Daniel Hernandez Jimenez
Expediente 2173/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2173/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Hernandez Jimenez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 05 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 163 a 181), se concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil quince; a) Deberá, sin reaperturar el plazo constitucional, recabar de inmediato las constancias alusivas a la detención y su calificación, por parte de la Ministerio Público adscrita a la Séptima Agencia que integraba la diversa averiguación previa ********************, a cuya disposición se encontraba el quejoso cuando declaró en la indagatoria de donde derivó el auto de formal prisión que se reclama, a fin de constatar si hubo o no transgresión a sus derechos fundamentales durante su privación de la libertad, atento a que en esas condiciones fue presentado a declarar en la averiguación previa de donde surgió el proceso que ahora se revisa y emanaron diversos medios de prueba. 2. Hecho lo anterior resuelva inmediatamente la situación jurídica del quejoso, determinando si se actualizó o no la violación a sus derechos fundamentales, con motivo de su detención, así como si ello impacta o no en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la cual aceptó su participación en el delito de feminicidio. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se reste valor a su declaración de fecha veintiocho de noviembre de dos mil quince, sino únicamente que se allegue de la averiguación previa ********************, por el delito de resistencia de particulares y conforme a su contenido determine su valor volviendo a resolver lo que en derecho proceda, pudiendo ser en el mismo sentido; y tampoco implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." (fojas 179 y 179 vuelta). Inconforme con dicha resolución la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, autoridad tercero interesada, interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-215/2016, quien mediante ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 354 a 455), resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Hernández Jiménez, contra los actos de la Juez Segundo de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal número 405/2015; y su ejecución. TERCERO.- Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Daniel Hernández Jiménez." (foja 455). Motivo por el cual, en auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, este juzgado federal requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 456 a 459). Ahora bien, mediante oficio 5230 de quince de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 470 a 518), el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 405/2015 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de ocho de diciembre de dos mil quince (foja 517 vuelta). - Sin reaperturar el plazo constitucional, recabó las constancias alusivas a la detención y su calificación por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Séptima Agencia que integró la diversa averiguación previa 1847/2015/7ªPue, a cuya disposición se encontraba el aquí quejoso cuando declaró en la indagatoria donde derivó el auto de formal prisión reclamado. Indagatoria en la cual constató que no hubo trasgresión a los derechos fundamentales del aquí quejoso durante la privación de su libertad, pues su detención se sustentó en la facultad investigadora del representante social con base en los artículos 16 y 21 Constitucionales; por lo que concedió pleno valor probatorio a la declaración del quejoso de veintiocho de noviembre de dos mil quince (fojas 499 a 500 vuelta y 504). - Y, finalmente volvió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso, decretándole auto de formal prisión por el delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 312 Bis, fracción III del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Mireya y Mayrin de apellidos Hernández Pérez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-215/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y dos tomos de pruebas; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Hernández Jiménez, contra los actos de la Juez Segundo de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal número 405/2015; y su ejecución. TERCERO.- Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Daniel Hernández Jiménez." En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la causa penal 405/2015 de su índice (anexo I) y la fotocopia certificada de diversas constancias posteriores a la resolución de uno de diciembre de dos mil quince, por la que se dictó orden de aprehensión en autos del proceso penal 405/2015 de su índice (anexo II), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente; se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.)1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de diciembre de dos mil quince; a) Deberá, sin reaperturar el plazo constitucional, recabar de inmediato las constancias alusivas a la detención y su calificación, por parte de la Ministerio Público adscrita a la Séptima Agencia que integraba la diversa averiguación previa 1847/2015/7ªPUE, a cuya disposición se encontraba el quejoso cuando declaró en la indagatoria de donde derivó el auto de formal prisión que se reclama, a fin de constatar si hubo o no transgresión a sus derechos fundamentales durante su privación de la libertad, atento a que en esas condiciones fue presentado a declarar en la averiguación previa de donde surgió el proceso que ahora se revisa y emanaron diversos medios de prueba. 2. Hecho lo anterior resuelva inmediatamente la situación jurídica del quejoso, determinando si se actualizó o no la violación a sus derechos fundamentales, con motivo de su detención, así como si ello impacta o no en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la cual aceptó su participación en el delito de feminicidio. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se reste valor a su declaración de fecha veintiocho de noviembre de dos mil quince, sino únicamente que se allegue de la averiguación previa 1847/2015/7ªPUE, por el delito de resistencia de particulares y conforme a su contenido determine su valor volviendo a resolver lo que en derecho proceda, pudiendo ser en el mismo sentido; y tampoco implica que se deje en libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro de los términos que se señalan, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otro lado, dígase a la autoridad requerida, que incurre en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. No se inadvierte para la suscrita Jueza Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, también se debe encomendar notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso no procede, toda vez que los jueces de primera instancia cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Orienta el criterio de esta juzgadora, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias."
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