Daniel Eduardo Arango Hernández
Expediente 352/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 50 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel Eduardo Arango Hernández
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Estado de Veracruz, con sede en Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Visto: toda vez que la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, devuelve el oficio 26184/2018, del índice de este Juzgado, de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dirigido al DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, el cual no fue entregado por la razón que aparece en el sobre correspondiente, siendo esta, "no existe autoridad". Al efecto, no es el caso reenviar el aludido oficio, toda vez que el mismo es contentivo del archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el telegrama del Delegado Jurídico, Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz. Con el que esencialmente acusa recibo del oficio 24342/2018, del índice de este Juzgado, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se insertó el contenido íntegro de la sentencia dictada en este asunto en esa propia fecha. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas. Ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración. Pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto: toda vez que la Oficina de Correos de México, en esta ciudad, devuelve el oficio 16103/2018, del índice de este Juzgado, de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, dirigido al JUEZ QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, el cual no fue entregado por la razón que aparece en el sobre correspondiente, siendo esta, "cambió domicilio". Al efecto, no es el caso reenviar el aludido oficio, toda vez que por auto de treinta y uno de julio pasado, se dejó de tener como autoridad responsable a la citada con antelación y se suspendió toda comunicación con la misma. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 46 actuaciones en este expediente
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