Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd

Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
844/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
03/01/2024

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios y copia para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual informa que admite a trámite el recurso de revisión adhesiva que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 844/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 844/2023, promovido por ..., por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Trámite. El dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Substanciación. La representación social Federal adscrita no intervino; se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 38 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso concursal, seguido en un Juzgado Federal con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, emitida en el concurso mercantil ... por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación promovido contra el proveído de catorce de junio anterior (donde se proveyeron las promociones 12439 y 12423). Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de ... . Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora concursal dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. El tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo ordenó a ... retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ...; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil .... Requirió a ... depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número ..., hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora emitió la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. (.) Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato ..., celebrado entre ... Y ..., en favor de ..., con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a ..., para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato ... de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." (.) Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ..., con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por Pemex Exploración y Producción, en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ... denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número 1586 de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número 12 de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa." Inconforme, ..., interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil ... . En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones del artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Se ordenó y requirió normalizar los pagos del contrato de prestación de servicios ... y fideicomiso ..., a ... y fiduciaria respectivamente, como sigue: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante ... en la cual en sus puntos resolutivos décimo primero y décimo segundo se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ..., en su carácter de apoderada de ..., personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número 150 de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato ..., deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante este en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese a ..., que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número... derivado de los derechos de cobro del contrato número ... informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos M.N. 100/00) de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ..., apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos 18 y 195 de la Ciudad De México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ..., derivado del fideicomiso ..., dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. (.)" 6. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ..., personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a Coastal, se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso ..., porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a Coastal para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante (.), personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ...cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada (.), respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso .... Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.'. Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de (.), de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil (.), para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión R.C. ... el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó la protección constitucional concedida y negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución dictada en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 7. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juzgadora dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil ... y sus acumulados ...), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 8. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por (.) en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ...; asimismo, en el juicio de amparo ..., promovido por Coastal Energy Solutions Pte Ltd, cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, gírese oficio a Pemex Exploración y Producción, para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: ".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ... cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ..., fiduciaria en el contrato de fideicomiso .... Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador (.) mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de USD$1,914,000.00 (un millón novecientos catorce mil dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de USD$1,977,700.00 (un millón novecientos setenta y siete mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a USD$3,891,700.00 (un millón (sic) ochocientos noventa y un mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C....; en consecuencia, es procedente requerir a ..., el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. (.)" Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto .. del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior revisión R.C. ... del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 9. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador solicitó entregar a la comerciante USD$19´690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda en curso de los Estado Unidos de América), petición que motivó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador (.), personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y al efecto informa el monto que ... debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a ... en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso ..., para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala: ".Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a ... en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ... los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número CIB/2346 de once de septiembre de dos mil quince. (.) Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a ...E, asistida por el conciliador (.), para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de USD$19,690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) equivalente a $379,099,601.67 (trescientos setenta y nueve millones noventa y nueve mil seiscientos un pesos 67/100 moneda nacional), tomando el tipo de cambio que utilizó Pemex Exploración y Producción para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número 422213801. Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión R.C. ..., donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 10. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ..., quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (...) de un proveedor idóneo para sustituir a ..., en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que ... o ..., indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto 12 respecto de las labores que correspondía realizar a ..., en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con ... el 29 de agosto de 2013 con número (.), debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a ..., siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma. (.)" 11. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ... y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra lo resuelto, ... interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente ...y sus acumulados ... y ...). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición. Para cumplir con la suspensión, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó mantener en el cargo de depositario a ..., otorgado desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... y ... cesionario de ...e, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. (.)" El último considerando del fallo, en lo conducente dice: ".Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de ..., en su carácter de acreedor reconocido y como ...; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.." Inconformes, se interpuso recurso de revisión radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 405/2022 , resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia impugnada. 12. El once de enero de dos mil veintiuno, la juzgadora concursal ordenó desahogar una prueba pericial en materia de contabilidad, para cuantificar los pagos por estimaciones solicitados por la comerciante, ante la discrepancia de las cantidades presentadas. Inconformes, ..., ... y ..., las dos últimas Sociedades Anónimas de Capital Variable, interpusieron recurso de revocación fallado el trece de abril de dos mil veintiuno (fallo engrosado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés), que revocó el auto impugnado para dejarlo como se indica: "En once de enero de dos mil veintiuno, se da nueva cuenta a la Juez, con los escritos registrados con el número 2635, 2735, 5291 y 5292. Conste. Ciudad de México, once de enero de dos mil veintiuno. Agréguense al cuaderno principal los escritos presentados por ..., apoderado de ... y ..., apoderado de ..., personalidad que tienen debidamente acreditada en los presentes autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene a los ocursantes desahogando la vista ordenada en auto de treinta de enero de dos mil veinte, con relación al monto cuantificado por la fiduciaria en su escrito con número de registro 1801, respecto del monto requerido que asciende a USD$15´147,004.61 (quince millones ciento cuarenta y siete mil cuatro dólares 61/100). Ahora bien, tomando en consideración que mediante sentencia interlocutoria de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, en la que se resuelve el recurso de revocación interpuesto por ..., apoderado de ...; el acreedor ..., por su propio derecho y en su carácter de ...; ..., apoderado de ...; y ..., apoderado de ...; en contra del proveído de nueve de junio de dos mil veinte, en el que se proveyeron las promociones con número de registro 5526, 5539 y 5557, se revocó el auto impugnado, y que en lo conducente establece: "(.) En ese orden de ideas, tomando en consideración que la fiduciaria realiza descuentos adicionales a los contenidos en la cláusula octava del contrato de fideicomiso, lo procedente es requerir a la fiduciaria para que en lo subsecuente no realice descuento alguno de la parte que le corresponde a la comerciante, es decir, no se realicen los descuentos de los gastos que le corresponden a la comerciante en términos de la cláusula octava del contrato de fideicomiso ... (impuesto al valor agregado; honorarios fiduciarios; rentas del contrato de fletamento; y el 11.11% a la cuenta de gastos comunes), ni muchos (sic) menos otras deducciones no previstas en el referido contrato. En el entendido que, el gasto ordinario que se genere, deberá ser requerido directamente a la comerciante, quien tiene la administración y se encuentra obligada a cumplimentar los créditos indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del presente concurso mercantil, atento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción VIII, en relación con el 75, ambos de la Ley de Concursos Mercantiles, bajo la estricta vigilancia y responsabilidad del conciliador. (.)" De conformidad con lo resuelto, y dada la contumacia con que se ha conducido la fiduciaria, pues ha realizado descuentos por órdenes de Coastal Energy Solutions Pte. Ltd., como se advierte del escrito con registro 1801 (fojas 214-247 tomo XVIII), que en lo conducente dice: ".En virtud de lo anterior, desde dicha fecha, CIBanco ha realizado el pago de los gastos prioritarios de los subincisos a, b), c) y d) de la Cláusula Octava, inciso B, y con los recursos restantes ha cumplido cabalmente con las instrucciones recibidas de Coastal al amparo de la cláusula Séptima, inciso f), sin que a la fecha haya recibido notificación alguna respecto a que la deuda ha sido cubierta, por ende, el incumplimiento subsiste." Por tanto, a efecto de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley de Concursos Mercantiles, y dado que es necesario la entrega de recursos con la inmediatez necesaria para mantener la viabilidad de la empresa, requiérase a ..., en su carácter de fiduciaria en el fideicomiso identificado con el número ..., para que dentro del término de TRES DÍAS IMPRORROGABLES, si es su deseo, se imponga del monto requerido por la comerciante, que asciende a la cantidad de USD$15´147,004.61 (quince millones ciento cuarenta y siete mil cuatro dólares 61/100), correspondiente a las estimaciones 8, 9, 13, 14, 15, 18 y 19, sin que realice los descuentos de los gastos que le corresponden a la comerciante en términos de la cláusula octava del contrato de fideicomiso ... (impuesto al valor agregado; honorarios fiduciarios; rentas del contrato de fletamento; y el 11.11% a la cuenta de gastos comunes), ni muchos (sic) menos otras deducciones no previstas en el referido contrato. Ahora bien , la fiduciaria deberá realizar la cuantificación a partir de la tarifa máxima pactada en el contrato de fideicomiso y la Adenda, esto es, a razón de USD$63,800.00 (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES), por cada día facturado, siempre y cuando el ingreso de compresión sea igual o mayor a USD$159,645.