Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd.

Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
368/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 368/2023, promovido por..., por conducto de su representación legal, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Trámite. El diez de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Substanciación. La representación social Federal adscrita no intervino; se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró acorde al acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 38 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso concursal, seguido en un Juzgado Federal con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La resolución emitida el siete de marzo de dos mil veintitrés en el concurso mercantil ... por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de febrero anterior (que proveyó la promoción 4034), que no tuvo por hechas las manifestaciones formuladas sobre las erogaciones justificadas por la comerciante. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió la solicitud de declaración en concurso mercantil de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, sociedad anónima de capital variable. Con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, la juzgadora concursal dictó como medida precautoria la prohibición a la comerciante de realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda, la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y derechos que integren el activo fijo y circulante; realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de la empresa; así como transferencias de recursos o valores a favor de terceros, sin perjuicio de las operaciones ordinarias y prestaciones laborales. 2. El tres de marzo de dos mil diecisiete, la A Quo ordenó a ... retener los recursos fideicomitidos en el fideicomiso ...; giró oficio al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México para no ejecutar embargo contra la comerciante, en el juicio ejecutivo mercantil .... Requirió a Pemex Exploración y Producción depositar ante la autoridad judicial, los pagos que debía hacer a la comerciante con motivo del contrato número 422213801, hasta en tanto la concursada compareciera y cumpliera las medidas emitidas en el auto de admisión. 3. El cuatro de abril de dos mil diecisiete, la juzgadora emitió la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecisiete. (.) Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante y aun cuando en el sistema jurídico mexicano, exista la posibilidad de transmitir por cesión de derechos la facultad de cobrar remuneraciones futuras, como en el caso sucede en referencia al contrato ..., celebrado entre .... Y ...., en favor de ..., con el fin de pagar o garantizar una obligación sin embargo, la inflexibilidad de ese pacto debe ceder ante las disposiciones de orden público que entran en juego cuando el cedente queda sujeto a concurso mercantil, por ello la administración y aplicación de los activos futuros del comerciante ya no podrán regirse por las estipulaciones comunes, en donde se comprometan anticipadamente los ingresos esperados en el porvenir, porque estarán regulados por normas de orden público y de índole taxativo que deben prevalecer frente las predisposiciones efectuadas en un título privado, por lo que en caso de concurso, ya no podrá continuar vigente la predisposición de ingresos futuros destinados al pago de ciertos créditos a favor de algunos acreedores por el comerciante en el contrato de cesión de derechos futuros. Consecuentemente, gírese atento oficio a ..., para que proceda a depositar a este juzgado los pagos que originalmente debía hacer a la comerciante demandada, con independencia de la cesión de derechos referida en su oficio presentado ante este órgano jurisdiccional el quince de marzo del año en curso y derivada del contrato ... de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, por virtud de las providencias precautorias decretadas en el auto de veinticuatro de enero del dos mil diecisiete y hasta en tanto la comerciante demandada comparezca y empiece a dar cumplimiento puntual a la providencia decretada en autos, apercibido de doble pago en caso de no cumplir con lo anterior." (.) Asimismo y en cumplimiento a las medidas decretadas en auto admisorio, gírese atento oficio a ..., con la finalidad de que retenga los pagos recibidos por Pemex Exploración y Producción, en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro derivados del contrato número ...denominado "Servicio Integral de Compresión para Gas Amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en una plataforma auto elevable (Jack-up), para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell" de fecha 29 de agosto de 2013, por virtud del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro que consta en el instrumento Notarial número 1586 de fecha 15 de septiembre de 2015, pasado ante la fe del notario Público número 12 de Ciudad del Carmen Campeche, ya sea que reciba dichos recursos por cuenta propia o por cuenta de un fideicomiso, contrato de mandato o por cualquier otro motivo, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días se le impondrá una multa." Inconforme, ..., interpuso recurso de revocación, resuelto en sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete (engrosada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete), declarado infundado. 4. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio de concurso mercantil ... . En el segundo punto resolutivo se declaró abierta la etapa de conciliación por ciento ochenta y cinco días; se ordenó al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos la sentencia de concurso mercantil; suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos del comerciante, con las excepciones del artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, entre otros. 5. El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable consideró que las medidas cautelares dictadas en autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril, todos de dos mil diecisiete, fueron sustituidas por los resolutivos de la declaratoria de concurso mercantil. Se ordenó y requirió normalizar los pagos del contrato de prestación de servicios 422213801 y fideicomiso ..., a la paraestatal y fiduciaria respectivamente, como sigue: "Ciudad de México, a trece de septiembre dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que mediante sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete se declaró en concurso mercantil a la comerciante ... en la cual en sus puntos resolutivos décimo primero y décimo segundo se estableció lo siguiente: "DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados. DÉCIMO SEGUNDO.- Se ordena que durante la etapa de conciliación se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles, es decir, el mandamiento de embargo o ejecución de carácter laboral, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, ampliando el monto de los salarios a los dos años anteriores al concurso mercantil" En atención a ello, las medidas cautelares provisionales concedidas por este órgano jurisdiccional a través de los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, fueron sustituidas por dichos puntos resolutivos, y, por ende, dejaron de surtir sus efectos. Así y por cuanto hace al escrito de cuenta registrado con el número 18730, signado por ..., en su carácter de apoderada de ..., personalidad que se le y reconoce en términos del instrumento notarial número treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pasado ante la fe del notario público número 150 de la Ciudad de México, y en atención a su contenido se provee: Infórmese a la promovente, que por lo que respecta a la medida cautelar de cuatro de abril del dos mil diecisiete, la misma, dejó de surtir sus efectos, por consiguiente, en lo que concierne a los derechos de cobro relativos al contrato ..., deberá de normalizarlos como lo venía haciendo hasta antes del dictado del referido proveído, en atención a que es necesario que la concursada reciba el flujo de dinero que le corresponde a fin de hacer frente a las operaciones ordinarias, lo que deberá ser informado en términos del resolutivo décimo primero de la resolución de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Por otra parte y a fin de que la comerciante este en aptitud de informar el pago de las operaciones ordinarias que debe realizar, infórmese a Clbanco Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, que debido a que dejaron de surtir efectos las medidas cautelares ordenadas en los autos de veinticuatro de enero, tres de marzo y cuatro de abril todos ellos del dos mil diecisiete, que estaba sujeta a cumplir, en consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número ... derivado de los derechos de cobro del contrato número ....e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos M.N. 100/00) de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio. Asimismo, como lo solicita el ocursante, devuélvase la copia certificada, que indica en su escrito, de mérito, previa toma de razón que de su recibo que obre en autos. En relación al escrito registrado con el número 18875 signado por ..., apoderado de la comerciante, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial cuarenta mil ciento treinta y tres, pasado ante la fe de los notarios públicos 18 y 195 de la Ciudad De México, y atención a su contenido se provee: Dígasele al ocursante, que el término de veinticuatro horas que reclama como insuficiente, se estableció en la sentencia de concurso mercantil y, por ende, la suscrita no puede modificarlo, alterarlo o revocarlo, aunado a que el requerimiento que se le hizo dentro de este término, es únicamente para que informe sobre sus gastos de operación ordinarios, lo que debió de tener contemplado en vista de los innumerables requerimientos que solicitó a este órgano a fin de que pudiera manejar la viabilidad de la empresa. Por lo que respecta a la entrega de los derechos de cobro derivados del contrato número ..., derivado del fideicomiso ..., dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. (.)" 6. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal dictó las siguientes determinaciones: ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de delegada fiduciaria de ..., personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, y en atención a su contenido al efecto se provee: En cuanto al primer punto del escrito de cuenta y respecto a la aclaración que refiere la ocursante, dígasele que ello lo debió de hacer valer a través el (sic) medio de impugnación correspondiente, puesto que al auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, ya no puede ser revocado por la suscrita, aunado a que la aclaración solicitada se refiere a aspectos diversos sobre los cuales se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En relación al primer punto en donde insiste en que se aclare el requerimiento formulado, dígasele a la ocursante que los términos sobre los cuales han sido fijadas las medias (sic) cautelares se encuentran perfectamente claros, desde el auto de trece de septiembre del dos ml (sic) diecisiete, en el cual se indicó lo siguiente: "En consecuencia, se le requiere para que de inmediato normalice los pagos que venía efectuando a la comerciante respecto del fideicomiso número CIB/2346 derivado e informe la fecha en la cual empezó a dar cumplimiento con lo requerido..." De donde se aprecia que la obligación de normalizar los pagos de manera inmediata no significa otra cosa sino la de efectuar los pagos como los venía haciendo previo al concurso mercantil, como se reitera mediante auto de treinta de octubre del dos mil diecisiete, lo que evidentemente significa que la fiduciaria sabrá como lo explica, en su propio escrito, los términos sobre los cuáles deberá realizarlos ya sea cumpliendo con los pagos comprometidos, considerando la cuenta receptora, o la cuenta de ingresos, o de remanentes si pagaba o no los servicios impuestos o demás, pues sólo ella era la encargada de efectuarlos, razón por la cual queda subsistente el requerimiento ordenado en autos y una vez que fenezca el término que se le concedió en el auto de veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, se acordara lo que en derecho corresponda. En relación al segundo punto, en el cual se alega que las sumas de dinero entregadas a Coastal, se hicieron en cumplimiento al propio fideicomiso ..., porque así se pactó en la cláusula que indica y que sólo ha cumplido con los términos del fideicomiso y que al exigírsele la devolución, la medida se constituye en una medida restitutoria y no conservadora. Dígasele que dadas las medidas precautorias que se emitieron por medio del auto de cuatro de abril del dos mil diecisiete, en las cuales se le ordenó retener los pagos que se recibieran a nombre de la concursada, por encima del fideicomiso y, por ende, se le impedía a la hoy ocursante entregar las cantidades a cualquiera otra persona, debido a ello no es verdad que el requerimiento para exhibir esas cantidades, carezca de legalidad o se aparte de la naturaleza de las medidas cautelares. Por otra parte, según lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, la suscrita como rectora del procedimiento, con independencia de que la concursada haya instaurado en contra de la promovente el juicio que aduce ello no impide que se cumpla con la exhibición de las cantidades solicitadas. Tampoco es procedente la petición que se hace en el punto cuatro, consistente en requerir a Coastal para los fines que indica, dado a que la supervivencia de la empresa como factor predominante en el objeto de los juicios concursales, deberá de estar sobre cualquier trato entre particulares (fideicomiso) y si bien se hizo mención al banco promovente como fiduciario, fue para que el orden administrador y financiero del fideicomiso sirviera para recibir los pagos y encausarlos a un mejor fin, pero al mostrar la contumacia de la fiduciaria promovente resulta necesario obtener tales ingresos del fondo de origen. Finalmente y en cuanto a la prórroga que indica en el punto cinco, se le concede un término de veinte días para que dé cumplimiento con la rendición de cuentas requerida por la suscrita, bajo el entendido de que subsiste el requerimiento decretado en autos. Sin perjuicio de lo anterior guárdense en el seguro del juzgado los documentos que al efecto exhibe." ".Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por (.), quien promueve en su carácter de apoderado de la comerciante (.), personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta y, en atención a su contenido, al efecto se provee: Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ... cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada (.), respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ... . Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada número I.3º.C.230 C (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Civil, publicada en la página 2736, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2012476, que es del tenor literal siguiente: 'FIDEICOMISO O CESIÓN DE DERECHOS. EN CASO DE CONCURSO MERCANTIL, LAS REMUNERACIONES FUTURAS DERIVADAS DE UN CONTRATO PRIVADO DE TRACTO SUCESIVO, A FIN DE GARANTIZAR O PAGAR UNA OBLIGACIÓN, NO PODRÁN CONTINUAR VIGENTES, DADO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS ACTIVOS FUTUROS ESTARÁN REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE RIGEN PARA EL CEDENTE O FIDEICOMITENTE.'. Bajo el percibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de (.), de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 1067 bis del Código de Comercio, de aplicación supletoria (sic) la Ley de Concursos Mercantiles. Asimismo, se requiere al conciliador designado en este concurso mercantil (.), para que una vez que tenga a disposición el pago requerido, cumpla de inmediato con el pago del impuesto al valor agregado, del arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes, por ser considerados como gastos de operación. Notifíquese." Contra dichas determinaciones se interpusieron sendos recursos de revocación, resueltos el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en sentencias engrosadas el doce de febrero de dos mil diecinueve. En el amparo en revisión ... el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó la protección constitucional concedida y negó el amparo, respecto de la ulterior determinación, en resolución dictada en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 7. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la juzgadora dictó la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que fue objeto de impugnación en segunda instancia (toca civil ... y sus acumulados ...), resuelto el seis de febrero de dos mil diecinueve. 8. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la juzgadora concursal dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos los escritos suscritos por (.) en su carácter de apoderado de la comerciante, personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido al efecto se provee: Con relación al escrito con número de registro 13382, tomando en consideración que en el juicio de amparo ..., promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante sentencia de catorce de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C. ...; asimismo, en el juicio de amparo ..., promovido por ...., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, mediante resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el R. C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó negar la suspensión definitiva; en consecuencia, la suscrita se encuentra en aptitud de continuar con la ejecución del auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese orden de ideas, gírese oficio a ..., para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, que en lo conducente dice: ".Tomando en consideración la reiterada conducta contumaz por parte de ..., para entregar las cantidades que le corresponden a la comerciante, respecto de los derechos de cobro como contraprestación al amparo del contrato de prestación de servicios, número ...cuyo objeto es la prestación del servicio integral de compresión para gas amargo con capacidad de 200 MMPCD instalado en la Plataforma Autoelevable (JACK-UP) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell, lo que ha generado un estado de insolvencia en las finanzas de la concursada para cumplir con los gastos necesarios para su subsistencia y en vista de que el objeto de la Ley de Concursos Mercantiles, es la conservación de las empresas en estado de crisis para lo cual el Estado tiene un interés preponderante y fundamental, como parte del interés público cuya observancia es conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de pago de las obligaciones ponga en riesgo su viabilidad, aunado a que conforme a las facultades concedidas a la suscrita por la referida ley para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir con el referido objeto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, como lo solicita la concursada, gírese atento oficio a Pemex Exploración y Producción, para el efecto de que sin rescindir el contrato por cuestiones inherentes al concurso mercantil en que se actúa, realice el desglose del porcentaje que le corresponde únicamente a la concursada Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del pago por sus servicios derivados del multireferido contrato y lo ponga a disposición del conciliador designado en este concurso mercantil (.), en el local de este órgano jurisdiccional a través de un billete de depósito, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, y la cantidad que resta la entregue como lo venía haciendo a ... . Lo anterior, para el efecto de que el conciliador con la cantidad consignada realice los pagos necesarios respecto de los gastos generalizados y administre el resto en uso de sus atribuciones concedidas en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que obste la existencia del fideicomiso de referencia dado el orden público de la Ley de Concursos Mercantiles, que prevalece sobre los intereses particulares." Ahora bien, atento a lo manifestado por el conciliador (.) mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de la presente anualidad, el pago que corresponde a la comerciante por concepto de "ingreso por compresión de gas amargo" correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecisiete es de USD$1,914,000.00 (un millón novecientos catorce mil dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado; y por el mes de diciembre de dos mil diecisiete, es de USD$1,977,700.00 (un millón novecientos setenta y siete mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor agregado, por lo que el total a pagar por los dos meses asciende a USD$3,891,700.00 (un millón (sic) ochocientos noventa y un mil setecientos dólares, moneda del curso legal de los Estados Unidos de América), más el impuesto al valor. Por otro lado, visto el escrito con número de registro 14261, dado que en el juicio de amparo 1164/2018-IV, promovido por ..., cuyo acto reclamado lo constituye el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la novena Región, determinó sobreseer en dicho juicio, la cual fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, médiate sentencia de uno de junio de la presente anualidad, dictada en el R.C.144/2018; en consecuencia, es procedente requerir a ..., el cumplimiento del auto de treinta de octubre del año próximo pasado, en tal virtud, previo a requerir dicho cumplimiento, requiérase al conciliador para que se pronuncie respecto al monto que deba exhibir dicha institución bancaria. Sin perjuicio de lo anterior, guárdese en el seguro del juzgado las documentales indicadas. (.)" Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocación declarado infundado en sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (engrosada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), que a su vez fue materia del juicio de amparo indirecto ... del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y posterior revisión R.C. ... del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que negó el amparo. 9. El seis de julio de dos mil dieciocho, el conciliador solicitó entregar a la comerciante USD$19´690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda en curso de los Estado Unidos de América), petición que motivó la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, doce de julio de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, se tiene por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el conciliador (.), personalidad que tiene reconocida en autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene al conciliador dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y al efecto informa el monto que ... debe devolver a la comerciante en atención a lo ordenado en auto de treinta de octubre del año inmediato anterior. Por tanto, requiérase a ..., para que de cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que en lo conducente señala: ".Bajo ese contexto, y al quedar clara la libertad de la fiduciaria para continuar con la normalidad del pago de los derechos de cobro que únicamente le corresponden de manera exclusiva a la comerciante como se venían haciendo antes del concurso, en consecuencia con fundamento en la sentencia de concurso mercantil emitida y en lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 26 de la Ley de Concursos Mercantiles y como lo solicita la comerciante a través de su escrito 20318, en el punto 28 requiérase a ... en su carácter de fiduciaria del contrato de fideicomiso para que entregue directamente a la comerciante ... los fondos que normalmente venía realizando hasta antes del concurso mercantil, pertenecientes exclusivamente a la referida concursada derivados del fideicomiso número CIB/2346 de once de septiembre de dos mil quince. (.) Bajo apercibimiento que de no informarlo en el término de cinco días, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio. Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y a fin de dar seguridad a los acreedores de que las cantidades liberadas a la comerciante serán aplicados correctamente, se requiere a ..., asistida por el conciliador (.), para que mes con mes informen, el flujo recibido por la institución fiduciaria, así como la aplicación de los mismos, apercibido (s) que de no hacerlo o que de los mismos se aprecie aplicación anormal de tales ingresos, se le impondrá a cada uno una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 MONEDA NACIONAL), conforme a la fracción II del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Ahora bien, en atención a lo señalado por el conciliador en el escrito que se provee, la cantidad que la institución bancaria señalada deberá devolver a la comerciante es de USD$19,690,785.40 (diecinueve millones seiscientos noventa mil setecientos ochenta y cinco dólares 40/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos de América) equivalente a $379,099,601.67 (trescientos setenta y nueve millones noventa y nueve mil seiscientos un pesos 67/100 moneda nacional), tomando el tipo de cambio que utilizó Pemex Exploración y Producción para pagar la contraprestación pactada en el contrato de prestación de servicios identificado con el número 422213801. Notifíquese." Dicha determinación fue objeto del recurso de revocación fallado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (engrosado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve), declarado infundado, analizado posteriormente en el amparo indirecto y revisión R.C. ..., donde el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, negó el amparo. 10. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió en definitiva el procedimiento especial de medidas cautelares previas al arbitraje, radicado con el índice ..., en cuyos puntos resolutivos se lee: "PRIMERO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo del concurso mercantil o la quiebra de ..., quien forma parte del consorcio que suscribió dicho contrato con el carácter de proveedor, o bien que con motivo de dicho contrato retenga o suspenda los pagos de dicho contrato de prestación de servicios. SEGUNDO. Se ordena a ... que se abstenga de rescindir, terminar, suspender o afectar de cualquier manera el cumplimiento o ejecución del contrato celebrado el 29 de agosto de 2013 identificado con el número (.) con motivo de la subcontratación por parte del representante común del consorcio (SISTEMAS INTEGRALES DE COMPRESIÓN) de un proveedor idóneo para sustituir a ..., en la prestación de los servicios relativos al complimiento de dicho contrato, debiendo realizarse la sustitución en acatamiento al contrato de prestación de servicios, salvaguardando la debida y probada experiencia, capacidad y cualidad del prestador del servicio y de sus subcontratistas. TERCERO. Se ratifica la autorización para que ..., indistintamente lleven a cabo los pagos relacionados a la PAE Agosto 12 respecto de las labores que correspondía realizar a ..., en términos del contrato de participación conjunta y del instrumento regulador del consorcio, ambos de fecha 19 de febrero del 2013, a efecto de que se cumplan las obligaciones de los contratos de fletamento a casco desnudo del 14 de octubre de 2013 y/o del contrato de servicios celebrado con ... el 29 de agosto de 2013 con número (.), debiendo compensarse los pagos en cuestión con los ingresos derivados del contrato de servicios que corresponderían a los remanentes o en su caso a los ingresos directos que correspondan a ... siempre y cuando dichos pagos correspondan a (1) Contribuciones fiscales; (2) Prestaciones laborales de los operarios y empleados de la plataforma y (3) Gastos de conservación, mantenimiento y operación ordinará de la plataforma. (.)" 11. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el entonces Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, dictó el fallo correspondiente al toca ... y sus acumulados, donde desaprobó el convenio presentado por la concursada con la mayoría de sus acreedores, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de conciliación, para el efecto de reconocer a ciertos acreedores y éstos pudieran considerarse en la propuesta del convenio concursal. Contra lo resuelto, ... interpuso juicio de amparo que tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (expediente ... y sus acumulados ...). El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Unitario concedió la suspensión definitiva para el efecto de mantener las cosas en el estado que guardaban y no seguir ejecutando la reposición. Para cumplir con la suspensión, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó mantener en el cargo de depositario a ..., otorgado desde el tres de junio de dos mil diecinueve. Contra lo resuelto en el fondo de la controversia, se dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO.- El Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (y por ende, este propio órgano auxiliar por asumir su competencia al resolver este asunto), CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer y resolver respecto de las ampliaciones de demanda por cuanto a los actos reclamados consistentes en el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (emitido en el concurso mercantil de origen), así como la omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, atribuidos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos, razones y para proceder en los términos expresados en la consideración PRIMERA de este fallo. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Coastal Energy Solutions, PTE. LTD, por los motivos y razones expuestos en la consideración NOVENA de la presente sentencia de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... y a ..., por su propio derecho, como acreedor reconocido y en su carácter de cesionario de ..., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la consideración SEXTA de esta sentencia, por los motivos, razones y para los efectos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. (.)" El último considerando del fallo, en lo conducente dice: ".Efectos de la protección constitucional. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: I. La autoridad responsable ordenadora (tribunal de apelación) deberá dejar insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. II. Hecho lo anterior, deberá emitir una resolución en la que analice de nueva cuenta los recursos de apelación hechos valer, empero, en esta ocasión, prescinda de sustentar su decisión judicial en el contenido de los artículos 166, 233 y 266 de la Ley de Concursos Mercantiles, al menos desde la visión adoptada en el fallo aquí examinado y, en su lugar, considere que para efectos de examinar la no aprobación del convenio concursal así como la declaratoria de quiebra de la empresa quejosa, no resulta menester contar con la sentencia ejecutoria que resuelva las apelaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, pues los derechos de esos acreedores impugnantes, una vez designados como acreedores reconocidos mediante sentencia ejecutoria, podrán ser ejercidos en la forma prevista en el artículo 143 de la propia norma concursal. Concesión que deberá hacerse extensiva a los actos reclamados atribuidos (por ambas quejosas) al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, evento que incluye el proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, materia de la ampliación de demanda de ..., en su carácter de acreedor reconocido y como cesionario de ...; lo anterior, dado que la ejecución del acto reclamado al Tribunal Unitario responsable, no deriva de una impugnación por vicios propios, por tanto, su inconstitucionalidad depende de aquél por el que se concedió el amparo.." Inconformes, se interpuso recurso de revisión radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente 405/2022, resuelto el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que confirmó la sentencia impugnada. 12. En el concurso mercantil se dictó la siguiente determinación: "En nueve de junio de dos mil veinte, se da cuenta a la Juez, con los escritos presentados por (.) registrados con el número 5526, 5539 y 5557. Conste. (.) Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veinte. Agréguense al cuaderno principal, los escritos de cuenta signados por (.) en su carácter de delegado fiduciario de ..., y (.) apoderado de la comerciante, personalidad que tienen debidamente reconocida en autos, en atención a su contenido se provee: Se tiene a la fiduciaria dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de ocho de mayo del año en curso, y al respecto se advierte que para llegar al monto de remanentes que aduce le corresponde a la comerciante, realiza una serie de descuentos, que indica son conforme al contrato de fideicomiso. Al respecto debe decirse que conforme a la cláusula octava, del contrato de fideicomiso CIB/2345, inciso B), subincisos a), b), c) y d), las partes acordaron el pago de: a) impuesto al valor agregado; b) honorarios fiduciarios; c) rentas del contrato de fletamento; y d) 11.11 % a la cuenta de gastos comunes. Ahora bien, mediante sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el R.C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, refirió lo siguiente: ". Sin embargo, a través del auto de 4 de abril, no solo se estableció una medida cautelar (se requirió a ... para que entregara el patrimonio de la comerciante), sino que también se hizo un pronunciamiento específico en cuanto a la pertinencia legal de alterar lo pactado en el fideicomiso (las normas del concurso priman por sobre las de un pacto particular de fideicomiso), concretamente por lo que ve a la distribución del numerario a favor de la comerciante. Si bien es verdad que la medida cautelar fue sustituida con el dictado de la declaratoria de concurso mercantil, no pasó lo mismo con la decisión de alterar lo pactado en el fideicomiso, pues tal pronunciamiento delimitó a futuro y mientras prosiguiera el juicio, la forma en que se interactuaría en el proceso con respecto del fideicomiso ...." De lo anterior, debe entenderse que la cesión de derechos y lo pactado en el fideicomiso sufren una afectación únicamente por lo que respecta a la comerciante, en la medida que el numerario que le corresponde a la comerciante debe regirse bajo las normas del derecho concursal. En ese orden de ideas, se estima que el pago del impuesto al valor agregado; honorarios, rentas del contrato de fletamento; y el 11.11 % a la cuenta de gastos comunes, deben considerarse como gasto de operación ordinaria, y la parte que corresponde a la comerciante, debe ser cubierta por ésta, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Concursos Mercantiles, que establece que es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios. Asimismo, la fiduciaria y las personas autorizadas para emitir las instrucciones de pagos de los rubros indicados en el presente proveído, deberán dar cumplimiento a las medidas dictadas en los presentes autos particularmente no pueden realizar el cobro de obligaciones vencidas antes de la admisión de la demanda y del dictado de la sentencia de concurso mercantil, dichas medidas fueron dictadas en el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y la sentencia de concurso mercantil, que en lo conducente el auto dice: ". Ahora bien, y dado que las suscrita como rectora del procedimiento del concurso mercantil en términos del artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, se encuentra con la facultad discrecional de dictar todas las medidas precautorias con fundamento en el artículo 25 de la ley en cita, a efecto de que los bienes que integran la masa no sean dilapidados, como medidas precautorias se prohíbe a la comerciante demandada realizar pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la demanda de concurso mercantil; asimismo, se decreta la suspensión de todo procedimiento de ejecución, de todo procedimiento contra los bienes y derechos que integran el activo fijo y circulante de la comerciante; también se prohíbe realizar operaciones de enajenación o gravamen de los bienes principales de su empresa; así como realizar transferencias de recursos o valores a favor de terceros, lo anterior, sin perjuicio de las operaciones ordinarias de las empresas y de las prestaciones que correspondan a los trabajadores, lo anterior con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de Concursos Mercantiles, apercibiéndose a la empresa de que se solicita el concurso mercantil que en caso de no cumplir las medidas precautorias señaladas con antelación, se decretará el arresto por veinticuatro horas en contra de los responsables de la administración de la negociación, lo anterior de conformidad en lo previsto en el artículo 269, fracción III, del ordenamiento legal antes referido." Y la sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete: ". DÉCIMO PRIMERO.- Se ordena al comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que comience a surtir efectos esta sentencia de concurso mercantil, salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, respecto de los cuales deberá informar a este juzgado dentro de las veinticuatro horas siguientes de efectuados". En ese orden de ideas, requiérase a ....; ...; .... y ..., por conducto de quien legalmente les represente, para que se abstengan de realizar el cobro de pagos vencidos con anterioridad a la admisión de la demanda de concurso mercantil, apercibidos que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 269, último párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, se dará parte al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia. Atento a lo anterior, requiérase a la comerciante para que manifieste si está conforme con los cálculos realizados por la fiduciaria, en el entendido que deberá tomar en consideración el descuento de los gastos considerados por este órgano jurisdiccional como gastos de operación ordinaria. Lo anterior es así, dado que mediante proveído de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se requirió al especialista (.) para que una vez que tuviera a disposición el pago requerido a ..., cumpliera de inmediato con el pago del Impuesto al Valor Agregado, arrendamiento de la plataforma y los impuestos correspondientes; sin embargo, una vez que la sindicatura recibió el pago del billete (.) no informó sobre el pago del arrendamiento de la plataforma, por lo que a efecto de no poner en riesgo la viabilidad de otras empresas, es necesario que antes de la entrega de recursos, sean descontados los gastos de operación ordinaria precisado en el presente proveído. Por otra parte, dado que del contrato de ..., su convenio modificatorio, así como del escrito de cuenta y anexos, se advierte que en términos de la cláusula octava, la facultada para emitir las instrucciones y facturar era ..., con el convenio modificatorio, la responsable de dichas acciones era ..., y del escrito de cuenta y anexos se advierte que las instrucciones fueron realizadas por ... y ...., y que además el sistema de pago de: a) impuesto al valor agregado; b) honorarios fiduciarios; c) renta del contrato de fletamento; y d) 11.11 % a la cuenta de gastos comunes, se encuentra sujeto a la cláusula octava, inciso B, del fideicomiso por lo que el cumplimiento o incumplimiento de dicho contrato no es materia del presente concurso mercantil, en términos del artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles, en tal virtud, queda expedito el derecho de la comerciante para que lo haga valer en la vía y forma que estime pertinente. Con independencia de lo anterior, a efecto de que los recursos no sean dispersados, requiérase a ..., para que exhiba un billete de depósito por la cantidad de $20´435,714.58 (veinte millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 58/100 moneda nacional), el cual será resguardado por este órgano jurisdiccional, hasta en tanto la comerciante se pronuncie respecto de dicha cantidad, se apercibe a la fiduciaria, que de no dar cumplimiento al presente proveído, se dará parte al Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269, último párrafo de la Ley de Concursos Mercantiles, dada la contumacia con que se ha conducido la institución bancaria referida. No pasa desapercibido para la suscrita, la manifestación de la fiduciaria en el sentido de que no le han entregado la instrucción para la entrega de recursos a la comerciante; sin embargo, tomando en consideración que la fiduciaria ya realizó el cálculo y que el contrato de fideicomiso debe ceder ante