Cristian Rubén González Roman

Expediente 2664/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2664/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores, Con Sede En Esta Ciudad
  • Cristian Rubén González Roman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada al resto de las partes para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Archivo. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Cuaderno incidental. Con sustento en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal apartado 7.5, específicamente en el punto 2, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, por lo que el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las nueve horas con veinticuatro minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 2664/2019, en audiencia pública la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno quien actúa asistida del licenciado Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes, procediéndose a celebrar la diligencia en comento en el expediente electrónico del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, acorde con el mencionado Acuerdo General; asimismo, que las constancias que obran en el expediente electrónico coinciden con las que obran en físico. Abierta la audiencia. El secretario da lectura de las constancias, entre las que se encuentran: Escrito de demanda, así como documental que se adjuntaron. Auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se admitió la demanda. Informe Justificado por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, por conducto de su representante y anexos. Informe justificado rendido por el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación de Nayarit del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación de dicho instituto y anexos que acompañó. Asimismo, se hace constar que no obra el informe justificado solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte del acuse de recibo que obra agregado en autos. A lo que la secretaria en funciones de juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. El secretario da cuenta a la secretaria en funciones de juez con las documentales de cuenta. A lo que la secretaria en funciones de juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento procesal oportuno. En el periodo de alegatos. Se da cuenta que ninguna de las partes realizó alegato alguno. A lo que la secretaria en funciones de juez determina: Al no existir alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa, de la que se levanta la presente acta para constancia, acto seguido, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 2664/2019, promovido por ********************contra el acto que reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el Buzón Judicial, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución constitucional. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el expediente 2664/2019, se admitió el doce de noviembre de dos mil diecinueve, se solicitó informe justificado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y se citó a las partes en día y hora hábil para el desahogo de la audiencia constitucional celebrada al tenor del acta que antecede; por lo que, procede dictar la resolución constitucional respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los numerales 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ello en atención a que la omisión reclamada tiene su origen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los preceptos legales y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de bloquear, cancelar, suspender, inmovilizar o revocar la cuenta bancaría 0189139281, de la institución de crédito BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, así como el impedimento para disponer de los recursos que existen en la cuenta, así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto. La autoridad responsable BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, por conducto de su representante, al rendir su informe justificado indico que es cierto el acto reclamado. Por su parte, el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación de Nayarit del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, al rendir su informe justificado indicó que es cierto el acto reclamado. Informes y constancias que, dado su carácter de públicos, por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, poseen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte del acuse de recibo que obra agregado en autos. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, aquellas cuya actualización se advierta de oficio, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Es aplicable al respecto, la jurisprudencia J/5 emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El referido artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En tal entendido, el acto reclamado se hace consistir en la orden emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de bloquear, cancelar, suspender, inmovilizar o revocar la cuenta bancaría 0189139281, de la institución de crédito BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, así como el impedimento para disponer de los recursos que existen en la cuenta, así como su ejecución. Asimismo, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable, se advierte que emitió los oficios de inmovilización de recursos, con números de identificación de requerimientos NAY/INMOV/1450/2019, Folio SIARA INFONAVITNAY/2019/001067, de dieciséis de octubre de dos mi diecinueve y NAY/INMOV/1493/2019, Folio SIARA INFONAVITNAY/2019/001105, de veintitrés de octubre del mismo año. Asimismo, adjuntó el diverso con número de identificación NAY/DESINMOV/1703/2019, Folio SIARA INFONAVITNAY/2019/001274, de dos de diciembre de dos mil diecinueve, por el que le solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la desinmovilización de las cuentas bancarias a nombre de******************** Román. Documentales, que dado su carácter de públicos, por haber sido emitidos por autoridad en ejercicio de sus funciones públicas, poseen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se observa que en el caso se satisfacen los requisitos - antes anotados -, para tener por actualizada la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, porque respecto del primero, con la emisión del oficio NAY/DESINMOV/1703/2019, Folio SIARA INFONAVITNAY/2019/001274, de dos de diciembre de dos mil diecinueve, por el que le solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la desinmovilización de las cuentas bancarias a nombre de quejoso, quedó subsanado el acto reclamado. En torno al segundo, con ese actuar se destruyeron todos los efectos del acto reclamado, pues restituyó a la quejosa en el uso y disfrute del derecho violado que se estimó vulnerado. Finalmente, en lo concerniente al tercero, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, ya que la parte quejosa logró que la autoridad responsable subsanara la irregularidad que destacó en esta instancia constitucional, al emitir el oficio por el que ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desinmovilizara las cuentas bancarias a nombre del solicitante del amparo. Así, la cesación de efectos que se comenta se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquiera otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que en tal acontecer lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio, términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, es imposible entrar al estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo; lo anterior de acuerdo a la jurisprudencia II.3o. J/58 del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por******************** contra los actos que reclamó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, ambos con sede en esta ciudad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, residente en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa con el secretario Roberto Alvarado Hernández que autoriza y da fe. RAH

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que no obran las constancias que dieron origen al acto reclamado solicitadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requeridas el veintinueve de enero del año en curso, mediante oficio 4033/2021 ni el acuse de recibo del citado oficio por el que se le requirió, ni tampoco la notificación a las responsables de la reanudación del presente juicio. Por lo que deberá integrarse físicamente este expediente y remítase el oficio en cita. En virtud de lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Luego, de la audiencia indicada se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Si las partes quieren presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. Finalmente, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, designó a la licenciada Alva Miranda Ramírez como Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con motivo de la readscripción de la licenciada Isaura Romero Mena a diverso órgano jurisdiccional; lo anterior, hasta en tanto la citada comisión así lo determine, o bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba nuevo titular.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que no obran las constancias que dieron origen al acto reclamado solicitadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, requeridas el veintinueve de enero del año en curso, mediante oficio 4033/2021 ni el acuse de recibo del citado oficio por el que se le requirió, ni tampoco la notificación a las responsables de la reanudación del presente juicio. En obvio de mayores dilaciones, de conformidad, con lo previsto por el diverso ordinal 75 de la citada ley, en relación con el dispositivo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al Administrador de Correos de México, de esta ciudad, para que que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio respectivo, informe el destino que le haya dado a la pieza postal correspondiente al citado oficio y del cual se le remite copia simple. Se apercibe que en caso de ser omisa, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. En virtud de lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Luego, de la audiencia indicada se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Si las partes quieren presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. Notifíquese.

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