Coastal Energy Solutions Pte. Ltd.

Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions Pte. Ltd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve este expediente y remite la resolución dictada en el recurso de queja ..., mediante la cual declaró INFUNDADO el medio de impugnación hecho valer contra la resolución en la que se desechó la demanda de amparo. Glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal; acúsese de recibo a la Superioridad. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y dicha determinación fue confirmada por el Tribunal de Alzada. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el ocurso de **** apoderado de **** con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como el escrito electrónico de expresión de agravios y copia del mismo, para la substanciación correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. Sin que se provea, respecto del domicilio y autorizados que refiere, pues será la Superioridad la que se pronuncie al respecto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EMN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISEIS DE ABRIL DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Vista la demanda que promueve., por conducto de su apoderado., personalidad que se le reconoce en términos de la copia digitalizada del instrumento notarial anexo al ocurso electrónico de cuenta -del cual realiza formal protesta de la coincidencia con su original-; contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 450/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia se estudian de oficio. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo II. La parte quejosa reclama la resolución de treinta de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el concurso mercantil ., del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de siete de diciembre anterior, donde se admitió el Incidente de restitución a la masa concursal promovido por., y previo en acordar lo referente a la medida cautelar que solicitó la accionante, ordenó enviar oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, para que rinda su opinión técnica. III. El juicio es improcedente, pues lo reclamado es intraprocesal o adjetivo; ya que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la impetrante, conforme a la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]"Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, la parte quejosa reclama la resolución que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto donde se admitió el Incidente de restitución a la masa concursal promovido por ., y previo en acordar lo referente a la medida cautelar que solicitó la accionante, ordenó enviar oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, para que rinda su opinión técnica; por tanto dicha actuación solo incide en el curso del procedimiento, sin afectar derechos sustantivos como lo son la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los que pueden afectarse en forma irreparable-; ya que se limita a tener por admitida la incidencia planteada en el concurso de origen y reservar a proveer lo relativo a la medida cautelar solicitada, pero sin definir una situación jurídica de derechos sustantivos en perjuicio de la quejosa, más allá de aquellos que impactan a las formalidades del procedimiento. Además, cabe la posibilidad de que la sentencia interlocutoria que posteriormente emita el juez dentro del incidente referido, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." condiciones de alegarlo como violación procesal, en el juicio constitucional que al efecto promueva. Es aplicable a lo anterior, por analogía la tesis con registro digital 228515, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 385, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, en la Octava Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, que señala: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, CONTRA LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo indirecto proceda en contra de actos ejecutados después de concluido un juicio a través de los cuales se pretende ejecutar una sentencia, debe combatirse la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose alegar en la misma todas aquellas violaciones que se hubiesen cometido en este procedimiento. En consecuencia, si lo que reclama el quejoso concretamente, es una resolución que confirmó un auto que admitió pruebas de su contraparte, dentro de un incidente de liquidación, es evidente que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la ley de la materia, en relación con el primer precepto invocado, pues en caso de existir violaciones durante la tramitación de aquél, las mismas únicamente podrán impugnarse en el juicio de garantías que se promueva en contra del fallo que ponga fin al susodicho incidente." Igualmente, la tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 19, tomo I, página 1078, de junio de dos mil quince, con registro digital 2009484, y que es del tenor siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Es importante señalar que la regla que establece que las violaciones procesales deban ser reclamadas hasta que se dicte la sentencia que resuelva el incidente respectivo, tiene como efecto evitar que durante la tramitación las partes acudan al juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan, lo cual entorpecería y obstaculizaría el curso natural del procedimiento y atentaría contra los principios consagrados en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Sustenta lo aquí aseverado, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de mayo de 2003, materia civil, Novena Época, con registro digital 184249, y que textualmente establece lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación este último con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio procesal el que indica y por autorizadas para recibir notificaciones a las personas que menciona. Respecto de quienes nombra en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. Por lo expuesto se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve .; contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.".

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