Cristina Valencia Sánchez

Expediente 422/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
422/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2017

Partes del expediente

  • Cristina Valencia Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos Interino de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por medio del cual acusa recibo del diverso 16523/2017, por medio del cual se le devolvió el toca civil de queja 32/2017, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 154 A 170), por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.

  3. Principal

    Notifico mediante lista a la parte quejosa Cristina Valencia Sánchez, el contenido de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Agréguese el escrito presentado a nombre de la quejosa Cristina Valencia Sánchez; mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, en razón de ello, se provee: Vista la demanda de amparo y el escrito de cuenta, que promueve Cristina Valencia Sánchez, contra actos del Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la resolución definitiva dictada dentro del toca civil de queja 32/2017, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda vez que el referido recurso de queja fue interpuesto en contra del auto de siete de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 430/2016, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo en el Estado de Tlaxcala, en el cuaderno de pruebas, por el que no se admitieron las pruebas periciales ofertadas por la parte quejosa. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: ... De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la resolución definitiva dictada dentro del toca civil de queja 32/2017, por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la que confirmó al auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, en el que se negó a la quejosa la dimisión de diversas pruebas periciales, esto es, la resolución reclamada tiene como efecto la continuación del juicio de origen, por tanto, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo ocasiona que se traigan los autos a la vista para realizar el dictado de la sentencia correspondiente, hecho que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones de la inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del medio de impugnación o juicio correspondiente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.

  4. Principal

    Visto el oficio 7232, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el expediente 496/2017, de su índice, promovido por Cristina Valencia Sánchez, contra actos de los Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, toca de queja 32/2017-Q del índice de la referida Sala y copia certificada del expediente 430/2016, del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo en el Estado de Tlaxcala, dado que mediante determinación de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se declaró legalmente incompetente para conocer de los actos consistentes en la resolución de quince de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala el toca de queja 32/2017, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tlaxcala, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 422/2017-IV. Al respecto, debe decirse que la promovente Cristina Valencia Sánchez, promovió demanda de amparo directo por conducto de la autoridad responsable, el cual conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; sin embargo, éste se declaró legalmente incompetente por las razones que expuso por resolución de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio de amparo directo 496/2017, de su índice; en tales condiciones, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, formule su demanda de amparo, en los términos precisados por el artículo 108 de la Ley de Amparo, toda vez que se modificó la vía, en la cual se interpuso inicialmente el juicio de amparo. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.

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