Concepción Alicia Vásquez García

Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
844/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Concepción Alicia Vásquez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad judicial el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído dieciocho de julio de dos mil veintidós e interlocutoria de veintiuno de julio siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 844/2022, promovido por***, por propio derecho, en contra de actos de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para emitir auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal ***, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio patrimonial de ***. I. ANTECEDENTES 1. De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal *** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se vinculó a proceso a ***, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio patrimonial de Luis Alberto Patiño Vásquez. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. ***, presentó un escrito el catorce de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. 3. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 4. La demanda de amparo se turnó al día siguiente de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 844/2022. 5. Así, por auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 8. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 9. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 10. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: ? El auto de vinculación a proceso de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitido dentro de la causa penal ***, por los hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio patrimonial de *** V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 11. La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal *** que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 12. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN 13. ***, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que el auto de vinculación a proceso reclamado, se emitió en su contra y la obliga seguir un proceso penal, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD 14. El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 15. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintiocho de junio y concluyó el dieciocho de julio de dos mil veintidós, descontándose del cómputo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del presente año, por ser sábados y domingos inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. 16. Al haberse presentado la demanda el catorce de julio de dos mil veintidós-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA 17. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 18. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. 19. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." X. ESTUDIO DEL ASUNTO 20. La parte quejosa en sus conceptos de violación refiere lo siguiente: i) No existen suficientes datos de prueba para acreditar de manera indiciaria la existencia del hecho que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios. ii) Toda vez que el delito imputado a la aquí quejosa se encuentra dentro del "TITULO DECIMOPRIMERO - Delitos contra la economía pública", debió ser el Instituto de Educación Pública para el Estado de Oaxaca, quien interpusiera la denuncia por ser dicho ente quien resintió la afectación al bien jurídico protegido. 21. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra del aquí quejoso, debemos puntualizar que el acto controvertido es el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen. 22. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 23. De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. 24. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. 25. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 26. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 27. Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." 28. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 29. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. 30. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsables, se advierte lo siguiente: Audiencia de veintiuno de enero de dos mil veintidós. ? 12:02 - Inicia la audiencia, en la que se individualizaron las partes intervinientes. ? 12:03 - Se procede a hacer del conocimiento los derechos tanto de la víctima como del imputado. ? 12:12 - La institución ministerial procedió a formular la imputación a Concepción Alicia Vásquez, respecto al hecho que se le atribuye, consistente en el que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en agravio de ***. ? 12:21- Una vez que se le formuló la imputación, la juez responsable cuestionó a la imputada y a su defensa el derecho que le asiste a declarar sobre los hechos que se le imputan, a lo que se reservaron el hacerlo. ? 12:22 - Acto seguido, el Ministerio Público realizó formalmente la solicitud de vinculación a proceso. Finaliza (13:57). ? 14:01 - La parte imputada solicitó a la juez del proceso, la ampliación del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica. En atención a dicha solicitud, la juez de origen señaló las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de término constitucional. Audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós ? 09:43- Se inició formalmente la audiencia de término constitucional, en la que se procedió a individualizarse las partes que en ella intervienen. ? 09:48 - Al otorgarle el uso de la voz a la defensa, manifestó que no tenía dato de prueba que aportar en ese momento procesal y realiza diversos argumentos. ? 09:54 - Un vez que la defensa realizó sus manifestaciones en contra de la solicitud de vinculación a proceso; procedió el ministerio público a replicar dichos argumentos; y, finalmente el asesor de la víctima también hizo argumentos sobre los hechos delictivos imputados. ? 10:42 - La Juez de control de origen resolvió vincular a proceso a ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en agravio patrimonial de Luis Alberto Patiño Vásquez. 31. De los acontecimientos antes expuesto, se debe puntualizar que se respetó a la aquí quejosa el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor privado por así ser su deseo, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. 32. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales , ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. 33. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió la juez del proceso en apoyo a su informe justificado. 34. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. 35. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. 36. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. 37. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." 38. Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. 39. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. 40. En ese contexto, del análisis de la audiencia inicial en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto la juez responsable, estimó que el hecho materia de imputación se describe como el delito de tráfico de plazas y servicios. 41. Ilícito que se encuentran previstos en el Código Penal del Estado de Oaxaca, en su numeral 240 Ter, que es del tenor siguiente: "TITULO DECIMOPRIMERO. Delitos contra la economía pública. [.] CAPITULO V. Del tráfico de plazas y servicios. 240 Ter. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público. Si el sujeto activo es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta." 42. En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable . 43. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. 44. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. 45. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 46. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. 47. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. 48. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. 49. Bien, los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, los cuales son los siguientes: Escrito de querella de fecha 25 de mayo del año 2018, signado por***. Diligencia de fecha 26 de mayo del año 2018 en donde el antes mencionado ratifica su escrito que querella. Comparecencia del 19 de abril del año 2022 realizado por *** ante el Ministerio Público. Oficio número AI/124/2018 de fecha 24 de julio del año 2018 signado por *** Agente Estatal de Investigaciones. Diligencia de inspección ocular de fecha 6 de junio del año 2018 realizado por el Agente Estatal de Investigaciones anteriormente mencionado. Entrevista de fecha 13 de julio del año 2018 realizada por el Agente Estatal en mención a la testigo de Anselma Concepción Hernández Cruz. Entrevista de fecha 13 de julio del año 2018 realizada a la testigo de *** Comparecencia de la ciudadana *** con fecha 19 de abril del año 2022. Escrito de fecha 11 de septiembre del año 2018, signado por ***. Copia certificada por notario público número 45 en el Estado, licenciado ***. Copia de una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de **** Copia simple de un comprobante de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad. Escrito de fecha 12 de octubre del año 2018 signado por Luis Alberto Patiño Vázquez por medio del cual exhibió una copia simple de su credencial de elector. Escrito de fecha 6 de junio del año 2019 signado por Adriana López, asesora jurídica de la víctima. Copia simple de un comprobante fiscal digital de fecha 23 de diciembre del año 2016 expedido por el Municipio de San Jacinto Amilpas. Copia del comprobante fiscal digital de fecha 24 de diciembre del 2016 expedido por el Municipio de San Jacinto Amilpas. Copia simple del comprobante fiscal digital expedido por el Municipio de San Jacinto Amilpas a nombre de *** Oficio 812 de fecha 18 de junio del año 2019 signado por el Agente del Ministerio Público de la mesa XI, del sector Metropolitano. Original del oficio signado por *** Director de Recursos Humanos. Oficio de fecha 16 de diciembre del 2019 dirigido al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Oficio de fecha 22 de enero en el año 2020 signado por el Licenciado *** Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Copia certificada por el licenciado*** Director Administrativo del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca de un formato único de personal a nombre de***. Formato único de personal expedido por el Instituto Estatal de Educación Pública a nombre de la antes mencionada. Formato único de personal a nombre de la imputada de fecha 27 de enero del año 2017. Formato único de personal de fecha 5 de mayo del 2009 a nombre de*** expedido por el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Formato único de personal de fecha 27 de mayo del 2010 a nombre de *** Formato único de personal de fecha 4 de julio del 2016 a nombre del antes mencionado. Formato único de personal de fecha 18 de agosto 2014 nombre de ****. Acta de media filiación de la imputada. Diligencia de fecha 02 de abril del 2009 en dónde se hace constar la lectura de derechos a la imputada. Diligencia de fecha 02 de abril del 2019 en el que se hizo constar la comparecencia de la imputada ante el Ministerio Público. 50. Como bien se indicó en párrafos precedentes, la defensa del imputado no aportó dato de prueba alguno. 51. Por consiguiente, la juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: "I.- Que en el mes de septiembre del dos mil dieciséis usted *** le dijo a *** y a *** que si les interesaba cambiar de trabajo a uno con mayores ingresos, que ella conocía un buen contacto que la iba a ayudar para que metiera sus papeles en el nuevo I.E.E.P.O. donde necesitaban gente nueva con carrera universitaria para el área administrativa en alguna escuela o plantel de alguna región del estado, que la persona que conocía era de su entera confianza y tenía un puesto en el I.E.E.P.O. por lo que *** le dijo que le interesaba una plaza para su hermano ***, que el 11 de octubre del 2016 aproximadamente a las doce horas en el área de tesorería del municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, la imputada***, le preguntó a*** si su hermano le había comentado si estaba interesado en que le ayudara a colocarse en el I.E.E.P.O. contestando *** que sí, que estaba interesado, por lo que la imputada le dijo que necesitaba para dicho trámite documentos personales, como son: copias simples de la identificación oficial, copia simple del título profesional, copia simple de la clave C.U.R.P., así como currículum y que el costo de la plaza sería de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N) debiendo entregar $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N) para iniciar los trámites, los cuales podría abonar en pagos y el resto de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N) lo debería de entregar en un solo pago, cuando ya estuviera trabajando. II.