Concepción Norma Figueroa Muñoz
Expediente 1120/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Concepción Norma Figueroa Muñoz
Actuaciones
- Principal
MESA I-A " San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la agraviada interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de once de diciembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen a este expediente, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, se provee lo siguiente: I. Con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. II. Con apoyo en lo indicado por el normativo décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal archívese el presente expediente como asunto concluido. (...) Notifíquese.
- Principal
...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda y el anexo señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el numeral 3 de la ley de la materia y regístrese con el progresivo 1120/2019. Del estudio integral de las constancias que integran el sumario, se desprende que la impetrante del amparo se duele del retraso a la impartición de justicia en que ha incurrido la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca dentro del expediente laboral 1095/2017 (4) Bis de su índice. Es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Desechamiento. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca ha vulnerado en su perjuicio su derecho de petición contenido en el numeral 8 de la Carta Magna, toda vez que el ocho de noviembre del año en curso, se declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral 1095/2017 (4) Bis de su índice, sin que a la fecha se haya dictado el proyecto de resolución en forma de laudo. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Art. 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado...". Esa decisión encuentra justificación con base en lo resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que expuso lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. (.) Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: (.) "PETICIÓN, DERECHO DE.-La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1965 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: 'Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional'. De los términos de esta tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin contestación a una petición, para que se considere transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto." (.) Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De lo ahí argumentado, se determinó que debía de prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De todo lo anterior, obtenemos que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia tratándose de materia laboral, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente las responsables debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Bajo ese contexto, en caso específico, la parte promovente, reclama la falta del dictado del proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 1095/2017 (4) Bis del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, pues, el ocho de noviembre del año en curso, se declaró cerrada instrucción; es decir, al día de la promoción del presente juico de amparo indirecto -10 de diciembre de 2019-, han transcurrido poco más de treinta días desde la fecha en que se declaró cerrada la instrucción, por lo que la responsable aún se encuentra dentro del plazo razonable para emitir el laudo correspondiente. Sobre el particular, no debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción constitucional, sino que surgiera durante la tramitación del juicio, como acontece en el caso concreto, en que al momento en que la quejosa Concepción Norma Figueroa Muñoz presentó su demanda de amparo, es decir, el diez de diciembre de dos mil diecinueve aún no fenece el plazo de cuarenta y cinco días, con el que, en su caso, cuenta la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para el dictado del laudo respectivo en el expediente laboral 1095/2017 (4) Bis, siendo entonces, después de transcurridos esos cuarenta y cinco días cuando podría decirse que la autoridad incurriría en una dilación presuntamente excesiva en dictado del proveído correspondiente. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda aún no transcurría el plazo con que cuenta la autoridad -45 días- para el dictado del laudo correspondiente y como la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha de presentación de la demanda, es inconcuso que en el supuesto de que se trata opera la invocada causal de improcedencia, puesto que al cinco de marzo del presente año -día de la presentación de la demanda - no existe la violación reclamada; por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la invocada ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIX 1º 5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 3/94, visible en la página quince, de la Gaceta setenta y nueve, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo. Notifíquese personalmente.
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