Cupertina Jiménez Sánchez
Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cupertina Jiménez Sánchez
- Lic. Jose Alberto Zalazar Ponce de Leon, Jefe de Servicios Comisionado Para Realizar las Funciones de la Subdelegacion de Administracion En la Presentacion En el Issste En el Estado de Michoacan
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 4. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibida de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.SSCH/AEOL/jnvr
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. 1. Se recibe exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio y anexos, enviados por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este Órgano Jurisdiccional a través del proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, hace del conocimiento que en ese juzgado con data veintitrés de marzo pasado, ordenó la destrucción del cuadernillo formado con motivo del presente exhorto 38/2020 número de orden 77/2020, que se le envío para que en auxilio de las labores de este juzgado, realizara la búsqueda, localización y comparecencia del agraviado Saúl Castro Paniagua; por lo que remite las constancias electrónicas que integran la comunicación de que se trata, las cuales se ordena agregar a los autos y teniéndose por diligenciada la encomienda planteada. Dese de baja la comunicación diligenciada y háganse las anotaciones correspondientes. 2. Autoridad exhortada remite información solicitada. Glósese a los autos el oficio enviado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, y atento a su contenido, en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado mediante proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, reitera la información que se tuvo por recibida el diez de febrero de dos mil veinte, en la que refiere que no libró despachos correspondientes a los lugares en donde ejerce jurisdicción, en razón de haber ordenado al actuario de la adscripción que se constituyera personalmente en hospitales públicos y privados, servicios médicos forenses (semefos), estaciones migratorias, centros de detención, en diferentes corporaciones policiacas y militares, en donde existiera separos o celdas, así como en centros carcelarios, instancias gubernamentales (autoridades federales, estatales y municipales) y organizaciones formadas por la sociedad civil (Cruz Roja, Cruz Verde y Centros de Reclusión) de toda su jurisdicción, con la finalidad de cumplir de manera pronta y eficaz la encomienda solicitada dentro de la comunicación con número de orden 89/2020, exhorto 50/2020; por lo que la búsqueda del quejoso Saúl Castro Paniagua, así fue realizado, por lo que no resultó necesario enviar ningún despacho al respecto, tal como se hizo saber en auto de trece de febrero de dos mil veinte. Asimismo, hace del conocimiento que su cuaderno de exhorto, 33/2020 (Orden 47/2020), ordenó su archivo como asunto concluido el siete de febrero de dos mil veinte, y posteriormente llevó a cabo su destrucción. Ahora bien, toda vez que le fueron devueltas las constancias que remitió en su oportunidad con la comunicación correspondiente, y de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que estas fueron debidamente integradas al expediente electrónico, procédase a realizar su impresión para que obre como constancia física dentro del presente asunto; y, en consecuencia, téngase con esta fecha, devolviendo a la autoridad de que se trata, debidamente diligenciada la comunicación con número de orden 89/2020, exhorto 50/2020. Dese de baja la comunicación diligenciada y háganse las anotaciones correspondientes. 3. Manifestaciones de autoridad. Finalmente, glósese a los autos el oficio enviado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este Órgano Jurisdiccional el cuatro de abril pasado, hace del conocimiento que el exhorto 17/2020-III, orden 20/2020 formado con motivo de la comunicación enviada por este juzgado para la búsqueda y localización de Saúl Castro Paniagua, una vez diligenciada en sus términos el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, ordenó devolver a este juzgado, remitiendo al archivo el cuaderno de antecedentes y destruido el veinticuatro de octubre de ese año; sin que se haya recibido oficio diverso con el que se haya hecho el requerimiento respecto a la información solicitada respecto a los resultados del peritaje odontológico y el protocolo correspondiente seguido para la identificación de una persona del sexo masculino que había sido encontraba en avanzado grado de descomposición; la cual, le había sido informada por el perito José Antonio Zapara Ramos (odontólogo forense), el veintinueve de enero de dos mil veinte, cuando la actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional al realizar la encomienda planteada, se constituyó en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO), ubicadas en Libramiento Poniente, kilómetro 25, predio Las Delicias sin número de esa ciudad, para tal efecto; por lo que no es jurídicamente posible atender lo que este juzgado solicita, pues su fin se cumplió y ese órgano jurisdiccional federal exhortado únicamente está constreñido a actuar dentro de lo solicitado en el exhorto de origen. 3.1. Requerimiento de información. Por tanto, gírese atento oficio al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, para que informe el resultado que arrojó el peritaje y protocolo correspondiente realizado por el especialista José Antonio Zapara Ramos (odontólogo forense), respecto de una persona del sexo masculino que fue encontrada en avanzado grado de descomposición que no contaba con los rasgos físicos, ni otras partes del cuerpo -como se advierte de la diligencia realizada a las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de enero de dos mil veinte, por el actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles-; lo anterior, con la finalidad de acordar lo conducente -se anexa copia de la diligencia de que se trata-. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por por Cupertina Jaimez Sánchez y/o Cupertina Jaimes Sánchez, contra actos del Jefe de Servicios Comisionado para realizar las funciones de la Subdelegación de Administración en la presentación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 460/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La falta de respuesta a la petición que por escrito presentó la quejosa en data ocho de marzo de dos mil veintitrés, ante las autoridades responsables, en la que solicitó que se giraran instrucciones a quien correspondiera a efecto de indicar el STATUS DE PENSIÓN 1779119 RFC JASC57091800 (JUBILACIÓN) y 1367833 RFC REAF560402000 (VIUDEZ), ya que sin razón tiene descuentos en ambas pensiones por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin previo procedimiento administrativo, ni derecho de audiencia o sentencia condenatoria; sin que a la fecha haya recibido respuesta. 