Cristian Jairo Valenzuela Barreras

Expediente 365/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
365/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Cristian Jairo Valenzuela Barreras

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que, hasta este momento procesal, la parte quejosa, no ha interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, notificada el ocho de julio de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo número 365/2019-6B, por el que se desechó la demanda de amparo, por tanto, al haber transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con apoyo además, en los numerales 2° y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, de modo que, una vez notificado el presente acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Luego, tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del punto noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiséis de junio dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO CRISTIAN JAIRO VALENZUELA BARRERAS, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Vista la demanda de garantías promovida por CRISTIAN JAIRO VALENZUELA BARRERAS, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y de otras autoridades, consistentes en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras les reclamo el ilegal auto de fecha 20 de junio de 2019, dictado en la causa penal 31/2019, que orden la citación del suscrito a la audiencia inicial para formulación, con apercibimiento de que en caso de no asistir se dictará en mi contra orden de comparecencia. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras les reclamo la inminente ejecución que pretenden dar a las órdenes giradas por la autoridad responsable ordenadora. ." En el caso, procede desechar la presente demanda de amparo, porque contra el citado acto de autoridad no es procedente el juicio constitucional biinstancial. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, resolvió que la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para arribar a la anterior conclusión, el Máximo Tribunal del país analizó el artículo 141, fracciones I y II, y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y expuso que la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Sin que fuera obstáculo a lo anterior (se expuso en dicha ejecutoria por contradicción), el que la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: la inasistencia del citado, que no exista justificación que legitime esa inasistencia y, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. Finalmente, concluyó la Suprema Corte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por si misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formulizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, somentido a una medida cautelar, y este tipo de actos de comunicación, como tales, no inciden en la libertad personal del citado. Los citados razonamientos le dan origen a la jurisprudencia 1ª./J.78/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 239, Libro 61, correspondiente al mes de diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el caso concreto, el promovente de amparo reclama del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 317/2019, que le da origen a la citación que se le hizo, en donde se le apercibió que de no comparecer a la audiencia inicial para formulación de imputación solicitada por la agente del Ministerio Público, se giraría orden de comparecencia en su contra, a través de la fuerza pública. A su vez, en la demanda de amparo en comento, se expuso que el citatorio referido, viole en su perjuicio derechos humanos, porque se verá restringida, parcialmente, su libertad. Como se observa, la jurisprudencia en comento es perfectamente aplicable en la especie, porque se le citó al quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aun cuando este numeral no se indicó en el citatorio en estudio, la codificación señalada es la aplicable al Estado de Sinaloa, por disposición expresa del Decreto Número 177, publicado el treinta y uno de julio de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado, en el que se declara adoptado en el Estado de Sinaloa el sistema procesal penal acusatorio y oral, y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales (a partir del primero de junio del dos mil quince, en el Distrito Judicial del Municipio de Ahome). En efecto, en el citatorio de referencia se le indicó al aquí promovente su derecho que le asiste de nombrar un defensor en el desarrollo de la audiencia a la que es citado, y que en caso de ser omiso, se le tendría por designado un Defensor Público, ello de conformidad con los artículos 115 y 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, atendiendo a lo antes dicho, es palpable que en la especie se aplicó en la esfera jurídica del promovente las disposiciones normativas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, si en el caso se le está citando a una audiencia inicial, es claro y cierto que este acto jurídico tienen sustento en su artículo 141, el cual, y como lo indicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la comparecencia del promovente de amparo, por medio de citatorio, para el desahogo de la audiencia inicial, no es un acto susceptible de controvertirse a través del juicio de amparo indirecto. En conclusión, de manera manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, porque se pretende controvertir actos dictados fuera de juicio que no transgreden la esfera jurídica del gobernado, motivo por el cual debe DESECHARSE DE PLANO la demanda de amparo en estudio, ello de conformidad con el artículo 113 de la invocada ley. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados en Derecho Fortunato León Valdez, Miguel Ángel Rodríguez Beltrán, asimismo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a Armando Hernández Mercado, Carlos Alberto Hernández Félix y Manuel de Jesús Cortez Meza, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de registro de cédulas de abogados que para tal efecto se lleva en este tribunal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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