Dania Catalina Sanchez Jaime
Expediente 420/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/03/2021
Partes del expediente
- Dania Catalina Sanchez Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El presente asunto, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha será transferible, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O: I. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada,****, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia en esta ciudad, por conducto del Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional de Ensenada. - Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno. ACTO RECLAMADO: "a) De la autoridad responsable SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: La omisión de iniciar para la procedencia de mi solicitud para ser miembro sindicalizado presentada en fecha 29 de junio de 2020, provocando con ello evitar la celebración de la asamblea ordinaria necesaria que la suscrita goce de la categoría de miembro sindicalizado DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SECCIÓN ENSENADA, solicitud que presenté de acuerdo a los estatutos que rigen a esta responsable señalada como organismo colectivo, quebrantando con dicha omisión lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando a su vez los artículos 1 y 8 constitucional así como el artículo 5 de los estatutos que rigen a la responsable, el artículo 7 del pacto de San Salvador tratado internacional que respeta el artículo 133 constitucional y del cual es parte nuestro país, enterándome de esta situación en fecha 19 de octubre de 2020. b) De la autoridad responsable GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la omisión de tomar en consideración la solicitud de ser miembro sindicalizado que presenté en fecha 29 de junio de 2020, de acuerdo a los estatutos que rigen a esta responsable señalada como organismo colectivo, quebrantando con dicha omisión lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerando a su vez los artículos 1 y 8 constitucional así como el artículo 5 de los estatutos que rigen a la responsable, el artículo 7 del pacto de San Salvador tratado internacional que respeta el artículo 133 constitucional y del cual es parte nuestro país, enterándome de esta situación en fecha 19 de octubre de 2020." (fojas 3 y 4 del juicio de amparo). La promovente del amparo estimó vulnerado en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes del acto que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia VI.2°.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." II. Admisión de la demanda. La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo 420/2020-III, en donde por auto de veintiséis de octubre, se ordenó su admisión (fojas 12 a 15 del juicio de amparo). III. Trámite del juicio. Posteriormente se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud de que se reclama una omisión atribuida a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior es así, ya que al tratarse el acto reclamado en una omisión, es decir, la abstención de actuar, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de quince días previsto en el citado numeral. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como primera exigencia de esta resolución, se precisarán los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la jurisprudencia P/J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron al juicio se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia en esta ciudad, así como del Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la omisión de llevar a cabo los trámites necesarios para la procedencia de la solicitud presentada el veintinueve de junio de dos mil veinte, para ser miembro del sindicato de referencia. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto que reclama la quejosa, pues tal informe es un documento público que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtuara el contenido de dicha documental; en consecuencia, es patente la negativa del acto reclamado. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." No es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que al acto reclamado le revista carácter negativo, ya que acorde a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN"; si bien le corresponde a la autoridad o autoridades responsables respectivas demostrar que no incurrieron en la omisión o negativa que se les atribuye, en el caso específico la quejosa no acreditó que presentó el escrito de cuya omisión se duele su falta de tramitación, ante la autoridad responsable de referencia, de ahí que no se pueda inferir en que la autoridad responsable haya incurrido en la omisión de la que se duele la impetrante del amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 21 a 27 del juicio de amparo). SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, en virtud de que son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, como lo destacó la autoridad responsable Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia en esta ciudad, se actualiza la hipótesis contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; numerales que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" (.) De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos y otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto debe decirse, que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. 2. Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sustenta lo anterior la tesis número XXVII/972, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Es oportuno precisar que el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo. También la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: - Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. - Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. - Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. - Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar esa calidad, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, por lo que no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como tal para los efectos del juicio de amparo. Como se aprecia, la Ley de Amparo en su artículo 5º, define de modo diferente, el concepto de "autoridad responsable", ya que aun cuando mantiene los caracteres esenciales del acto de autoridad que han reconocido la doctrina y la jurisprudencia y que han conformado la moderna definición de ese concepto, acepta que un "particular", puede ser autoridad responsable, siempre y cuando realice actos equivalentes a los de una autoridad y que ello sea producto de las funciones que desempeña por estar determinadas en una norma general. Lo que permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular procede el juicio de amparo, ya que se realiza en un plano de igualdad y de manera horizontal con otro u otros particulares, no tendrá ese carácter, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Ensenada, con residencia en esta ciudad, de llevar a cabo los trámites necesarios para que la quejosa, sea miembros de dicho sindicato, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme al artículos 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al carecer de las características de unilateralidad y supra subordinación, antes precisadas, propias de un acto de autoridad; ello, porque proviene de un ente que incide en el vínculo laboral, como lo es el sindicato, entendido como la persona moral, que se constituye para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores o patrones. En esta tesitura, el acto que se combate, no le reviste la característica de "actos de autoridad para efectos del amparo", sino que tienen su origen y efectos exclusivamente al plano laboral. Es así, pues el acto reclamado deriva de la relación de coordinación sindicato-trabajador que existe entre la parte quejosa y la responsable, la cual se entabla entre particulares; por tanto, no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues si bien, los sindicatos pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. Sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales son impugnables ante la autoridad laboral competente. De modo que la hoy inconforme instó la acción constitucional, en su calidad de trabajadora en contra de la asociación denominada Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sección Ensenada; derivado de lo cual, la controversia que se suscite entre éstos, podrá ventilarse y resolverse ante el tribunal ordinario de trabajo correspondiente. Ahora bien, al tratarse de trabajadores al servicio del municipio de Ensenada, el Tribunal de Arbitraje será competente para redimir cualquier controversia que suscite entre los trabajadores y el sindicato, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, que establece: "Artículo 107.- El tribunal de arbitraje será competente para: I.- Resolver conflictos que se susciten entre las Autoridades Públicas y sus trabajadores; II.- Resolver los conflictos colectivos que surjan entre las Autoridades Públicas y las organizaciones sindicales de trabajadores a su servicio; III.- Conocer y resolver de los conflictos sindicales o intersindicales. IV.- Conocer del registro de los sindicatos y federaciones estatales, y en su caso resolver la cancelación de los mismos previo juicio que se siga para tal efecto a petición de parte. V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, Estatutos de los Sindicatos y elección de los cuerpos directivos de los sindicatos. VI.- Designar árbitro, cuando exista desacuerdo en la Comisión Mixta de Escalafón. VII.- Aprobar su Reglamento Interior de Trabajo, sus Manuales de Organización y su Catálogo de Puestos." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA TIENE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. El artículo 1o. de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Baja California, dispone que es de observancia general para todos los funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los municipios pertenecientes al mencionado Estado y para los trabajadores al servicio de unos y otros, el artículo 74, fracción I, da competencia al Tribunal de Arbitraje de la entidad federativa, para resolver los conflictos que se susciten entre alguno de los poderes o municipios del Estado y sus trabajadores; asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del propio Estado, en su artículo 45, dispone categóricamente que los trabajadores de base que prestan sus servicios en los organismos descentralizados se regirán por la indicada Ley del Servicio Civil. Por tanto, ha de concluirse que el personal de base que presta sus servicios a los organismos locales descentralizados, está sujeto al régimen laboral que la propia Ley del Servicio Civil establece y que el Tribunal de Arbitraje es el competente para resolver las cuestiones que se susciten con motivo del servicio." En este contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. OCTAVO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Dania ******, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y sexto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese.
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Cúmplase.
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Notifíquese personalmente.
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