Cristina Cazarez García
Expediente 593/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Cristina Cazarez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el cuatro de noviembre del año en curso (fojas 138-140), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cinco de noviembre del año en curso (foja 141), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el once de noviembre pasado (foja 144), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del trece al quince de noviembre del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, por sentencia de tres de junio de dos mil diecinueve (fojas 40-54), se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad y resolvió el diverso Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, cuyos integrantes, por ejecutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (fojas 96-123), determinaron confirmar la sentencia recurrida; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción XIV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del refrendo por depósito de bebidas alcohólicas y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución BANORTE, en la cuenta con referencia con número de folio 78039071470181029991, realizado el doce de marzo de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Así, a través del oficio y anexo presentados el cuatro de noviembre del año en curso (fojas 138-140) en este Juzgado de Distrito, la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el veintidós de octubre del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica SPEI, la cantidad de $19,906.93 (diecinueve mil novecientos seis pesos 93/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de marzo de dos mil diecinueve y el veintidós de octubre de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a octubre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue 103.079; y para el mes de septiembre 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0083. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $19,796.44 (diecinueve mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 moneda nacional), cantidad que resulta del pago realizado por la parte quejosa menos $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) por comisión bancaria, se obtiene la cantidad de $19,957.93 (diecinueve mil novecientos cincuenta y siete pesos 93/100 moneda nacional); por ende, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $161.49 (ciento sesenta y un pesos 49/100, moneda nacional). Ante ello, mediante el oficio y anexo señalados en párrafos que anteceden, se advirtió que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad de $19,906.93 (diecinueve mil novecientos seis pesos 93/100 moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; sin embargo, se pone en evidencia que no se pagó el faltante de $51.00 (cincuenta y un pesos 00/100, moneda nacional) a la parte quejosa; sin embargo, dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector, dado que transfirió a favor de la parte quejosa la cantidad correspondiente al pago que erogó con motivo de los numerales declarados inconstitucionales; sin embargo, contrario a lo que precisa, del reporte de transferencia que adjunta, se aprecia como beneficiaria del depósito la Dirección General Jurídica SAF y no así la aquí quejosa ****. Por tanto, acorde a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido, esto es, deberá acreditar que la devolución de las contribuciones erogadas objeto de reclamo en esta instancia constitucional se realizó a nombre del directo agraviado. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese.
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