Coastal Energy Solutions Pte. Ltd
Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Coastal Energy Solutions Pte. Ltd
Actuaciones
- Principal
Agréguese el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso electrónico de ... apoderado de la moral ....; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como la impresión y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CITATORIO: se notifica por medio de lista a la moral quejosa... el contenido del auto de fecha 20 de julio de 2022, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo que promueve **** apoderado de la moral ****., personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que acompaña ; contra un acto de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 768/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda y sus anexos se advierte que la moral quejosa reclama la determinación de cinco de julio del año en curso, emitida en el concurso mercantil **** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, donde se requirió a **** para que en el término de quince días acreditara haber restituido a **** en la plataforma petrolera con la finalidad de cumplir con el contrato de prestación de servicios ****. III. El juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo El numeral citado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características de acto reclamado, las partes vinculadas y el estado procesal del juicio natural, no se actualizan, pues de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza la parte quejosa, se advierte que ha participado en el proceso concursal de origen, además, es un hecho notorio para este órgano que la propia quejosa ha instado el recurso de revocación en dicho asunto, se le ha contestado su impugnación; e incluso contra diversas determinaciones que han recaído a sus medios de impugnación, la propia quejosa ha acudido a la instancia constitucional -amparos 623/2021, 998/2021, acumulado al 997/2021 de este índice, que a modo enunciativo se enlistan para demostrar lo afirmado-, por lo que tiene pleno conocimiento del proceso y su estado actual. Por ello, se concluye que la impetrante de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de revocación en términos de los artículos 268 de la Ley de Concursos Mercantiles, en relación al numeral 1334 del Código de Comercio, de aplicación supletoria a la primera, que disponen: "Artículo 268. Cuando esta Ley no prevea el recurso de apelación procederá la revocación, que se tramitará conforme a las disposiciones del Código de Comercio." "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Como se aprecia de los preceptos legales transcritos, la revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acuerdo reclamado, y obtener su confirmación, revocación o modificación. Entonces, al no haberse agotado éste, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Se cita al respecto, la jurisprudencia PC.I.C. J/19 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CONCURSO MERCANTIL. EL AFECTADO DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN BIENES O DERECHOS CON LA NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA PRECAUTORIA ADOPTADA EN ESE PROCESO, NO TIENE LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO Y, POR TANTO, PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA DEBE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Quien reclama en un juicio de amparo indirecto la afectación resultante de la notificación que le fue practicada sobre medidas precautorias adoptadas en un concurso mercantil, no tiene la calidad de persona extraña a juicio y, por tanto, no está eximido de interponer el recurso ordinario procedente antes de promover dicho juicio constitucional. Esto se debe a que el concurso mercantil es un proceso judicial especial y complejo; especial porque fue previsto para componer la particular situación en que se halla el comerciante que ha incurrido en incumplimiento generalizado de obligaciones; y complejo porque así admite ser visto desde los puntos de vista objetivo y subjetivo. Lo primero porque en su trámite se realizan las más diversas actividades, tanto por su naturaleza, como por sus interferencias; lo segundo porque además de la actuación de los órganos jurisdiccionales, también participan activamente entes auxiliares de la jurisdicción, por ejemplo, el Ministerio Público, el visitador, el conciliador, el síndico, los interventores, etcétera. Por esa complejidad, en el concurso mercantil es posible advertir que dentro de él se dan varios tipos de procesos, como el de conocimiento o de declaración de derecho, el de condena o de prestación, el ejecutivo o de realización coactiva, así como el cautelar, en el entendido de que todos ellos son instrumentales. Esto es, la complejidad del concurso mercantil da lugar a que para determinar la calidad de un sujeto respecto de tal proceso universal sea insuficiente hacerla sobre la base de los elementos personales que actúan en un juicio de cognición (actor, demandado, tercero), sino que deben tenerse siempre en cuenta factores tales como la clase de proceso, la finalidad del acto procesal emitido, la clase de vínculo que éste sea susceptible de generar, etcétera. Centrada la atención en las providencias precautorias, la complejidad indicada no disminuye, sino que, por el contrario, aumenta, debido a la gran variedad de ellas y a la finalidad que se pretende obtener con su adopción; de ahí que para dilucidar un punto específico, al realizar el análisis respectivo, la medida cautelar debe examinarse individualmente y sin perder de vista que se trata de un proceso concreto inmerso en otro sumamente complejo, como lo es el concurso mercantil. En la específica providencia precautoria, en la que se notifica a un gobernado que el bien o derecho comprendido en su esfera jurídica deja de estarlo, porque debido a la adopción de la medida cautelar en un concurso mercantil es menester asegurarlo, para proteger la masa y los derechos de los acreedores (en términos del artículo 37 de la Ley de Concursos Mercantiles) ocurre lo siguiente: Aquí es posible advertir un sujeto que pretende (el solicitante de la providencia, en la hipótesis de que no haya sido el juez del concurso quien la haya decretado de oficio con fundamento en