Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas

Expediente 864/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Acúsese recibo del comunicado del Actuario del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al que anexa el testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial número ******, que en su punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer del asunto al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del considerando último de este fallo". Archivo. Háganse lo anterior del conocimiento de las partes y las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículos 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el Acuerdo General arriba citado.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Acusa recibo. Por recibido el oficio del Actuario del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual comunica que se avocó al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en aquélla ciudad y este órgano jurisdiccional y lo registró con el número *****; de lo que queda enterado este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta se provee. ESTADO PROCESAL. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación al mismo. EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Mediante sentencia dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realizara lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el toca de apelación ******, que confirmó la diversa dictada en la causa penal **************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a través de la cual se negó al quejoso el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva; y Con base en los fundamentos y argumentos aquí precisados, dicte otra que la sustituya en la que resuelva el recurso de apelación planteado por el quejoso, en el sentido que legalmente corresponda, pero sin reiterar las consideraciones que aquí se analizaron y calificaron como violatorias en perjuicio del procesado, de manera fundada y motivada determine que, la dilación en el dictado de la sentencia definitiva en la causa penal de origen no es imputable al ejercicio de la defensa del quejoso, por lo cual la privación de su libertad corre el riesgo de tornarse arbitraria. Asimismo, atendiendo a los parámetros internacionales invocados en este fallo, se pronuncie, conforme a derecho corresponda, sobre la litis incidental sobre cambio de medida cautelar de prisión preventiva solicitada, analizando la procedencia de variar ésta por alguna otra menos lesiva contemplada en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a la evaluación de riesgo practicada a ************, con base en la cual deberá determinar si existe peligro de sustracción, riesgo de las víctimas y para la comunidad, conforme a los elementos de convicción aportados por las partes. EJECUTORIA. La sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés. ACTOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Atendiendo a ello, el dieciocho de mayo del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio signado por la secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual informó que mediante proveído de diecisiete del mes y año en cita, dejó insubsistente la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el toca de apelación ********, que confirmó la diversa dictada en la causa penal ********, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Posteriormente, el veinticuatro de mayo del año en curso, se tuvo a la referida autoridad remitiendo copia certificada de la resolución dicada el veintidós del mes y año en cita dentro de los autos del toca de apelación ******, de la que se desprende que el Magistrado responsable realizó el estudio de la pretensión del inculpado hoy quejoso **************** en base a los fundamentos y argumentos precisados en la sentencia amparadora. Asimismo, de manera fundada y motivada determinó que la dilación en el dictado de la sentencia definitiva dentro de la causa penal no debe resultar imputable al ejercicio de la defensa del inculpado, por lo que concluyó que la privación de la libertad del quejoso dentro del proceso corre el riesgo de tornarse arbitraria por ese solo hecho. En concordancia, previo a determinar la procedencia o improcedencia de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, procedió a realizar el análisis respectivo de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyendo que no resultaba factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, virtud a que existe el riesgo de sustracción del inculpado referido, riesgo de las víctimas y para la comunidad. Determinación a la que arribó en base a la evaluación de riesgo practicada al hoy quejoso, de la que infirió lo siguiente: El inculpado *******************, probablemente, cometió diversos delitos merecedores de pena carcelaria, en concreto los delitos de homicidio, lesiones, robo y tentativa de robo; situación ante la cual, estimó que si bien la prisión preventiva resulta imperiosa, ante la posibilidad de fuga del inculpado, es factible que se torne difícil el seguimiento del proceso ante una eventual acción de sustracción de la justicia. Que derivado de la referida evaluación de riesgos procesales, se advierte que existe riesgo de peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia por parte del quejoso, en razón a los delitos que le son imputados en las diversas causas penales que se instruyen en su contra, ante el acreditado hecho de que el mismo radicó por dieciocho años en Los Ángeles, California, lo