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES), y si el monto es menor, entonces cualquier cantidad recibida por este concepto se distribuirá a razón de los siguientes porcentajes: 39.96% (treinta y nueve punto noventa y seis por ciento) a Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, y 60.04% a Sistemas Integrales de Compresión, Sociedad Anónima de Capital Variable. Lo anterior de conformidad con la cláusula octava inciso A) INGRESOS POR COMPRESIÓN DE GAS AMARGO, del contrato de Fideicomiso CIB/2346; así como la cláusula I de la Adenda al Contrato Privado de Participación Conjunta firmado el dieciséis de abril de dos mil trece. En el entendido que el gasto ordinario que se genere, particularmente el precisado en la cláusula octava del contrato de fideicomiso ... (impuesto al valor agregado; honorarios fiduciarios; rentas del contrato de fletamento; y el 11.11% a la cuenta de gastos comunes) deberá ser requerido directamente a la comerciante (en los porcentajes que le corresponda), quien tiene la administración y se encuentra obligada a cumplimentar los créditos indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del presente concurso mercantil, atento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción VIII, en relación con el 75, ambos de la Ley de Concursos Mercantiles, bajo la estricta vigilancia y responsabilidad del conciliador. Notifíquese." 13. En la promoción de folio 12423, la concursada acusó la rebeldía de la fiduciaria para cumplir con la anterior determinación y solicitó requerir a CIBANCO, para responder con su propio patrimonio por la cantidad ahí señalada. En la diversa pieza de folio 12439, la fiduciaria Ad Cautelam contestó que el contrato de fideicomiso, no le impone la obligación de realizar cálculos y/o desgloses de los porcentajes correspondientes a cada miembro del fideicomiso. Frente a esos señalamientos, la juzgadora responsable emitió la siguiente determinación: "En catorce de junio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el término de tres días concedido mediante resolución de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, con fecha de engrose de diecinueve de mayo del mismo año, que revocó el proveído de once de enero de dos mil veintiuno (promociones 2635, 2735, 5291 y 5292), transcurrió para ..., en su carácter de fiduciaria en contrato de fideicomiso CIB/2346, del nueve al trece de junio del año en curso. Doy fe. En esta misma fecha se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y los escritos registrados con el número 12439 y 12423. Conste. Ciudad de México, Catorce de junio de dos mil veintitrés. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales conducentes. Agréguese al cuaderno principal el escrito presentado por ..., delegado fiduciario de ..., Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso ..., personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos y, atendiendo a su contenido se provee: Se tienen por hechas las manifestaciones que indica, con relación al requerimiento emitido en resolución de fecha trece de abril de dos mil veintitrés, con fecha de engrose de diecinueve de mayo del mismo año, que revocó el proveído de once de enero de dos mil veintiuno (promociones 2635, 2735, 5291 y 5292, con relación al pago de la cantidad de USD$15´147,004.61 (quince millones ciento cuarenta y siete mil cuatro dólares 61/100 moneda de los Estados Unidos de América), y al respecto indica los motivos por los cuales no puede dar cumplimiento a dicho requerimiento, e informa el monto recibido por Pemex Exploración y Producción, respecto de las estimaciones 8, 13, 14, 9, 15, 16, 17, 18 y 19, sin embargo, omite realizar las operaciones aritméticas para determinar si el monto precisado por la comerciante es el correcto; en consecuencia, se tiene por precluído su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Finalmente, visto el escrito presentado por (.) apoderado de Grupo Empresarial Anacar, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese." Inconforme, la empresa quejosa interpuso recurso de revocación declarado infundado en resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Consideración preliminar. Constituye un hecho notorio que a partir del conocimiento de las actuaciones judiciales emitidas en el concurso mercantil ... por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, amén de su impugnación constitucional como actos reclamados, el suscrito ha emitido sentencias donde consideró en parte actualizada la posibilidad de un estudio de fondo, o bien, la improcedencia, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas en el proceso. La postura adoptada hasta entonces, ha sido orientada conjugando la revisión casuística, bajo las condiciones, circunstancias y términos de cada acto de autoridad, donde predominó la posición de las partes recurrentes señaladas y los derechos que el concurso mercantil ha buscado hacer prevalecer. Desde luego, de modo alguno implica una contradicción orgánica sino el reconocimiento implícito de las condiciones de cada asunto, pues la materia de la queja ha involucrado aspectos procesales, o bien, el capital vinculado al concurso mercantil. Como de ello da cuenta la parte considerativa de cada sentencia que informa de los fundamentos, argumentos y condiciones que han permitido optar por una u otra solución, aunque no se hubiere manifestado expresamente. Esas circunstancias han sido matizadas en algún grado por precedentes afines al criterio propio, generados y discutidos en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio argumentativo e interpretativo incluso ha sido invocado únicamente como respaldo de las posiciones que en concepto de esta autoridad constitucional, tienen aplicación. Indefectiblemente, el juzgamiento efectuado desde luego se justifica en la plenitud judicial que permite la inexistencia de criterio obligatorio sobre la diversidad de los temas abordados, que deja abierta la posibilidad de justificar argumentativamente, de las premisas a la conclusión, el criterio abordado en cada fallo. Contexto de circunstancias que tampoco ha sido ajeno a los procesos conexos, que han