- Que el 04 de diciembre del 2016 aproximadamente a las catorce horas al encontrarse la víctima *** en compañía de *** en su lugar de trabajo en el municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, se le acercó la imputada quien también trabajaba en dicho lugar, preguntándoles porque no se animaban con la propuesta que les había realizado, que ella ya estaba en espera que le dijeran a que zona la asignaría para que fuera a trabajar, que aún estaba a tiempo que ella podía decirle a su contacto que le echaran a la mano, que en el mes de febrero de dos mil diecisiete la víctima recibió una llamada de Concepción *** del número *** preguntándole si ya se había decidido a meter sus documentos para obtener una plaza en el I.E.E.P.O., que ella ya estaba trabajando como profesora, que no desconfiara, que ella se encargaría que le dieran un empleo en el mismo lugar, que se animara, que a ella le estaba yendo muy bien, que la habían mandado a trabajar a una telesecundaria en Santa María Zacatepec, la víctima le preguntó si era la misma cantidad que le había mencionado meses anteriores, contestándole la imputada que seguía siendo la misma cantidad para iniciar los trámites para apartarle su lugar mientras veían de acuerdo a su perfil profesional que área le asignaría, que el resto del dinero lo daría cuando le entregaran la plaza ya que lo que se necesitaba era personal nuevo, la víctima le dijo que no tenía la cantidad completa, que sólo podía entregarle en la segunda quincena de febrero $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N) contestándole la imputada que con eso era suficiente para asegurar su lugar en el I.E.E.P.O. que el resto podría pagarlo quincenalmente en lo que determinaba en que zona la asignaba como personal administrativo. III.- Que el 03 de marzo del 2017 aproximadamente a las dieciséis horas la víctima acompañada de su hermana ***acudieron al domicilio de la imputada, ubicado en calle 20 de Noviembre, número 16, San Jacinto Amilpas, Oaxaca, lugar donde le entregó a la citada imputada la cantidad de $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) quien le dijo que con ese dinero iniciaría los trámites de su plaza en el I.E.E.P.O., que no se preocupara, que era seguro y le pregunto en que tiempo podría entregarle el resto de la cantidad de dinero hasta completar la cantidad de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N) por lo que el día 15 de mayo de 2017 aproximadamente a las diecisiete horas la víctima acudió en compañía de su hermana *** al domicilio ya citado de la imputada, donde la imputada recibió la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N), así también el 03 de junio del 2017 aproximadamente a las catorce horas la víctima acompañado de su hermana *** acudió al domicilio ya citado de la imputada, quien recibió la cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N); el 18 de junio del 2017 aproximadamente a las doce horas la víctima acompañado de su hermana ***y de *** acudió al domicilio ya mencionado de la imputada quien recibió la cantidad de $10,000.00 ( Diez mil pesos 00/100 M.N) prometiéndole la imputada a la víctima que su plaza saldría en el mes de agosto cuando iniciaría el ciclo escolar, que su contacto *** así se lo había afirmado, que en la segunda quincena del mes de julio ella le hablaría para decirle el lugar de adscripción, pero llegada esa fecha la imputada no le marcó a la víctima, por lo que éste la buscó vía telefónica diciéndole la imputada que se había retrasado el registro de los documentos por cuestiones administrativas que incluso si pasaba uno o dos meses el entraría a trabajar con efecto retroactivo el 01 de agosto del 2017, pasado esta fecha, la víctima al no tener respuesta de la imputada la buscó vía telefónica, quien le dijo que su ingreso en el I.E.E.P.O. se realizaría el 01 de enero del 2018, a lo que la víctima le dijo que le devolviera su dinero, pero la imputada le dijo que no, pues ya lo había dado a su contacto para el trámite. A consecuencia de esto, la víctima sufrió un perjuicio en su patrimonio por la cantidad de $ 70,000 (Setenta Mil pesos 00/100 M.N)." 52. Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia de los hechos que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, a título de probabilidad. 53. Sobre esa base, la juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como el delito de tráfico de plazas y servicios y la probabilidad de que la quejosa participó en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad. 54. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 55. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que la quejosa Concepción Alicia Vásquez García intervino en los hechos que la ley describe como delito que se le imputa como autor material de dicha conducta. 56. En efecto, la información obtenida precisa que fue ella quien probablemente el día de los hechos, realizó una falsa promesa a Luis Alberto Patiño Vásquez, consistente en la obtención de una plaza en el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, por el costo de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos, moneda nacional). 57. Logrando obtener la imputada un lucro económico por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos, moneda nacional), ello al recibir por parte de la víctima pagos en para empezar el trámite para la obtención del empleo prometido. 58. Dichos pagos se realizaron en parcialidades, la primera por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos, moneda nacional); la segunda por $15,000.00 (quince mil pesos, moneda nacional); la siguiente por $15,000.00 (quince mil pesos, moneda nacional); y, por último la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, moneda nacional), sin que la imputada cumpliera con la referida promesa de empleo y no regresando la cantidad de dinero que obtuvo de la víctima. 59. Así, adverso a la pretensión de la quejosa, dicho hecho se encuentra hasta este momento acreditado de manera probable con los datos de prueba aportados por la fiscalía, los cuales se enfatizan los siguientes. 