no obliga al juzgador a darle un valor probatorio determinado, ya que esto dependerá de si las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica, tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen. Ahora, es necesario destacar que tratándose de la prueba pericial, esta se encuentra del sistema de valoración de libre convicción, que son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. Asimismo, tratándose de las materias civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, en razón de que el perito debe ser una persona experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.3o.C. J/33, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicada en la página 1490.del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, Materia(s): Civil, que dice: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS. En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la sana crítica, y que constituyen las reglas del correcto entendimiento humano. En éstas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos, puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen." En conclusión, los juzgadores tienen la facultad de otorgar el valor que a su criterio corresponda a los dictámenes que rindan los peritos propuestos por las partes, al efecto el artículo 1301 del Código de Comercio, prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, por tanto, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios. De ahí que resulte ineficaz lo manifestado por el quejoso en los conceptos de violación señalados en los incisos a) y c), toda vez que el juez responsable en uso de la facultad que le da el mencionado ordinal 1301 del Código adjetivo, determinó darle valor probatorio indiciario, al dictamen emitido por el perito de su elección, en razón de que únicamente tomo seis días del mes de octubre de dos mil doce, en que se hizo exigible la obligación reclamada contados a partir del veinticinco del citado mes y no siete, aunado a que el cálculo correspondiente lo hizo hasta el siete de abril de dos mil dieciséis, y no del tres de dicho mes (un día antes del cuatro, en que se dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural), como se determinó en la sentencia definitiva, de ahí que no era factible otorgarle valor probatorio pleno, por las razones expuestas en la resolución reclamada. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis I.7o.C.28 C (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en página 2060, misma que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos." De igual manera, se considera infundado el concepto de violación marcado con el inciso b) porque el quejoso parte de una interpretación errónea del artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en razón de que contrario a lo manifestado, la manera en que la perito oficial realizó sus operaciones aritméticas para determinar el monto total que por concepto de intereses moratorios debe cubrir la parte demandada, se encuentra ajustado a lo establecido por el artículo 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, dado que no es factible hacer dicha operación como lo manifiesta el quejoso en su escrito de demanda, en virtud de que el citado numeral en su fracción primera, párrafo segundo, establece que para determinar la tasa por cada mes en que subsistió el incumplimiento de la suerte principal, se debe multiplicar 1.25 por el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, de manera mensual; de ahí que se estima correcta la interpretación realizada por la experta de referencia, dado que de forma oportuna, realizó el cálculo de la misma, atendiendo a la variación que por mes sufre la UDI (unidades de inversión), para después multiplicar por 1.25 y obtener la tasa mensual aplicable al caso en concreto y dividir entre trescientos sesenta y cinco días que contiene cada año, para finalmente multiplicar por el número de días de cada mes, y así poder obtener la cantidad total de intereses moratorios que de forma mensual debe cubrir la demandada. Por tanto se estima infundado lo manifestado por la parte quejosa en torno a la operación aritmética que refiere debió observarse para tasar el monto de la obligación en comento; pues de ajustarse a tal parámetro se arribaría al extremo de calcular el número de días en que subsiste el incumplimiento sobre un factor (UDIS) que no estaba vigente en esa fecha. En esa tesitura, al resultar infundado e ineficaces los conceptos de violación examinados, ya que no se observa que la decisión del Juez responsable omitiera ajustar su proceder conforme con los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es negar la protección constitucional que solicito Daniel Gutiérrez Manrique, en contra de la resolución interlocutoria de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio oral mercantil 9/2015. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Daniel Gutiérrez Manrique, contra la autoridad y el acto descrito en el considerando segundo, por los motivos y por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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