el orden público del concurso mercantil. Respecto de los escritos con número de registro 5539 y 5557, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Ahora bien, es necesario que este órgano jurisdiccional tenga una mayor información de la empresa, a efecto de proveer lo conducente, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, requiérase a ..., para que rinda los informes a que se refiere el artículo 59 del referido ordenamiento legal, en los formatos que para tal efecto emite el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, relativos al periodo de su gestión como depositario conforme al artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles, con los formatos que para tal efecto emite el citado instituto para la etapa de conciliación. No es óbice a lo anterior, el hecho de que actualmente, el presente asunto se encuentra en la etapa de conciliación, dado que el objetivo de que ..., rinda sus informes como síndico y depositario, es para conocer el estado de la empresa y la protección de la masa. En el entendido que los informes requeridos, deberán ser presentados en el local de este juzgado el día dieciséis de junio de la presente anualidad, en un horario de nueve a quince horas. Finalmente, tomando en consideración que los recursos que se requieren a la fiduciaria, son para que continúe en operación la empresa, a efecto de tener certeza de que la empresa sigue en operación, gírese atento oficio a ..., para que el efecto de que informe a este órgano jurisdiccional si la comerciante ..., ha operado de manera regular en la operación del contrato número (.) desde la fecha en que se declaró en quiebra (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho), hasta la fecha, asimismo, precise qué autoridad tiene el registro del personal autorizado por la comerciante para trabajar en la plataforma autoelevable (Jack Up) para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell." Inconforme, la quejosa, diversas personas jurídicas y una física, interpusieron recursos de revocación, fallados en sentencia de tres de marzo de dos mil veintitrés (engrosada el seis de marzo siguiente), para dejar el auto impugnado en los siguientes términos: "En nueve de junio de dos mil veinte, se da cuenta a la Juez, con los escritos presentados por Fernando Uriel López de Jesús y Ricardo Alfredo Silva Padilla, registrados con el número 5526, 5539 y 5557. Conste. Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veinte. Agréguense al cuaderno principal, los escritos de cuenta signados por ..., en su carácter de delegado fiduciario de ..., y ..., apoderado de la comerciante, personalidad que tienen debidamente reconocida en autos, en atención a su contenido se provee: Se tiene a la fiduciaria dando cumplimiento al requerimiento formulado por auto de ocho de mayo del año en curso, y al respecto se advierte que para llegar al monto de remanentes que aduce le corresponde a la comerciante, realiza una serie de descuentos, que indica son por instrucción de ..., así como los gastos que se establecen en la cláusula octava del contrato de fideicomiso. Ahora bien, mediante sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el R.C. ...., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil Circuito, refirió lo siguiente: "Sin embargo, a través del auto de 4 de abril, no solo se estableció una medida cautelar (se requirió a ...para que entregara el patrimonio del comerciante), sino que también se hizo un pronunciamiento específico en cuanto a la pertinencia legal de alterar lo pactado en el fideicomiso (las normas del concurso priman por sobre las de un pacto particular de fideicomiso), concretamente, por lo que ve a la distribución del numerario a favor de la comerciante. Si bien es verdad que la medida cautelar fue sustituida con el dictado de la declaratoria de concurso mercantil, no pasó lo mismo con la decisión de alterar lo pactado en el fideicomiso pues tal pronunciamiento delimitó a futuro y mientras prosiguiera el juicio, la forma en que se interactuaría en el proceso con respecto del fideicomiso..." De lo anterior, debe entenderse que la cesión de derechos y lo pactado en el fideicomiso sufren una afectación únicamente por lo que respecta a la comerciante, en la medida que el numerario que le corresponde a la comerciante debe regirse bajo las normas del derecho concursal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la fiduciaria realiza descuentos adicionales a los contenidos en la cláusula octava del contrato de fideicomiso, lo procedente es requerir a la fiduciaria para que en lo subsecuente no realice descuento alguno de la parte que le corresponde a la comerciante, es decir, no se realicen los descuentos de los gastos que le corresponden a la comerciante en términos de la cláusula octava del contrato de fideicomiso CIB/2346 (impuesto al valor agregado; honorarios fiduciarios; rentas del contrato de fletamento; y el 11.11% a la cuenta de gasto comunes) ni muchos menos otras deducciones no previstas en el referido contrato. En el entendido que, el gasto ordinario que se genere, deberá ser requerido directamente a la comerciante, quien tiene la administración y se encuentra obligada a cumplimentar los créditos indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del presente concurso mercantil, atento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción VIII en relación con el 75, ambos de la Ley de Concursos Mercantiles, bajo la estricta vigilancia y responsabilidad de conciliador. Con independencia de lo anterior, a efecto de que los recursos no sean dispersados, requiérase a ...., para que exhiba un billete de depósito por la cantidad de $20 435,714.58 (veinte millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos 58/100 moneda nacional). Se apercibe a la fiduciaria, que de no dar cumplimiento al presente proveído, se dará parte al Ministerio Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269, último párrafo, de la Ley de Concursos Mercantiles, dada la contumacia con que se ha conducido la institución bancaria referida. No pasa desapercibido para la suscrita, la manifestación de la fiduciaria en el sentido de que no le han entregado la instrucción para la entrega de recursos a la comerciante; sin embargo, se encuentra obligada en términos de la medida de cuatro de abril de dos mil diecisiete, pues la fiduciaria es la única legitimada para defender el patrimonio del fideicomiso. Respecto a los escritos con número de registro 5539 y 5557, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles, requiérase a ..., para que rinda los informes a que se refiere el artículo 59 del referido ordenamiento legal, en los formatos que para tal efecto emite el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, relativos al periodo de su gestión como síndico en el presente concurso mercantil; asimismo, y dado que funge como conciliador, deberá rendir informes bimestrales conforme al artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles, con los formatos que para tal efecto emite el citado instituto para la etapa de conciliación. No es óbice a lo anterior, el hecho de que actualmente el presente asunto se encuentra en la etapa de conciliación dado que el objetivo de que ..., rinda sus informes durante su gestión como síndico y conciliador, es para conocer el estado de la empresa y la protección de la masa. En el entendido que los informes requeridos, deberán ser presentados en el local de este juzgado el día dieciséis de junio de la presente anualidad, en un horario de nueve a quince horas. Finalmente, tomando en consideración que los recursos que se requieren a la fiduciaria, son para que continúe en operación la empresa, a efecto de tener certeza de que la empresa sigue en operación, gírese atento oficio ..., para el efecto de que informe a este órgano jurisdiccional si la comerciante ..., ha operado de manera regular en la ejecución del contrato número ..., desde la fecha en que se declaró en quiebra (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho), hasta la fecha; asimismo, precise que autoridad tiene el registro del personal autorizado por la comerciante para trabajar en la Plataforma Autoelevable (Jack Up) para Interconectarse a Instalaciones Marinas del Activo de Producción Cantarell, en el entendido que el desahogo del presente requerimiento, deberá presentarlo el día dieciséis de junio de la presente anualidad, en el local de este juzgado, en un horario de nueve a quince horas; en consecuencia, se apercibe a la referida dependencia, que de no dar cumplimiento al presente proveído, se le impondrá una multa equivalente a ciento veinte días unidad de medida y actualización de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269 fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles. Lo anterior es así, dado que la sindicatura no rindió los informes (sic) previstos en el artículo 59 de la Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de conocer las condiciones de la comerciante. Guárdese en el seguro del juzgado los documentos exhibidos. Notifíquese personalmente a la comerciante; la fiduciaria; ... . (.)" 13. Previa intervención de la comerciante, el siete de octubre de dos mil veintiuno, en lo conducente la juzgadora ordenó dejar a disposición de la concursada el billete exhibido por ..., por $86´382,482.59 (ochenta y seis millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 59/100 moneda nacional). También, se requirió a la concursada para cumplir con la orden de suspender acuerdos contraídos previo a la sentencia de concurso mercantil, así como al auto de nueve de junio de dos mil veinte que la sujetó a pagar la parte proporcional de los gastos de operación ordinaria. 14. Con motivo de la justificación de los pagos de operación ordinaria, efectuados por la concursada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la juzgadora de origen emitió la siguiente determinación: "En siete de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con los escritos registrados con el número 2465 y 2466. Conste. Ciudad de México, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno principal los escritos presentados por (.) apoderado de ..., y (.) apoderado de ..., personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos, y atento a su contenido se provee: Se tiene a los promoventes informando los gastos realizados el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia de veintiocho de julio de dos mil diecisiete. (.)" 