Cristian Miguel Diaz Imperial
Expediente 284/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Cristian Miguel Diaz Imperial
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de once de diciembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto donde se concedió la suspensión provisional, la resolución interlocutoria, el proveído en que se acuerde el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en consecuencia, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, intégrese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, suscrito por el licenciado Pablo Antonio Montes García, en su carácter de apoderado legal de CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante el cual solicita se declare firme la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en atención a lo anterior, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
Único. Se Sobresee el juicio promovido por Cristian Miguel Díaz Imperial, contra actos de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Los Mochis y CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos plasmados en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo a las partes el término de ocho días para que se impongan del informe justificado rendido por el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, el cual fue agregado en auto el pasado treinta de octubre; por tanto, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo. Por similitud jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que a la letra establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.".
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad -acreditando el carácter con que promueve con escritura pública 50,228 pasada ante la fe del licenciado Víctor Rafael Aguilar Molina, Notario Público 174 en la Ciudad de México-, mediante el cual rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa delegados; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados a los profesionistas que indica.
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