60. La querella presentada por la víctima ***, en el que narra los hechos posiblemente constitutivos de un delito, refirió que la imputada empezó a realizar un ofrecimiento respecto de una plaza en el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, por conducto de su hermana la señora Eugenia Patiño Vázquez. 61. El costo de la referida plaza tendría un costo por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos, moneda nacional). Posteriormente, aceptó la oferta y la imputada lo condicionó a un pago para iniciar los trámites por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que le fue entregada en diversas parcialidades, lo anterior sin que la imputada cumpliera con la promesa o le devolviera su dinero. A dicho dato de prueba, la juez responsable correctamente otorgó valor probatorio indiciario. 62. Lo cual se concatenó con las declaraciones de los atestes Anselma *** y ***, que corroboran lo expuesto por la víctima. 63. *** es hermana de la víctima directa y señala en lo que aquí interesa, ser a la primera persona a quién la imputada le hizo el ofrecimiento del empleo, y como es que la conoce, al laborar en el Municipio de San Jacinto Amilpas como profesora. Además, de precisar las distintas fechas en que acudió en compañía de la víctima a realizar la entrega del dinero, siendo acordes respecto de las fechas y cantidades que refirió su hermano. 64. Tocante a la declaración de *** refiere que presenció como Luis Alberto, entregó la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a la imputada en el domicilio de ésta, como una parcialidad para el inicio del trámite para la obtención del puesto prometido. 65. Aunado a ello se contó con la inspección ocular practicada por el Agente Estatal de Investigaciones, quien refirió que se constituyó hasta el domicilio de la imputada que es donde se hizo la entrega del dinero, que es en la calle veinte de noviembre de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, la cual en términos de lo que establecen los numerales 261 y 265 del Código de Nacional de Procedimientos Penales vigente para la entidad, resulta ser idóneo y pertinente, en razón de que a través de su informe se tuvo conocimiento la existencia del domicilio de la imputada. 66. De igual forma se cuenta con el oficio de veintidós de enero de dos mil veinte, signado por el director administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el cual expone lo siguiente: i) no existir expediente alguno a nombre de la víctima ***; *** es trabajadora activa en ese Instituto; y, la referida imputada y***, con el cargo que ocupan, no los faculta para proporcionar, gestionar, o realizar trámites para obtención de plazas de base dentro de este Instituto. 67. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor.". 68. De ahí que los datos de prueba relatados por el Ministerio Público sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, la conducta desplegada por la imputada; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. 69. Se insisten, existen señalamientos directos por parte de la víctima y los referidos atestes, los cuales son coincidentes en referir que Concepción Alicia Vásquez García, realizó una falsa promesa de empleo; recibió cantidades de dinero; no cumplió con lo pactado; y, no regresó el numerario citado. 70. Se explica. 71. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. 72. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso , y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 73. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. 74. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." 75. Ahora, en atención a los conceptos de violación tendentes a desvirtuar los datos de prueba, resultan infundados. 76. Tocante al marcado en el inciso i), en el que aduce no existen datos de prueba suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito. 77. Dicho concepto de violación deviene infundado. Como bien se indicó en párrafos precedentes, la fiscalía presentó diversos datos de prueba, a los cuales el juez de control otorgó mayor valor indiciario a diversas documentales donde se acredita de manera probable la participación del hecho delictivo. 78. La cual hasta ese momento procesal no fueron desvirtuadas con prueba idónea por la defensa y por ende con dichos datos de prueba, se acredita de manera probable que la ahora imputada realizó una promesa falsa para la obtención de una plaza, obteniendo un lucro con ello. 79. Por ende, contrario a lo señalado por la parte quejosa, si existen datos de prueba que sustentan el auto de vinculación a proceso sometido a estudio Constitucional. 80. Respecto al diverso concepto de violación marcado en el inciso ii), el cual se expone que el delito imputado a la aquí quejosa se encuentra dentro del "TITULO DECIMOPRIMERO - Delitos contra la economía pública", debió ser el Instituto de Educación Pública para el Estado de Oaxaca, quien interpusiera la denuncia por ser dicho ente quien resintió la afectación al bien jurídico protegido. Dicho concepto de violación es infundado. 81. Se afirma lo anterior, ya que contrario al entendimiento de la quejosa la víctima es quien sufrió una afectación a su patrimonio con el despliegue de la conducta por parte de la imputada Concepción Alicia Vásquez García. Esto es así, ya que hasta ese momento procesal, erogó una cantidad bajo la promesa falsa de una plaza en un instituto del estado de Oaxaca, sin que se le haya devuelto ese numerario; por ende, eso lo faculta para presentar su querella ante la institución ministerial para que iniciara la investigación por hechos que posiblemente constituyen un delito. 82. En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar a ***el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó por propio derecho, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por la juez de control responsable, en la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós relativa a la causa penal ***, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio patrimonial de ***. XI. DECISIÓN 83. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. 84. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE 85. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra de los actos reclamados a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. NOTIFÍQUESE

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