Dana Stephany Hernandez Segura
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Dana Stephany Hernandez Segura
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo cinco días para que el quejoso recurriera el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el citado acuerdo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dejado junto con copia del auto que se notifica, en el domicilio procesal de la parte QUEJOSA ********, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a recibir la notificación de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica publicada el día siete de octubre de dos mil veintidós, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículo, 27, 28 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos de: 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 521/2022-III-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 0 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: IV. ACTO RECLAMADO.- EL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, que resolvió el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES pronunciada con fecha (24) VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS dentro del Juicio Sumario por PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR, de esta Ciudad. Es así, que el punto RESOLUTIVO SEGUNDO de la SENTENCIA INTERLOCUTORIA, de marras que me agravia resuelve. continúese con la tramitación del procedimiento en que se actúa, hasta su debida conclusión." Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V.- Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos reconocidos por la Constitución, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, específicamente el punto segundo resolutivo de la sentencia interlocutoria, de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil, 618-2019, del índice de la responsable, que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones, en el que se ordenó continuar con la tramitación del procedimiento hasta su conclusión. En efecto, el acto aquí reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por rebelde a la parte demandada, aquí quejosa, por contestada la demanda en sentido negativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de haberse declarado infundado el incidente de nulidad de actuaciones en contra del emplazamiento a juicio, lo que le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener una sentencia adversa a sus intereses, ya que el juez de origen debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la actora en el juicio; es decir, sólo produce efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio natural, en caso de serle favorable a la quejosa; y, en el supuesto de no ser así, ésta estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva que en su momento se dicte. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 321 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital ****cuyo rubro y texto son: NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto ***********. en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *****. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia ************, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ****** ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se autoriza a ****, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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