derivado en conclusiones encontradas en puntos específicos por parte de órganos constitucionales, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito. En lo particular, los temas atinentes al flujo de capital relacionado al concurso mercantil de origen, ya sea requerimientos de pago, órdenes de entrega, identificación de beneficiarios o mecanismos preparatorios para esos fines, que han sido reclamados como actos de autoridad, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas, han sido abordados bajo la óptica del sobreseimiento según las circunstancias señaladas. Empero, en concepto de este juzgador constitucional, esa metodología ha resultado limitada para explicar los derechos inmersos, desarrollar el funcionamiento del concurso mercantil, su interacción con el fideicomiso involucrado y justificar plenamente el criterio adoptado. De ello se sigue apartarse de los precedentes y sistemática procesal empleada (que derivó en el criterio del sobreseimiento), para adoptar una forma diversa de abordar el estudio del tema señalado o quizá posteriores, para los casos donde la acción constitucional no involucre como parte quejosa a la comerciante o la fiduciaria. Lo cual de modo alguno implica obviar la técnica del juicio de amparo en general merced de soslayar las reglas de procedencia, dado que las causales de improcedencia son normas de excepción a la conformación del juicio, de interpretación estricta y por ende operan dentro del ámbito de aspectos que palpablemente son claros e indiscutibles y por sí solos tienen una justificación, de una forma tal clara y evidente que no exista duda respecto de su actualización, y por ende tampoco requiere ni demanda una argumentación extensa, consistente, ni exige valorar pruebas más allá de lo evidente. De seguir recurriendo a esa argumentaciones, se reduce el margen de explicación que ameritan los temas planteados en torno al capital administrado, orbita sobre la comerciante, vincula al concurso mercantil y las relaciones comerciales conexas indirectamente, cuya demanda de revisión se ha señalado, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la fiduciaria involucradas, conforme a la figura de la legitimación, el interés jurídico y si de su conjugación deviene una afectación a los propios derechos patrimoniales, al margen de éstas últimas. En armonía con esas premisas, aun cuando pudiera resultar innecesario, se informa a las partes el abandono de la metodología empleada y la adopción del estudio de fondo para resolver según el caso lo amerite, sobre el capital vinculado al concurso mercantil, como se dijo, para desarrollar y analizar de forma exhaustiva y precisa los puntos de la litis, conforme a las figuras indicadas. Esta prospección rebasa funcionalmente el ámbito de la improcedencia, por cuanto a la necesidad de explicar diversas premisas para contestar las cuestiones que integran la litis, y descarta prima facie la grada de exposición que en su caso justificaría acudir a esta última, en casos análogos. Precisión que no tiene la finalidad de legitimar decisiones subsecuentes, sino explicar que no solo la comerciante y fiduciaria, deben obtener una respuesta "de fondo", en la dimensión que ameritan las figuras generadas más allá de lo evidente. Esto es, una explicación a la quejosa fundada y motivada que concluya si tiene o no razón en sus argumentaciones, al margen de acoger afinidad con la conclusión que sentencia sus recursos, pues tiene a su favor la prerrogativa constitucional de conocer las razones que en concepto de la autoridad conducen el iter discursivo de las premisas al resultado. Tal circunstancia es necesaria para depurar los temas procesales que han distendido contradicciones en la apreciación judicial, e impulsar criterios que a su vez faciliten a las partes el entendimiento definitivo del funcionamiento de las figuras jurídicas, conforme a las cuales opera el concurso mercantil en los puntos señalados. Además, de ese modo se podrán establecer los términos y condiciones bajo las cuales las partes como en este caso la quejosa, pueden intervenir, así como los aspectos que en concepto de este juzgador sucesivamente ya deben quedar firmes, y en ese sentido, limitar al menos formalmente el margen de error o impugnación. Asimismo, la decisión adoptada es idónea porque genera un mecanismo asertivo que acelerara en alguna medida la resolución del proceso concursal en general, pues al analizar la controversia de fondo permitirá que las partes en definitiva cuenten con los elementos suficientes para identificar las consideraciones conforme a las cuales deben interactuar procesalmente. Por ello, el análisis orientado por los conceptos de violación enfatizara la técnica y sistemática interpretativa de los principios, que rigen en el concurso mercantil de los cuales se sigue la aplicación de las razones prácticas en los temas señalados, que involucran tanto aspectos sustantivos por ejemplo el flujo de capital, como adjetivos atinentes a la intervención en el desarrollo de la secuela concursal. Aspecto que a juicio del resolutor tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues de esa forma las partes ya sabrán que esperar del proceso . Importa subrayar que el criterio adoptado de modo alguno supedita las causales de improcedencia o genera reglas novedosas en torno a ellas, pues en caso de presentarse, como ha sucedido en determinados casos propios que también se tienen a la vista como hecho notorio, se emitirá el pronunciamiento de improcedencia o sobreseimiento según corresponda, bajo las condiciones apuntadas. También deben considerarse los efectos y consecuencias que pueden seguirse, cuando la parte quejosa es quien promueve o prepara el acto reclamado mediante la interposición del recurso ordinario que lo precede, la determinación recurrida o ambas. Esto es, en el proceso el medio de impugnación obtuvo una respuesta general, que con independencia de su contenido o extensión, es un reconocimiento implícito de la posibilidad procesal de promover en el expediente, para hacer valer una acción, excepciones, defensas, alegar contra las consideraciones que componen la controversia incluso exponer posiciones impeditivas, extintivas o modificativas de los derechos en pugna, bajo la expectativa de verse afectados por tener la titularidad de las prerrogativas donde se alega. Es así pues de carecer del derecho a obtener la posición sustentada por la juzgadora federal señalada como autoridad responsable, el medio de impugnación hubiere sido desechado de plano y procesalmente ese hubiere sido el resultado, y eso sería el objeto de la demanda de amparo. Empero, en este caso el mero hecho de haber promovido el recurso o preparado en alguna medida el acto reclamado, hace que la quejosa, por esa razón, sea receptora del acto recamado y tiene el interés y derecho a una decisión judicial conforme a la Constitución Federal, que exponga los argumentos que conducen la conclusión, pues el afirmarla únicamente se traduce en una posición dogmática que por sí sola ameritaría la protección constitucional, en caso de existir materia suficiente para ello. Por ello, se insiste, en casos análogos al presente y siguiendo las reglas fijadas en este apartado, por lo general debe analizarse "de fondo" la causa de pedir expresada en los conceptos de violación. Sexto. Conceptos de violación. A. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no revisar todos los agravios planteados y aun así concluir que la quejosa carece de legitimidad para defender el patrimonio fideicomitido, pues no consideró: - Que no se defiende el patrimonio del fideicomiso ..., sino el pago de la renta de la plataforma Agosto 12, que es gasto de operación ordinaria acorde al auto de nueve de junio de dos mil veinte; el contrato de fletamento; el orden prioritario de pagos; que la comerciante ya no presta servicios a bordo de la plataforma petrolera posterior a marzo de dos mil diecinueve; que se está entregando información a la comerciante e impide que pague su parte de la renta de la plataforma, el cual constituye una posición preponderante y vulnera la cascada prevista en el fideicomiso .... - Hay contradicción con la revisión ... y el proveído de nueve de junio de dos mil veinte, porque no se deben ejecutar todos los recursos sino sólo los beneficios vinculados al concurso mercantil. La cuantificación realizada por la comerciante es incorrecta porque los beneficios dependen de los remanentes que no se justifican en la solicitud, como tampoco los montos máximos frente al contrato de fideicomiso, pues no prevén la cantidad de gas amargo comprimido, lo cual contradice determinaciones que tomaron cantidades diversas como base de cálculo, por ello la quejosa tiene legitimación para interponer cuantos recursos sean necesarios. El acto reclamado no indica el fundamento que niega legitimidad a la quejosa, para impugnar el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés. La tesis aplicada es inaplicable porque la quejosa no se ostentó como fiduciaria, ni impide que los fideicomisarios hagan valer el contrato de fideicomiso y las acciones tampoco son excluyentes, pues ambas tienen interés en defender los bienes afectos al fideicomiso. Aunque el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito faculten a la fiduciaria defender el patrimonio, no imposibilita a un fideicomisario ejercer acciones judiciales contra el requerimiento de entregar recursos del contrato 422213801. B. La juzgadora responsable permitió que la conducta negligente de la fiduciaria provocara consentir los recursos solicitados por la comerciante, sin dar vista a la quejosa. El concepto de violación agrupado en la letra A. es fundado pero inoperante, pues si bien las consideraciones del acto reclamado no son exhaustivas lo cierto es que no asiste razón al inconforme en sus alegaciones, y el resto son infundadas, las cuales serán analizadas como fueron agrupadas porque son temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar . Ahora, los conceptos de violación agrupados bajo la letra A. son fundados porque los temas que incluyen no fueron abordados en el acto reclamado, no obstante son inoperantes porque no asiste razón a la parte quejosa, como se explica a continuación, a fin de obviar un reenvío, en congruencia con las consideraciones preliminares. El acto reclamado sostiene que la quejosa busca nulificar el derecho de la comerciante a recibir recursos del fideicomiso ..., provenientes de la relación contractual con ..., donde ..., por cuestionar la forma de calcular las cantidades solicitadas a fin de pagar estimaciones. Lo cual, en concepto de la juzgadora responsable es una postura de defensa del patrimonio fideicomitido, que solo la fiduciaria puede emprender acciones de tal naturaleza y el grado de fideicomisario, tampoco faculta para esos fines. Por su parte, los conceptos de violación pretenden distinguir las funciones del fideicomiso, de los ingresos comunes generados por la relación contractual con Pemex Explotación y Producción, para sustentar que no se defiende lo primero sino los aprovechamientos del segundo y con ello asumir la propiedad, por propio derecho, sobre una porción. Esto, escindiendo el monto que en concepto de la quejosa debe destinarse a pagar gastos comunes no cubiertos por la comerciante, específicamente el pago de la renta de la plataforma petrolera Agosto 12, que ya no labora en la plataforma, pues de lo contrario se comprometen los pagos conexos. Sin embargo, no asiste razón a la inconforme, pues el monto involucrado en el acto reclamado integra el patrimonio fideicomitido y no es jurídicamente viable aceptar la distinción propuesta, ni aun al amparo de derechos individuales. Es así porque las disposiciones contractuales donde intervino la quejosa, no lo permiten. El "Contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número ...", fue celebrado el once de septiembre de dos mil quince, la quejosa es fideicomisaria en segundo lugar y ... . El fideicomiso, se creó como un mecanismo de administración de los ingresos derivados del contrato de prestación de servicios ...suscrito con Pemex Exploración y Producción, para el pago de los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma "Agosto 12", como instrumento para cumplir lo pactado con la empresa estatal, y una vez hechos, el fiduciario debe transferir el remanente a los fideicomitentes acorde a los porcentajes pactados . El fideicomiso ... capta y/o cobra todos los recursos provenientes del contrato suscrito con ...n, para integrar una única unidad que la fiduciaria debe administrar y por los cuales tiene el deber de responder, e incluye las partes reclamadas por la quejosa. Lo cual se corrobora de la cláusula décima segunda del contrato de fideicomiso ..., donde la fiduciaria tiene la facultad total y/o sin salvedades de defender los montos provenientes de la masa de recursos, bajo diversos conceptos y/o cuentas, subcuentas que identifican o etiquetan su aplicación una vez recibidos. Tales precisiones dejan claro que las entidades partes del fideicomiso (incluida la quejosa) no suscribieron dividir los recursos provenientes de ..., por el contrario, previeron la creación de una unidad financiera y sujetaron su administración también a una única unidad administrativa y contenciosa, para su distribución y defensa, a cargo de la entidad que los capta. Entonces, si todos los recursos que entregue ... amén de la relación comercial que la vincula al fideicomiso, integran el patrimonio fideicomitido, de facto excluye la posibilidad de escindir porciones del capital, incluidos los gastos