Daniel Gómez Díaz
Expediente 50/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel Gómez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó fuera de audiencia; sin embargo, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado el anexo remitido por la autoridad responsable, consistente en un legajo de copias certificadas que acompaño a su informe de ley; por tanto, devuélvasele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se tratan de copias certificadas. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo 50/2021-VI-B, promovido por ***, a favor del directo quejoso ***, en contra del acto que reclama del Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno, vía electrónica, compareció ***, en representación del directo quejoso ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano a fin de de que cesara de inmediato cualquier acto que pusiera en peligro de privación de la vida al aquí quejoso y su integridad física, derivado de la omisión de proporcionarle la atención médica que requirió, así como de proporcionarle los medicamentos respectivos, todo ello a fin de garantizar plenamente su derecho fundamental a la protección a la salud integral; en cuanto a que de haber estado en peligro su vida y su integridad física por la falta de la atención médica que requería, se le otorgara de manera inmediata y se le prestara la atención requerida. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la diligencia de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por constancia actuarial de catorce de enero de dos mil veintiuno, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. En virtud de lo anterior, mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó al representante social de la federación adscrito la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52,fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, junto con su informe justificado, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de garantizar el derecho a la salud del directo quejoso, al no atender de manera adecuada los dolores y padecimientos que sufre, lo cual compromete gravemente su vida e integridad personal; quien se encuentra privado de su libertad en el módulo G del Centro de Reinserción Social a cargo del Director responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó el Director responsable a su informe recibido en proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de enero del año en curso, el directo quejoso fue trasladado del centro penitenciario a su cargo al servicio de urgencias del Hospital General "Agustín O'Horan", donde fue ingresado. Posteriormente, mediante diversa misiva remitida por la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el dos de marzo del año en curso, el directo quejoso fue dado de alta de dicho nosocomio por mejoría, por lo que retornó al Centro de Reinserción Social de Mérida, en donde, hasta la fecha en que fue expedido el citado oficio -cuatro de marzo de dos mil veintiuno-, se encontraba aislado en el área de hospitalización, en donde se encontraba recibiendo atención, vigilancia médica y cuidados de enfermería. Asimismo, informó del tratamiento que le fue proporcionado al ingresar a dicho centro de reclusión, así como los medicamentos que le serían administrados, señalando expresamente que se continuaría con apego el esquema enviado por los especialistas. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio constitucional, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante DANIEL GÓMEZ DÍAZ la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad responsable garantizara el derecho a la salud del directo quejoso, atendiendo de manera adecuada los dolores y padecimientos que sufría al momento de presentar la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional, lo cual ya aconteció. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *** por conducto de ***, en contra del acto que reclama del Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de dos de marzo del año en curso, informa a este Juzgado Federal el estado de salud que guarda el impetrante del amparo, así como las gestiones realizadas a fin de garantizar el derecho a la salud del mismo, para lo cual adjunta las copias certificadas de las constancias conducentes para acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio presentado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, rindió su informe justificado, mediante el cual informó: "(.) que al referido quejoso se la ha proporcionado la atención médica y oportuna necesaria de los padecimientos que ha presentado, siempre protegiendo la salud del quejoso sin la omisión de la misma; en lo que respecta a los hechos suscitados y como menciona en el presente amparo, en el mes de mayo del año próximo pasado, se le envía al Servicio de Urgencias Adultos del Hospital General Agustín O'Horan, con diagnóstico de neumonía atípica, el cual ameritó hospitalización, permaneciendo ingresado en el mismo, tomándole muestra para la prueba diagnóstica SARs-COv2, con resultado confirmado (positivo), fue dado de alta por mejoría clínica retornando a este Centro Penitenciario el día ocho de mayo del año dos mil veinte, proporcionándole un seguimiento a su padecimiento, solicitando estudios y análisis que ha requerido, así como agendarle citas con los médicos especialistas; siendo la gestión más reciente que se ha realizado la del día quince de enero del presente año, para que sea trasladado al servicio de urgencias del Hospital Agustín O'Horan, por presentar probable hepatopatía crónica (sospecha de enfermedad intrahepatica focal). pancitopenia: neutropenia grado 2 (NCI), Linfopenia Grado 2, Anemia grado IV(OMS). Trombocitopenia Grado III (NCI) o trombocitopenia severa, Hiponatremia leve (no sintomática), hago de su conocimiento que desde el día quince de enero del año que transcurre hasta la presente fecha dicho quejoso se encuentra hospitalizado en el mencionado nosocomio." En consecuencia, y en virtud de que en el aludido informe la autoridad responsable manifestó que desde el quince de enero del año en curso, el directo quejoso ********************, se encontraba hospitalizado en el Hospital Agustín O'Horan; requiérase al citado Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional el estado de salud que guarda el impetrante del amparo, así como las gestiones realizadas a fin de garantizar el derecho a la salud del mismo. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado en auto de catorce de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Daniel Eduardo Arango Hernández352/2018
- Daniel Eduardo Solís Can2321/2021
- Daniel Estrada Castan1411/2017
- Daniel Fernando Guerrero Couoh914/2018
- Daniel Francisco Polanco López1285/2017
- Daniel García Durán1469/2023
- Daniel Gomez Diaz68/2021
- Daniel Gómez Herbert381/2019
- Daniel Gómez Herbert611/2018
- Daniel Gómez Herbert1483/2019
- Daniel Guadalupe Chan667/2023
- Daniel Guadalupe Chan1983/2021