Daniel David Paz Padilla
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel David Paz Padilla
Actuaciones
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos para los efectos legales correspondientes, los informes previos rendidos por la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento alguno en cuanto a sus contenidos, toda vez que el dieciocho de febrero pasado, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos, tuvo verificado la audiencia incidental en el presente asunto, en la que se resolvió respecto de la suspensión definitiva de los actos que se les atribuyen. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexo, a través del cual, informa las gestiones que continúa realizando con relación al cumplimiento de la ejecutoria del amparo; de lo que se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Ahora bien, toda vez que del oficio que remitió la autoridad responsable, se advierte que han concluido las citas programadas de los títulos disponibles para entrega en la primera ronda, por lo que, somete a consideración de este órgano jurisdiccional la programación por segunda ocasión para la entrega de los títulos de propiedad de los beneficiarios que no acudieron a su cita primera, conforme al anexo l del oficio que se recibe. Al respecto, se considera adecuada la programación propuesta por lo que la autoridad responsable deberá hacer la entrega de los títulos parcelarios correspondientes en las fechas y horas que se mencionan en el anexo adjunto al oficio recibido; con el cual, se ordena correr traslado en forma personal a la parte quejosa, para que acuda en las datas programadas conforme al calendario proporcionado por la autoridad responsable. Destacándole que dicha circunstancia será tomada en consideración al momento de calificar el cumplimiento, puesto que ello no puede quedar al capricho de las partes, además de que este órgano jurisdiccional debe velar porque la sentencia de amparo se cumpla en sus términos. En atención a lo anterior, prevéngase a la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, proceda a realizar la entrega de los títulos de propiedad de los beneficiarios que no acudieron a su cita primera, conforme al anexo l del oficio de cuenta, y de informar cuando ello acontezca (asistencia o inasistencia), adjuntando las constancias conducentes en copia certificada. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio de la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe con justificación, así como el anexo que acompaña; sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Ahora bien, del contenido del oficio de mérito y del anexo que se acompaña, se advierte que por acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 793/2021, la responsable radicó la demanda del aquí peticionario del amparo y lo previno para que exhibiera el documento base de la acción; lo que notificó al quejoso hasta el veintiuno de enero de este año por medio de publicación número treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro (34684) en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Lo que se patentiza con las copias certificadas de las constancias correspondientes que remitió con su informe justificado la responsable oficiante; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de la Juez Primero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de proveer su escrito inicial de demanda relativa al juicio ordinario de reducción de pensión, al que se le asignó el número de expediente 793/2021. Sin embargo, dicha responsable emitió un acuerdo el tres de enero de dos mil veintidós, en el que radicó la indicada demanda y previno a la parte actora (aquí quejoso) para que exhibiera el documento base de la acción; lo que se le notificó el veintiuno de enero de este año por medio de publicación treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro (34684) en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, es decir, con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con tres minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha no han rendido sus informes justificados las autoridades siguientes: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR. CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS" CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA. YUCALPETÉN, YUCATÁN. Ni obran en autos los acuses relativos a los oficios con los que se les solicito sus respectivos informes justificados a las primeras tres autoridades citadas. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, considerando que el domicilio de dichas autoridades se ubica fuera de la residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese, y cúmplase.
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