Cuitlahuac Hernandez Salazar

Expediente 1342/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1342/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Cuitlahuac Hernandez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos incidentales el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el toca ********************formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra la resolución interlocutoria de fecha tres de junio de dos mil veintidós, emitida en los presente autos incidentales, de la cual se advierte que el cuerpo colegiado confirmó la sentencia interlocutoria impugnada y negó la suspensión definitiva solicitada. Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. Ahora bien, toda vez que en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, se reservó acordar lo relativo al archivo de los presentes autos incidentales hasta en tanto se recibiera de la Superioridad, el testimonio de la ejecutoria mencionada en párrafos anteriores. Por tanto se levanta dicha reserva y se acuerda lo siguiente: se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión de los actos reclamados, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veinticinco de julio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se reserva proveer lo relativo al archivo del presente juicio de amparo y de los cuadernos incidentales, en tanto se recibe de la Superioridad, el testimonio de la ejecutoria que resuelva el recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1342/2022-VI-B, promovido por CUITLÁHUAC HERNÁNDEZ SALAZAR, contra los actos que reclama del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el veintiséis siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció el referido quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos al Congreso; Gobernador; Secretario General de Gobierno; y Director del Diario Oficial; todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 1342/2022-VI-B, y por los motivos ahí expuestos, se desechó la misma, únicamente por lo que se refiere a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Diario Oficial, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por otro lado, se admitió a trámite por lo que hace a las restantes autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir el quejoso Cuitláhuac Hernández Salazar, en: La discusión, expedición, aprobación, firma y promulgación del Decreto 483/2022, por el que se modifica la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, específicamente la fracción I del artículo 6. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que lo alegue alguna de las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La fracción XII del artículo 61, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Del numeral citado en segundo término se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. El interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione a los derechos fundamentales, que es precisamente lo que faculta al titular de éstos para acudir a la instancia constitucional, que se traduce en su interés jurídico; esto es, para la procedencia de un juicio de amparo se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione. Por interés jurídico debe entenderse el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona, ya sea de hecho o de derecho. La afectación al bien jurídico se externa cuando un acto de autoridad se traduce en una disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Al respecto, se han sustentados diversos criterios determinando qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, y para tal efecto se trae a colación el contenido de la jurisprudencia de rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal de la República y 6° de la ley de la materia, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada; es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Porque el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. En esa virtud, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, desde el momento de su expedición, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Con el propósito de demostrar la eficacia de la causa de improcedencia que se advierte, se tiene presente entonces en términos de los numerales invocados que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; también es importante precisar que con la actual Ley de Amparo se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo, incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo para promover dicha acción, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, se precisa que por interés legítimo se entiende aquel interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, esto es, la situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, resultando intrascendente, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo. Más brevemente, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, y al efecto sirve de sustento el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el interés legítimo es concebido por la doctrina como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad (derecho subjetivo), tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado, es decir, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Igualmente, añadió que el interés legítimo es aquel que tienen algunas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendiente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Asimismo, que el interés legítimo existe cuando pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, pero no es necesario que quede asegurado de antemano ni forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Los argumentos precedentes fueron plasmados en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia del siguiente encabezado: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste." De las consideraciones expuestas, se obtiene que se debe distinguir entre el interés simple de aquel que se requiere acreditar para la procedencia del juicio de amparo (interés jurídico), siendo el primero aquel interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal, esto es, el simple interés ciudadano por la legalidad, lo cual no lo faculta para accionar el juicio de amparo sino únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o cualificación subjetiva y el segundo, aquél que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, no sólo por interés como ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, esto es, una afectación directa en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le irrogue alguno de diversa naturaleza. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En el caso del interés legítimo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que las normas autoaplicativas son aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley. Es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso, y esto se sustenta en el contenido de la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), titulada: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas." Ello significa que los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares. Para tal efecto, el Máximo Tribunal del País concluyó que las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Por tal motivo, en principio es importante identificar la ubicación jurídica del quejoso desde la que combate la norma general: como destinatario o como tercero. En este análisis la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado una pregunta que define si una persona puede acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de tercero al contenido o relación jurídica por ella contemplada: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Es decir, la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta, pues el quejoso debe acreditar una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente. Sirve de sustento, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con registro digital: 2009198, Tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 445, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." En el caso, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo contra la discusión, expedición, aprobación, firma y promulgación del Decreto 483/2022, por el que se modifica la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, específicamente la fracción I del artículo 6, que establece: "Artículo 6.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado determinará el número de notarías públicas así como su residencia, atendiendo a los siguientes factores: I.- Población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un Notario Público por cada 15,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda; [.]" El reclamo del Decreto parcialmente reproducido, se realiza como una norma [lato sensu] de carácter autoaplicativa, esto debido a que la parte quejosa refiere que la previsión legal que establece que no deberá superarse la cantidad de quince mil habitantes para la función de un notario, no tiene justificación alguna. De ahí que refiere, se excluye de manera injustificada a un sector amplio de la población para contar con notarios, encareciendo los honorarios de los mismos, limitando la competencia justa y el acceso a la fe pública para la población. Sin embargo, no ofreció prueba alguna en este sumario constitucional, con la cual demostrara que se hubiere visto restringido su acceso a los servicios prestados por un Notario Público residente en esta Entidad Federativa. Por ende, este órgano de control constitucional determina que la puesta en operación de la norma impugnada no genera, por sí misma, al quejoso una afectación jurídicamente relevante, pues, como se adelantó, no acreditó con medio de convicción jurídicamente apto y suficiente, las manifestaciones que expresó en su ocurso inicial de demanda, y tampoco sus argumentos generan convicción objetiva en relación con el interés legítimo que refiere ostentar. Ciertamente, en la especie no se justificó que el Decreto impugnado transgrede la esfera jurídica del quejoso, de manera que le produzca una afectación en mayor grado que otros individuos derivado de una especial situación frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y la norma combatida que al impugnarla podría revelar un beneficio (interés cualificado), puesto que es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecten, y que del contenido de la norma le genere una afectación inmediata. En tales consideraciones, se insiste que el Decreto reclamado no causa al quejoso una afectación jurídicamente relevante, en razón que no es posible sostener que dicha norma general le impida acceder a los servicios otorgados por un Notario Público. Luego, como no se acreditó el supuesto de procedencia para justificar que cuenta con interés legítimo, se determina que se trata de un interés simple, asemejado al de cualquier gobernado, sin demostrar el beneficio que la invalidación revelaría en su esfera de derecho. Así es, porque la parte solicitante del amparo no justifica la forma en que el Decreto controvertido afecte real, o indirectamente su especial situación frente al orden jurídico, tampoco demuestra cuál sería esa situación concreta que se vería beneficiada con la concesión y menos aún, cuál sería el beneficio inmediato o mediato que, con la regulación de la legalidad de los actos que reclama, podría obtener en su esfera jurídica concreta. Con base en lo expuesto, se concluye que el peticionario del amparo no demostró que la norma reclamada afecte su esfera de derechos, pues el interés legítimo que adujo no fue acreditado fehacientemente, debido a que le correspondía la carga de la prueba de ese extremo y no lo realizó con algún medio de convicción para tal efecto. En esta guisa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación tanto con el precepto 6° de dicho ordenamiento que rige la materia, como el precepto 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la legislación de amparo en cita. En ese orden de ideas, resulta innecesario analizar las diversas causales de improcedencia que en contra de los actos reclamados invocaron las autoridades responsables en sus informes justificados, pues cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis aislada sin número, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por CUITLÁHUAC HERNÁNDEZ SALAZAR, en contra del acto que reclama del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, agréguese a este expediente el oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.10/2156-2022, remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL de Peggy González Gómez, Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), residente en la Ciudad de México, mediante el cual solicita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las resoluciones dictadas el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en los incidentes de revisión 367/2021 y 368/2022. Al respecto, se acuerda: Al no existir impedimento legal alguno, mediante oficio que para tal efecto se gire, remítase a la citada autoridad copia certificada de las constancias que solicita, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

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