que implica que existen razones que hacen posible el peligro de sustracción del inculpado ante la facilidad de viajar al extranjero. Que derivado del número de procesos registrados a su nombre -seis-, existe riesgo de comisión de nuevos delitos, atendiendo a la facilidad que tenía mientras estaba en libertad para perpetrar ilícitos. Que existe la posibilidad de que el quejoso pueda impedir el curso normal del proceso, ante la colisión con diversas personas para perpetrar actos ilícitos. Que existe la posible presión sobre los testigos, pues al existir víctimas que figuran como tal, al tener acceso al proceso, en el mismo figura la información personal de los mismos. Que ante la pluralidad de delitos y su complejidad, es viable justificar la imposición de la medida cautelar por el tiempo que haga necesario el desarrollo del proceso; sin embargo, al ya no existir prueba pendiente por desahogar respecto al quejoso, tendría que ser una gestión de la defensa técnica separarlo de la causa acumulada. Que si bien ya transcurrió el plazo constitucional de duración del juicio, tal excedente es factible de justificación, siempre y cuando las circunstancias de desarrollo del proceso penal, obliguen a excederse en ese tiempo, lo que en el caso concreto acontece. Que existe riesgo para el ofendido y la sociedad, respaldado en datos objetivos de acuerdo a la evaluación de riesgo. Con lo anterior, se determinó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que en derecho correspondiera respecto al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hubiese desahogado la misma. PRIMER PRONUNCIAMIENTO. En tales circunstancias, mediante pronunciamiento emitido el trece de junio del año en curso, este juzgado federal consideró que, la autoridad responsable no dio cumplimiento a la totalidad de las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, Lo anterior, puesto que si bien, el magistrado responsable mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso, dejó insubsistente la resolución dictada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el toca de apelación ******, que confirmó la diversa dictada en la causa penal ************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y emitió una diversa en cumplimiento. Sin embargo, en la nueva resolución fue omiso en analizar la procedencia de variar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por alguna otra menos lesiva, las cuales se contemplan en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizando las circunstancias concretas del presente asunto, pues al respecto nada adujo. En consecuencia, se requirió al Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, para que realizara lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ******, que confirmó la diversa dictada en la causa penal ************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. En su lugar, emita una diversa en la que, reiterando las consideraciones que ya fueron analizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realice el análisis relativo a la procedencia de variar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por alguna otra menos lesiva contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ACTOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Atendiendo a ello, el veintiuno de junio del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado, el oficio signado por la secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y diverso requerimiento de trece de junio pasado, informó que por auto de dieciséis de ese mes y año, determinó dejar insubsistente la resolución dictada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés en el toca de apelación ******* de su índice. Asimismo, remitió copia certificada de la nueva resolución dictada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ********, en acatamiento a la sentencia amparadora, de la que se desprende que realizó, además de lo relacionado en el primer pronunciamiento, el análisis relativo a la procedencia de variar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por alguna otra menos lesiva, contempladas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actuación con la que se determinó dar vista a la parte quejosa efecto de que manifestará lo que en derecho correspondiera respecto al cumplimiento dado al fallo protector. PRONUNCIAMIENTO. En tales circunstancias, esta juzgadora federal determina que el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dictó la resolución que sustituyó la que fue materia del presente sumario constitucional dentro del toca de apelación *********, ello con base en los fundamentos y argumentos precisados en la sentencia dictada en autos. Del análisis que emitió el magistrado en su nueva resolución, se desprende lo siguiente: Que previo a abordar el estudio ordenado por este juzgado de Distrito, abordó el examen de las medidas cautelares solicitadas por la defensa del quejoso, previstas en las fracciones I, II, VI y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas de las que refirió lo siguiente: Que respecto a la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, no resulta factible puesto que se trata de una medida cautelar de vigilancia indirecta, lo que no otorga garantía alguna de que el inculpado se presente o ser localizado para efectos del procedimiento. Que respecto a la exhibición de una garantía económica, no es posible imponer la misma al quejoso por la existencia del riesgo de evasión del mismo. Que respecto al sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, no es procedente virtud a que no existe información en la causa penal que establezca qué persona estaría a cargo de la vigilancia del imputado, o bien, a que institución se sometería para tal efecto. Que respecto a la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, dado que no advierte congruencia en solicitar tal prohibición, puesto que a la fecha de la emisión del auto combatido, el inculpado ya no estaba ejerciendo su derecho de defensa. Establecido lo anterior, analizó las restantes medidas cautelares, mismas que son las siguientes: Que respecto al embargo de bienes, no es aplicable al caso concreto, virtud a que el inculpado no cuenta con bienes registrados a su nombre, lo que de igual manera, acontece con la inmovilización de cuentas y valores financieros, puesto que no obra prueba alguna que evidencie que el quejoso cuenta con alguna cuenta bancaria o valores financieros en su haber patrimonial. Que respecto a la prohibición de salir del país o localidad en que reside o del ámbito territorial que fije el juez, existe imposibilidad legal para imponer la misma, en razón de que, ello no garantiza el paradero del quejoso y su apersonamiento cada vez que sea llamado a comparecer. Que respecto a la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, no es dable imponerlo, virtud a que existe la posibilidad de que inculpado pueda impedir el curso normal del proceso, ante la colisión con diversas personas para perpetrar actos ilícitos. Que en relación a la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal del cargo, cuando se atribuye un delito cometido por servidores públicos y la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral, las mismas no pueden ser impuestas como reemplazo a la prisión preventiva, virtud a que no guardan vinculación con los hechos delictivos que dieron origen a la causa penal acumulada. Que en relación a la colocación de localizadores electrónicos, no resulta viable su imposición en sustitución de la diversa, puesto que, tal y como se infirió en la evaluación de riesgo, existe peligro de evasión del inculpado. Que en relación al resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, enfatizo que, ante la facilidad del quejoso de viajar al extranjero aún sin la documentación respectiva, así como, que no se justificó que el mismo tuviera un arraigo a un lugar de residencia, no garantizaría la comparecencia al procedimiento. Refirió que la autoridad judicial no debe ceñirse únicamente a dichas medidas cautelares, sino que sólo deben dictarse cuando cumplan también algunas de las condiciones exhaustivas previstas por el artículo 153 del código en cita, consistentes en: (i) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, (ii) garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y, (iii) evitar la obstaculización del procedimiento. Que bajo ese contexto, concluyó que, en el caso concreto, no resulta factible varia la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por una menos lesiva, como lo pretendió el defensor del mismo. Que el estudio abordado se realizó en base a que la medida cautelar que se pretende sustentar bajo los parámetros establecidos en la determinación de la sala responsable, lo es la prisión preventiva justificada; no así, la diversa oficiosa. Que arribó a tales determinaciones en base a la evaluación de riesgo de cuatro de febrero de dos mil veintidós practicada el inculpado hoy quejoso, la cual ya fue ampliamente descrita en párrafos anteriores. Que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, específicamente al apartado de PARÁMETROS QUE DEBE OBSERVARSE PARA EVALUAR OFICIOSAMENTE LA LEGALIDAD DE LA PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, CUANDO SU DURACIÓN HA EXCEDIDO UN PLAZO RAZONABLE, analizó los elementos que deben integrar el test de dilaciones indebidas reconocido convencionalmente, mismos de los que concluyó lo siguiente: Con relación a la complejidad del caso, consideró que se trata de un proceso acumulado -doce tomos, con nueve mil ciento sesenta y seis fojas-, con pluralidad de víctimas y diversos coinculpados, en el que se han recabado los medios de prueba ofertados por cada uno de los inculpados, con diversos abogados y cada uno con estrategias de defensa distintas. Por lo que se está ante un proceso derivado de diversas causas y el cual involucra a diversos inculpados. Con relación a la conducta de la autoridad judicial, dicho tribunal de segunda instancia advirtió que, se han adoptado las medidas convenientes y se han realizado las diligencias respectivas para atender las promociones de las partes y recepcionar las pruebas aportadas, no únicamente a instancia de parte agraviada. Asimismo, refirió que en base al apartado de comportamiento en procesos anteriores de la evaluación de riesgo en la que fundó su determinación, se advirtió que, además de los procesos penales de los que este juzgado tiene conocimiento, el quejoso tiene otros procesos penales registrados, entre ellos uno por portación de arma de fuego sin licencia, lo que conllevaría a abordar a la sospecha de riesgo de sustracción, lo que se traduciría en la obstaculización del desarrollo del proceso. Que tomando en consideración lo anteriormente expuesto, determinó improcedente variar, sustituir o modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, por alguna menos lesiva. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia amparadora sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano