Daisy Haydee Cornejo Juárez
Expediente 624/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daisy Haydee Cornejo Juárez
- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 13 a 20) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 624/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y otras autoridades, reclamando lo siguiente: El haber decretado embargo del bien mueble consistente en el ******************** marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con número de serie ********************, placas de circulación ********************, del ********************, ello con motivo del juicio ejecutivo mercantil ********************, que sigue en su contra ********************. La orden de detener el ********************, y pretender privar de la posesión uso y disfrute que mantiene la quejosa, como consecuencia del embargo. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción mencionada permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: El acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa sea factible dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el disconforme para contradecir el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la notificación impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la quejosa controvierte el embargo realizado con motivo del juicio ejecutivo mercantil ******************** -juicio del que emana el acto reclamado-, esto es, el aseguramiento del bien inmueble decretado con motivo del desahogo del auto de exequendum. La fracción IV del artículo 1055, así como los diversos numerales 1349 a 1357 del Código de Comercio señalan lo siguiente: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: [.] IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto; [.] Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase." En ese tenor, el Código de Comercio acepta que en los procedimientos seguidos ante los tribunales civiles pueden suscitarse cuestiones incidentales, es decir, diversos asuntos que afectan la solución del negocio principal y que resulta necesario resolver en forma específica para la debida continuación y conclusión del juicio, sólo que atento a la técnica seguida en el juicio ejecutivo mercantil, que concede especial importancia a la celeridad del procedimiento, proscribe de la sustanciación de artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Esto implica que no se detendrá el juicio principal cuando se introduzcan temas que requieran la sustanciación de tales incidentes, pero no significa que no sea posible introducir en el juicio temas accesorios, que ameriten una solución singular y pronta, ya que la misma legislación lo autoriza en los dispositivos mencionados. Así, el Código de Comercio autoriza la sustanciación de cuestiones incidentales y establece las normas que deben seguirse para resolverlas, a saber: Que los incidentes se substanciaran en la misma pieza de autos, sin que suspenda el trámite del juicio principal. Se tramitaran verbalmente o por escrito, según disponga la ley. Al promoverse el incidente en forma escrita y al darse contestación al mismo, deberán proponer las partes las pruebas, fijando los puntos sobre las que versaran. Admitidas o desechadas las probanzas, se señalara fecha para el desahogo de la audiencia que será indiferible y deberá celebrarse dentro del término de ocho días, mandándose preparar las pruebas que así lo ameriten. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos, citándose para dictar la interlocutoria que proceda. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. En ese orden de ideas, el Código de Comercio admite de manera general los incidentes como medio de defensa, y establece un sistema propio de tramitación. Con base en lo anterior, es inconcuso que dicho código mercantil permite que se propongan temas incidentales como en el caso lo es la nulidad, pero ciñéndose en ese aspecto a la forma especial de tramitación que establecen los artículos 1349 a 1357. Ahora, es preciso ponderar que el embargo realizado con motivo del juicio ejecutivo mercantil -juicio del que emana el acto reclamado- en términos del artículo 1394, tercer párrafo, del Código de Comercio, pueden ser combatidos sus vicios propios a través de la nulidad. Cabe señalar, que conforme a dicho precepto, la impugnación del embargo, tiene como efecto remediar los defectos o vicios propios de éste. Medio de defensa que no fue interpuesto por la parte peticionaria, al menos porque no aparece probado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el incidente mencionado, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado con la manifestación en la que, bajo protesta de decir verdad, señala que es parte demandada en el juicio. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el embargo reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que la peticionaria tiene el carácter de parte en el expediente natural, de ahí que, si fue omisa en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese incidente no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es el propio Código de Comercio el que prevé los incidentes como medio de defensa en esos procedimientos. Sostiene lo expuesto la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, visible en la página 207, con número de registro 200390, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento." Sustentando dicha tesis jurisprudencial en el análisis de la procedencia de la nulidad en contra del mandamiento de ejecución recaído al escrito de demanda inicial, el cual consta de tres actos distintos que deben realizarse en la misma diligencia sin solución de continuidad, los que se encuentra sujetos para su validez y eficacia, a las formalidades y requisitos exigidos en aquéllos, o sea, requerimiento, embargo y emplazamiento. En la que además, determinó que no puede desconocerse que esos actos jurídicos distintos se encuentran estrechamente vinculados entre sí; esto es, el requerimiento y embargo no pueden concebirse jurídicamente en forma independiente y ajena a su notificación pese a ser actos distintos, pues ésta constituye un requisito indispensable para su validez. De ahí que, consideró que la nulidad afecta tanto el emplazamiento, así como el requerimiento y embargo; finalmente, concluye que, el requerimiento y embargo pueden por sí mismos adolecer de vicios propios distintos a los que se analice en la nulidad del emplazamiento; vicios que por sí mismos motivarían su anulación, sin que ello trascienda al emplazamiento practicado. Lo que permite concluir, que resulta procedente la nulidad del embargo trabado con motivo del juicio ejecutivo mercantil; de ahí que, la quejosa está en condiciones de combatir los actos reclamados a través del incidente de nulidad, sin que ello afecte el emplazamiento. No resulta óbice el hecho de que el criterio jurisprudencial invocado haya sido emitido conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues dicho criterio ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis Aislada 1a. CCXLV/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, de la Décima Época, con registro 2015730, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; donde el Máximo Tribunal determinó que al combatirse un embargo por medio de un incidente de nulidad de actuaciones, la resolución que recaiga a éste último será impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al resultar un acto de imposible reparación; lo que permite concluir que el embargo reclamado será impugnable por el medio de control constitucional una vez que se agote el incidente de nulidad respectivo. Sin soslayar que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que procede el juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo porque es un acto de imposible reparación. Empero, en la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) la Sala aludida determinó que aún en contra de actos de ejecución irreparable previo a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes. La tesis en comento es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61 fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ******************** y ********************, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIOP SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE: Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 624/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y otras autoridades, reclamando lo siguiente: El haber decretado embargo del bien mueble consistente en el ******************** marca ********************, tipo ********************, color ********************, modelo ********************, con número de serie ********************, placas de circulación ********************, del ********************, ello con motivo del juicio ejecutivo mercantil ********************, que sigue en su contra ********************. La orden de detener el ********************, y pretender privar de la posesión uso y disfrute que mantiene la quejosa, como consecuencia del embargo. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción mencionada permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: El acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa sea factible dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el disconforme para contradecir el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la notificación impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, la quejosa controvierte el embargo realizado con motivo del juicio ejecutivo mercantil ******************** juicio del que emana el acto reclamado, esto es, el aseguramiento del bien inmueble decretado con motivo del desahogo del auto de exequendum. La fracción IV del artículo 1055, así como los diversos numerales 1349 a 1357 del Código de Comercio señalan lo siguiente: Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto; Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. En ese tenor, el Código de Comercio acepta que en los procedimientos seguidos ante los tribunales civiles pueden suscitarse cuestiones incidentales, es decir, diversos asuntos que afectan la solución del negocio principal y que resulta necesario resolver en forma específica para la debida continuación y conclusión del juicio, sólo que atento a la técnica seguida en el juicio ejecutivo mercantil, que concede especial importancia a la celeridad del procedimiento, proscribe de la sustanciación de artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Esto implica que no se detendrá el juicio principal cuando se introduzcan temas que requieran la sustanciación de tales incidentes, pero no significa que no sea posible introducir en el juicio temas accesorios, que ameriten una solución singular y pronta, ya que la misma legislación lo autoriza en los dispositivos mencionados. Así, el Código de Comercio autoriza la sustanciación de cuestiones incidentales y establece las normas que deben seguirse para resolverlas, a saber: Que los incidentes se substanciaran en la misma pieza de autos, sin que suspenda el trámite del juicio principal. Se tramitaran verbalmente o por escrito, según disponga la ley. Al promoverse el incidente en forma escrita y al darse contestación al mismo, deberán proponer las partes las pruebas, fijando los puntos sobre las que versaran. Admitidas o desechadas las probanzas, se señalara fecha para el desahogo de la audiencia que será indiferible y deberá celebrarse dentro del término de ocho días, mandándose preparar las pruebas que así lo ameriten. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos, citándose para dictar la interlocutoria que proceda. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. En ese orden de ideas, el Código de Comercio admite de manera general los incidentes como medio de defensa, y establece un sistema propio de tramitación. Con base en lo anterior, es inconcuso que dicho código mercantil permite que se propongan temas incidentales como en el caso lo es la nulidad, pero ciñéndose en ese aspecto a la forma especial de tramitación que establecen los artículos 1349 a 1357. Ahora, es preciso ponderar que el embargo realizado con motivo del juicio ejecutivo mercantil -juicio del que emana el acto reclamado- en términos del artículo 1394, tercer párrafo, del Código de Comercio, pueden ser combatidos sus vicios propios a través de la nulidad. Cabe señalar, que conforme a dicho precepto, la impugnación del embargo, tiene como efecto remediar los defectos o vicios propios de éste. Medio de defensa que no fue interpuesto por la parte peticionaria, al menos porque no aparece probado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el incidente mencionado, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado con la manifestación en la que, bajo protesta de decir verdad, señala que es parte demandada en el juicio. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque el embargo reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que la peticionaria tiene el carácter de parte en el expediente natural, de ahí que, si fue omisa en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese incidente no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es el propio Código de Comercio el que prevé los incidentes como medio de defensa en esos procedimientos. Sostiene lo expuesto la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, visible en la página 207, con número de registro 200390, de rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Sustentando dicha tesis jurisprudencial en el análisis de la procedencia de la nulidad en contra del mandamiento de ejecución recaído al escrito de demanda inicial, el cual consta de tres actos distintos que deben realizarse en la misma diligencia sin solución de continuidad, los que se encuentra sujetos para su validez y eficacia, a las formalidades y requisitos exigidos en aquéllos, o sea, requerimiento, embargo y emplazamiento. En la que además, determinó que no puede desconocerse que esos actos jurídicos distintos se encuentran estrechamente vinculados entre sí; esto es, el requerimiento y embargo no pueden concebirse jurídicamente en forma independiente y ajena a su notificación pese a ser actos distintos, pues ésta constituye un requisito indispensable para su validez. De ahí que, consideró que la nulidad afecta tanto el emplazamiento, así como el requerimiento y embargo; finalmente, concluye que, el requerimiento y embargo pueden por sí mismos adolecer de vicios propios distintos a los que se analice en la nulidad del emplazamiento; vicios que por sí mismos motivarían su anulación, sin que ello trascienda al emplazamiento practicado. Lo que permite concluir, que resulta procedente la nulidad del embargo trabado con motivo del juicio ejecutivo mercantil; de ahí que, la quejosa está en condiciones de combatir los actos reclamados a través del incidente de nulidad, sin que ello afecte el emplazamiento. No resulta óbice el hecho de que el criterio jurisprudencial invocado haya sido emitido conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues dicho criterio ha sido reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la Tesis Aislada 1a. CCXLV/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, de la Décima Época, con registro 2015730, de rubro: INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.; donde el Máximo Tribunal determinó que al combatirse un embargo por medio de un incidente de nulidad de actuaciones, la resolución que recaiga a éste último será impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al resultar un acto de imposible reparación; lo que permite concluir que el embargo reclamado será impugnable por el medio de control constitucional una vez que se agote el incidente de nulidad respectivo. Sin soslayar que en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estableció que procede el juicio de amparo indirecto en contra del auto de exequendo porque es un acto de imposible reparación. Empero, en la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) la Sala aludida determinó que aún en contra de actos de ejecución irreparable previo a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes. La tesis en comento es del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61 fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ******************** y ********************, ya que acreditan tener la facultad para ejercer la profesión de abogados al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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