comunes, pues su pago y cálculo se dejó a cargo y responsabilidad de la fiduciaria. Por otra parte, si la operación de la fiduciaria es unipersonal porque solo recae en ella la distribución de los recursos, para pagar los gastos comunes, entonces la quejosa no está facultada legalmente para defender el derecho de cobro de los recursos, ni en lo general como tampoco en lo particular, conforme a los artículos 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los diversos 46, fracción XV, 80 y 82 de la Ley de Instituciones de Crédito, como se indica en el acto reclamado. Lo anterior se respalda en la jurisprudencia 1a./J. 12/2007 aplicada por la juzgadora responsable donde concluyó que la fiduciaria es la única legitimada para comparecer a juicio, por ser la titular de todos los derechos y acciones requeridos para hacer frente al asunto litigioso, la cual debe ser interpretada de forma excluyente. Esto, bajo la forma deductiva en el sentido que si la fiduciaria es la única legitimada para defender el patrimonio fideicomitido, entonces ninguna otra entidad puede hacerlo, ni cuenta con la facultad procesal para esos fines, a menos que contractualmente así se hubiere convenido, lo cual no acontece, y por ello, no se actualiza la distinción alegada por la quejosa y hace aplicable el criterio invocado. La cita de esos preceptos e invocación de la jurisprudencia, toralmente dan la solución al caso y son suficientes para satisfacer el principio de fundamentación. En ese sentido, es incorrecto sostener que el patrimonio fideicomitido admita escisión para sufragar individualmente los gastos comunes, a cuenta de la quejosa o un tercero. Asimismo, tampoco asiste razón a la inconforme en las circunstancias alegadas como fideicomisario y/o por propio derecho, para nulificar la prerrogativa de la comerciante a captar fondos. En efecto, la quejosa busca obtener directamente parte de los fondos del fideicomiso solicitados por la comerciante, empero, esos recursos no son autónomos ni independientes, al provenir de la misma fuente de capital que son los depósitos de ... . El depósito de ... transmite a la fiduciaria la obligación de cumplir con el contrato de fideicomiso, como se corrobora de su cláusula octava , donde se pactó el orden en que la fiduciaria habría de distribuir el patrimonio del fideicomiso, controlado por criterios de prelación, conforme al cual pagara prioritariamente los gastos comunes de operación. Al estar vigente la mecánica distributiva de los recursos, la aplicación directa de fondos a los gastos ordinarios y/o comunes de operación, los conceptos de violación tienen implícito exigirlos directamente de la relación contractual con ..., prescindiendo la intermediación de la fiduciaria. Circunstancia inviable pues acorde al contrato de fideicomiso la empresa estatal solo entrega los recursos y la fiduciaria los debe escindir, administrar, gestionar, defender, pagar los gastos comunes y garantizar que tanto a la quejosa como a la comerciante, reciban únicamente lo que les corresponde. Visto así, es claro que la quejosa plantea la defensa de la unidad financiera que representa el fideicomiso, al buscar obtener recursos provenientes del mismo origen a los que éste administra, al cual aplica la regla señalada previamente en cuanto a que solo la fiduciaria puede defender su patrimonio. Además, es un aspecto interpretado y resuelto que los recursos provenientes del contrato de prestación de servicios ..., no pueden aplicarse por órdenes de un tercero, como sucedería al aceptar que la quejosa señale como dividir los recursos, o bien, cuales entregar. Lo anterior conforme al recurso de revisión R.C. ..., donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que el desplazamiento económico a cuenta de la fiduciaria, o bajo las órdenes de un tercero (como la propia quejosa), soslayan la prohibición de ejecutar o embargar bienes, lo cual incluye hacer pagos a los acreedores de la comerciante e impedir la entrega del capital correspondiente a la concursada. Así, aunque la quejosa alegue que los fondos involucrados no pertenezcan total o parcialmente a la comerciante, el dinero de la concursada solo puede ser entregado a ella y las cuentas sufragadas por la fiduciaria por orden de un tercero o motu proprio, no están autorizadas ni pueden fundar detrimentos financieros en su perjuicio. Por ello, aunque la pretensión de la quejosa sea aplicar gastos ordinarios y/o comunes de operación, no puede apoyarse en órdenes inválidas de origen, ni en demandar capital en contravención a los fines del concurso mercantil. Ello conlleva que la quejosa en su calidad de fideicomisaria, carece de legitimidad por propio derecho para alegar en defensa de los bienes que conforman el fideicomiso, como toralmente se sostiene en el acto reclamado. Consecuentemente, la fiduciaria también es la única facultada para alegar y demostrar que la comerciante debe recibir menos recursos, por no estar operando en la plataforma, que la cantidad requerida ya fue aplicada o bien, restar los gastos comunes, a fin de reducir el monto a entregarle por corresponder a una postura de defensa del patrimonio. Por otra parte, la quejosa también sostiene defender el aprovechamiento individual que recibe del contrato con ..., y no el derecho de cobro del cual tiene la titularidad la fiduciaria. Empero, de las porciones de la cláusula octava del contrato de fideicomiso transcritas, puede deducirse que la defensa de los recursos a que está obligada y tiene derecho la fiduciaria en general, como se indicó, comprende el cobro, admisión, registro y distribución de los recursos provenientes de ... . Lo anterior tiene el objeto de transferir y pagar los gastos comunes y demás erogaciones, y con la diferencia transferir los ingresos remanentes de los fideicomitentes depositados de la cuenta receptora, a la cuenta de ingresos remanentes. Con la acción de transferencia de los remanentes se entrega a los fideicomisarios los aprovechamientos de la relación comercial con Pemex Explotación y Producción, y adquieren hasta ese momento un derecho individual, pues la propia cláusula octava sostiene que hasta cubrir los gastos prioritarios los primeros podrán acceder a ingresos económicos. Empero, no puede sostenerse que los recursos involucrados en el acto reclamado sean remanentes a los cuales pudiera tener derecho la quejosa, porque no se trata de una cantidad que hubiere sido dispersada bajo ese rubro, para estimar que ya se distinguieron las partes individuales de cada fideicomisario, para ello la fiduciaria debió demostrarlo. Razón por la cual debe asumirse que la cantidad solicitada proviene únicamente de los aprovechamientos pertenecientes a la comerciante. Lo cual se corrobora a considerar que al delegarse la defensa del fideicomiso de forma integral, si