el segundo párrafo del precepto invocado) y el sujeto contra el que se dirige la medida cautelar, que es contra quien se pretende. Como se ve, la situación del afectado es similar a la del demandado en un juicio de cognición; sin embargo, hay que tener presente que no se está ante esta clase de juicio, sino en uno de naturaleza cautelar, el cual tiene características propias y diferentes a otros procesos. Sin embargo, lo que queda claro es que ese afectado no es el tercero que en ocasiones participa en el juicio de cognición, porque en primer lugar, se insiste, no se está en esta clase de juicio, sino en uno cautelar y, en segundo, mal se haría en tomar como referencia el concurso mercantil y afirmar que se trata de un tercero respecto de ese concurso, porque ya se vio que éste es un juicio especial complejo en el que participan tanto gobernados como múltiples órganos auxiliares de la jurisdicción y que, por otra parte, en el concurso mercantil pueden comprenderse varias clases de procesos, esto sin contar las múltiples y variadas actividades que se realizan, diversas por su naturaleza y por sus interferencias. Sería erróneo proceder de esa manera, ya que hacerlo implicaría equiparar a la parte con el todo, cuando es notorio que por ser diferentes no debe incurrirse en tal equiparación. Todo esto lleva a considerar, que con la adopción de la providencia precautoria y su notificación al afectado, el juzgador vincula a este último en el procedimiento cautelar como parte, por ser el sujeto contra quien se pretende. Por la calidad de sujeto pasivo de dicha providencia precautoria y por la vinculación de ese mandato legítimo de autoridad, es patente que el afectado de la medida cautelar no es extraño a juicio, sino parte. Como consecuencia, si es parte, el juicio de amparo indirecto no debe promoverlo como persona extraña a juicio, sino que debe hacerlo en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." También se cita en apoyo, por analogía, la tesis I.6o.C.285 C, de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1060 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, en Materia Civil, que dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE ÉSTE Y NO EL DE APELACIÓN, CONTRA LAS RESOLUCIONES INCIDENTALES EMITIDAS EN MATERIA CONCURSAL. De una recta interpretación de los artículos 267 y 268 de la Ley de Concursos Mercantiles, se advierte que cuando ésta no prevea el recurso de apelación en contra de determinadas resoluciones, cualquiera que sea su índole, procederá el de revocación, que se tramitará siguiendo las disposiciones del Código de Comercio; esto quiere decir que únicamente se podrá interponer el recurso de apelación cuando así, de manera expresa, lo disponga la ley, o de lo contrario será el de revocación el que se haga valer. De lo anterior se advierte, sin lugar a duda, que cuando se trate de una resolución incidental no procede más recurso que el de revocación, en tanto que se ubica en el supuesto normativo que contempla el referido numeral 268, concluyendo con ello que, aun cuando la Ley de Concursos Mercantiles no limite expresamente la procedencia del recurso de apelación en las resoluciones incidentales, tal limitante existe a contrario sensu, al no prever la norma dicho medio de defensa en ese sentido, de ahí que contra aquéllas sólo procede el citado recurso de revocación." Sin que sea impedimento a lo anterior, que para sustentar la procedencia del juicio, la parte quejosa manifieste que el acto reclamado es de imposible reparación y no podría abordarse su estudio en ningún otro momento; sin embargo ello no es razón para desconocer el deber de agotar el relativo medio de defensa. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "[.] en la especie atañe reducir el estudio a la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, más concretamente al supuesto consistente en la reclamación de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación y su sujeción al denominado principio de definitividad, el cual cabe mencionar ha sido reconocido en términos generales desde la interpretación jurisdiccional y doctrinaria como aquel que rige la procedencia del juicio de amparo, exigiendo agotar previamente todos y cada uno de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la norma correspondiente. Dicho principio se encuentra contenido en la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: [.] En ese sentido, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en principio, se deberán agotar los recursos o medios de defensa que dispongan las leyes antes de acudir al juicio de amparo. No obstante, el legislador consideró que cuando estén en peligro ciertos derechos sustantivos que son necesarios y legítimos de proteger, los gobernados tendrán la opción de promover, el medio extraordinario de defensa, sin agotar los recursos ordinarios. [.] En este sentido, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En este sentido, en el caso de los actos en el juicio de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir al medio de defensa extraordinario, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias." Como se advierte de dichos argumentos, contra los actos emitidos en juicio por autoridades jurisdiccionales en un procedimiento seguido en forma de juicio, el principio de definitividad obliga al gobernado a agotar la interposición del recurso ordinario, sin contemplar como excepción que se aleguen violaciones directas a la constitución. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de registro 2017117, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Consecuentemente con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de dicho ordenamiento. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a la persona que menciona. Respecto de aquellas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Asimismo, como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente electrónico. Se hace de su conocimiento que puede pedir la notificación de las resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto a través de dicha vía. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ****., por conducto de su apoderado, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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