Cristina Muñoz Berruecos
Expediente 31/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Muñoz Berruecos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl; mediante el cual informa la recepción del expediente 135/2016 de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora sí, como está ordenado en auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de febrero de dos mil diecisiete (fojas 185 a 202), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Cristina Muñoz Berruecos; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la diligencia de ratificación de firma de catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante la cual la quejosa ratifica el contenido y firma del escrito de siete de febrero de dos mil diecisiete, con el cual desahogó la prevención de veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: ... De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en la falta de emplazamiento al juicio 135/2016 del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicotencatl; acto que por sí solo, no toca tales derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el juicio del cual emana el referido acto reclamado, aún no se encuentra totalmente concluido, como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable mediante oficio 113 de veintisiete de enero del presente año, pues de ellas se advierte lo siguiente: Con fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, Eleazar Cuautla Eliosa promovió juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública en contra de Alejandro Gámez Muñoz, Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Zaragoza, Director de Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Papalotla, Tlaxcala. Mediante auto de once de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, ordenando el emplazamiento a juicio de los terceros interesados. En auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo contestando la demanda a Alejandro Gámez Muñoz y en sentido negativo al Tesorero Municipal de Papalotla, Tlaxcala toda vez que fue omiso en dar contestación a la misma y Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Se tuvo por devuelto el despacho y exhorto remitidos a fin de emplazar a juicio al Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Zaragoza y Director de Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado. Siendo todas las actuaciones en el juicio de origen. Luego entonces, el acto tildado de inconstitucional en la presente contienda constitucional, sólo tiene efectos meramente procesales, pues el juicio del cual emana aún no se encuentra concluido; por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adversa a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicho acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, hecho que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones del inconforme. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del amparo directo, en términos de los artículos 170 y 171, de la Ley de Amparo, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Sin embargo, lo referente a la interrupción parcial de dicho criterio, fue únicamente en lo tocante, a que dicho criterio exigía a quien promoviera el juicio de amparo en materia civil ostentándose como tercero extraño por la falta o ilegal emplazamiento antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra o antes de que ésta cause ejecutoria, debida impugnar necesariamente esa violación procesal dentro del propio juicio, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia; situación que el nuevo criterio modifico, bajo el supuesto de que si el justiciable optaba por el medio ordinario de defensa para controvertir tales vicios -falta de emplazamiento- posteriormente, ya no podría ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, circunstancia que no es materia de debate en la presente controversia constitucional, por ello, es que en nada cambia la conclusión arriba en la presente resolución. Se hace la anterior aseveración dado que la propia ejecutoria de la cual emana a la aludida Jurisprudencia 1/2012, textualmente dice lo siguiente: "...En mérito de lo anterior, este Tribunal Pleno interrumpe parcialmente las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92 de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, que llevan por rubros: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.", "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." y "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL.", en la medida en que exigen a quien promueve juicio de amparo en materia civil ostentándose como tercero extraño por la falta o ilegal emplazamiento antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra o antes de que ésta cause ejecutoria, impugnar necesariamente esa violación procesal dentro del propio juicio, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia..." Por otra parte, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.
- Principal
Visto el escrito de cuenta al parecer signado por la promovente Cristina Muñoz Berruecos; sin embargo, a simple vista se aprecia que la firma que calza dicho ocurso difiere de la estampada en el escrito de demanda de amparo; en tales circunstancias, requiérasele para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, en horas hábiles y con documento oficial con fotografía vigente, a manifestar sí reconoce o no como suya la firma que aparece al calce del escrito de mérito; una vez hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda; con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. ... Por tanto, el término concedido en el acuerdo dictado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, -cinco días- para que la parte quejosa dé cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpe por una sola vez, reanudándose al día siguiente en que surta efectos la notificación practicada del presente acuerdo. En consecuencia, toda vez que la promoción fue recibida a las dieciséis horas con nueve minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete, tal y como lo revela el sello de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, siendo éste el primer día de los cinco que se le concedieron, es por lo que cuenta con cuatro, para dar cumplimiento total a la prevención, cómputo que empezará a transcurrir cuando surta efectos la notificación del presente proveído. Por tanto, se hace saber a la parte quejosa que una vez que esté notificada del presente acuerdo se reanudará el cómputo del tiempo con el que cuenta para que dé cumplimiento al requerimiento de que se trata, apercibida que de no hacerlo así se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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