Club Ecológico Habitacional Rio Belo

Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
99/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Club Ecológico Habitacional Rio Belo
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, en su calidad de Juez de Control (Marco Antonio Torres Reyes).
  • Noemí Yuritzi Lara Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Javier Ivan Contreras Osorio, quien da fe. JorgCja P-I99/2021 OFICIO(S) 16910, 16911, 16912 y 16913JorgCja

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado en el ocho de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito; Club Ecológico Habitacional Río Belo, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 51, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por actos emitidos por un tribunal judicial que reside dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, prevé que en las sentencias de amparo se fijará y precisará el acto o actos reclamados. Así, del estudio integral de la demanda de amparo y demás actuaciones del sumario se advierte, que la intención del quejoso es reclamar: La orden de cateo de catorce de enero de dos mil veintiuno emitida en el cuadernillo 5/2021. Acto que se atribuye al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al centro de Justicia Penal Federal en Michoacán con residencia en Morelia. La ejecución de la orden citada Actos que se reclaman al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula 1-5, Agencia de casos transversales del equipo de investigación y litigación en el Estado de Michoacán como a los agentes de la Policía Federal ministerial adscritos a la delegación del Estado de Michoacán de Ocampo, de la Fiscalía General de la Republica. Los aseguramientos de diversos materiales eléctricos de nueve de marzo de dos mil veinte y dieciséis de enero de dos mil veintiuno. Que se demanda al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula 1-5 Morelia, Agencia de casos transversales del equipo de investigación y litigación 1 en el Estado de Michoacán. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuye a las autoridades responsables ya que así se desprende del contenido del informe justificado rendido y se corrobora con las copias certificadas que acompañó al mismo las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso ninguna de las partes las hizo valer y este juzgador no advierte, de oficio que se actualice alguna que impida el estudio de la controversia planteada. QUINTO. Análisis de la controversia. El acto reclamado es la orden de cateo, su ejecución y aseguramiento de los objetos que fueron encontrados en el domicilio cateado, así como un diverso aseguramiento realizado previamente el nueve de marzo de dos mil veinte. Actos que en concepto de la persona moral quejosa son inconstitucionales. Respecto de la orden de cateo, en el primer concepto de violación indica que ello es así, porque se obsequió sin haber tenido debidamente comprobado los requisitos de fondo y de forma que la ley exige previstos por los numerales 16 de la Constitución Política y el articulo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no existió una plena identificación e identidad de lugar donde el cateo se debería realizar y el lugar donde se efectuó. Precisa, que el Agente del Ministerio Publico de la Federación, titular de la Célula I-5 Morelia, de la unidad de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán solicitó una orden de cateo para el domicilio ubicado en: "la comunidad de Zurumbeneo, en el municipio de Charo, Michoacán donde se marcaron las coordenadas georreferenciales 19.6875101 y 101.0069135, siendo un fraccionamiento denominado "Club Ecológico Habitacional Rio Belo" y de los motivos e indicios aportados por el Agente del Ministerio para sustentar su petición se desprende que se trata de otra ubicación de forma concreta las entrevistas de los testigos Ernesto Jáuregui Gascón, Ramsés Alejandro García Ferreyra y Lauro López Ruiz, personal de la Comisión Federal de Electricidad, que refieren haberse constituido y haber estado en la población "UÑA DE GATO EN UN FRACCIONAMIENTO DENOMINADO RIO BELO" lo que contradice la petición del Ministerio Público, quien la solicitó para la comunidad de Zurumbeneo, en el municipio de Charo, Michoacán y por ello consideró que no se cumplieron los requisitos de fondo y de forma. Argumento que resulta infundado. En efecto, del estudio integral de las constancias que el Juez de Distrito Especializado remitió como complemento al informe justificado, se advierte que en la solicitud de la orden de cateo en cuanto técnica de investigación se proporcionaron los datos necesarios para la identificación del predio, ya que en ella se precisó el lugar y los objetos a que debía limitarse la orden cateo, indicando que el inmueble se encuentra en el Municipio de Charo, Michoacán, en la comunidad de Zurumbeneo, en las coordenadas georreferenciales 19.6875101 y 101.0069135, en donde se encuentra el Club Ecológico Habitacional Rio Belo, delimitado en algunas partes por una barda perimetral y en algunas otras por una cerca de alambre de púas y postes. Datos que fueron incorporados a la autorización de la técnica de investigación lo que resulta suficiente para identificar el predio en cuestión. Lo anterior, porque tales datos permiten conocer el lugar en donde se ordenó y ejecutó la técnica de investigación ello con independencia de que en los datos de prueba que invocó el agente del Ministerio Público se advierta que en la entrevista que se realizó a Ernesto Jáuregui Gascón, Ramsés Alejandro García Ferreyra y Lauro López Ruiz, se haya manifestado que el citado fraccionamiento se encuentra en la población conocida como "Uña de Gato", Municipio de Charo, y no del poblado Zurumbeno perteneciente al mismo municipio, ya que es un hecho notorio que ambos poblados pertenecen al municipio de Charo, Michoacán y entre ellos existe una distancia aproximada de tres kilómetros, asimismo, que el fraccionamiento del Club Ecológico Habitacional Rio Belo, se encuentra situado en medio de ambos poblados. Sin embargo, si existiera alguna duda sobre el lugar en donde se autorizó la técnica de investigación se despeja con el aporte de las