1.3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos antes trascritos se observa que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988, la tercera del 145-150, sexta parte y la cuarta del tomo 43, séptima parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, octava y séptima épocas, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Respecto del tema la Ley del ISSSTE, no prevé la figura jurídica de la negativa ficta, en relación a las peticiones presentadas ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin embargo, es aplicable la negativa ficta prevista por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, esto es, que las peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses. Lo anterior, porque aún y cuando el referido instituto es una autoridad administrativa y no fiscal, la naturaleza de las peticiones relativas a las pensiones se encuentran sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación que es un órgano típicamente administrativo y que sus funciones jurisdiccionales encuentran campo de aplicación en distintas ramas y materias de la administración pública federal y no sólo en el área fiscal de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. A lo anterior, cobra aplicación los siguientes criterios de rubros y textos siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 195394 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 77/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998, página 446 Tipo: Jurisprudencia NEGATIVA FICTA, SE GENERA ANTE EL SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS PENSIONADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la figura de la negativa ficta, se configura respecto de instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales que no sean resueltas en un plazo de tres meses; sin embargo, de la interpretación sistemática de este precepto con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se concluye que la figura de la negativa ficta, que esa norma contempla, no se constriñe únicamente a las autoridades de carácter fiscal, sino que su aplicación, se extiende a las autoridades administrativas, cuyas resoluciones expresas se encuentran sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación que es un órgano típicamente administrativo, ya que sus funciones jurisdiccionales encuentran campo de aplicación en distintas ramas y materias de la administración pública federal y no sólo en el área fiscal, pues así se desprende de la redacción del mencionado artículo 11 de su ley orgánica, que incorpora un catálogo de hipótesis que representa los casos en que se surte su competencia, con la particularidad de que en esa amplia gama de supuestos, se observa que las resoluciones administrativas susceptibles de combatirse en el juicio de nulidad son de naturaleza diversas y no sólo de carácter fiscal, como ocurre precisamente con las resoluciones a que se refiere la fracción VI, relativas a las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, cabe concluir que el silencio de este instituto de seguridad social también constituye la figura de la negativa ficta". "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 195394 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 77/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998, página 446 Tipo: Jurisprudencia NEGATIVA FICTA, SE GENERA ANTE EL SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS PENSIONADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la figura de la negativa ficta, se configura respecto de instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales que no sean resueltas en un plazo de tres meses; sin embargo, de la interpretación sistemática de este precepto con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se concluye que la figura de la negativa ficta, que esa norma contempla, no se constriñe únicamente a las autoridades de carácter fiscal, sino que su aplicación, se extiende a las autoridades administrativas, cuyas resoluciones expresas se encuentran sometidas a la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación que es un órgano típicamente administrativo, ya que sus funciones jurisdiccionales encuentran campo de aplicación en distintas ramas y materias de la administración pública federal y no sólo en el área fiscal, pues así se desprende de la redacción del mencionado artículo 11 de su ley orgánica, que incorpora un catálogo de hipótesis que representa los casos en que se surte su competencia, con la particularidad de que en esa amplia gama de supuestos, se observa que las resoluciones administrativas susceptibles de combatirse en el juicio de nulidad son de naturaleza diversas y no sólo de carácter fiscal, como ocurre precisamente con las resoluciones a que se refiere la fracción VI, relativas a las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, cabe concluir que el silencio de este instituto de seguridad social también constituye la figura de la negativa ficta". En el caso a estudio, el escrito de petición fue recibido por las autoridades señaladas como responsables el ocho de marzo de dos mil veintitrés, según consta en los sellos de recibido que obran en dicha solicitud, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el catorce de abril del año en curso; de lo que se advierte que conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente, pues no han transcurrido los tres meses a que se refieren las jurisprudencias transcritas. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, las tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, novena época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 201387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.5 K Página: 633 DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo.". 2. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************y********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tienen sus cédulas inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.SSCH/AEOL/vmv
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