Cristina Legarreta Huerta

Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Cristina Legarreta Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Solicita acuse de recibo Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad; atento a su contenido, como lo solicita el tribunal oficiante, acúsese recibo de la comunicación oficial 427/2020-ACT, que se tuvo por recibido en auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, a través de la cual remitió el presente expediente, 225/2020 y testimonio de la resolución emitida dentro del recurso de queja 57/2020, del índice de ese tribunal. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 225/2020-I-2, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veintitrés de mayo de dos mil veinte, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica de la quejosa, se recibió la demanda que dio origen al juicio. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo y del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, de quienes reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. De la C. Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Isla Mujeres, Quintana Roo. La Citación para comparecer a la Audiencia Inicial de formulación de imputación en la Carpeta Administrativa *******, que se instruye en contra de los imputados ******* y *******, por el hecho delictuoso que la ley define como Despojo, la cual tendrá verificativo la primera semana del mes de junio de 2020, según me fue informado vía telefónica, a fin de que escuche la formulación de imputación del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con motivo del ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *******, situación que pone en riesgo mi salud y por ende la vida, al pretender dicha autoridad que tome un vuelo a la Ciudad de México, luego en un vuelo de conexión del aeropuerto a dicha Ciudad, tome otro vuelo a la Ciudad de Cancún Quintana Roo, luego, de ahí me traslade vía marítima a Isla Mujeres Quintana Roo y me apersone en el Tribunal para atender la cita, así como los efectos y consecuencias que del acto deriven o de su inasistencia. 2. Del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La OMISIÓN de proporcionar copias de los registros de la carpeta de investigación *******, mismas que fueron solicitadas de forma escrita, el día 17 de marzo de 2020, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en Isla Mujeres, Quintana Roo, así como los efectos y consecuencias que de su omisión deriven. 3. Del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La OMISIÓN de determinar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, por Prescripción, dentro de la Carpeta de Investigación número *******, iniciada el día siete de junio del dos mil dieciocho, en Islas Mujeres, Quintana Roo, por el delito de DESPOJO, carpeta en la que la moral querellante ******* señaló como imputados a la hoy Quejosa, *******, a ******* y a *******, así como los efectos y consecuencias que de su omisión deriven. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violentados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veinte, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 225/2020-I-2. En ese mismo auto se determinó desechar la demanda por lo que hace al acto reclamado del juez señalado como responsable consistente en la citación de la quejosa a la audiencia inicial, por considerar que se actualizaba de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por tratarse de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la accionante del amparo. Entonces, en ese proveído se admitió la demanda únicamente por cuanto hace a las omisiones que la parte quejosa le imputó al fiscal que señaló como autoridad responsable; por lo que, se le solicitó informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman omisiones del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa que, al no requerir ejecución material, se surte a favor de este Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo: a) La omisión a proporcionar copias de los registros de la carpeta de investigación *******, que solicitó el diecisiete de marzo de dos mil veinte. b) La omisión a determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisiones reclamadas las señaladas en los párrafos precedentes; de las que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Certeza de las omisiones reclamadas. Se presume la veracidad de las omisiones que la accionante reclama. El Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, fue omiso en rendir informe con justificación. Ello, a pesar de que, se le notificó el oficio 8465/2020, de veintitrés de mayo de dos mil veinte, por el cual, se le solicitó; tal como consta en la razón actuarial de veinticuatro de mayo de dos mil veinte (foja 48). En consecuencia, se tienen como presuntivamente ciertas las omisiones que se imputan al fiscal señalado como responsable, en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. Conviene recordar que los actos omisivos son aquellos en los que la autoridad se abstiene de atender la solicitud o planteamiento que le formula el quejoso, o deja de hacer aquello que lo obliga la ley; por tal razón, corresponde a la autoridad la carga de probar que actuó en cumplimiento a la norma. En ese sentido, dado que omitió rendir informe con justificación se presume la certeza de las omisiones reclamadas del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo. Orienta a lo precedente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuarenta y uno, volumen sesenta y dos, sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto. Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Análisis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los actos. En el particular, respecto de la omisión a proporcionar copias de los registros de la carpeta de investigación *******, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. El juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, con la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Ahora, la quejosa impugna del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, la omisión a proporcionarle copias de los registros de la carpeta de investigación *******, ello pues en su demanda aseguró que las solicitó desde el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Ahora, del análisis del sumario, se advierte que por escritos presentados ante este juzgado el diecisiete de agosto y el dieciocho de septiembre, ambos de dos mil veinte, la accionante del amparo ******* exhibió copia de las constancias que integran la carpeta de investigación *******, cotejada según acta elaborada por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, el veintitrés de junio de este año. De manera que, si la accionante de este juicio constitucional oferta como probanza copia de la investigación de mérito, resulta inconcuso que aquellos legajos le fueron entregados por el fiscal responsable, quien se encargó de certificar dicho cotejo; entonces, aun cuando dicha autoridad haya sido omisa en acreditar la entrega, es inconcuso que sí la realizó. Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse respecto a la omisión de la entrega de copias la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. II. Estudio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico. Ahora, por cuanto hace a la omisión a determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *******, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés legítimo y jurídico. Lo anterior, pues la pretensión punitiva de los delitos en la persecución de ciertos hechos es una cuestión de orden público que corresponde al Estado como titular del ius puniendi, por mandato directo del artículo 21 de la Ley Fundamental; de ahí que la accionante del amparo no cuente con derecho subjetivo alguno que la legitime. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] De la lectura de la porción normativa antes transcrita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, debe tenerse presente que el interés legítimo y jurídico como condición para promover el juicio de amparo, está previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, de donde se sigue que el promovente del amparo deberá ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, marzo de dos mil diecinueve, Tomo II, Materias Común, visible en la página 1598, registro digital 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Así el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo; sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. El interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que, por estar pronta a suceder, o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, el interés jurídico surge en el juicio de amparo cuando el acto reclamado causa un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Así, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de "jurídicos", es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. En el caso, la quejosa impugna del Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, la omisión del referido fiscal en pronunciarse sobre el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación *******. Ahora, a fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, conviene citar el contenido de los párrafos primero y segundo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.] Conforme al numeral que se cita, el Ministerio Público tiene la encomienda de investigar y perseguir los hechos con apariencia de delito, por lo que se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los mismos, integrando en la carpeta de investigación respectiva. También resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, el cual presentará ante el juez de control con el fin que éste decida si vincula a proceso o no al imputado. Es decir, dicho procedimiento penal administrativo constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, los actos tendentes a la integración, así como los actos relacionados con la investigación no son susceptibles de control constitucional. En ese sentido, cabe señalar que, en el procedimiento penal de corte acusatorio, la etapa de investigación inicial tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Ahora, en lo relativo al no ejercicio de la acción penal, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando en el caso se actualice alguna causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 de ese ordenamiento. Esto es, el no ejercicio de la acción penal puede configurarse cuando dicha potestad agota las investigaciones preliminares; es decir, cuando la fiscalía estime que no cuenta con los elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso, o bien porque se ha extinguido la pretensión punitiva, porque una ley posterior suprima un tipo penal, porque el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiere dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado, o por desistimiento de la querella. Cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el juez de control, quien en una audiencia decidirá definitivamente, para lo cual se citará a la víctima u ofendido y, en su caso, al imputado y su defensor. Si el juez de control rechaza la impugnación planteada, el acuerdo de la fiscalía continuará surtiendo efectos, sin perjuicio que la víctima u ofendido puedan promover el juicio de amparo en contra de la resolución judicial en la cual se haga dicho pronunciamiento; en cambio, si declara fundado el recurso, se dejará sin efecto el acuerdo ministerial y se ordenará que la investigación preliminar continúe, o bien, que se ejerza acción penal. En el caso concreto, la quejosa en su demanda de amparo adujo que el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, le sigue una investigación y fue citada a comparecer a la carpeta de investigación *******. Asegura que, en razón a ello, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, solicitó copias certificadas de la carpeta de investigación *******, al fiscal señalado como autoridad responsable. Ahora, de las copias certificadas de la carpeta de origen, se desprende que la quejosa no ha dejado de tener la calidad de investigada para convertirse en imputada, pues como se desprende de autos no ha sido citada a comparecer con tal carácter, tampoco está sujeta a un acto de molestia y menos aún, se pretende recibir su entrevista. Incluso, de las copias cotejadas de la carpeta de origen que obran en autos, se advierte que únicamente compareció el coinvestigado *******, quien declaró ante la representación social y presentó diversas pruebas (foja 192 a 365). Por tanto, esta juzgadora de distrito considera que aun cuando la solicitud de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación *******, no ha sido emitida por la fiscalía de forma definitiva tampoco le depara perjuicio a la quejosa. En efecto, el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, el nueve de junio de dos mil veinte, determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de ******* y la aquí quejosa *******, por los delitos de despojo y abuso de autoridad; y, remitió la carpeta de investigación al Vice Fiscal de Investigación Territorial del Estado de Quintana Roo, para los efectos de que autorizara la referida determinación (fojas 407 a 416). Tal determinación no genera a favor de la accionante un derecho, pues se insiste, es facultad exclusiva del fiscal el ejercicio o no de la acción penal. Ello, pues como se ha establecido es facultad única y exclusiva del Ministerio Público Investigador agotar las líneas de investigación que para el caso fueren necesarias, recabar los datos de prueba tendentes para integrar la investigación de manera completa; y en su momento, determinar lo que estime conveniente respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal correspondiente. Función que como se dijo párrafos arriba, le es conferida por mandato constitucional a la representación social, ya que el numeral 21 de la Carta Magna prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. De manera que, no existe legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho a la parte en torno a que el fiscal esté obligado a decretar el no ejercicio de la acción penal que pretende, pues de lo contrario se afectaría una cuestión de orden público. Ello, sin perjuicio de que, esté en libertad de comparecer, incluso por escrito, ante el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, con la finalidad de demostrar que los hechos que se le atribuyen no sean constitutivos de delito alguno. Ya que será precisamente durante la investigación correspondiente, una vez recabadas las constancias respectivas, que el Ministerio Público concluya que no ejercerá acción penal y por ello se abstendrá de solicitar la audiencia de formulación de imputación o bien, peticionará que se libre una posible orden de aprehensión en su contra a fin de formular la imputación correspondiente. De ahí que hasta esta etapa procesal no se acredite una afectación a sus derechos fundamentales, ya que será en diverso momento procedimental en el cual, en todo caso se podrá actualizar el presupuesto indispensable para instar a la justicia federal. En razón a lo dicho, es que, respecto de la omisión del fiscal responsable a dictar el no ejercicio de la acción penal a favor de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 225/2020-I-2, promovido por *******, respecto de las omisiones reclamadas al Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Agencia de la Isla Mujeres, Quintana Roo, dadas las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ******* a la parte quejosa y, por oficio a la autoridad responsable que podrá enviarse al correo ******* y confirmarse al número telefónico (*******)*******. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Diferimiento de audiencia Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las nueve horas con treinta minutos de la fecha en que se actúa, toda vez que no se ha recibido el informe solicitado al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, sin que se tenga certeza jurídica de que haya sido debidamente notificado del oficio correspondiente. Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Se comunica la designación de la nueva titular Dada la certificación de cuenta, se tiene que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/654/2020, fechado el veintiuno de octubre del año que transcurre, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que, se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte Por tanto, se ordena hacer saber a las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones A la parte quejosa, electrónicamente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes En términos los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la parte quejosa electrónicamente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario PABLODETARSO. A las autoridades responsables De conformidad como se establece en el numeral 28, fracción III, y 30, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la práctica de las notificaciones a las autoridades señaladas como responsables o terceras interesadas que no estén interconectadas, mediante oficio digitalizado, por lo que, se les remitirá al correo electrónico oficio generado electrónicamente o uno digitalizado con FIREL, en los términos siguientes: Autoridades Correo electrónico y/o teléfono Agente del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, adscrito a Isla Mujeres, Quintana Roo islamujeresmp@gmail.com En el entendido de que la autoridad responsable de referencia deberá confirmar la recepción de la notificación correspondiente, en un plazo de dos días, contados a partir de que el correo electrónico se le envíe, a través de la dirección electrónica desde el cual se le remita, esto es, el correspondiente a la Actuaria Judicial adscrita, o vía telefónica con dicha funcionaria o con la Secretaria adscrita, y en caso de no hacerlo, la notificación se tendrá por hecha y surtirá efectos una vez que dicho término concluya. Esto, conforme a los artículos 30, fracción I y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados por analogía. En ese orden, se hace conocimiento de la autoridad responsable que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx y/o al correo de la secretaria encargada del asunto yasmin.jimenez.vega@correo.cjf.gob.mx, y comunicarse al número telefónico 656 306 62 43. Notifíquese; a la parte quejosa, electrónicamente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario PABLODETARSO; por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **quien actúa ante la secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

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