Clementina Romero Rubio

Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
453/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/06/2019

Partes del expediente

  • Clementina Romero Rubio
  • Juez Primero Civil de Zamora, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por Clementina Romero Rubio; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Asimismo, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  2. Principal

    Recepción exhorto sin diligenciar. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; en atención a su contenido, se le tiene devolviendo sin diligenciar el exhorto 194/2019 (número de orden 342), que se le envió para que en auxilio de las labores de este juzgado, notificara a la quejosa Clementina Romero Rubio el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en que se desechó la demanda de amparo. Sin que sea necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, de conformidad con el artículo 48 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dicha actuación la emite el sistema de forma automática en cuanto se envía al juzgado exhortado. Atento a lo anterior, téngase por recibido el referido medio de comunicación, dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales correspondiente. Estado de autos. Ahora, visto el estado que guardan los autos, en forma específica la razón del actuario adscrito al juzgado exhortado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril del año en curso, por los motivos que indica; consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, se ordena practicarle la notificación del referido acuerdo, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para ello; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  3. Principal

    Recepción de oficio incompetencia. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan al que adjunta los autos originales del amparo 212/2019 promovido por Clementina Romero Rubio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, en virtud a que declaró carecer de competencia por razón de territorio para conocer del sumario constitucional en comento; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y comuníquesele que esta potestad asume el conocimiento del asunto. Registro del expediente. Fórmese expediente y regístrese el asunto en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número IV-453/2019 de la estadística de este órgano de control constitucional. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Clementina Romero Rubio, contra el acto y autoridad que se relacionan en la tabla siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán. 1. La resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil diecinueve, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad o personería opuesto por la demandada aquí quejosa dentro del juicio sumario civil que sobre rescisión y terminación de contrato de arrendamiento y demás prestaciones promovió en su contra Jorge Solorio Hernández, radicada con el número 1622/2018. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . ? Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: ACTO RECLAMADO 1. La resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil diecinueve, que declaró infundado el incidente de falta de personalidad o personería opuesto por la demandada aquí quejosa dentro del juicio sumario civil que sobre rescisión y terminación de contrato de arrendamiento y demás prestaciones promovió en su contra Jorge Solorio Hernández, radicada con el número 1622/2018. Determinación que como puede apreciarse de la copia simple que de ésta anexó la quejosa al escrito de demanda se emitió in itinere, eso es, durante el trámite del juicio; por tanto, el acto reclamado tiene su origen en una actuación practicada dentro del procedimiento que no afecta derechos sustantivos de la quejosa, como se expondrá a continuación. ? Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa, así como de las constancias que adjuntó a la demanda.  En el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, se admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio sumarísimo civil 1662/2018, promovido por Jorge Solorio Hernández, frente a la hoy quejosa.  El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la peticionaria de amparo, compareció por conducto de su apoderado jurídico ante la autoridad responsable a dar contestación a la demanda entablada en su contra, asimismo, hizo valer el incidente de falta de personalidad.  Posteriormente, mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo a la quejosa promoviendo el incidente de falta de personalidad y personería antes indicado, ordenando la suspensión del procedimiento.  Seguido el trámite de la incidencia planteada por la quejosa el quince de marzo de dos mil diecinueve, dictó sentencia interlocutoria en la que declaró infundado el incidente de falta de personalidad y personería promovido por la aquí peticionaria de amparo, siendo esta resolución la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada es un acto que tiene su origen en una actuación llevada a cabo dentro del procedimiento [la determinación que declara infundado un incidente de falta de personalidad o personaría], el cual no es de los que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable que resuelve declarar infundado el incidente de falta de personalidad promovido por la solicitante de amparo, no viola ningún derecho sustantivo de la quejosa como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. En efecto, la resolución de quince de marzo del año en curso que reclama se limitó a declarar infundado un incidente que resolvió un tema de personalidad, de lo que se colige que la determinación que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Autorizados. Téngase a la parte quejosa designando a los profesionistas que indica únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Comparece quejosa. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el ocurso signado por la quejosa Clementina Romero Rubio; en atención a su contenido, no ha lugar a tenerla señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, toda vez que éste resulta incompleto. Asimismo, respecto a la solicitud relativa a que se admita el juicio de amparo en que se actúa, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes. Notificación de esta determinación por exhorto. Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones ante el juzgado declinante el ubicado en la calle Juan Álvarez, número 240, colonia Centro en la ciudad de Uruapan, Michoacán, domicilio que se encuentra dentro de una circunscripción territorial distinta a donde ejerce jurisdicción esta potestad federal; en consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, gírense comunicación oficial a la autoridad siguiente: ? Exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. Sin que sea necesario que expida el acuse de recibo de la recepción de dicha comunicación oficial, pues a través del aludido sistema se genera la boleta de turno correspondiente. Se solicita de la manera más atenta al órgano jurisdiccional que conozca del referido exhorto lo devuelva por la misma vía. Lo anterior, para que, en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien girar sus apreciables órdenes a quien corresponda, y notifiquen esta determinación a la quejosa Clementina Romero Rubio, en el domicilio mencionado supralíneas; asimismo, deberá requerirla para que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al Juez Federal para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, deberá devolver la citada comunicación oficial adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Digitalización de expediente y nota SISE. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante exhorto.

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