Cristina Campos Zurita
Expediente 1990/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1990/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- Director del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Cristina Campos Zurita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional, la Jefa Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez, como representante de todas las autoridades que la quejosa señaló como responsables manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de febrero de este año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el catorce de agosto de dos mil veinte, dictada por la Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "lo procedente será OTORGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Encargado del Hospital General de Subzona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tuxpan, Nayarit, continúe otorgando atención médica a la quejosa y específicamente respecto de la insuficiencia renal crónica que padece, bajo el programa de servicio de hemodiálisis subrogado, con la continuidad necesaria y acorde a la evolución de su padecimiento a criterio del médico tratante, incluso las veces que lo requiera, sin dilaciones que puedan poner en riesgo su salud, servicio que deberá brindarle de forma permanente y GRATUITA, siempre y cuando continúe como derechohabiente o beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social y sin que sea viable su suspensión hasta en tanto sea determinado por el médico especialista y hasta que se logre su posterior rehabilitación y alta; se reitera, a efecto de garantizarle el ya referido derecho a obtener el nivel más alto posible de salud; con lo cual se tendrá por cumplida esta sentencia constitucional." Luego, en diverso proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que la acataran. Entonces, a través del oficio y anexo recibido por la secretaria de guardia de este juzgado el diez de febrero de este año, la Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestó que la quejosa dejó de ser derechohabiente del instituto que representa desde el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante, para acatar la suspensión de plano concedida en autos, se le continuó otorgando el servicio médico que requería consistente en las sesiones de hemodiálisis; y precisó que de ser el caso, se continuaría prestando el servicio de atención médica, pero no en forma gratuita, sino que la quejosa tendría que subrogar su costo, en virtud de que dejó de ser derechohabiente del citado instituto. Para lo cual acompañó la constancia de vigencia de derechos, de la cual se obtiene que su vigencia inició el uno de octubre de dos mil dieciocho y concluyó el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. De igual forma, remitió las notas médicas practicadas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve al veintiuno de enero de dos mil veintiuno de las cuales se advierte que la quejosa recibió la atención médica relativa a las sesiones de hemodiálisis que requería. De lo anterior, se desprende que las autoridades responsables le otorgaron el servicio médico a la quejosa en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos; empero, de la sentencia de amparo se advierte que para seguir concediendo tal servicio, la parte quejosa debía continuar siendo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que dejó de acontecer el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, se advierte que las responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran imposibilitadas para acatar en sus extremos la sentencia concesoria de amparo. Además que, en ésta se estableció el requisito para que se le siguiera otorgando la atención médica a la quejosa, esto es, continuara siendo derechohabiente de la institución de salud referida. En ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia, pues las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas para seguir ofreciendo la atención médica a la parte quejosa, ya que actualmente no es derechohabiente de la citada institución de salud; actualizándose así la condicionante establecida en la sentencia de amparo, consistente en que la prestación del servicio médico que requiriera la quejosa debía brindársele de forma permanente y gratuita, siempre y cuando continuara como derechohabiente o beneficiaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que como se dijo ya no acontece. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional, la Jefa Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez, como representante de todas las autoridades que la quejosa señaló como responsables manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diez de febrero de este año, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el catorce de agosto de dos mil veinte, dictada por la Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "lo procedente será OTORGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Encargado del Hospital General de Subzona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tuxpan, Nayarit, continúe otorgando atención médica a la quejosa y específicamente respecto de la insuficiencia renal crónica que padece, bajo el programa de servicio de hemodiálisis subrogado, con la continuidad necesaria y acorde a la evolución de su padecimiento a criterio del médico tratante, incluso las veces que lo requiera, sin dilaciones que puedan poner en riesgo su salud, servicio que deberá brindarle de forma permanente y GRATUITA, siempre y cuando continúe como derechohabiente o beneficiario del Instituto Mexicano del Seguro Social y sin que sea viable su suspensión hasta en tanto sea determinado por el médico especialista y hasta que se logre su posterior rehabilitación y alta; se reitera, a efecto de garantizarle el ya referido derecho a obtener el nivel más alto posible de salud; con lo cual se tendrá por cumplida esta sentencia constitucional." Luego, en diverso proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que la acataran. Entonces, a través del oficio y anexo recibido por la secretaria de guardia de este juzgado el diez de febrero de este año, la Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestó que la quejosa dejó de ser derechohabiente del instituto que representa desde el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, no obstante, para acatar la suspensión de plano concedida en autos, se le continuó otorgando el servicio médico que requería consistente en las sesiones de hemodiálisis; y precisó que de ser el caso, se continuaría prestando el servicio de atención médica, pero no en forma gratuita, sino que la quejosa tendría que subrogar su costo, en virtud de que dejó de ser derechohabiente del citado instituto. Para lo cual acompañó la constancia de vigencia de derechos, de la cual se obtiene que su vigencia inició el uno de octubre de dos mil dieciocho y concluyó el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. De igual forma, remitió las notas médicas practicadas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve al veintiuno de enero de dos mil veintiuno de las cuales se advierte que la quejosa recibió la atención médica relativa a las sesiones de hemodiálisis que requería. De lo anterior, se desprende que las autoridades responsables le otorgaron el servicio médico a la quejosa en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos; empero, de la sentencia de amparo se advierte que para seguir concediendo tal servicio, la parte quejosa debía continuar siendo derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que dejó de acontecer el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, se advierte que las responsables dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran imposibilitadas para acatar en sus extremos la sentencia concesoria de amparo. Además que, en ésta se estableció el requisito para que se le siguiera otorgando la atención médica a la quejosa, esto es, continuara siendo derechohabiente de la institución de salud referida. En ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el numeral 77 de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado sin materia, pues las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas para seguir ofreciendo la atención médica a la parte quejosa, ya que actualmente no es derechohabiente de la citada institución de salud; actualizándose así la condicionante establecida en la sentencia de amparo, consistente en que la prestación del servicio médico que requiriera la quejosa debía brindársele de forma permanente y gratuita, siempre y cuando continuara como derechohabiente o beneficiaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que como se dijo ya no acontece. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez, como representante de todas las autoridades que la quejosa señaló como responsables, por el que reitera su cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que, por auto de diez de febrero de este año, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento efectuado por la oficiante. Notifíquese.
- Principal
Tepic, Nayarit, diez de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos y como suplente por ausencia del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal de Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez, como representante de todas las autoridades que la quejosa señaló como responsables y que se ubican en esa delegación estatal y anexo, mediante el cual informa la manera en que sus representadas dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo demuestra con las documentales que exhibe. Luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por último, con sustento en el arábigo 9 de la ley de la materia, téngase como delegado de las responsables aludidas a ********************; en tanto que, respecto de los diversos delegados y domicilio procesal, deberá estarse a lo acordado en auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, toda vez que se trata de las mismas designaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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