Daniel Antonio Sánchez González
Expediente 434/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Antonio Sánchez González
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21 , del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Andrea Estephania Ortiz León.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DANIEL ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ, LA DETERMINACIÓN DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación: 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Daniel Antonio Sánchez González, por propio derecho; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 434/2023 2. Examen de la demanda y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Secretaría de Economía y Director del Diario Oficial de la Federación: La emisión y publicación del Acuerdo por el que se determina la organización, funcionamiento y circunscripción de las oficinas de representación de la Secretaría de Economía, en específico su artículo 7. El cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veintitrés, y cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO YCIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto determinar la organización, funcionamiento y circunscripción territorial de las Oficinas de Representación de la Secretaría de Economía. Artículo 2. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: Secretaría, a la Secretaría de Economía; Dirección General, a la Dirección General de Coordinación Territorial de Trámites y Servicios de Economía de la Secretaría; Oficinas de Representación, a las oficinas en las entidades federativas a que se refiere el artículo 2, apartado A, fracción II, numeral 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; Unidades administrativas centrales, a las unidades administrativas previstas en el artículo 2, apartado A del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, con excepción de las previstas en su fracción II, numeral 48. Artículo 3. Las Oficinas de Representación ejercerán sus atribuciones y funciones en la circunscripción a que se refiere el artículo 5 del presente Acuerdo, en los términos previstos en el presente instrumento y conforme a los lineamientos e instrucciones que reciban de las unidades administrativas centrales, a través de la Dirección General. Artículo 4. Las Oficinas de Representación tendrán la sede que a continuación se señala: Oficina de Representación de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes; Oficina de Representación de Baja California, con sede en Tijuana, Baja California; Oficina de Representación de Baja California Sur, con sede en La Paz, Baja California Sur; Oficina de Representación de Campeche, con sede en Campeche, Campeche; Oficina de Representación de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila; Oficina de Representación de Colima, con sede en Colima, Colima; Oficina de Representación de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Oficina de Representación de Chihuahua 1, con sede en Chihuahua, Chihuahua; Oficina de Representación de Chihuahua 2, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; Oficina de Representación de Durango, con sede en Durango, Durango; Oficina de Representación de Guanajuato, con sede en León, Guanajuato; Oficina de Representación de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero; Oficina de Representación de Hidalgo, con sede en Pachuca, Hidalgo; Oficina de Representación de Jalisco, con sede en Guadalajara, Jalisco; Oficina de Representación de México, con sede en Toluca, Estado de México; Oficina de Representación de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán; Oficina de Representación de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos; Oficina de Representación de Nayarit, con sede en Tepic, Nayarit; Oficina de Representación de Nuevo León, con sede en Monterrey, Nuevo León; Oficina de Representación de Oaxaca, con sede en Oaxaca, Oaxaca; Oficina de Representación de Puebla, con sede en Puebla, Puebla; Oficina de Representación de Querétaro, con sede en Querétaro, Querétaro; Oficina de Representación de Quintana Roo, con sede en Benito Juárez, Quintana Roo; Oficina de Representación de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí; Oficina de Representación de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa; Oficina de Representación de Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora; Oficina de Representación de Tabasco, con sede en Villahermosa, Tabasco; Oficina de Representación de Tamaulipas 1, con sede en Reynosa, Tamaulipas; Oficina de Representación de Tamaulipas 2, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Oficina de Representación de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, Tlaxcala; Oficina de Representación de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz; Oficina de Representación de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán, y Oficina de Representación de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Zacatecas. Las Oficinas de Representación estarán a cargo de un Representante quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará del personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. Artículo 5. Las Oficinas de Representación tienen como circunscripción los municipios de las entidades federativas donde se encuentra su sede, salvo los casos siguientes: La Oficina de Representación de México, tiene como circunscripción los municipios del Estado de México, con excepción de los siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, cuyos asuntos se atenderán por las unidades administrativas centrales, de acuerdo a su competencia; La Oficina de Representación de Chihuahua 1, tiene como circunscripción el territorio del Estado de Chihuahua no comprendido en la fracción III de este artículo; La Oficina de Representación de Chihuahua 2, tiene como circunscripción la franja y región fronteriza que, en términos del artículo 136 de la Ley Aduanera, corresponde al Estado de Chihuahua; La Oficina de Representación de Tamaulipas 1, tiene como circunscripción el territorio del Estado de Tamaulipas no comprendido en la fracción V de este artículo, y La Oficina de Representación de Tamaulipas 2, tiene como circunscripción la franja y región fronteriza que, en términos del artículo 136 de la Ley