CRUZ MIRANDA LUGO y Otros.
Expediente 501/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- CRUZ MIRANDA LUGO y Otros.
- MELCHOR MIRANDA LUGO y Otros.
- Cruz Miranda Lugo
- Juez Mixto de Primera Instancia, de la Jurisdiccion de Sinaloa de Leyva, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción II, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del Apartado Noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisional y definitivamente la suspensión de los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherente a la suspensión provisional y definitiva concedidas en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obran documentos originales exhibidos por el quejoso, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, del estado que guardan los presentes autos se advierte que, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, como justificación de su informe remitió copia certificada del juicio sumario civil 360/2013; y, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada, las constancias de referencia, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ESTRADOS A LOS QUEJOSOS CRUZ MIRANDA LUGO Y MELCHOR MIRANDA LUGO, ASÍ COMO A LA TERCERO INTERESADA MARÍA ANTONIA VALENZUELA LÓPEZ, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, CUYO PUNTO RESOLUTIVO DICE: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Melchor Miranda Lugo y Cruz Miranda Lugo, contra los actos que reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa, de Leyva, Sinaloa, y actuarios Primero y Segundo de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 543/2018, en virtud de que fue emplazada la tercero interesada María Antonia Valenzuela López. En esa virtud, se tiene a la citada tercero interesada, por emplazada, en términos de la diligencia de uno de octubre del año en curso, y en cumplimiento al requerimiento hecho en acuerdo el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se les tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Por otra parte, intégrense a los autos el telegrama y el oficio con anexo, signados por la Juez y Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Sinaloa de Leyva, Sinaloa, mediante los cuales, rinden informe justificado y remiten documentales. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable en comento, y por recibidas las documentales anexas, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora bien, dado lo voluminoso de las documentales remitidas por la citada autoridad responsable, fórmese por separado tomo I, respetando sello, folio y rúbrica de la autoridad remitente, por lo que continúese actuando en el presente expediente.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, con el que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sinaloa de Leyva, Sinaloa devuelve diligenciado el despacho 514/2018 en que se ordenó notificar a la tercero interesada María Antonia Valenzuela López. En esa virtud, se tiene a la citada tercero interesada por notificada del auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en términos de la diligencia de uno de octubre del año en curso. De igual forma, glósese a los autos el escrito firmado por la tercero interesada María Antonia Valenzuela López, por medio del cual solicita se informe a las autoridades responsables que la parte quejosa no cumplió con las prevenciones exigidas para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida. En atención a lo anterior, y al estado procesal de los autos de los que se advierte que hasta la fecha ha transcurrido en exceso el término de cinco días otorgado a la parte quejosa en resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, a fin de que exhibiera la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), establecida para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida; por tanto, con fundamento en el artículo 136, de la Ley de Amparo, infórmese a las autoridades responsables que la suspensión definitiva de los actos reclamados que fue concedida a la parte quejosa ha dejado de surtir efectos, por lo que se encuentran expeditas para ejecutar el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer tribunal Colegiado en materias penal y del trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 3206, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación." (Lo resaltado es nuestro).
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