Cutberto Pérez León
Expediente 111/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cutberto Pérez León
- Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de México
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, donde acusa de recibo el expediente 111/2018 de nuestro índice y no insiste en declinar la competencia a éste órgano jurisdiccional. Archivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que no se considera de relevancia documental el presente asunto; es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Recíbase la demanda de amparo número 242/2018-VII que remite el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y acúsese de recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 111/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. En mérito a lo anterior, se establece que este Juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, dado que, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece publicada en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, apoya la jurisprudencia 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ilustra lo siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Así como la tesis visible en la página 97, Séptima Época, Segunda Sala, Fuente: Informes, Informe 1972, Parte II, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO". Ahora, del análisis exhaustivo realizado a la demanda de amparo, se advierte que la promovente Thelma Karina Castañeda Islas, en representación del quejoso Cutberto Pérez León, menciona que se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social de Michoacán número "17", con residencia en el municipio de Buenavista y señala como acto reclamado la indebida orden de traslado, así como la incomunicación. Siendo evidente que la ejecución de los actos reclamados se materializarán en el municipio de Buenavista, por encontrarse recluido en el Centro Federal de Reinserción Social de Michoacán número "17"; por tanto, es indudable conforme al artículo 37 primer párrafo de la Ley Amparo, que el Juez de Distrito competente será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar de ejecución del acto impugnado; siendo éste el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Ellos es así, ya que al encontrarse privado de su libertad, la orden de traslado reclamada, se está ejecutando o se ejecutará en el lugar donde actualmente se encuentre recluido, por lo que se reitera, es competente un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el citado centro de reclusión. Aunado a lo anterior, el acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito: establece lo siguiente: "XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." Máxime, que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ordenó remitir el expediente en que se actúa, declinando la competencia a favor de un Juez de Distrito en Michoacán, con residencia en Uruapan; sin embargo, se desprende que el oficio 3123 es dirigido al Juez de Distrito con residencia en Morelia, en turno, y por razón del mismo le correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. En consecuencia, es inconcuso el estudio del presente juicio por las razones expuestas, por lo que este Juzgado no acepta la competencia planteada; y, con fundamento en el normativo 48 párrafo segundo de la ley de la materia, se ordena devolver al homólogo Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el expediente en que se actúa, el cual deberá informar a este órgano constitucional, si insiste o no en declinar su competencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y se ordena formar el cuaderno de antecedentes relativo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sin que proceda proveer sobre la suspensión del acto controvertido puesto que el juzgado de distrito remitente, resolvió lo conducente decretando la suspensión de plano. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.
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