Aduanera, corresponde al Estado de Tamaulipas. Artículo 6. Además de las atribuciones que les correspondan conforme al artículo 67 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, las Oficinas de Representación tendrán las siguientes facultades: Difundir los instrumentos diseñados por la Secretaría para promover la actividad económica; Realizar estudios sobre precios y tarifas de productos de consumo básico y de servicios esenciales, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la unidad administrativa central competente; Difundir y orientar a la micro, pequeña y mediana empresa, sobre los trámites, servicios y apoyos que brinda la Secretaría; Difundir y promover el Registro Público de Comercio; Realizar visitas en materia de comercio exterior, conforme a las órdenes de verificación emitidas por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior; Remitir a la unidad administrativa central que corresponda, a más tardar el día hábil siguiente a su recepción, los asuntos a que se refieren las fracciones II, II Bis y IX del artículo 67 del Reglamento Interior de la Secretaría; Ejercer las atribuciones conferidas en el artículo 67 del Reglamento Interior de la Secretaría, conforme a las instrucciones y lineamientos que emita la Dirección General, y Las demás que determinen las unidades administrativas centrales y se instruyan a través de la Dirección General. Artículo 7. Para la atención de los requerimientos administrativos, las Oficinas Regionales se organizarán en las siguientes regiones: Noroeste, con sede en Tijuana, Baja California y circunscripción para las Oficinas de Representación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua 1, Chihuahua 2, Durango, Sinaloa y Sonora; Noreste, con sede en Monterrey, Nuevo León y circunscripción para las Oficinas de Representación de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 1 y Tamaulipas 2; Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco y circunscripción para las Oficinas de Representación de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit; Oriente, con sede en Boca del Río, Veracruz y circunscripción para las Oficinas de Representación de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; Centro Norte, con sede en León, Guanajuato y circunscripción para las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacateas; Centro Sur, con sede en Toluca, Estado de México y circunscripción para las Oficinas de Representación de México y Morelos; Suroeste, con sede en Oaxaca, Oaxaca y circunscripción para las Oficinas de Representación de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y Sureste, con sede en Villahermosa, Tabasco y circunscripción para las Oficinas de Representación de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Cada una de las regiones a que se refieren las fracciones anteriores contará con un Enlace Administrativo, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará del personal que al efecto se asigne. El personal a que se refiere el párrafo anterior se adscribirán a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría. La persona titular de la Unidad de Administración y Finanzas, designará un coordinador de los enlaces administrativos a que se refiere este artículo y cada dirección general adscrita a dicha Unidad designará a un servidor público para que atienda a los referidos enlaces en las materias que corresponda, conforme a lo previsto en las "Políticas de Operación para los trámites administrativos de las Oficinas de Representación". TRANSITORIOS Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficinas de servicios de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre 1994 y sus posteriores modificaciones. Tercero. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Acuerdo se encuentren en trámite ante las delegaciones y subdelegaciones federales y oficinas de servicios a que se refiere el Acuerdo señalado en el transitorio anterior, y que conforme a este Acuerdo dejen de ser de competencia de las oficinas en las entidades federativas a que se refiere el artículo 2, apartado A, fracción II, numeral 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, serán atendidos por las unidades administrativas centrales de la Secretaría a las que competa conforme al mencionado Reglamento. Para los efectos del párrafo anterior, las unidades administrativas centrales remitirán a las Oficinas de Representación los formatos en los que se relacionarán los asuntos en trámite y los concluidos, mismos que, junto con los expedientes correspondientes, deberán remitirse a las unidades administrativas centrales competentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de los referidos formatos. Cuarto. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Dirección General y la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría deben emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 6, fracción VII de este Acuerdo y las "Políticas de Operación para los trámites administrativos de las Oficinas de Representación", respectivamente, los cuales serán de observancia obligatoria para la operación de las mismas. Ciudad de México, a 6 de marzo de 2023.- La Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez.- Rúbrica." 3. Causal de improcedencia. Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I, del artículo 5º, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. " El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Ahora bien, del segundo precepto invocado se advierte que el juicio de amparo es procedente cuando la parte que lo promueve cumple con el principio de instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio de amparo sea promovido por quien le perjudique el acto o la ley que se reclama, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho. En ese sentido, para determinar los requisitos que el solicitante de amparo debe cumplir para acreditar ser titular de un interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 20194564, enumeró los siguientes: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sin que en el caso en concreto, se advierta que a la parte quejosa le afecte la emisión y publicación del acuerdo por el que se determina la organización, funcionamiento y circunscripción de las oficinas de representación de la Secretaría de Economía, en específico su artículo 7, pues, como se advierte de la narración de hechos que el mismo realiza en su escrito inicial de demanda, hasta este momento no se ha producido ninguna afectación a su esfera jurídica, en virtud de que, si bien, el artículo que tilda de inconstitucional prevé el establecimiento de ocho Oficinas Regionales para la atención de los requerimientos administrativos, determinando en su fracción III que a la Oficina de la Región Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco, corresponderá la atención de las Oficinas de Representación de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit; no obstante, del propio escrito inicial de demanda no se advierte que se haya formulado requerimiento alguno al impetrante de amparo que lo coloque en el supuesto a que alude el precepto legal cuya constitucionalidad cuestiona. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la quejosa, ésta debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que los tres elementos constitutivos son concurrentes, por tanto, ante la ausencia de alguno de ellos el medio de defensa intentado será improcedente. Por lo que en el caso concreto, no se puede tener por acreditado el interés legítimo que alude, el cual es fundamental para instar la acción constitucional, pues no demuestra que reúne los citados. Lo que resulta de esa manera, pues el interés legítimo es personal, en el caso individual, actual, real y jurídicamente relevante; de modo que con la concesión del amparo buscada, de concederse, se produzca un beneficio en favor de la quejosa; razón por la cual, el órgano que conoce de la demanda, no debe tenerlo por acreditado con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la promoverte, ya que ese es un mero requisito de la demanda, acorde al artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo cual se sustenta en la premisa de que, aun cuando el interés legítimo implica una afectación menor al exigido por el interés jurídico; sin embargo, ello no implica que no esté sujeto a prueba, pues, de no demostrarse, el incitante asume interés simple, con lo cual no puede promover la instancia constitucional. Robustece el anterior criterio la tesis II.1o.A.1 K (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO.". Bajo esas circunstancias, es menester precisar que, cuando se acuda al amparo a fin de impugnar normas generales, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición de éstas y se presumible aplicación, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa) ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, en virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general, o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada para determinar si una ley es o no autoaplicativa, que no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que se deben atender los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, tratándose de normas generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético, esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Las anteriores consideraciones tienen su fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo VI de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rurbo y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Bajo ese panorama, se concluye que para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas disposiciones afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada) o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados. Al caso, resulta aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." Ahora, como se explicó en párrafos anteriores, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al tiempo que prevé que la procedencia del juicio constitucional se actualiza cuando el acto impugnado afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, también regula la condición que debe satisfacerse tratándose de la impugnación contra normas generales que no causen perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, de naturaleza heteroaplicativa. En efecto, en la segunda parte del aludido numeral, el legislador estableció que el juicio de amparo será improcedente cuando se controvierta una norma jurídica en su carácter autoaplicativo, pero en realidad se trate de aquellas que requieren de un acto concreto de aplicación para causar un perjuicio en el gobernado. Así pues, la mencionada hipótesis de improcedencia se dirige a regular el juicio de amparo promovido contra una norma heteroaplicativa, en el sentido que para que la instancia constitucional sea procedente, es indispensable demostrar la existencia del acto de aplicación de la norma general y, además, que esa individualización cause un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, en atención al principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República. En esa tesitura, como se advierte, tratándose del amparo contra leyes heteroaplicativas, los supuestos de improcedencia regulados en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se interrelacionan, o en otras palabras, son complementarios entre sí. Así, cuando el gobernado instaura el juicio de amparo contra una determinada norma jurídica heteroaplicativa, no solamente debe acreditar la existencia previa del acto de aplicación, sino que también está obligado a demostrar que esa materialización o individualización le depare un perjuicio o afectación en su esfera de derechos. Sentado lo anterior, como ya se dijo, en el caso concreto la parte quejosa cuestiona la constitucionalidad del artículo 7 del Acuerdo por el que se determina la organización, funcionamiento y circunscripción de las oficinas de representación de la Secretaría de Economía, en su carácter de norma general autoaplicativa. