Cristina Rivera Melendez
Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Rivera Melendez
- Gustavo Carrillo Zamora
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado auto de desechamiento Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 14 a 23), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Cristina Rivera Meléndez y Gustavo Carrillo Zamora; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por Cristina Rivera Meléndez y Gustavo Carrillo Zamora, a través del cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, y al efecto manifiesta que tuvieron conocimiento del acto que reclaman el cuatro de febrero de dos mil diecinueve. Ahora, visto nuevamente el escrito de demanda que promueven los citados quejosos, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad, de quienes reclaman: El acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente 618/2018 de su índice en el que se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, informando que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", se encuentran en litigio, dentro del citado expediente, así como la anotación marginal realizada. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, y de acuerdo a lo manifestado por la promovente del amparo, este juzgador estima procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Lo anterior tiene como sustento, que la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad en el capítulo V, lo siguiente: "V. ACTO O ACTOS RECLAMADOS. PRIMERO. Por parte de la hoy responsable reclamo el auto de fecha cuatro de diciembre del año dos mil dieciocho, mediante el cual ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, mismo oficio que le corresponde el número 84 de fecha veintidós de enero del año dos mil diecinueve, informándole que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", inmuebles registrados a nuestro TL34-P7K4-YR2C-9C8X de fecha ocho de mayo del año dos mil dieciocho y TL78-C4K2-F34H-9P9U, se encuentran en Litigio, dentro de su competencia bajo el expediente número 618/2018, debidamente radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc." Asimismo de su escrito aclaratorio manifiestan bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "3.- FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL AUTO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. Por último cabe mencionar que los suscritos nos enteramos de las anotaciones marginales ordenadas por el Juez de Origen, mediante el auto de fecha cuatro de Diciembre del dos mil dieciocho, TENIENDO CONOCIMIENTO del mismo con fecha CUATRO DE FEBRERO del año dos mil diecinueve. Por medio de nuestro Abogado el cual nos informó de tal situación contraria a la Ley y que por motivos de economía no pudimos interponer ningún recurso hasta el día de ahora." En virtud de lo anterior, se advierte que el acto reclamado señalado como el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente 618/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, informando que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", se encuentran en litigio, dentro del citado expediente, así como la anotación marginal realizada, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la quejosa con él. Ahora bien, conviene recordar que se reclama el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente 618/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, informando que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", se encuentran en litigio, dentro del citado expediente, así como la anotación marginal realizada. Acto del cual, bajo protesta de decir verdad, la parte promovente refiere que tuvo conocimiento el cuatro de febrero de dos mil diecinueve; en ese sentido, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente, en términos del citado numeral 18 de la Ley de Amparo, esto es, el seis de febrero de dos mil diecinueve y feneció el veintiséis del citado mes y año, sin contar los días cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, por ser inhábiles, como se esquematiza en el siguiente cuadro: Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del seis de febrero de dos mil diecinueve y feneció el veintiséis del citado mes y año, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala hasta el ocho de abril de dos mil diecinueve, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, por lo que debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo respecto de dicho acto; pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la materia; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos. A mayor abundamiento, en el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc consistente en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente 618/2018 de su índice, mediante el cual ordena girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, informando que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", se encuentran en litigio, dentro del citado expediente, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)". El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: - La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 618/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 504, 505, 506, 507 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos. "Artículo 505.- La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano. "Artículo 506.- Admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. "Artículo 507.- Contra el auto que admite la revocación no procede recurso alguno. "Artículo 508.- Contra el auto que niega la admisión de la revocación y contra el que la resuelva, cualquiera que sea su sentido, procede el recurso de queja si fueron dictados por un Juez de Primera Instancia; pero no admiten recurso alguno si fueron dictados en segunda instancia". De los preceptos normativos transcritos se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 86, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: "Artículo 86. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias.". Asimismo, el precepto 87, del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que las sentencias son definitivas o interlocutorias: Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera como en segunda instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 508, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la parte quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclamando el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 618/2018, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, informando que los predios denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", se encuentran en litigio, dentro del citado expediente. Por tanto, con meridiana claridad la determinación de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, dicha determinación no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente 618/2018 de su índice.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve el Cristina Rivera Meléndez y Gustavo Carrillo Zamora, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 304/2019-I. Prevención. En principio, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligado entre otras cosas, a narrar los antecedentes de los actos reclamados; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo es conveniente hacer notar en primer término, que los promoventes al narrar los hechos y abstenciones que constituyen que antecedentes del acto reclamado, señalaron que adquirieron de buena fe los inmuebles denominados "Cajerotla" y "Tierra Larga", los cuales fueron registrados bajo los folios TL34-P7K4-YR2C-9C8X y TL78-C4K2-F34H-9P9U; y el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho fueron emplazados, sin hacer mención de los antecedentes del juicio de origen. Lo anterior, pone de manifiesto que los antecedentes que narra la parte promovente resultan insuficientes para dilucidar los acontecimientos ocurridos con anterioridad a los actos reclamados; así como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo; por consiguiente, esta autoridad no puede admitir una demanda sin tener la certeza del acto reclamado, pues al promovente le asiste la carga procesal de narrar los hechos que determinen la procedencia de su pretensión en el juicio de amparo, exponiendo los argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten bajo protesta de decir verdad, precisen lo siguiente: Los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado; así como como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo, esto es, señale el estado procesal que guarda el juicio de origen, las partes que intervienen, las acciones ejercitadas, las prestaciones que reclaman, así como la vía intentada. La fecha en que les fue notificado o tuvieron conocimiento del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 618/2018, ya que en su demanda no precisan tal circunstancia. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2014, Décima Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda, en el entendido que deberá anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." De igual modo, se les apercibe que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedores a la sanción dispuesta en dicho numeral: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos al primero de los nombrados en la demanda de amparo, Cristina Rivera Meléndez, sin perjuicio que con posterioridad pueda ser modificado. En el entendido, que la prevención formulada en el presente asunto la deberán desahogar de manera conjunta, debido a la naturaleza de los requerimientos formulado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Saúl Noche Ramos y Néstor Benítez Arenas, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y a Jorge Minor Santacruz y Mario Martínez Ahuatzi únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.
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