Cristobal Pulido Alanis

Expediente 939/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
939/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Cristobal Pulido Alanis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el sobre cerrado que contiene el exhorto número 1070/2017, en el cual se ordenó notificar al quejoso Cristóbal Pulido Alanis, el proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se le requería a fin de que aclarara su pretensión en relación al escrito que suscribió el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, se ordena la cancelación de la citada comunicación en virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que quedaba cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído y la interlocutoria, por la que se concedió provisionalmente y en definitiva la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha treinta de diciembre de dos mil quince, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, suscritos por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante los cuales en el primero acusa recibo del exhorto número 110/20185; y en el segundo devuelve debidamente diligenciado el exhorto de mérito y solicita se le acuse recibo del mismo; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita acúsese el recibo de estilo correspondiente. Téngase por notificado del proveído de veintiséis de febrero del año en curso, al quejoso Cristóbal Pulido Alanis, en términos de la diligencia de uno de marzo de dos mil dieciocho, practicada por el actuario adscrito al citado juzgado.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y del estado de los autos, se advierte que el quejoso Cristóbal Pulido Alanis, no desahogó la vista ordenada en proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, no obstante haber sido notificado el dieciséis de febrero del mismo año, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio; por tanto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada en el presente juicio de amparo el treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Cristóbal Pulido Alanís; misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el recurso de revisión número 43/2017; cuya concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, una vez que causara ejecutoria dicha resolución, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la sentencia constitucional, en el entendido de que la concesión del amparo se hizo para el efecto de que: a) Deje sin efectos legales, los oficios números SEGOB/CNS/OADPRS/44506/2015, y, SEGOB/CNS/OADPRS/44508/2015, de quince de diciembre de dos mil quince, por los cuales, se ordenó el traslado del quejoso Cristóbal Pulido Alanís, del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Norponiente", con residencia en Guasave, Sinaloa. b) Por vía de consecuencia, realice los trámites necesarios a efecto de que, el quejoso Cristóbal Pulido Alanís, sea devuelto al Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande Jalisco, donde tenía su residencia antes de su traslado; y, c) De considerarlo necesario remita al Juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en el Distrito Federal en turno, la solicitud de traslado del impetrante de mérito, a cualquier otro Centro Federal de reclusión que estime pertinente, a efecto de que dicha autoridad se pronuncie al respecto. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos que se precisan no implica que la autoridad no pueda eventualmente trasladar al encausado a algún otro Centro de Readaptación Social distinto de aquel en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si en el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Bajo ese panorama, la concesión del amparo fue para que se restituyera al quejoso en el goce de los derechos constitucionales que fueron transgredidos en su perjuicio y, al ser de carácter positivo el acto reclamado en el presente juicio, pues se trató de una orden de traslado de un Centro de Reinserción Social a otro -de la Penitenciaría de Puente Grande Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa)- las autoridades responsables, por vía de consecuencia, deben realizar los trámites necesarios a efecto de que el justiciable sea devuelto a la Penitenciaría de Puente Grande Jalisco, que es el más cercano al domicilio donde tenía su residencia antes de su traslado, para lograr su reintegración a la comunidad como elemento de reinserción social, en términos del artículo 18 de la Carta Magna. En ese contexto, el Director de Amparos y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/2963/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del diverso SEGOB/CNS/OADPRS/29431/2017, de veintinueve de noviembre del mismo año, dirigidos al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, en virtud del cual dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, las comunicaciones SEGOB/CNS/OADPRS/44506/2015 y SEGOB/CNS/ODPRS/44508/2015, por los que se autorizó el traslado del quejoso Cristóbal Pulido Analis, al Centro Penitenciario en Puente Grande, Jalisco - Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"-; por tanto, les ordenó girar las instrucciones necesarias a fin de entregar al encausado hoy quejoso, así como preparar la documentación correspondiente, al personal que fuera designado para el cumplimiento de dicha comisión. De igual forma, la autoridad responsable ejecutora Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, a través de correo electrónico remitido por la Encargada de la Dirección Jurídica de dicho Centro Penitenciario, remitió copia certificada del Acta Administrativa Número 257/2017, de la que se desprende que el aquí quejoso Cristóbal Pulido Alanis, egresó del Centro Penitenciario a su cargo, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, para ser trasladado a la Penitenciaría de la Puente Grande, Jalisco - Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente"-, el cual fue entregado con su respectivo expediente único, a la Guarda y Custodia Penitenciario, adscrita a la Coordinación General de Centros Federales en comento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de quince de febrero del año en curso, mismo que se le notificó el dieciséis del mismo mes y año, sin que el justiciable haya realizado alguna manifestación al respecto, como ha quedado precisado. Por tanto, si el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y se regresara al amparista Cristóbal Pulido Alanis al Centro Penitenciario más cercano al domicilio donde tenía su residencia antes de su traslado, esto es, al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", lo cual ya aconteció; la sentencia de amparo ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en los preceptos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, en Turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, notifique de manera personal el presente auto al quejoso Cristóbal Pulido Alanis, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente". En el entendido de que, se faculta al Juez Federal que conozca de la comunicación oficial que nos ocupa, para que en caso de que el domicilio en el que se encuentra el impetrante del amparo se encuentre fuera de su jurisdicción, remita el exhorto al Juzgado que corresponda y lo haga del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, vistos los oficios de cuenta suscritos por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante los cuales devuelve sin diligenciar el exhorto número 1085/2017; agréguese a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda. Por último, para los mismos efectos agréguese el sobre cerrado que contiene el exhorto número 74/2017, en el cual se ordenó notificar al quejoso Cristóbal Pulido Alanis, el proveído de siete de febrero del año en curso, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio; por tanto, se ordena la cancelación de la citada comunicación en virtud de que en proveído de quince de febrero del presente año, se proveyó al respecto.

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