D. P. Ll.
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- D. P. Ll.
- G.A. H. S.
- D. P. Ll. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal el proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Destacando, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la medida cautelar, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; a las partes mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee Se sobresee en el juicio fuera de audiencia, dado que la Secretaría de Salud remitió constancias de aplicación de vacuna al menor de iniciales D.P.L., De la certificación secretarial que antecede, así como de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), - herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, remitiendo el consentimiento firmado por la mamá del menor de iniciales D.P.L de los que se advierte que sí En mérito a lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Así, para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza la causal de improcedencia en comento La quejosa Mónica Llanderal Tovar en representación del menor de iniciales D.P.L. (doce años), reclamó de las autoridades responsables lo siguiente La omisión de aplicar el esquema de vacunación completo con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a nuestros menores hijos, poniendo así en riesgo la salud y, por ende la vida de nuestros menores hijos. Esto en virtud de las circunstancias particulares que ha generado la pandemia del virus SARS-CoV-2 La quejosa promovió el juicio de amparo debido a que consideró que su menor hijo se encontraba excluido del plan nacional de vacunación en contra del virus SARS-CoV-2, y la aplicación de la vacuna PfizerBioNTech Bajo ese tamiz se tiene que la pretensión fundamental de la promovente de amparo es que a su menor hijo le fuera aplicada la vacuna en contra del virus SARS-CoV2 Cabe mencionar que en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca, Sputnik V, Moderna, Cansino y Sinovac, contra la COVID-19 Así, la distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación del biológico. El esquema de aplicación de las dosis es el siguiente: Vacuna (Farmaceutica) Nombre común Plataforma de diseño Dosis de esquema completo Tiempo entre dosis BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech) Pfizer ARNm 2 3 - 6 semanas AZD1222 (AstraZeneca/ Universidad de Oxford) Astra Vector viral no replicante 2 8 - 12 semanas Gam-COVID-Vac (Instituto Gamaleya) SputnikV Vector viral no replicante 2 3 - 12 semanas Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc) Cansino Vector viral no replicante 1 No aplica, el esquema se completa con una sola dosis CoronaVac (Sinovac Research and Development Co) Sinovac Virus inactivado 2 4 - 5 semanas En el caso, la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 ya ocurrió, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, se encuentra corroborado con las documentales que exhibió el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, de las que se advierte que en fechas veintisiete de abril y dieciocho de mayo del año en curso, se aplicó al menor quejoso la primera y segunda dosis de la vacuna aludida, respectivamente. Documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es inconcuso que han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues la omisión de aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, quedó sin efectos, al haber sido aplicada la primera y segunda dosis del citado biológico, como se advierte de las constancias que remitió la autoridad sanitaria, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Sobreseimiento fuera de audiencia respecto del menor de iniciales G.A.H.S. Del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, esta juzgadora considera que respecto al acto reclamado consiste en la exclusión del menor quejoso de iniciales G.A.H.S, en relación con el acto reclamado, consistente en la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior porque del contenido de dicho numeral se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Se estima que se surte la citada causal de improcedencia, considerando que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del veintiocho del mes y año citados, se iniciaría el registro para los adolescentes de doce a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder a ser inoculados contra el virus SARSCoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec; lo anterior, fue anunciado en diversos medios de comunicación como lo es en la información que como hecho notorio se invoca Vacunación contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años Ha llegado el momento de vacunar contra el COVID-19 a los y las adolescentes, especialmente aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. Las y los adolescentes con enfermedades que debilitan su sistema inmunológico son más vulnerables a que la COVID-19 pueda presentar complicaciones graves que ameriten hospitalización, ingreso a unidades de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica o condiciones que aumentan el riesgo de morir. Por esto, es importante que se vacunen y que además de la vacuna, sigan las medidas de higiene, sana distancia y utilizar el cubreboca de manera correcta para proteger su salud. Seguridad y eficacia de la vacuna La vacuna que se aplicará es la Pfizer-Biontech, la cual mostró resultados de seguridad y eficacia del 75 % después de la 1ª dosis y del 95% 7 días después de la 2ª dosis En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que padres, madres y tutores podrán ingresar los datos de las personas menores en la página mivacuna.salud.gob.mx. Se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también niñas y niños sanos de 12 años en adelante; ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban Dicha información constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, además de que se trata de información obtenida a través de una página oficial de la Secretaría de Salud Federal De tal suerte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, veinte de abril de dos mil veintidós, existía impedimento para que el menor quejoso pudiera ser vacunada; no obstante, en la actualidad dicho obstáculo ha sido nulificado por las propias autoridades, dando la apertura al registro para tal fin y, posteriormente, procediendo a la aplicación del biológico solicitado Luego entonces, se tiene que para acceder a dicha vacuna, la parte quejosa debe efectuar los trámites solicitados; ello, a efecto de preservar el orden y control en la aplicación de citado biológico, dado que el juicio de amparo no puede constituir un medio por el que se permita la excepción a los trámites previstos por las autoridades, siempre y cuando estos resulten ajustados a derecho En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama, pues la omisión legal para aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, quedó sin efectos, al haber sido aperturado el registro para la aplicación de la primera y segunda dosis de la citada vacuna a dicho sector poblacional; con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de las autoridades restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, pues a partir del momento en que las autoridades sanitarias del país incluyeron a los menores entre doce y diecisiete años, sin comorbilidades, en el programa de vacunación contra la COVID-19, cesó la omisión reclamada. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, respecto del acto reclamado consistente en la exclusión del menor quejoso respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid- 19), del biológico Pfizer-BioNTec. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, Covid-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo que prevé Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese cconsentimiento En el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad ya señalada, pues la parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate El consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad de la quejosa que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Es decir, se produce la causal en estudio cuando, respecto del acto reclamado el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad respecto del acto reclamado En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, es conveniente tener presente la tesis que sostiene el Pleno del más Alto Tribunal que dice "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque la quejosa estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado c) Que la quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso que se analiza, se advierte que la parte quejosa consintió el acto reclamado con base en la siguiente consideración: En acuerdo dictado el veinticinco de abril del año en curso, dentro del incidente de suspensión derivados del presente juicio de amparo, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informando que se señalaron las diez horas del veintisiete de abril de este año. Asimismo, en resolución incidental de veintisiete de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días, posteriores a la fecha programada para la aplicación del biológico, informara ante este juzgado si efectivamente le fue aplicado, debiendo exhibir copia certificada del comprobante de vacunación, o bien, su original, el que previo su cotejo le será devuelto. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta, hechos que aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo Del Décimo Noveno Circuito, de voz y contenido siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." Requerimiento de la misma naturaleza que se formuló a la parte quejosa en el presente juicio de amparo el veintiséis de mayo del año en curso. Asimismo, en auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informando que fijó las diez horas del ocho de junio de dos mil veintidós. Con lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Finalmente, por auto de veintiuno de junio del año en curso, se requirió nuevamente a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de su notificación informara ante este juzgado si ya le había sido aplicada al menor la primera dosis de la vacuna solicitada; en cuyo caso, debería exhibir copias certificadas del comprobante de vacunación, o bien, su original, el que previo su cotejo le sería devuelto. Sin que a la fecha haya cumplido con los requerimientos formulados por este Juzgado de Distrito. En dicha tesitura, y ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con lo requerido, no obstante los diversos requerimiento para que informara sobre la aplicación de la vacuna, debe presumirse cierto lo informado por la autoridad responsable, ello, partiendo del principio de buena fe del que gozan todas las autoridades, aunado a que no existe evidencia dentro del presente asunto que conduzca a dudar de lo aseverado por parte de la autoridad responsable; y por el contrario se demuestra un desinterés de la parte quejosa. Es decir, la parte quejosa fue omisa en manifestar que la afirmación de la responsable, en el sentido de señalar fecha para la aplicación de la vacuna, no resultaba cierta, sino que ante el requerimiento formulado el resultado es una conducta pasiva, ante lo cual no queda sino contrastar los elementos con los que cuenta esta Juzgadora, de lo que se obtiene que debe prevalecer lo afirmado por la responsable, y por ende a que la quejosa ha consentido el acto de autoridad reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado" En mérito de lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado" En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MÓNICA LLANDERAL TOVAR REPRESENTANTE DEL MENOR D.P.L. Y OTROS LA DETERMINACIÓN DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee Se sobresee en el juicio fuera de audiencia, dado que la Secretaría de Salud remitió constancias de aplicación de vacuna al menor de iniciales D.P.L., De la certificación secretarial que antecede, así como de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, - herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, remitiendo el consentimiento firmado por la mamá del menor de iniciales D.P.L de los que se advierte que sí En mérito a lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Así, para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza la causal de improcedencia en comento .. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado" En mérito de lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado" En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. De la certificación que antecede, del estado que guardan los autos, así como de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), - herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, en relación a que señaló las diez horas del ocho de junio de dos mil veintidós, a fin de que acudiera el menor quejoso G.A.H.S. (doce años) acompañado de sus representantes legales a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Morelia, ubicada en calle Plan de Ayutla, número setenta y ocho, colonia Chapultepec Sur, código postal 58260, en esta ciudad, con la finalidad de que le fuera aplicada la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Se requiere a la parte quejosa. Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, exhiba copia certificada del comprobante de vacunación del menor quejoso G.A.H.S., o bien su original, respecto de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, Covid-19. En caso de que exhiba el original de dicho comprobante, este juzgado realizara su cotejo y se dejará a su disposición para efectos de su devolución. Se apercibe a la parte quejosa, que de no exhibir el comprobante de vacunación requerido, se le tendrá por desinteresada y se acordará lo que en derecho corresponda. Se difiere la audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MFLV/iaa
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