Daniel Cardin Martinez

Expediente 1956/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1956/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Daniel Cardin Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el nueve de marzo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en las copias certificadas del expediente número 346/2020, que la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le gire, devuélvase el anexo de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo del mismo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe justificado rendido por la actuaria en turno adscrita al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de nueve de marzo pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente únicamente como corresponda, el informe justificado rendido por la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que por acuerdo de nueve de marzo pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1956/2021-V-B, promovido por Daniel Cardín Martínez, en contra de los actos que reclama a la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Daniel Cardín Martínez solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama a la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, como autoridad ordenadora, y actuaria en turno adscrita al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, como autoridad ejecutora, ambas con sede en esta ciudad, SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo oral mercantil 346/2020 del índice del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado del ilegal emplazamiento. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán y actuaria en turno adscrita al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, pues aunque lo negaron al rendir su informe justificado, se desvirtúa dicha negativa atendiendo al contenido del oficio 751/2022 que evidencia su existencia; lo que se corrobora en el contenido de las copias certificadas que adjuntó al mismo. TERCERO. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en relación con los actos reclamados, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse, que se tratan de actos consumados con efectos positivos, por lo que contra la emisión de los actos, es improcedente la suspensión, al ser dicha cuestión un aspecto que tendrá que analizarse al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, al tener efectos positivos, es sobre éstos que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223638, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el juicio de amparo se pronuncie." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa, y para acreditar su interés indiciario, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, que es parte demandada en autos del juicio ejecutivo oral mercantil 346/2020 del índice del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; lo cual se corrobora, de las constancias que remitió la autoridad responsable junto con su oficio 751/2022. Tiene aplicación al caso la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, visible en la página 352, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 246970, cuyo rubro y texto dicen: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que también se colma este requisito en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte quejosa, quien se duele de todo lo actuado en el juicio ejecutivo oral mercantil 346/2020 del índice del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, derivado del ilegal emplazamiento. Por tanto, con relación a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 147 de la citada Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecute la sentencia definitiva dictada el diez de agosto de dos mil veintiuno en autos del juicio de origen, hasta en tanto se resuelva por sentencia ejecutoria el juicio principal del que derivan estos autos; sin que lo anterior, implique la suspensión del procedimiento por ser de orden público. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE a Daniel Cardín Martínez, la suspensión definitiva de los actos que reclama a la Jueza Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán y actuaria en turno adscrita al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

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