Cristian Sayanet Altamirano Cisneros
Expediente 2095/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2095/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2023
Partes del expediente
- Cristian Sayanet Altamirano Cisneros
- Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, específicamente de las constancias que en su oportunidad envió la autoridad responsable Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, de las que se advierte que por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés emitido dentro del expediente ********************dicha responsable le indicó al ahora quejoso que era improcedente el recurso de revocación interpuesto de éste y le manifestó que previo a ser turnado para la elaboración del proyecto de resolución correspondientes, se le concedió un plazo de tres días a efecto de que realizará las manifestaciones que considerara pertinentes, notificándole dicho auto el dieciséis de mayo del año en curso. Entonces, debe decirse que de conformidad con el dispositivo 64 segundo párrafo de la Ley de Amparo, ante una posible actualización de una causa de sobreseimiento o causal de improcedencia, lo procedente requerir a la responsable Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en comento, por disposición expresa del precepto 2°, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación que se le haga del presente proveído, informe si ya emitió la resolución correspondiente dentro del expediente ********************y en caso de que así hubiera sucedido remita copia certificada de ésta, así como de su notificación, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VII.1º. (IV Región) J/3 (10.a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en el Tomo III, Materia Común, Febrero de dos mil catorce, página mil novecientos quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO. La porción normativa en consulta dispone que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. De ahí se desprende la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de amparo (conocedores tanto del indirecto, como del directo), de dar vista al accionante cuando adviertan, de oficio, que pudiese actualizarse en el asunto correlativo una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes; en amparo en revisión, esa obligación surge cuando el Tribunal Colegiado de Circuito observa que el juicio que examina es improcedente, siempre y cuando la causal de que se trate no haya sido examinada por el a quo en la sentencia recurrida. Lo anterior es así, en razón de que la estructura de la Ley de Amparo en vigor ubica al sobreseimiento (capítulo VIII) en el título primero, denominado "Reglas generales" que es donde, precisamente, se encuentra el artículo 64; por tanto, resulta inconcuso que dicha regla debe ser observada tanto por Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito en amparo indirecto, como por los Tribunales Colegiados de Circuito en sede de revisión y en amparo directo, ya que si el legislador hubiese querido acotar la observancia del referido precepto legal únicamente en sede de revisión, lo hubiese colocado en el capítulo XI, intitulado "Medios de impugnación", sección primera, referente al recurso de revisión que conocen tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos fijados en la ley. Ello se entiende, porque todos los órganos jurisdiccionales de amparo están facultados para actualizar, según el caso concreto, alguna de las causales de improcedencia que se contienen en el catálogo del artículo 61 de la ley de la materia, lo cual cobra especial relevancia, en la medida de que la obligación de dar vista tiene como único objetivo brindar oportunidad a la parte quejosa de que manifieste lo que a sus intereses convenga en relación con la causal de improcedencia que el órgano de amparo estime se puede actualizar en el caso concreto. Lo que no implica, la existencia de un desequilibrio procesal hacia las partes del juicio de amparo, ya que esta obligación sólo faculta al quejoso a que se pronuncie sobre la causal de improcedencia advertida de oficio por el juzgador, nada más; lo que es lógico porque el desequilibrio procesal que se pudiera generar en el juicio únicamente se puede dar sobre aspectos relacionados con el fondo del asunto, donde el tercero interesado, por ejemplo, tiene el derecho de alegar lo que a sus intereses convenga, incluso, interponer el recurso de revisión contra la sentencia que al efecto se pronuncie. Tampoco debe generar duda, el hecho de que el segundo párrafo del precepto en comentario contenga una conjunción copulativa consistente en: "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior"; ello es así, dado que el término "NI", conforme al Diccionario de la Real Academia Española, es usado para coordinar de manera aditiva vocablos o frases que denotan negación, precedida o seguida de otra u otras igualmente negativas, pero no necesariamente con ilación condicionante entre una y otra (por ejemplo: no como ni duermo) pues, entre ambas negaciones existen dos supuestos de contenido totalmente distinto, a diferencia de la conjunción copulativa "Y", cuyos elementos son análogos y unen una misma secuencia de la oración a interpretar, lo que sí denotaría una condicionante para la aplicación del numeral de que se trata. Incluso, tal tesis se robustece, porque los Juzgados de Distrito (en amparo indirecto) y Tribunales Colegiados de Circuito (en amparo directo) no tienen inferior jerárquico, por lo que la obligación de dar vista se surte, para ellos, desde el momento que adviertan la actualización de una causal de improcedencia no invocada por las partes; tratándose de la sede de revisión, la actualización de la segunda hipótesis de la conjunción copulativa aditiva de que se trata, se concretiza desde el momento en que el Tribunal Colegiado de Circuito (en jerarquía superior al Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, según el caso) advierta la actualización de una causal de improcedencia diversa a la analizada por el a quo en la sentencia recurrida; de modo que, en tal circunstancia, el órgano jurisdiccional de alzada deberá dar vista al quejoso con la posible actualización de la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa. Conforme a lo expuesto, es indudable que todos los órganos jurisdiccionales de amparo (Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito actuando en sede de revisión o en amparo directo) están llamados a observar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, desde luego, cuando así proceda". Asimismo, cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De igual manera, sustenta lo anterior la tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Diferimiento y audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Tepic, Nayarit, diez de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite constancias relativas al acta de ejecución de sentencia del juicio natural, de data cuatro de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexos de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido. Requerimiento. No obstante lo anterior, de un análisis integral de las constancias que se reciben, se advierte que están incompletas; por tanto, a fin de estar en aptitud de continuar con la secuela de ejecución de este expediente, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con sede en esta ciudad; para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada la totalidad de las constancias relativas al desahogo de la antedicha diligencia, debidamente ordenadas, completas y legibles. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Noemí Torres Avilés, que autoriza y da fe.
- Principal
. Tepic, Nayarit, doce de julio de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Diana Lilia Luz Alcántara, que autoriza y da fe. María Teresa
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a la parte quejosa que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que autoriza y da fe. Omar
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