Concepción Norma Figueroa Muñoz

Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
780/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Concepción Norma Figueroa Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial, se declara consentido el acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Ahora, la protección constitucional se otorgó: "En consecuencia, para restituir el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Concepción Norma Figueroa Muñoz el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, emita inmediatamente el laudo respectivo en el juicio laboral *** Bis. Efecto que abarca la realización de todas aquellas gestiones necesarias y pertinentes al interior de ese órgano jurisdiccional, como emplear los medios de apremio que se estimen procedentes contra el auxiliar adscrito y servidores públicos que participen de tal procedimiento". Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 780/2020, promovido por **, en contra de la omisión de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral **. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto consiste en dilucidar si la omisión de resolver el juicio, una vez fenecido el plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, es un acto que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita. ANTECEDENTES De la información que se tiene en el expediente, consta que Concepción Norma Figueroa Muñoz, presentó una demanda laboral en contra del Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. La Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, admitió la demanda laboral con el número ** y el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar el expediente al auxiliar para que en diez días procediera a elaborar el dictamen de proyecto del laudo para su respectiva aprobación, lo cual hasta la fecha en que se actúa, no acontece. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El uno de diciembre de dos mil veinte, Concepción Norma Figueroa Muñoz, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la omisión de la Junta y del auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral ***, por estimar que se vulneró en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 780/2020 y fue admitida el dos de diciembre de dos mil veinte. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda en contra de la autoridad responsable auxiliar de la Junta y del auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por lo que se le solicitó su informe respectivo. La audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Concepción Norma Figueroa Muñoz que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." LEGITIMACIÓN Concepción Norma Figueroa Muñoz está legitimada para promover el presente juicio de amparo, pues está probado que se trata de la parte actora en el juicio laboral de origen y quien se duele de la omisión de dictar el laudo en esa instancia. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye, como ya se dijo, la omisión de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, así como del auxiliar adscrito, de realizar los actos necesarios para emitir el laudo respectivo en el expediente 1095/2017 (4) Bis dentro de los plazos y términos previstos para tal efecto por la Ley Federal del Trabajo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Presidente y al auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de sus informes justificados, a través de los cuales dichas autoridad aceptaron la omisión que se les atribuye. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que en este caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, párrafo primero, todos de la ley de la materia, en virtud que el auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir los dispositivos de referencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.]" Los numerales insertos establecen que es parte en el juicio la autoridad responsable teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, esas disposiciones señalan que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos aludidos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Se afirma lo precedente, ya que el auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no tiene las características propias de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, como es el hecho de que sus actos estén dotados de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que en el caso concreto dicho servidor público se limita a realizar los proyectos de laudo que se ponen a consideración de los integrantes del tribunal laboral y realizar actividades jurisdiccionales operativas pero no decisorias, de ahí que al auxiliar no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo indirecto. La consideración anterior encuentra apoyo, por identidad en las razones que la informan, en la Jurisprudencia veinte sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, bajo el texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.- Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez, empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin impero ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Así como la diversa tesis VIII.3o.9 L, emitida por Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable con el registro digital 187854, que reza de la siguiente manera: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EL AUXILIAR DICTAMINADOR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO TIENE TAL CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN EN EL DICTADO DEL PROYECTO DE LAUDO. De conformidad con lo establecido por los artículos 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, la discusión y votación del proyecto de laudo, así como su aprobación, corresponde a los integrantes de la Junta, por lo que al dictaminador o proyectista no se le puede imputar la omisión en el dictado del proyecto de laudo, pues el citado secretario auxiliar únicamente tiene el carácter de subalterno de los miembros de la Junta y, por consiguiente, no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues el citado funcionario, por su calidad de subalterno, recibe órdenes de los integrantes de la Junta y, por ende, su actuación está desprovista de imperio y decisión, excluyéndolo así del carácter de autoridad responsable, pues en el numeral invocado se establece: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.". Con base en el anterior marco normativo, si la quejosa promovió demanda de amparo contra el auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, cuyo reclamo lo hizo consistir en la omisión de elaborar el proyecto de laudo dentro de los términos que refieren los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, resulta incuestionable que no se está en presencia de un acto de autoridad para la procedencia del amparo, dado que dicha autoridad se encuentra subordinada al mandato del Presidente de la Junta responsable. Por la razón expuesta, al auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no le resulta el carácter de autoridad para los efectos de la instancia constitucional, de modo que su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por la vía de amparo. En las condiciones apuntadas se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que hace al acto reclamado al auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, lo anterior en términos del artículo 63, fracción V, de la propia legislación. De ahí que resulta innecesario abundar sobre la existencia del acto que se le atribuye al ente público de que se trata, tal como se precisa en la jurisprudencia VI.1o.A. J/20 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." ESTUDIO DE FONDO Este órgano constitucional estima que los razonamientos expuestos hasta el momento también sirven para otorgar el amparo solicitado. En el presente asunto está probado que la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no ha emitido el laudo respectivo en el juicio laboral 1095/2017 (4) Bis, no obstante que ya transcurrieron en exceso los plazos y términos previstos para tal efecto en los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Conforme a lo dispuesto en esos preceptos, se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el plazo de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el plazo de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente. De lo anterior se desprende que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de veinte días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, en este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se ejecuten. En el caso concreto, el cierre de instrucción se verificó el ocho de noviembre de dos mil diecinueve y hasta el día de hoy -más de un año después- no existe evidencia de que la junta responsable hubiese dictado el laudo respectivo. La junta pretende justificar la omisión que se le imputa, con el argumento que el dictaminador adscrito a la Secretaría Auxiliar de Compilación, Determinación y Dictaminación, no ha realizado el proyecto que se le ordenó desde el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, esa circunstancia, aparte de que no sería fundamento para alterar las normas esenciales del procedimiento, lo cierto es que el presidente de la Junta confesó que tampoco se han empleado los medios de apremio previstos en los artículos 636, 637 y 642 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual evidencia aún más su omisión. Máxime, que tampoco existen diligencias pendientes en el asunto de origen y los integrantes de la junta, así como su presidente, han sido omisos respecto a dictar las medidas necesarias para que el auxiliar presente a la brevedad el proyecto de laudo correspondiente. DECISIÓN Por lo anterior, este juzgador estima procedente otorgar la protección constitucional solicitada. En consecuencia, para restituir el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede a Concepción Norma Figueroa Muñoz el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, emita inmediatamente el laudo respectivo en el juicio laboral ***. Efecto que abarca la realización de todas aquellas gestiones necesarias y pertinentes al interior de ese órgano jurisdiccional, como emplear los medios de apremio que se estimen procedentes contra el auxiliar adscrito y servidores públicos que participen de tal procedimiento. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercera interesada y por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que a la letra dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Concepción Norma Figueroa Muñoz, en contra del acto reclamado al auxiliar de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por los motivos y fundamentos expuestos en este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ** en contra de la omisión de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral ***, para el efecto precisado en el último apartado de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.

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