Concepción Norma Figueroa Muñoz

Expediente 521/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
521/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • CONCEPCIÓN NORMA FIGUEROA MUÑOZ y Otros.
  • Concepción Norma Figueroa Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa de Ampro III-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil diecinueve. ...Se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio causado estado, y se archiva el expediente principal como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como pruebas de la citada autoridad las documentales que remite para tal efecto. Ahora bien, del informe y anexo de cuenta se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió el auto dictado el veinticinco de junio de este año, en el juicio laboral 1095/2017 (4) BIS, del que se advierte, se calificaron las pruebas que se habían reservado calificar en audiencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó en esencia de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el auto donde se califiquen las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 1095/2017 (4) BIS. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido Tribunal del trabajo dictó el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, donde se calificaron las pruebas que se habían reservado calificar en audiencia de veintiséis de octubre del pasado año, mismo que fue notificado el veintiséis de junio del actual a José María Yáñez Gatica, en su carácter de apoderado legal de la aquí quejosa, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese sin mayor proveído, los alegatos del Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito, por lo manifestado en párrafos anteriores. De igual forma, hágasele saber al citado Agente que si a sus intereses conviene se le expedirá copia de la presente determinación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como pruebas de la citada autoridad las documentales que remite para tal efecto. Ahora bien, del informe y anexo de cuenta se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió el auto dictado el veinticinco de junio de este año, en el juicio laboral 1095/2017 (4) BIS, del que se advierte, se calificaron las pruebas que se habían reservado calificar en audiencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó en esencia de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de dictar el auto donde se califiquen las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral 1095/2017 (4) BIS. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el referido Tribunal del trabajo dictó el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, donde se calificaron las pruebas que se habían reservado calificar en audiencia de veintiséis de octubre del pasado año, mismo que fue notificado el veintiséis de junio del actual a José María Yáñez Gatica, en su carácter de apoderado legal de la aquí quejosa, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese sin mayor proveído, los alegatos del Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de distrito, por lo manifestado en párrafos anteriores. De igual forma, hágasele saber al citado Agente que si a sus intereses conviene se le expedirá copia de la presente determinación. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Mesa de Amparo III-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecinueve. Se admite la demanda y se señala fecha. para la celebración de la audiencia constitucional. Con copia de la demanda y copia autorizada de este auto, se emplaza a este juicio a la parte tercera interesada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por conducto de su representante legal, en el domicilio que señala la parte quejosa en su ocurso de demanda; asimismo, la requiera, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Notifíquese.

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