la fiduciaria no ha entregado frutos o adjudicado capital, es porque no los hay a favor de la quejosa y por ende las cantidades relacionadas pertenecen a la concursada, porque la defensa delegada la obliga a dispersar los fondos, hasta entregar únicamente lo que corresponde a cada contratante. Máxime que la fiduciaria al tener la titularidad de la defensa de los bienes previo a entregar los aprovechamientos, ha tenido injerencia procesal en el concurso y por ello la posibilidad de cuestionar los requerimientos desde su origen, de modo que también resulta inconducente alegar violaciones a la garantía de audiencia. Por otra parte, es incorrecto sostener alteración en el orden, preferencia y prelación pactado en el fideicomiso, así como constituir una posición preponderante para la comerciante, que rebase los límites del concurso mercantil, porque este último solo influye en los recursos de la propia comerciante. En efecto, el patrimonio afectado en el proceso y sobre el cual se alega, no fue el numerario específico que como beneficio tiene la quejosa en su calidad de fideicomisaria, sino el cedido en propiedad al fideicomiso, que como ya se dijo integra una unidad al provenir de una sola fuente que son los pagos de la empresa estatal. Lo cual demanda intervención de la fiduciaria al amparo de su facultad como administradora del fideicomiso ..., para cuantificar el alcance del derecho de la comerciante a recibir recursos, y el ejercicio de tal prerrogativa garantiza que no se vean afectados fondos de terceros como la quejosa. Lo cual se afirma de lo resuelto en el precedente invocado previamente, en la parte que se transcribe: "(.) En el auto de 24 de enero, así como en los diversos 3 de marzo, 4 de abril y 28 de julio, todos del 2017 (medidas cautelares), se le requirió a ******* para que retuviera las cantidades que le correspondían a la comerciante, estableciéndose también una prohibición de que la concursada pagara obligaciones vencidas. Dicha prohibición de pago incluía a cualquier acreedor de la comerciante, como lo es el caso del supuesto adeudo que ******* ha estado cobrando a través de las instrucciones dadas a la quejosa *******. Por este motivo, desde el dictado de las medidas cautelares, la quejosa estaba impedida legalmente para entregar a ******* el capital que le correspondía a la comerciante, orden que abiertamente incumplió. Al ser sustituidas las medidas cautelares por la declaración de concurso mercantil, la prohibición permaneció al señalarse en el resolutivo décimo primero y duodécimo, que durante la etapa de conciliación no se podían embargar o ejecutar bienes o derechos de la recurrente (a excepción de los adeudos laborales), ni pagar adeudos a sus acreedores. La finalización de efectos de las medidas cautelares, no significa que éstas hayan sido anuladas o destruidas retroactivamente, existen y son válidas, tan es así que forman parte de las actuaciones que dieron validez a la declaración de concurso mercantil, con la que culminó esa etapa procesal del juicio. En efecto, por el periodo de su vigencia siguen obligando a la quejosa a dar cumplimiento en la retención y entrega del numerario que le corresponde a la comerciante como beneficiaria del fideicomiso. Por estos motivos, el dinero que es de la comerciante en términos de las medidas cautelares y ahora la declaratoria de concurso mercantil, debe ser entregado para su administración y disposición en el concurso mercantil. Por otra parte, es fundado el argumento a través del cual se asegura que desde 4 de abril de 2017, la juez ordenó a la quejosa que retuviera las cantidades que le correspondían como beneficiaria del fideicomiso. Efectivamente, en dicho proveído la juez consideró que aun cuando la comerciante cedió al fideicomiso sus derechos de cobro futuros, la inflexibilidad del pacto del fideicomiso debía ceder ante las disposiciones de orden público, cuando el cedente es quien está sujeto a un concurso mercantil. Lo anterior, revela que la afectación a la forma en que se pactó la administración, flujo y entrega del capital dentro del fideicomiso, fue decidida con anterioridad al acto reclamado y al estar firme, la inconformidad de la quejosa en relación a este aspecto, se encuentra consentida. En el auto de 30 de octubre de 2017, la juez concursal teniendo en cuenta: lo pactado en el fideicomiso ********; el auto de 4 de abril; la carta de instrucción de ******* (13 de junio de 2017); la sentencia de declaratoria de concurso mercantil y el proveído de 13 de septiembre de 2017; concluyó que desde que dictó las providencias precautorias y hasta la declaratoria de concurso mercantil, la comerciante no había recibido el dinero que le correspondía y que debía de entregarle *******, no obstante que no existía impedimento justificado para ello. Con base en lo anterior, entre otras cosas, le requirió nuevamente a ******* para que devolviera todas las cantidades que retuvo de la comerciante previo a la declaración de concurso mercantil, así como que normalizara los pagos que le correspondían e informara qué cantidades recibió de ***** y su destinó (este auto no fue impugnado). (.)" Las consideraciones transcritas fijaron principios que orientan dos aspectos en la etapa de conciliación en la cual se encuentra el concurso mercantil, la primera que subsisten y están vigentes las medidas que apremian a mantener operativa, funcional y productiva la empresa concursada como unidad económicamente viable, de modo que las disposiciones contractuales intermedias, aún deben ceder a las reglas del proceso judicial en marcha. En segundo lugar, que los derechos de cobro de la comerciante se rigen por el concurso mercantil, aunque estuvieran de por medio los pactos del fideicomiso. De ello se deduce que la fiduciaria siempre estuvo obligada a retener el capital captado en el fideicomiso para la comerciante, y entregarle únicamente la porción que le corresponde, así como la aplicación individual de recursos al resto de pagos, siguiendo la cláusula octava del contrato de fideicomiso, que regula la admisión, registro y distribución del patrimonio del fideicomiso, la constitución de cuentas receptoras, la aplicación de recursos depositados y el procedimiento de subsanación de inconsistencias en los pagos. Contrario a ello, si la fiduciaria no demostró haber entregado y/o reservado el capital de la comerciante que le pertenecía, o bien, que no tuvo remanente favorable, presume que la totalidad de los recursos solicitados se justifica en el derecho de la concursada a recibirlos e integran su patrimonio. Máxime que están vigentes en el concurso mercantil las restricciones impuestas a la fiduciaria sobre la administración, flujo y entrega del capital dentro del fideicomiso, y de impedir o restringirle injustificadamente fondos soslaya