Cynthia Karina Aban Castillo
Expediente 1408/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cynthia Karina Aban Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del auto de mérito se realizó el siete de enero del año en curso, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: 1. El Juez responsable, dejara insubsistente la parte conducente del auto de formal prisión dictado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 28/2017, en el que se consideró a Cynthia Karina Abán Castillo, probable responsable de la comisión del delito de fraude. 2.- En su lugar emitiera una nueva determinación en la que, con base en las consideraciones plasmadas en la sentencia de amparo, determinara que no se acreditó el cuerpo del delito de fraude, previsto en el artículo 324, fracción VIII, del Código Penal del Estado, y hecho ello, determinara lo que en derecho correspondiera. En contra de dicha resolución, el tercero interesado Raúl Humberto José Palma Morales, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto en el toca A.R. 161/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de veintiuno del citado mes y año, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, pues no obstante que había remitido copia certificada de la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, que dictó en la causa penal de origen, en la que dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de formal prisión reclamado, y en su lugar emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la aquí quejosa; lo cierto es que, por las razones expuestas en el citado acuerdo de veintiuno de diciembre pasado, se determinó que no podía estimarse que se hubiera dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, porque la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho que dictó la responsable, fue emitida cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia concesora, que lo fue hasta el seis de diciembre de dos mil dieciocho, cuando el referido Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolvió confirmar la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. En ese sentido, se estimó que la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo que no había causado ejecutoria y que, por tanto, no era vinculatoria, debía dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución pronunciada en relación con una sentencia que no había adquirido firmeza legal. Por lo anterior, se estableció que el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, había dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto, consistiendo éste en que lo efectuó cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia; por lo que debía dejarse insubsistente, así como sus demás efectos. En consecuencia, se requirió al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, cumpliera a cabalidad con la ejecutoria en análisis. A fin de acatar la ejecutoria de amparo, el Juez responsable mediante oficio 2529 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, comunicó que ese propio día dictó una nueva resolución en la que: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en la causa penal 28/2017. 2. Asimismo, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno la resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, que a su ver, había dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo, y 3. Emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la aquí quejosa, por el delito de referencia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el acto reclamado y dictar una nueva determinación en la que estimara no acreditado el cuerpo del citado delito; lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el citado numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y terceros interesados.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se acuerda: agréguense a este expediente el oficio de cuenta y anexo que al mismo se adjunta, que el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgador Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Fiscal tercero interesado y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se acuerda: agréguense a este expediente el oficio de cuenta y anexo que al mismo se adjunta, que el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgador Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Fiscal tercero interesado y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve, juntamente con su anexos (en diecinueve tomos), mediante oficio 3622, y remite dos testimonios de la ejecutoria de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca A.R. 161/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida, dictada en el expediente relativo al juicio de amparo número 1408/2017-VI-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en el fallo protector impugnado a través del presente recurso de revisión, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a CYNTHIA KARINA ABÁN CASTILLO, en contra del acto reclamado de la titular del hoy extinto Juzgado Cuarto Penal, actualmente Juzgado Segundo Penal, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, consistente en el auto de formal prisión de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, decretado en la causa penal número 28/2017.". Acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria, debiendo remitir a la autoridad responsable uno de los testimonios que envía el citado tribunal colegiado para tal fin; realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, de igual forma glósense a estos autos las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Ahora bien, toda vez que por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado al Juez responsable informando respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, el cual se reservó acordar, mismo del que se advierte que por resolución de uno de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el auto de formal prisión dictado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la aquí quejosa. En este tenor, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado en la demanda sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el efecto de la concesión del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. En la especie, confrontando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del invocado numeral, con las documentales remitidas por la autoridad responsable en cita, se advierte que no puede estimarse que se dio cabal cumplimiento a la misma, ya que la resolución de uno de marzo del año en curso que dictó, fue emitida cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia concesora, que lo fue hasta el seis de diciembre de dos mil dieciocho, cuando el referido Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolvió confirmar la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a una sentencia de amparo indirecto recurrible que no había causado ejecutoria y que, por tanto, no era vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no había adquirido firmeza legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 471, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 162,654, que dice: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes. De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal." En atención a lo expuesto y con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia y su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto, el suscrito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, determina que el acto del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que ha ejecutado, da cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pero con defecto, consistiendo éste en que lo efectuó cuando aún no había causado ejecutoria la sentencia; por lo que debe de dejarse insubsistente, así como sus demás efectos. En consecuencia, requiérase nuevamente al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro el término de tres días, cumpla a cabalidad con la ejecutoria en análisis, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", del que se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias, incluso con el uso de las medidas de apremio para ello previstas en el artículo 237 de la citada Ley de Amparo. Apercibido que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, en cuanto al anexo devuelto, consistente en copia certificada de la causa penal 28/2017, constante de diecinueve tomos, que el Juez responsable remitió a este Juzgado; toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado, devuélvase a la citada autoridad responsable el referido anexo. Notifíquese y cúmplase.
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