Dania Espinoza Ito
Expediente 336/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Dania Espinoza Ito
- Dania Espinoza Ito y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I.- Demanda de amparo. Mediante escrito presentado vía electrónica el nueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, *****, por derecho propio y en representación de sus menores hijos G.E.L.E. e I.F.L.E., promovió demanda de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en Ensenada, Baja California ACTO RECLAMADO: "La omisión contenida en el auto de fecha 13 de julio del 2020 en donde la autoridad responsable C. Juez Segundo de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, omite pronunciarse respecto a la convivencia de mis menores hijos .. con la suscrita." La promovente del amparo, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4 y 14 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". II. Admisión de la demanda. La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, previo requerimiento, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 336/2020-I. III. Trámite del juicio de amparo. Se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este Juzgado (foja 51); se emplazó al tercero interesado (foja 62); se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, y se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la jurisprudencia P/J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Previa lectura íntegra de la demanda se advierte que en el caso concreto el acto reclamado consiste en: El proveído de trece de julio de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en Ensenada, Baja California, dentro del juicio 241/2020 controversias del orden familiar, en el que, entre otras consideraciones, fue omiso en pronunciarse respecto del depósito de sus menores hijos a favor de la quejosa, o bien, establecer un régimen de convivencia familiar entre ésta y los infantes que defiende, no obstante de así haberlo solicitado al dar contestación a la demanda que dio origen al juicio natural. TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en Ensenada, Baja California, no obstante que dicha autoridad fue omisa en pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que le fue imputado, pues tal extremo se actualiza de las constancias que en copia certificada remitió en apoyo a su informe con justificación, entre las que se advierten, el escrito de contestación a la demanda y el proveído que le recayó de trece de julio de dos mil veinte, de cuyo contenido se patentizan las omisiones reclamadas, pues del mismo no se desprende pronunciamiento alguno por parte de la mencionada autoridad, relativo a las omisiones señaladas; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. CUARTO. Procedencia del Juicio de Amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, y las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que en la especie se actualiza, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, la quejosa reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en Ensenada, Baja California, el proveído de trece de julio de dos mil veinte, dictado dentro del juicio 241/2020 controversias del orden familiar, en cuanto a que fue omiso en pronunciarse respecto del depósito de sus menores hijos a favor de la quejosa; o bien establecer un régimen de convivencia familiar entre ésta y los infantes que defiende, no obstante de así haberlo solicitado al dar contestación a la demanda de origen. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable exhibió copia certificada de las constancias que integran el juicio natural, las cuales fueron valoradas en el considerando que antecede, entre las que obra el auto de quince de octubre de dos mil veinte, mediante el cual, en la parte que interesa, la autoridad acordó lo siguiente: ". atendiendo como ya se dijo al interés superior de los menores . de apellidos LARIOS ESPINOZA, su edad, procurando su sano desarrollo y desenvolvimiento social, así como para no afectarlos en su salud física, emocional y psicológica, determina conceder la custodia provisional de éstos a favor de su madre *****, misma que deberá ejercer en el domicilio ubicado en Calle ***, lote ** (***), Manzana ** (**), de la Colonia ***, de Ensenada, Baja California, en el entendido que dicha medida prevalecerá únicamente durante la tramitación del presente juicio, y podrá modificarse en los términos del Artículo 94 de la Ley Adjetiva Civil, atendiendo al interés superior de los menores citados . Por consiguiente, en cumplimiento a la medida provisional decretada, el suscrito Juez, determina que proceda el Secretario Actuario adscrito a este Juzgado, a requerir al señor ***********, en su domicilio procesal autorizado en autos, para que a las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del día 26/10/2020 (veintiséis de octubre del año dos mil veinte), presente a los menores . de apellidos ***, al domicilio decretado para su custodia provisional, ubicado en Calle ****, lote *** (**), Manzana ** (**), de la Colonia ***, de Ensenada, Baja California, ante la presencia de la Secretaria Actuaria adscrita a este Juzgado, a hacer entrega de éstos a su madre ***, y sean restituidos al lugar donde habitaban anteriormente al lado de su progenitora y hermana . En virtud de lo anterior, y toda vez que el derecho de visita es un derecho fundamental que tiende a proteger el interés superior de los menores . de apellidos **** . esta Autoridad establece como medida provisional un régimen de convivencia de los menores . con su papá *****, que deberá llevarse a cabo de la siguiente manera: (.)