las medidas que buscan conservar la empresa, que continúe operando y que los acreedores obtengan su pago, sólo con los recursos de la concursada. En tanto que del resto de gastos que en concepto de la quejosa se comprometen, es la fiduciaria quien debe responder por esos montos y esa es una cuestión atinente al ámbito de una acción, donde se cuestione el cumplimiento contractual del fideicomiso entre sus partes. Por ello se insiste que los derechos de cobro requeridos en el acto reclamado, bajo las reglas del fidecomiso que están vigentes presumen el ejercicio de las facultades de administración de la fiduciaria, que incluye la exclusión de los pagos prioritarios, porque recibe los recursos y debe proceder a dispersarlos acorde a las reglas del fideicomiso. Bajo esa lógica, las cantidades solicitadas por la comerciante no extienden afectaciones patrimoniales a la impetrante, porque tanto los gastos comunes y frutos, necesariamente deben determinarse por la fiduciaria previamente a entregar recursos, pues por regla general mantiene el monopolio de la captación, distribución y defensa de los fondos provenientes de ... . Al respecto debe considerarse lo sustentado en el precedente citado, en la diversa parte donde se razonó que en los casos donde aún no estuviera firme el monto que se debía entregar a la comerciante, la fiduciaria mantiene la posibilidad de cuestionar por vicios propios exclusivamente el monto. Lo cual identifica una obligación vigente constituida contractualmente a cargo de la fiduciaria, la acción apta para escindir las porciones solicitadas por la quejosa del patrimonio fideicomitido, y su falta de ejercicio conlleva el consentimiento y el derecho de cobro por la comerciante, en sus términos. Como respaldo debe tenerse presente que en la propia cláusula décima segunda del contrato de fideicomiso ... (denominada "protección del Patrimonio del Fideicomiso"), el fiduciario debe instruir los mecanismos que defiendan el patrimonio, que acorde al punto 3., de la cláusula cuarta del propio documento, incluye los recursos derivados de cualquier pago hecho por ... con base en el contrato de servicios y el contrato de cesión de derechos de cobro durante la vigencia del propio contrato de fideicomiso. De modo que la fiduciaria debe emprender acciones de defensa sobre aquellos recursos que derivan del contrato con Pemex Explotación y Producción, que a su vez involucran los fondos cedidos en administración por las partes de esa relación contractual, hasta entregar a cada una de las partes únicamente lo que les corresponde en lo individual. Aspecto advertido por la juzgadora responsable dado que mandó dar intervención a la fiduciaria, para opinar sobre las cantidades solicitadas por la concursada, y en el acto reclamado sólo se recalca la existencia de tal prerrogativa y el derecho a cuestionar las solicitudes de la comerciante, de modo que no se trata de un aspecto novedoso. Esa conclusión permite sostener que la eventual afectación patrimonial que pudiera resentir la parte impetrante, se causaría en la falta de ejercicio de las facultades de administración de la fiduciaria, por no haber distinguido las porciones que le correspondían de los fondos requeridos, no del acto reclamado. Sobre la distinción del tipo de derechos que se puede alegar por la quejosa en su carácter de fideicomisaria, se tiene que en el amparo en revisión ... el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo que los ingresos económicos o aprovechamientos, que obtiene la quejosa del fideicomiso como fideicomisaria en tercer lugar, son derechos distintos al bien fideicomitido y su remanente al que tiene derecho y no queda afecto al fideicomiso. Empero, a continuación el propio órgano judicial concluyó que las medidas precautorias decretadas en el concurso mercantil, recaen únicamente respecto los ingresos de la empresa concursada y no en relación con los remanentes que las demás empresas obtienen del fideicomiso. Circunstancias que acontecen en el caso porque acorde a lo analizado, los derechos patrimoniales involucrados corresponden de forma concreta a los bienes o derechos de la comerciante, porque así lo consintió la fiduciaria. Por su parte, el remanente de dinero que filtra el fideicomiso para etiquetarlo como beneficio de los fideicomisarios, se constituye hasta que la propia fiduciaria transfiere a la cuenta de remanentes y lo asigna para cada beneficiario. En tanto no sucede la cadena de pagos y deducciones para la comerciante, la actividad administrativa y de gestión instruida por la fiduciaria, constituyen la prueba de que los recursos solicitados corresponden únicamente a los vinculados al concurso mercantil y no son de las demás partes del contrato de fideicomiso. De igual modo no asiste razón a la inconforme en el concepto de violación marcado con la letra B., donde alega que la juzgadora permitió el consentimiento de los montos solicitados, amén de una conducta negligente por parte de la fiduciaria. Es así, porque la juzgadora ha dado intervención a la fiduciaria, como representante corporativa del fideicomiso, para emprender la defensa de los recursos, lo cual se sustenta en las cláusulas del contrato de fideicomiso suscritas por la quejosa. De modo que si la instrucción del proceso en cuanto a la forma de garantizar la intervención de la fiduciaria, se sustenta en los fines de la representación conforme a los términos suscritos por la impetrante, es claro que no ha consentido conductas al margen de tales mecanismos, sino se ha ceñido a las condiciones establecidas por la impetrante. En cuanto a los criterios invocados como sustento de los conceptos de violación, no favorecen a la quejosa. Las jurisprudencias y tesis aislada de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RESPECTIVAMENTE.", "SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA ESTADO DE VERACRUZ).", "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE.", únicamente señalan que las autoridades en general deben justificar sus decisiones conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal Empero, si bien dicho deber en el caso no fue completamente acatado por la autoridad responsable, lo cierto es que finalmente la quejosa no tiene razón en sus alegaciones y esa conclusión fue justificada en esta sentencia, y con ese ejercicio judicial se cumplen los principios constitucionales exigidos en los criterios invocados. Consecuentemente, al ser fundados pero inoperantes e infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ...z, Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante Uriel Azpeitia Mendieta, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veinticuatro de noviembre de dos mil 23, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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