Cristina Muñoz Benítez
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Muñoz Benítez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de noviembre de dos mil veinte ( fojas 12 a 20), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Cristina Muñoz Benítez; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo plazo de treinta días que dispone el artículo Vigésimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Cristina Muñoz Benítez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 642/2020-III Desechamiento de demanda. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio individual de seguridad social 280/2019, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo vigente, que establece: De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En ese entendido, como se adelantó, en el caso el acto reclamado consiste en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio individual de seguridad social 280/2019 del índice del Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; y al respecto es necesario tener presente el contenido de la norma que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar el laudo correspondiente. Asimismo, se advierte que es un procedimiento para sustanciar un juicio individual de seguridad social; por lo cual con fundamento en el artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo, se debe acudir a lo establecido en el capítulo XVII del mismo ordenamiento legal, en particular los artículos 844 a 889 que señalan: Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Disposiciones de las que se advierten los plazos y términos en que deben desarrollarse las diversas etapas que conforman el procedimiento ordinario laboral y que son ulteriores al dictado del cierre del periodo instructivo. De las mencionadas disposiciones se obtiene el término con que cuenta el Tribunal para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, a saber: 1. Al concluir el desahogo de las pruebas, se concederá el término dos días para que presenten sus alegatos por escrito (dispositivo 884). 2. Hecho lo anterior y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación; de no existir inconformidad, el auxiliar declarará cerrada la instrucción de oficio, y procederá a formular por escrito el proyecto de laudo dentro de los diez días que siguen (numeral 885). 3. Elaborado el proyecto de laudo, se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la junta, quienes podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, dentro de los cinco días hábiles (precepto 886). 4. Superado lo anterior, el presidente de la junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas (dispositivo 887). 5. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la junta; en caso contrario se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado; haciéndose constar en el acta (numeral 889). Por tanto, el término máximo para emitir el laudo y entregar los autos para su notificación, una vez turnado el expediente para la formulación del laudo, es de veinticinco días hábiles. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2ª./J.33/2019, estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en el caso treinta días hábiles. Por tanto, si en el presente caso la parte quejosa refirió en su escrito de demanda de amparo, "bajo protesta de decir verdad", que el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se declaró el cierre de instrucción quedando pendiente la resolución correspondiente, se evidencia que el plazo de veinticinco días hábiles que le otorga Ley federal del trabajo, a la autoridad responsable para el dictado del laudo transcurrió del veinticinco de agosto al dos de octubre del año en curso, previo descuento de los días inhábiles; y el indicado término de cuarenta y cinco días naturales transcurre del tres de octubre al dieciséis de noviembre del año en curso.- Por tanto, dado que la demanda de amparo se promovió el diez de noviembre de dos mil veinte, es evidente que no ha transcurrido los plazos referidos que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, por lo que no se advierten elementos objetivos de que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Atento a lo expuesto, se evidencia que el efecto jurídico que produce el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio individual de seguridad social 280/2019, en los términos establecidos en la Ley Federal de trabajo-cuyo asunto se declaró el cierre de instrucción el veinticuatro de agosto de dos mil veinte-, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. Asimismo, se cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 1086, libro 30, tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Eulalio Camacho Gutiérrez y Margarita Camacho Gutiérrez, no obstante de que solo el primero de los nombrados cuente con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; lo anterior, por tratarse de materia laboral y ser la quejosa parte trabajadora en el juicio de origen. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no obstante lo designó de esa forma, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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