15. Sobre la anterior determinación la quejosa formuló manifestaciones, a las cuales recayó la siguiente determinación: "En veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el escrito registrado con el número 4034. Conste. Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese al cuaderno principal el escrito presentado por (.) apoderado de ..., personalidad que tiene debidamente acreditada en los presentes autos, y, atento a su contenido se provee: No ha lugar a tener por hechas las manifestaciones que vierte, en virtud de que no es parte en el presente concurso mercantil, y la fiduciaria es la única legitimada para defender el patrimonio del fideicomiso. (.)" Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revocación declarado infundado el siete de marzo de dos mil veintitrés, bajo las siguientes consideraciones: "(.) En efecto, la intervención del recurrente se motiva por el contenido del proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés (recaído a las promociones 2465 y 2466), en el que tuvo a la comerciante y el conciliador, informando los gastos realizados el día treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, entre los que destacan el pago de $55´765,975.91 (cincuenta y cinco millones setecientos sesenta y cinco mil novecientos setenta y cinco pesos 91/100 moneda nacional), a ..., por lo que mediante escrito con registro 4034, el hoy recurrente pretende imponerse de dicho gasto, sin embargo, las actuaciones de ..., solo pueden afectar a la masa concursal de la que depende el pago de los acreedores, al especialista y a la comerciante, por lo que el recurrente, al ser fideicomisario dentro del contrato de fideicomiso ..., y no ser acreedor en el concurso, no tiene legitimación para impugnar la legalidad de las actuaciones en el presente concurso mercantil, pues las cuestiones procesales solo atañen a las partes reconocidas en el presente concurso mercantil, de ahí que carece de legitimación para impugnar el auto de mérito. No pasa desapercibido para la suscrita que el promovente pretende hacer valer su legitimación, deriva de su derecho al cobro de la renta, empero, están a salvo sus derechos para realizar el cobro que realmente le corresponda directamente a la comerciante, quien tiene la administración de la empresa. Finalmente, cabe señalar que si bien es cierto, se promovió un incidente de restitución a la masa por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos, Tramos, Construcciones Federal y Conexos de la República Mexicana, en contra de la hoy recurrente, empero, dicha incidencia aún no se resuelve, por lo que no se determina si le corresponde no ese derecho. (.)" Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Consideración preliminar. Constituye un hecho notorio que a partir del conocimiento de las actuaciones judiciales emitidas en el concurso mercantil ... por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, amén de su impugnación constitucional como actos reclamados, el suscrito ha emitido sentencias donde consideró en parte actualizada la posibilidad de un estudio de fondo, o bien, la improcedencia, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas. La postura adoptada hasta entonces, ha sido orientada conjugando la revisión casuística, bajo las condiciones, circunstancias y términos de cada acto de autoridad, donde predominó la posición de las partes recurrentes señaladas y los derechos que el concurso mercantil ha buscado hacer prevalecer. Desde luego, de modo alguno implica una contradicción orgánica sino el reconocimiento implícito de las condiciones de cada asunto, pues la materia de la queja ha involucrado aspectos procesales, o bien, el capital vinculado al concurso mercantil. Como de ello da cuenta la parte considerativa de cada sentencia que informa de los fundamentos, argumentos y condiciones que han permitido optar por una u otra solución, aunque no se hubiere manifestado expresamente. Esas circunstancias han sido matizadas en algún grado por precedentes afines al criterio propio, generados y discutidos en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio argumentativo e interpretativo incluso ha sido invocado únicamente como respaldo de las posiciones que en concepto de esta autoridad constitucional, tienen aplicación. Indefectiblemente, el juzgamiento efectuado desde luego se justifica en la plenitud judicial que permite la inexistencia de criterio obligatorio sobre la diversidad de los temas abordados, que deja abierta la posibilidad de justificar argumentativamente, de las premisas a la conclusión, el criterio abordado en cada fallo. Contexto de circunstancias que tampoco ha sido ajeno a los procesos conexos, que han derivado en conclusiones encontradas en puntos específicos por parte de órganos constitucionales, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito. En lo particular, los temas atinentes al flujo de capital relacionado al concurso mercantil de origen, ya sea requerimientos de pago, órdenes de entrega, identificación de beneficiarios o mecanismos preparatorios para esos fines, que han sido reclamados como actos de autoridad, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la empresa fiduciaria involucradas, han sido abordados bajo la óptica del sobreseimiento según las circunstancias señaladas. Empero, en concepto de este juzgador constitucional, esa metodología ha resultado limitada para explicar los derechos inmersos, desarrollar el funcionamiento del concurso mercantil, su interacción con el fideicomiso involucrado y justificar plenamente el criterio adoptado. De ello se sigue apartarse de los precedentes y sistemática procesal empleada (que derivó en el criterio del sobreseimiento), para adoptar una forma diversa de abordar el estudio del tema señalado o quizá posteriores, para los casos donde la acción constitucional no involucre como parte quejosa a la comerciante o fiduciaria. Lo cual de modo alguno implica obviar la técnica del juicio de amparo en general merced de soslayar las reglas de procedencia, dado que las causales de improcedencia son normas de excepción a la conformación del juicio, de interpretación estricta y por ende operan dentro del ámbito de aspectos que palpablemente son claros e indiscutibles y por sí solos tienen una justificación, de una forma tal clara y evidente que no exista duda respecto de su actualización, y por ende tampoco requiere ni demanda una argumentación extensa, consistente, ni exige valorar pruebas más allá de lo evidente. De seguir recurriendo a esa argumentaciones, se reduce el margen de explicación que ameritan los temas planteados en torno al capital administrado, involucra a la comerciante, vincula al concurso mercantil y las relaciones comerciales conexas indirectamente, cuya demanda de revisión se ha señalado, cuando la parte quejosa no es la comerciante o la fiduciaria involucradas, conforme a la figura de la legitimación, el interés jurídico y si de su conjugación deviene una afectación a los propios derechos patrimoniales, al margen de éstas últimas. En armonía con esas premisas, aun cuando pudiera resultar innecesario, se informa el abandono de la metodología empleada y la adopción del estudio de fondo para resolver según el caso lo amerite, sobre el capital vinculado al concurso mercantil, como se dijo, para desarrollar y analizar de forma exhaustiva y precisa los puntos de la litis, conforme a las figuras indicadas. Esta prospección rebasa funcionalmente el ámbito de la improcedencia, por cuanto a la necesidad de explicar diversas premisas para contestar las cuestiones que integran la litis, y descarta prima facie la grada de exposición que en su caso justificaría acudir a esta última, en casos análogos. Precisión que no tiene la finalidad de legitimar decisiones subsecuentes, sino explicar que no solo la comerciante y fiduciaria, deben obtener una respuesta "de fondo", en la dimensión que ameritan las figuras generadas más allá de lo evidente. Esto es, una respuesta fundada y motivada que concluya si se tiene o no razón, al margen de acoger afinidad con la conclusión que sentencia sus recursos, pues tiene a su favor la prerrogativa constitucional de conocer las razones que en concepto de la autoridad conducen el iter discursivo de las premisas al resultado. Tal circunstancia es necesaria para depurar los temas procesales que han distendido contradicciones en la apreciación judicial, e impulsar criterios que a su vez faciliten a las partes el entendimiento definitivo del funcionamiento de las figuras jurídicas, conforme a las cuales opera el concurso mercantil en los puntos señalados. Además, de ese modo se podrán establecer los términos y condiciones bajo las cuales las partes como en este caso la quejosa, pueden intervenir, así como los aspectos que en concepto de este juzgador sucesivamente ya deben quedar firmes, y en ese sentido, limitar al menos formalmente el margen de error o impugnación. Asimismo, la decisión adoptada es idónea porque genera un mecanismo asertivo que acelerara en alguna medida la resolución del proceso concursal en general, pues al analizar la controversia de fondo permitirá que las partes en definitiva cuenten con los elementos suficientes para identificar las consideraciones conforme a las cuales deben interactuar procesalmente. Por ello, el análisis orientado por los conceptos de violación enfatizara la técnica y sistemática interpretativa de los principios, que rigen en el concurso mercantil de los cuales se sigue la aplicación de las razones prácticas en los temas señalados, que involucran tanto aspectos sustantivos por ejemplo el flujo de capital, como adjetivos atinentes a la intervención en el desarrollo de la secuela concursal. Aspecto que a juicio del resolutor tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues de esa forma las partes ya sabrán que esperar del proceso. Importa subrayar que el criterio adoptado de modo alguno supedita las causales de improcedencia ni genera reglas novedosas en torno a ellas, pues en caso de presentarse, como ha sucedido en determinados casos que también se tienen a la vista como hecho notorio, se emitirá el pronunciamiento de improcedencia o sobreseimiento según corresponda, bajo las condiciones apuntadas. También deben considerarse los efectos y consecuencias que pueden seguirse, cuando la parte quejosa es quien promueve o prepara el acto reclamado mediante la interposición del recurso ordinario que lo precede, la determinación recurrida o ambas. Esto es, en el proceso el medio de impugnación obtuvo una respuesta general, que con independencia de su contenido o extensión, es un reconocimiento implícito de la posibilidad procesal de promover en el expediente, para hacer valer una acción, excepciones, defensas, alegar contra las consideraciones que componen la controversia incluso exponer posiciones impeditivas, extintivas o modificativas de los derechos en pugna, bajo la expectativa de verse afectados por tener la titularidad de las prerrogativas donde se alega. De carecer del derecho a obtener la posición sustentada por la juzgadora federal señalada como autoridad responsable, el medio de impugnación hubiere sido desechado de plano, procesalmente ese hubiere sido el resultado y eso sería el objeto de la demanda de amparo. Empero, en este caso el mero hecho de haber promovido el recurso o preparado en alguna medida el acto reclamado, hace que la quejosa sea receptora del acto recamado y tiene el interés y derecho a una decisión judicial conforme a la Constitución Federal, que exponga los argumentos que conducen la conclusión, pues el afirmarla únicamente se traduce en una posición dogmática que por sí sola ameritaría la protección constitucional, en caso de existir materia suficiente para ello. Por ello, se insiste, en casos análogos al presente y siguiendo las reglas fijadas en este apartado, por lo general debe analizarse "de fondo" la causa de pedir expresada en los conceptos de violación. Sexto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En concepto de la parte tercera interesada el juicio de amparo es improcedente en términos de las fracciones XII y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa carece de legitimación para defender recursos en el concurso mercantil, que implica carecer de interés jurídico, lo que ha sido cosa juzgada en diversos asuntos. Es inviable la improcedencia alegada en primer término, como de ello da cuenta el recurso de queja Q.C. ..., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, declarado infundado durante la tramitación del presente asunto. En tanto que la diversa causal se sostiene que la acción es improcedente porque el acto reclamado obvia que la única legitimada para defender el capital es la fiduciaria, conforme a diversas determinaciones judiciales. Empero, los planteamientos reiteran aunque de diferente forma, la alegación sobre la defensa de los recursos, su titularidad, la forma de dispersarlos y el derecho al cobro, y esos aspectos son temas de fondo, que rebasan el ámbito de la improcedencia. Al no existir diversa causa que impida analizar la controversia, invocada por las partes o advertida de oficio, procede revisar la constitucionalidad del acto reclamado. Séptimo. Conceptos de violación. 1. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 1, 7, 43 y 75 de la Ley de Concursos Mercantiles y 1077 del Código de Comercio. La quejosa tiene legitimación para defender el derecho a recibir la renta de la plataforma Agosto 12, y que la comerciante pague los gastos de operación ordinaria, pues esa es la finalidad de los recursos entregados. Los rubros que justifican la dispersión de fondos no están contemplados como gastos de operación, tampoco se ha pagado la manutención del artefacto naval, que afecta por ser una empresa vinculada comercialmente a la concursada e incumple la verificación de gastos efectuados. 2. El acto reclamado incide en los derechos al cobro de la renta que hace cuatro años la concursada cubre, y solo se solicitó verificar la erogación reportada para ARDICA, bajo el rubro de pago de la participación conjunta del contrato PEP, como gasto ordinario de operación. 3. La quejosa no pretendió actuar como acreedor reconocido, sino por el sinnúmero de resoluciones violatorias de derechos humanos, en contravención al derecho de propiedad, que legitima para alegar. Lo resuelto deja sin efectos el contrato de fletamento sin audiencia previa, y la legitimación de la recurrente tiene fundamento en el artículo 1 de la ley concursal. Los conceptos de violación son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional, porque el acto reclamado está incorrectamente fundado y motivado. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Ahora, asiste razón a la inconforme porque el acto reclamado no resuelve el problema jurídico planteado en el recurso que lo precedió, y hace que la posición de la juzgadora responsable resulte injustificada e incongruente. En efecto, la recurrente ahora quejosa sostuvo la ilegalidad de la determinación objetada por contradecir el auto de nueve de junio de dos mil veinte, que bajo su concepto e interpretación, la comerciante debe pagar la parte proporcional de la renta del artefacto naval Agosto 12. Además, que tal reclamo se basa en el derecho de propiedad de la plataforma petrolera, porque el pago de la "renta" fue reconocido en el concurso como gasto de operación ordinaria, a cargo de la concursada, que no lo realizó a pesar de haber recibido recursos para esos fines. Que el fundamento del reclamo de recursos, es la justificación de pagos aportada por la comerciante, como parte de las obligaciones que le impuso el concurso. De ello, especificó no reclamar recursos fideicomitidos, sino litigar fondos e información entregados (por el fiduciario) y en posesión de la concursada, a quien la juzgadora le impuso la carga de pagar los gastos de operación ordinaria, en concreto, la "renta". Lo cual, en concepto de la impetrante, le otorga legitimación para oponerse a las alegaciones justificatorias de la concursada, sobre los gastos efectuados, y reclamar el cobro proporcional de la renta por ser propietaria de la plataforma Agosto 12, que constituye la posibilidad de solicitar aclarar los pagos efectuados, por condicionar la obtención de recursos propios, que tienen el mismo estatus y prioridad. Acorde a esos agravios, la quejosa planteó obtener de la concursada el pago proporcional de la renta del artefacto naval Agosto 12, de una fuente diversa a la intermediación de la fiduciaria, esto es, la orden y mecanismo de reparto fijado por la juzgadora en el proveído de nueve de junio de dos mil veinte. Determinación que acorde a la interpretación sugerida por la impetrante, impuso a la concursada la obligación directa de pagar con sus propios recursos, la parte proporcional de la renta bajo el concepto de gasto ordinario de operación, con descuento de los fondos que le fueren entregados. Bajo esa óptica, la causa de pedir expuesta no recurre a los mecanismos de reparto ni a la distribución del capital, que se deben efectuar al aplicar las reglas el fideicomiso CIB/2346, al captar recursos de Pemex Exploración y Producción. Esto es, la quejosa no objetó los recursos que la fiduciaria debe escindir, administrar, gestionar y defender, para pagar los gastos comunes y garantizar que la comerciante y las demás partes, reciban únicamente lo que les corresponde. Por el contrario, se cuestionaron los fondos que ya fueron entregados a la concursada, dejados a su cargo, administración y la obligan a pagar con ellos la renta, por habérsele trasladado tal deber por la propia juzgadora en la determinación de nueve de junio de dos mil veinte. En tal orden de ideas, debe distinguirse que la impetrante no reclamó capital proveniente directamente de la intermediación fiduciaria, que solo ésta tiene legitimidad para defender, sino del entregado y gastado por la comerciante. Siendo así, en caso de ser destinataria del pago proporcional de la renta del artefacto naval Agosto 12, la quejosa tendría interés en objetar las cuentas ofrecidas por la obligada a pagarla. Además, la inconforme no recurrió a la obligación fiduciaria de aplicar las reglas del contrato de fideicomiso, para garantizar el pago de los gastos ordinarios de operación, que es previa a entregar recursos a los beneficiarios. El fundamento de la inconforme fue el deber asignado judicial y directamente a la concursada, y en esa lógica, cabe diferenciar que las obligaciones se exigen únicamente a la concursada, en un ámbito donde el concurso mercantil y sus partes, ya no tendrían injerencia. De donde se siegue que la autoridad judicial en realidad debe analizar el recurso de revocación, para dilucidar si las cargas exigidas están dentro del ámbito de obligaciones de la concursada y si ésta debe entregar recursos, de los obtenidos por el fideicomiso, para pagar a la quejosa una parte proporcional de la renta del artefacto naval Agosto 12. Ante ese panorama el acto reclamado es injustificado porque la quejosa no estaría buscando incidir en derechos, recursos o prerrogativas de las partes formales del concurso mercantil, como se resolvió, sino de aprovechamientos entregados y/o adjudicados bajo la titularidad de la concursada, que posteriormente dispersó, lo cual descartaría afectaciones al concurso mercantil. Incluso, el acto reclamado reconoce implícitamente a la quejosa la vigencia del derecho al cobro de la renta, a cargo de la comerciante, lo cual respalda que el caso planteado presenta condiciones que no involucran a las partes formales del concurso mercantil, al menos directamente. La argumentación del acto reclamado incluso conllevaría una contradicción, al reconocer la facultad de apremiar el cobro de diferencias sobre las rentas eventualmente adeudadas, y negar la posibilidad de solventarlas de la misma fuente de recursos que generaron la disputa, que es el origen de capital de donde se debe pagar. Pues esa posición confirmaría que la determinación judicial de nueve de junio de dos mil veinte, fijó la obligación exigida por la quejosa del concurso mercantil y trasladó una obligación específica de pago a la comerciante, y su desconocimiento o inejecución conllevarían incumplir las propias determinaciones de la juzgadora concursal. Lo cual implicaría que no es la fiduciaria quien habría de hacer frente a dicho pago, pues a ella ya no pertenece el patrimonio fideicomitido con el cual debe solventarse aquel y que fue constituido previamente con los pagos hechos para el consorcio empresarial, donde es parte la quejosa. En tal sentido adquiere relevancia aclarar los puntos señalados que fueron sugeridos por la quejosa en el recurso de revocación, máxime que la quejosa Coastal Energy Solutions Pte. Ltd, tiene derecho al cobro de renta en las cláusulas primera y octava del contrato de fideicomiso CIB/2346, que es la fuente indirecta de los recursos para pagar ese rubro. Derecho que la empresa quejosa vería afectado de forma indirecta, porque los términos del acto reclamado tendrían el efecto de nulificar la apuntada prerrogativa, sin ser parte del concurso mercantil, y aun así, negar el derecho recurriendo a las reglas de éste. En suma, la participación de la impetrante sería la de un tercero afectado en un derecho de fuente contractual, por el aparente incumplimiento a una obligación emitida en el concurso mercantil, que no está condicionado prima facie por ese proceso, dado que las medidas emitidas al respecto, únicamente deben relacionar a la concursada. Por otra parte, el acto reclamado es incongruente de forma interna porque la autoridad responsable generó consecuencias jurídicas, bajo la revisión de una determinación judicial que formalmente ya no existía, por haber sido modificada por un recurso vertical. Lo anterior porque el fallo cuestionado se dictó (siete de marzo de dos mil veintitrés), en una fecha posterior a la resolución del recurso de revocación interpuesto contra el auto de nueve de junio de dos mil veinte (sentencia engrosada el seis de marzo de dos mil veintitrés), que modificó la determinación recurrida. Lo cual por sí solo modificaba el entendimiento del mecanismo de reparto y pago de los gastos ordinarios de operación, a cargo de la comerciante una vez que se le entregara capital, cuya interpretación es materia precisamente del recurso analizado en el acto reclamado. Lo cual tiene plena relevancia, porque los términos iniciales del acuerdo de nueve de junio de dos mil veinte, fundan la petición original presentada por la quejosa y atendida en primer lugar, y al resolver la autoridad judicial responsable no consideró que ese antecedente ya había sido modificado, pues el acto reclamado no informa de la consideración de tal hecho. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/19 C (10a.), del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2010431, de la Décima Época, que dice: "CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Quien reclama en un juicio de amparo indirecto la afectación resultante de la notificación que le fue practicada sobre medidas precautorias adoptadas en un concurso mercantil, no tiene la calidad de persona extraña a juicio y, por tanto, no está eximido de interponer el recurso ordinario procedente antes de promover dicho juicio constitucional. Esto se debe a que el concurso mercantil es un proceso judicial especial y complejo; especial porque fue previsto para componer la particular situación en que se halla el comerciante que ha incurrido en incumplimiento generalizado de obligaciones; y complejo porque así admite ser visto desde los puntos de vista objetivo y subjetivo. Lo primero porque en su trámite se realizan las más diversas actividades, tanto por su naturaleza, como por sus interferencias; lo segundo porque además de la actuación de los órganos jurisdiccionales, también participan activamente entes auxiliares de la jurisdicción, por ejemplo, el Ministerio Público, el visitador, el conciliador, el síndico, los interventores, etcétera. Por esa complejidad, en el concurso mercantil es posible advertir que dentro de él se dan varios tipos de procesos, como el de conocimiento o de declaración de derecho, el de condena o de prestación, el ejecutivo o de realización coactiva, así como el cautelar, en el entendido de que todos ellos son instrumentales. Esto es, la complejidad del concurso mercantil da lugar a que para determinar la calidad de un sujeto respecto de tal proceso universal sea insuficiente hacerla sobre la base de los elementos personales que actúan en un juicio de cognición (actor, demandado, tercero), sino que deben tenerse siempre en cuenta factores tales como la clase de proceso, la finalidad del acto procesal emitido, la clase de vínculo que éste sea susceptible de generar, etcétera. Centrada la atención en las providencias precautorias, la complejidad indicada no disminuye, sino que, por el contrario, aumenta, debido a la gran variedad de ellas y a la finalidad que se pretende obtener con su adopción; de ahí que para dilucidar un punto específico, al realizar el análisis respectivo, la medida cautelar debe examinarse individualmente y sin perder de vista que se trata de un proceso concreto inmerso en otro sumamente complejo, como lo es el concurso mercantil. En la específica providencia precautoria, en la que se notifica a un gobernado que el bien o derecho comprendido en su esfera jurídica deja de estarlo, porque debido a la adopción de la medida cautelar en un concurso mercantil es menester asegurarlo, para proteger la masa y los derechos de los acreedores (en términos del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles) ocurre lo siguiente: Aquí es posible advertir un sujeto que pretende (el solicitante de la providencia, en la hipótesis de que no haya sido el juez del concurso quien la haya decretado de oficio con fundamento en el segundo párrafo del precepto invocado) y el sujeto contra el que se dirige la medida cautelar, que es contra quien se pretende. Como se ve, la situación del afectado es similar a la del demandado en un juicio de cognición; sin embargo, hay que tener presente que no se está ante esta clase de juicio, sino en uno de naturaleza cautelar, el cual tiene características propias y diferentes a otros procesos. Sin embargo, lo que queda claro es que ese afectado no es el tercero que en ocasiones participa en el juicio de cognición, porque en primer lugar, se insiste, no se está en esta clase de juicio, sino en uno cautelar y, en segundo, mal se haría en tomar como referencia el concurso mercantil y afirmar que se trata de un tercero respecto de ese concurso, porque ya se vio que éste es un juicio especial complejo en el que participan tanto gobernados como múltiples órganos auxiliares de la jurisdicción y que, por otra parte, en el concurso mercantil pueden comprenderse varias clases de procesos, esto sin contar las múltiples y variadas actividades que se realizan, diversas por su naturaleza y por sus interferencias. Sería erróneo proceder de esa manera, ya que hacerlo implicaría equiparar a la parte con el todo, cuando es notorio que por ser diferentes no debe incurrirse en tal equiparación. Todo esto lleva a considerar, que con la adopción de la providencia precautoria y su notificación al afectado, el juzgador vincula a este último en el procedimiento cautelar como parte, por ser el sujeto contra quien se pretende. Por la calidad de sujeto pasivo de dicha providencia precautoria y por la vinculación de ese mandato legítimo de autoridad, es patente que el afectado de la medida cautelar no es extraño a juicio, sino parte. Como consecuencia, si es parte, el juicio de amparo indirecto no debe promoverlo como persona extraña a juicio, sino que debe hacerlo en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Por tanto, procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el juzgador responsable: Deje insubsistente la determinación judicial reclamada. En su lugar, emita otra donde reasuma sus facultades decisorias y atienda los agravios planteados en el recurso de revocación, y cumpla con el principio de congruencia interna, conforme a esta sentencia. Atento a lo anterior, es innecesario atender los conceptos de violación restantes, pues el estudiado es suficiente para conceder el amparo demandado, conforme a la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Número 107, página 85, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La justicia de la Unión ampara y protege a moral ..., por conducto de su representación legal, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy cuatro de enero de dos mil veinticuatro, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las once horas del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 368/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) El emplazamiento de la parte..., y el apersonamiento de ..., ambas sociedades anónimas de capital variable; B) El oficio donde la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional. Al efecto, se acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas aludidas, al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos, en el que la parte quejosa y la tercera ..., los formularon y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que, se cierra el presente periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia, que firman el Juez en unión del Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que acompaña un legajos de copias certificadas y un testimonio de la resolución mediante la cual declaró INFUNDADO el recurso hecho valer contra el proveído de diez de abril de dos mil veintitrés. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, puesto que existe un recurso de queja pendiente de resolverse. En consecuencia, y para evitar el dictado de resoluciones que pudieran ser contradictorias -dado que tiene injerencia en la procedencia de uno de los amparos que integran el presente asunto-, se difiere la audiencia programada para hoy y se fijan las ONCE HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarle oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarle por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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