." (fojas 143 a 146) Asimismo, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en Ensenada, Baja California, mediante oficio registrado en este Juzgado Federal con el número 9526, remitió copia certificada de la diligencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, que en lo conducente establece: "Expediente 241/2020 --- Ensenada, Baja California, siendo las trece horas con treinta minutos, del día veintiséis de octubre del año dos mil veinte, la suscrita Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar de este Partido Judicial Licenciada Guadalupe Isabel Ramírez Colis, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha quince de octubre del dos mil veinte, me constituyo en el domicilio señalado en autos, ubicado en Calle **** Lote ** (**), Manzana * (**), de la colonia **** de esta ciudad, cerciorada de ser el domicilio correcto . se hace constar la presencia del Señor******, quien se identifica con credencial de elector número 0***** . el cual manifiesta que viene a dar cumplimiento al requerimiento ordenado por esta Autoridad, presentando en este acto a los menores . de apellidos ***, los cuales se hace constar que se encuentran presentes pudiendo apreciar que se encuentran en aparente buen estado de salud y aliño, haciendo entrega de éstos a su madre la Señora D***, quien se identifica con credencial de elector número *****. quien recibe a los menores antes mencionados a su entera satisfacción, siendo restituidos al lugar donde habitaban anteriormente al lado de su progenitora y hermana; con lo anterior se da por concluida la presente diligencia, lo que se asienta en acta para constancia legal, firmando de conformidad, en la misma, quienes intervinieron y así quisieron hacerlo. Doy fe." (foja 181) Por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional en el presente asunto. De ahí que, al haber determinado el Juez natural, conceder la custodia provisional de los menores G.E.L.E. e I.F.L.E. en favor de la hoy quejosa ****, y que éstos ya fueron restituidos al domicilio que habitaban con su madre y hermana y, que estableció un régimen de convivencia familiar entre los infantes y su progenitor, se colige que la autoridad responsable ha dictado la resolución correspondiente a las solicitudes que se sometieron a su potestad, consecuentemente, ha cumplido con las exigencias previstas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas den los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda la Secretaria a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****, por derecho propio y en representación de sus menores hijos G.E.L.E. e I.F.L.E., en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, trece de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Baja California, con sede en Tijuana, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, informa que se designó a César Armando González Hernández, Asesor Jurídico Federal, como representante especial de los menores quejosos Gael Elías e Iker Fernando, ambos de apellidos Larios Espinoza; sin embargo, que dicho profesionista se encuentra gozando de su periodo vacacional del uno al quince de enero del año en curso, y será el Maiakovski Alderete Martínez, quien comparecerá a aceptar el cargo y otorgará el servicio en dicho lapso. Por tanto, se tiene como representante especial de las menores de referencia a César Armando González Hernández, y como lo refiere la delegada -procurando el interés superior del menor- se tiene de manera interina a Maiakovski Alderete Martínez; sin que sea necesario que acepte el cargo de manera temporal, pues como se especificará a continuación, la fecha de aceptación de cargo se fijará acorde a que el primero de los mencionados concluya con su periodo vacacional. Ahora, en virtud de que mediante circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, se informó que en sesión celebrada de manera extraordinaria, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 -plazo que se amplió del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno- en atención a la diversa SECCNO/1/2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en donde se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por tanto, dado que la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, genera la necesidad de controlar el contacto de personas para evitar la propagación del virus que lo ocasiona, y, en ese contexto, se señalan las doce horas con quince minutos del veinte de enero de dos mil veintiuno, a fin de que César Armando González Hernández, manifieste vía videoconferencia por medio de la aplicación "ZOOM", si acepta o no el cargo conferido, así como para que lo proteste. Se exhorta al citado profesionista para que ingrese de manera manual a la plataforma, utilizando los siguientes datos: ID de la reunión es: 705 531 3670. Código de acceso: 1Rz8Di. Se le informa que en caso de dudas o incidencias que pudieran presentarse antes y durante el desarrollo de la diligencia referida, podrá comunicarse vía telefónica al número celular 664-135-57-54. Comuníquese lo anterior a César Armando González Hernández, vía correo electrónico, así como la fecha señalada para la diligencia; con el apercibimiento que de no comparecer vía remota, sin causa justificada o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Maiakovski Alderete Martínez; y, en atención a su contenido, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cuarta, número 389, local 106, Zona Centro, de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizados en los términos que señala a las personas que menciona en su escrito; y, como lo solicita el promovente se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De conformidad con el 3º de la Ley de Amparo y el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a los usuarios: "maiakovski" y "AJFENSENADA" a fin de que quien cuente con acceso a dichos usuarios tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio. Se le informa al promovente que en caso de tener alguna dificultad con el acceso a dicho expediente, podrá comunicarse vía telefónica este órgano jurisdiccional (646-175-70-71), para recibir el apoyo necesario por parte del personal de este Juzgado de Distrito, o bien comparecer de forma personal, previa cita que para tal efecto solicite. También, se tiene realizando manifestaciones a manera de alegatos; los cuales con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, serán relacionados en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a César Armando González Hernández.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente la designación de representante de los menores quejosos Gael Elías e Iker Fernando, ambos de apellidos Larios Espinoza. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Sin que haya necesidad de hacer mayor pronunciamiento al respecto, ello en atención a que en proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, se ordenó enviar el oficio 16967/2020, en el que se le solicita al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Tijuana, Baja California, proponga la designación de un representante de dicho Instituto para los menores quejosos. Notifíquese.
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