Cynthia Barranco González

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Cynthia Barranco González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el diez de mayo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, hágase la precisión de que el presente expediente es susceptible de depuración, en virtud de que mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se decretó sin materia la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 475/2021-III-B, promovido por ******************** contra los actos que reclama del Titular y Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Titular y Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad SEGUNDO. Por auto de la misma fecha (veintitrés de marzo del año en curso), se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute la orden de deportación o expulsión del país. Por otra parte, en el referido proveído, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia vigente, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la quejosa, en: a) La no recepción de su trámite de solicitud de regularización por razones humanitarias; b) La orden verbal de no recibirle los documentos con los que solicitó la regularización por razones humanitarias. c) La detención, deportación y/o repatriación del directo quejoso. TERCERA. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables; pues así lo manifestó el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de dicha dependencia, al rendir su correspondiente informe justificado, lo cual corroboró en el mismo sentido, respecto de los actos omitidos en el informe inicial, con el diverso aclaratorio remitido en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintinueve de marzo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la quejosa ******************** hubiese ofrecido como pruebas las documentales consistentes en el escrito de solicitud de trámite de regulación migratoria, dirigido a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, que a la vez contenía las constancias relativas a los protocolos de protección del Migrante, copia de su pasaporte y Forma Migratoria Múltiple, toda vez que dichas constancias únicamente acreditan que se efectuó ante las responsables una solicitud de trámite de regulación migratoria; por tanto, resultan insuficientes para desvirtuar la negativa categórica de los actos reclamados a las autoridades responsables. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ******************** contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el primero de los antecedentes de esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Incidental

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Titular del Instituto Nacional de Migración, Delegación Yucatán y la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en lo siguiente: a) La no recepción de su trámite de solicitud de regularización por razones humanitarias. b) La orden verbal de no recibirle los documentos con los que solicitó la regularización por razones humanitarias. c) La detención, deportación y/o repatriación de la directa quejosa. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestó el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en representación de las autoridades responsables Titular y Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, lo cual corroboró en el mismo sentido, respecto de los actos omitidos en el informe inicial, con el diverso aclaratorio; sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado,, con residencia en esta ciudad, el cual se relaciona en el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista de estrados.

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