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso promueve la acción constitucional contra la porción normativa impugnada en su carácter de norma autoaplicativa, pues refiere que desde su publicación lo obliga a acudir ante oficinas regionales de representación de la Secretaría de Economía -con sede en Guadalajara, Jalisco- para la atención de los requerimientos administrativos que se le formulen. De lo antes señalado se advierte que el quejoso se encuentra dentro de un grupo de personas para el que está determinada la norma general reclamada, pues acredita contar con un interés legítimo para acudir al juicio de amparo, en virtud de que refiere, bajo protesta de decir verdad, contar con los títulos de concesión minera que se adquirieron del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía. Asimismo, con motivo de esa calidad de concesionario minero acude al juicio de amparo a combatir la constitucionalidad de la norma general, específicamente el artículo 7 del Acuerdo por el que se determina la organización, funcionamiento y circunscripción de las oficinas de representación de la Secretaría de Economía, el cual señala: "Artículo 7. Para la atención de los requerimientos administrativos, las Oficinas Regionales se organizarán en las siguientes regiones: Noroeste, con sede en Tijuana, Baja California y circunscripción para las Oficinas de Representación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua 1, Chihuahua 2, Durango, Sinaloa y Sonora; Noreste, con sede en Monterrey, Nuevo León y circunscripción para las Oficinas de Representación de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas 1 y Tamaulipas 2; Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco y circunscripción para las Oficinas de Representación de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit; Oriente, con sede en Boca del Río, Veracruz y circunscripción para las Oficinas de Representación de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; Centro Norte, con sede en León, Guanajuato y circunscripción para las Oficinas de Representación de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacateas; Centro Sur, con sede en Toluca, Estado de México y circunscripción para las Oficinas de Representación de México y Morelos; Suroeste, con sede en Oaxaca, Oaxaca y circunscripción para las Oficinas de Representación de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y Sureste, con sede en Villahermosa, Tabasco y circunscripción para las Oficinas de Representación de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Cada una de las regiones a que se refieren las fracciones anteriores contará con un Enlace Administrativo, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará del personal que al efecto se asigne. El personal a que se refiere el párrafo anterior se adscribirán a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría. La persona titular de la Unidad de Administración y Finanzas, designará un coordinador de los enlaces administrativos a que se refiere este artículo y cada dirección general adscrita a dicha Unidad designará a un servidor público para que atienda a los referidos enlaces en las materias que corresponda, conforme a lo previsto en las "Políticas de Operación para los trámites administrativos de las Oficinas de Representación." De la anterior transcripción, se evidencia que el aludido precepto, con base en la organización, funcionamiento y circunscripción de las oficinas de representación de la Secretaria de Economía, establece las Oficinas Regionales en las que habrán de atenderse los requerimientos administrativos. En esa condición, contrario a lo que refiere el quejoso, la norma reclamada no es de naturaleza autoaplicativa, sino que, para afectar su esfera jurídica, está condicionada la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. Ello, en atención a que con la sola entrada en vigor de la norma, no se restringen los derechos que tiene el quejoso respecto de los títulos de concesión minera, además de que la norma general está condicionada a que entren en funciones las oficinas de representación de la Secretaría de Economía, lo que se desprende del artículo transitorio Cuarto del aludido acuerdo general, el cual señala: "Cuarto. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Dirección General y la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría deben emitir los lineamientos a que se refiere el artículo 6, fracción VII de este Acuerdo y las "Políticas de Operación para los trámites administrativos de las Oficinas de Representación", respectivamente, los cuales serán de observancia obligatoria para la operación de las mismas." Lo que hace evidente que por la sola entrada en vigor de la norma reclamada, por sí misma, no le causa una afectación actual al quejoso, pues, como ya se evidenció, a la fecha de su entrada en vigor -trece de marzo de dos mil veintitrés- está condicionada a que las oficinas de representación entren en funciones y atiendan los trámites administrativos conforme a sus políticas de operación; aspecto que hasta este momento no se encuentra acreditado, pues el quejoso no manifiesta en su escrito de demanda que ya estén operando las oficinas. Además, para que impacte en la esfera jurídica del quejoso es necesario que éste demuestre que está realizando algún trámite relacionado con la concesión minera con la que dice contar, y que derivado de ese trámite resiente una afectación con motivo del cambio de ubicación de las oficinas de representación regionales; lo que, se insiste, en el caso no acontece. De esa manera, es evidente que el acuerdo reclamado no genera una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que dicha afectación no se resiente de manera inmediata a partir de su expedición, sino que, en todo caso, como ya se dijo, está sujeta a que las Oficinas Regionales entren en funciones y que el quejoso acredite que debe atender algún requerimiento administrativo ante la oficina regional que le corresponda para que, derivado de ello, le afecte el cambio de competencia de las delegaciones y subdelegaciones federales y oficinas de servicios de la Secretaría de Economía. Finalmente, es de precisarse que, como se ha mencionado, la norma reclamada requiere de un acto de aplicación para impugnarla; sin embargo, nada le impide a la parte quejosa impugnarla nuevamente cuando aquella le sea aplicada en su perjuicio. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2ª. /J. 67/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales numeral 5°, fracción I, y 6°, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que ********************y******************** gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que, a las restantes personas que menciona, se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de abogado. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.
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