Daleth Valeria Lucero Rivas

Expediente 1449/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1449/2014
Año
2014
Actuaciones
7
Última actuación
13/02/2015

Partes del expediente

  • Daleth Valeria Lucero Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el referido acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Conservar, por lo que respecta al original del cuaderno incidental, al haberse concedido la suspensión definitiva al quejoso, el mismo se ubica en la hipótesis que prevé el párrafo segundo de la fracción IV del Acuerdo General Conjunto señalado, por lo que se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento; sin que se advierta trámite alguno relativo a su violación. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juzgado Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas de la causa penal 495/2014, que remitió al rendir su informe justificado. Se solicita a la referida autoridad el acuse de recibo al recepcionar las citadas constancias. Notifíquese

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dieciséis de enero de dos mil quince, que dice: "Ensenada, Baja California, dieciséis de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de término constitucional dictado dentro de la causa penal 495/2014 de su índice. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad, las documentales mencionadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió el Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A efecto de evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia en comento es necesario traer al contexto el contenido de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.) De la trascripción anterior se desprende que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a éste señalando como acto reclamado cualquier acto que atente o restrinja su libertad personal. En tanto que de la documental remitida por el Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que por auto de dos de diciembre de dos mil catorce, libro la orden de comparecencia de Daleth Valeria Lucero Rivas, por considerar que se encontraba acreditado tanto el cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POSESIÓN SIMPLE DEL PSICOTRÓPICO DENOMINADO METANFETAMINA, así como la probable responsabilidad penal de la quejosa. De igual forma, de las constancias adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que el catorce de enero de dos mil quince, en el citado proceso, el referido juzgador dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa Daleth Valeria Lucero Rivas, por el ilícito en comento. En este orden de ideas, si la peticionaria de amparo promovió juicio de garantías contra cualquier acto que atente o restrinja su libertad personal; librando el dos de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 495/2014, orden de comparecía de Daleth Valeria Lucero Rivas, por considerar que se encontraba acreditado tanto el cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO POSESIÓN SIMPLE DEL PSICOTRÓPICO DENOMINADO METANFETAMINA, así como su probable responsabilidad penal, y el catorce de enero de dos mil quince, decretó auto de formal prisión en contra de la accionante de garantías; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos en los incisos señalados en párrafos precedentes. En efecto, los actos reclamados en el juicio de amparo emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso, la causa penal 495/2014. Al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de los actos que atenten o restrinjan su libertad personal reclamada. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba con motivo del acto que reclamó en el amparo, ya que dicha orden fue sustituida jurídica y procesalmente por la determinación del auto de formal prisión. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del auto de término; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento - auto de formal prisión.-, pues esta última sustituye jurídica y procesalmente al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de comparecía y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Así también, es aplicable a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías fuera de audiencia. El sobreseimiento decretado se hace extensivo respecto de las autoridades señaladas como Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California con sede en esta ciudad, Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Mesas I, II, III y IV de Averiguaciones Previas en esta ciudad y AFI ahora Policía Federal Ministerial, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Calle Manuel F. Montoya sin número, colonia Ranchería en Santa Rosalía, Baja California Sur, conforme a la jurisprudencia registro 238280 sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 41, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con tres minutos del veintiséis de enero de dos mil quince. Notifíquese personalmente y, por oficio a las autoridades. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de término constitucional dictado dentro de la causa penal 495/2014 de su índice. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la citada autoridad, las documentales mencionadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió el Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de enero de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite como prueba de la responsable 3. Juez Tercero de lo Penal por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, las siguientes: 1. Documental consistente en: - Copias certificadas de la causa penal 495/2014 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad. Finalmente, atendiendo al grosor de los anexos remitidos por la autoridad en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para glosar las referidas constancias. Notifíquese

  4. Incidental

    PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el segundo considerando de esta resolución, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el tercer considerando de esta resolución, por los motivos, fundamentos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.

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