Cuauhtli Laguna Peraza

Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 37 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
571/2019
Año
2019
Actuaciones
37
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Cuauhtli Laguna Peraza
  • Alejandro Zarza Gurbiel
  • Gabriel Jesus Batancourt Paredes
  • CUAUHTLI LAGUNA PERAZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa de lo informado con relación al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por quien suscribió en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 176 a 199), se concedió a los quejosos Cuauhtli Laguna Peraza, Gabriel Jesús Betancourt Paredes, Alejandro Zarza Gurbiel, Bryan Alonso Vado Traconis, José Antonio Cetina García, Ileana Edith Alcocer Valencia, Russell Raúl Vázquez Calderón, Alejandro de Atocha Ruíz Ayora, Alejandra Eloisa Muñóz Lizama y Adelena Marín Traconis el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente efecto: ".para el efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 235, último párrafo, 235 Bis, 237, último párrafo, 245, fracciones II y IV, 247, último párrafo, 250 y 290 de la Ley General de Salud, porque son inconstitucionales, en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación expresa o tácita, presente y futura. (.) Con fundamento en el artículo 78, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, tal protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, por lo que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejar insubsistente el 183301EL352281, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, deberá emitir uno nuevo en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos - adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar-, del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana. En en el entendido de que corresponderá a dicha Comisión establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. De igual manera, no supone en modo alguno autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; y que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros." Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte (fojas 234 a 236), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a las responsables para que acreditaran su cumplimiento y se destacó que las responsables Cámaras de Diputados y de Senadores, así como Presidente de la República, todas con residencia en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación, aprobación, expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal; de conformidad con lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala en su rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS." Así, mediante oficio sin número de dieciséis de febrero de este año (promoción 4107, fojas 331 a 337), quien suscribió en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, remitió diversas constancias de las que se aprecia que: a) El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas emitió el oficio CAS/DEREPSQ/7319/2021 de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual otorgó a los quejosos la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como adquirir de manera legal la semilla de cannabis (sativa, indica y americana). Misiva en la que señaló expresamente -en las observaciones- que se dejó sin efectos el diverso oficio 183301EL352281 de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y la desincorporación de la esfera jurídica de los peticionarios del amparo los artículos 235, último párrafo, 235 Bis, 237, 245, fracciones II y IV, 247, último párrafo, 250 y 290, todos de la Ley General de Salud. b) Se notificó a los quejosos ese oficio el siete de diciembre de dos mil veintiuno a través de su representante legal. Del análisis de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y las actuaciones correspondientes que acreditan su cumplimiento, se advierte que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada por este órgano federal, pues así se desprende de dichas constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que fueron señalados como directrices, bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, previa copia autorizada del presente proveído que se agregue para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es depurable, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario, así como el incidente de suspensión que de éste deriva, y el expediente electrónico correspondiente coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dos de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio de quien suscribe en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa los actos que llevó a cabo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite las constancias relativas. Así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento de la sentencia. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de diciembre del año en curso. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, por lo que en cumplimiento al requerimiento formulado el veinte de octubre de este año, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida en este juicio. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de tres de noviembre se reservó acordar lo conducente a lo informado por el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, hasta en tanto la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, diera cumplimiento al requerimiento de veinte de noviembre del año en curso, lo cual ya aconteció, por lo tanto, se acuerda: Requiérase al Gerente de Enlace con las Entidades Federativas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), con sede en Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, computado a partir de su notificación informe a este órgano federal el tramite dado a la solicitud realizada vía correo electrónico por el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que informara algún otro domicilio en el cual se pudiera llevar a cabo la diligencia de notificación a los quejosos de la resolución contenida en el oficio CAS/DEREPSQ/7319/2021. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio sin número de quien suscribe en representación de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el diez de septiembre de este año, remite copia certificada del oficio CAS/DEREPSQ/7319/2021, por la cual se da cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento pues mediante auto de veintinueve de septiembre de la anualidad se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.

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