Cristóbal Guillermo Cabrera Ortiz

Expediente 944/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
944/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Cristóbal Guillermo Cabrera Ortiz
  • Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado auto. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto dictado el tres de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 7 a 12) en que se desechó su demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 944/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ORDENA SEPARACIÓN DE AUTOS. Vista la demanda de amparo promovida por Cristóbal Guillermo Cabrera Ortiz contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad responsable, a las que medularmente reclama: Del Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario número 341/2013, y como consecuencia, todo lo actuado en el referido sumario. Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. En efecto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que reclama la falta de emplazamiento llevado a cabo en el juicio 341/2013, y como consecuencia todo lo actuado en el sumario mismo que corresponde al índice del Juzgado Séptimo, mientras que el diverso acto reclamado consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión (658/2019), al Juzgado Primero, ambos en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Lo expuesto permite advertir que se trata de actos llevados a cabo en Juicios distintos. Entonces, si bien es cierto que el promovente del amparo impugna los actos señalados en párrafos precedentes en una sola demanda de amparo, también lo es que aquellos tienen las características de ser autónomos, por lo que no se podría resolver en una sola sentencia, ello debido a que los actos se encuentran desvinculados entre sí, por ende, no pueden considerarse como consecuencia directa uno de otro. En ese orden de ideas, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo, se determina que lo correcto es que se tuvo que promover un juicio de amparo por cada Juicio de origen al tratarse de acciones constitucionales diversas, que deben tramitarse por separado y no resolverse en una sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en sentido contrario, de oficio, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Asimismo, es aplicable la tesis I. 3º.C.72 K (10ª.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. SE DETERMINA LA LITIS DE EXPEDIENTES SEPARADOS. En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios, en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo se resolverá respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019, en tanto que deberá formarse nuevo juicio de amparo por el Juicio de origen restante. En consecuencia, se ordena obtener copia certificada de la papeleta, de la demanda y las constancias conducentes a fin de que en juicios separados se resuelva en relación con los actos que se reclaman de la autoridad responsable. SE GIRA OFICIO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la separación de autos y realice el turno correspondiente. DESECHAMIENTO. Acto seguido, este juzgado procede a realizar el estudio del acto reclamado consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la parte quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En el caso en concreto, se obtiene que el acto reclamado consiste en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. Como se observa, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable, la eventual violación procesal resultaría inocua. Lo que no impide que si la peticionaria obtiene resolución desfavorable en dicho juicio, pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo que promueva en contra de la misma. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento incidental, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior, se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica los actos que se reclaman, podrían constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse el aludido juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2a.CII/2014 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Laboral, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, localizable en la página 1098 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso". Por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. SE AUTORIZA ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al citado Omar Fernando Tapia Romero, para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario OMARTAPIA; consecuentemente, comisiónese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado en término restringido a la persona que señala en su escrito de demanda por así haberlo solicitado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 944/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE ORDENA SEPARACIÓN DE AUTOS. Vista la demanda de amparo promovida por Cristóbal Guillermo Cabrera Ortiz contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad responsable, a las que medularmente reclama: Del Juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario número 341/2013, y como consecuencia, todo lo actuado en el referido sumario. Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. En efecto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que reclama la falta de emplazamiento llevado a cabo en el juicio 341/2013, y como consecuencia todo lo actuado en el sumario mismo que corresponde al índice del Juzgado Séptimo, mientras que el diverso acto reclamado consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión (658/2019), al Juzgado Primero, ambos en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Lo expuesto permite advertir que se trata de actos llevados a cabo en Juicios distintos. Entonces, si bien es cierto que el promovente del amparo impugna los actos señalados en párrafos precedentes en una sola demanda de amparo, también lo es que aquellos tienen las características de ser autónomos, por lo que no se podría resolver en una sola sentencia, ello debido a que los actos se encuentran desvinculados entre sí, por ende, no pueden considerarse como consecuencia directa uno de otro. En ese orden de ideas, a fin de no romper con la técnica procesal del amparo, se determina que lo correcto es que se tuvo que promover un juicio de amparo por cada Juicio de origen al tratarse de acciones constitucionales diversas, que deben tramitarse por separado y no resolverse en una sentencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en sentido contrario, de oficio, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Asimismo, es aplicable la tesis I. 3º.C.72 K (10ª.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. SE DETERMINA LA LITIS DE EXPEDIENTES SEPARADOS. En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios, en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo se resolverá respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019, en tanto que deberá formarse nuevo juicio de amparo por el Juicio de origen restante. En consecuencia, se ordena obtener copia certificada de la papeleta, de la demanda y las constancias conducentes a fin de que en juicios separados se resuelva en relación con los actos que se reclaman de la autoridad responsable. SE GIRA OFICIO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la separación de autos y realice el turno correspondiente. DESECHAMIENTO. Acto seguido, este juzgado procede a realizar el estudio del acto reclamado consistente en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la parte quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. En el caso en concreto, se obtiene que el acto reclamado consiste en la admisión a trámite de la demanda en la vía ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, identificado con el número 658/2019. Como se observa, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable, la eventual violación procesal resultaría inocua. Lo que no impide que si la peticionaria obtiene resolución desfavorable en dicho juicio, pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo que promueva en contra de la misma. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento incidental, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior, se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica los actos que se reclaman, podrían constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; esto es, al resolverse el aludido juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2a.CII/2014 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Laboral, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época, localizable en la página 1098 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTE AL QUEJOSO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no es de imposible reparación ni constituye una violación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra el laudo, por violaciones cometidas en éste o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas el quejoso hubiere quedado sin defensa. Por consiguiente, el juicio de amparo promovido contra el auto indicado es improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento citado, en relación con la disposición referida, al producir el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicho auto pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso". Por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. SE AUTORIZA ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al citado Omar Fernando Tapia Romero, para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario OMARTAPIA; consecuentemente, comisiónese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado en término restringido a la persona que señala en su escrito de demanda por así haberlo solicitado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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