coordenadas georeferenciales, las que sin lugar a dudas sitúan el inmueble precisamente en el medio de los poblados antes indicados. Lo anterior porque las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que permite identificar cada ubicación en la tierra, utilizando como referencia dos puntos estáticos como son la línea del ecuador, y el meridiano de Greenwich, es la línea imaginaria que pasa por encima del Real Observatorio de Greenwich situado en la ciudad de Londres Inglaterra, A partir de esos dos puntos la latitud se mide con base en la cantidad de grados de inclinación de un lugar determinado con relación al ecuador, esto es, el polo note se sitúa a 90º rumbo norte de la línea del ecuador, en tanto que el polo sur se sitúa a 90º rumbo sur de esa línea, esa medición se denomina "latitud". La longitud, es punto de la superficie de la tierra que se mide con el ángulo que se forma entre el meridiano de Greenwich, y el meridiano que pasa por el punto que se trata de ubicar, como referencia, el punto cardinal que conforma la intersección de ecuador y meridiano de Greenwich es el grado 1°. En ese orden, la ubicación geográfica que se expresa en grados latitud y de longitud, puede ser tan exacta como preciso sea el instrumento con que se mide, pero existen datos generales que permiten ubicar un punto geográfico de grandes dimensiones como lo es la extensión territorial del Fraccionamiento Club Ecológico Habitacional Rio Belo, el cual tiene una extensión superficial de doce hectáreas esto es más de ciento veinte mil metros cuadrados. En ese orden, tomando como referencia la latitud 19.6875101 y la longitud 101.0069135, utilizando la herramienta informativa Google Maps, es factible ubicar un punto cardinal dentro de la extensión territorial del Fraccionamiento quejoso, es decir tal referencia geográfica no abarca la totalidad del fraccionamiento sino un punto específico, de manera que si reducimos la expresión de la gradación, por ejemplo 19.68 de latitud y 101.00 de longitud, obtendremos una geo referencia más amplia, precisamente dentro del territorio del fraccionamiento quejoso el que se encuentra en medio de los poblados Zurumbeneo y Uña de Gato, ambos del Municipio de Charo, Michoacán. De ahí que este concepto de violación es infundado. En el segundo concepto de violación, la quejosa sostiene que en su perjuicio se viola el contenido del artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 116 y 117, del Código Civil (sic) del Estado, en razón de que, si bien el objeto de la solicitud de cateo lo es buscar objetos e instrumentos del delito, no puede existir la certeza o por lo menos la presunción de que el material eléctrico encontrado dentro del inmueble como son los cables, sean un instrumento del delito o este destinado para cometer un ilícito ya que la naturaleza de estos objetos resultan lícitos y el poseerlos no constituye ningún tipo penal y como se desprende del desahogo de la diligencia este material se encontraba en el interior del inmueble, sin estar siendo utilizados y lo reitero de ahí que a modo de ver de la quejosa, no se trata de artículos ilícitos, no existe impedimento legal para poseerlos y por el contrario el decomisarlos sin una justificación constituye un abuso de autoridad y contraviene los lineamientos para los que fue ordenado el acto de investigación consistente en el cateo. Agrega que para restringir o realizar actos de molestia y privación, es necesario que se otorgue la oportunidad de una adecuada defensa, observando en todo tiempo el debido proceso. Agrega que el aseguramiento es ilegal porque en el caso particular los cables decomisados no estaban siendo utilizados para cometer el ilícito, por tal motivo no existía delito en flagrancia que diera la justificación jurídica para el decomiso de los cables, por tal motivo la actuación practicada es inconstitucional. Lo anterior también es infundado. En efecto, conforme a los lineamientos para los que se otorgó la técnica de investigación se precisó, entre otras cosas lo siguiente: "Asimismo, de encontrarse los objetos buscados, el solicitante deberá tomar la diligencia necesaria, atendiendo a su naturaleza para conservarlos; a asegurarlos y trasladarlos". En la solicitud de la técnica de investigación se indicó como objetos buscados los siguientes: Lo anterior, toda vez, de que en dicho fraccionamiento, personal de Comisión Federal de Electricidad detectó que se estaba consumiendo energía eléctrica de manera ilícita, a través de conexiones ilícitas con cables ajenos a los utilizados por dicha institución para el suministro de energía eléctrica, causando con ello un perjuicio a las finanzas públicas ya que la Comisión Federal de Electricidad sufre un menoscabo en su patrimonio al no recibir el monto económico por el aprovechamiento ilegal de luz que se realiza al interior del multireferido fraccionamiento". De lo anterior se sigue, que el aseguramiento del material eléctrico, sí tiene relación con los hechos que se investigan, pues las conductas probablemente delictivas se vinculan con el robo de fluido eléctrico través de cable que no son propios de la empresa productiva del Estado, características que coinciden con el material asegurado ya que en el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintiuno en la parte que interesa el agente del Ministerio Público de la Célula I-5 Morelia, Agencia de caos transversales del equipo de investigación y litigación 1, señaló que a fin de evitar que se pierdan, alteren, oculten o destruyan los cables decomisados, que pueden tener relación con los hechos investigados que pueden constituir conductas delictivas como el robo de fluido eléctrico, es necesario que queden en resguardo de la Fiscalía, en la Bodega de Indicios y evidencia de la Policía Federal Ministerial, lo cual constituye un fin constitucionalmente válido, ya que, el cateo, en cuanto técnica de investigación tiene por objeto buscar objetos o personas que tenga relación con los hechos investigados, y si en el caso lo hechos que se investigan se relacionan con el robo del fluido eléctrico mediante la utilización de cables, resulta lógico que los materiales eléctricos encontrados hayan sido asegurados, ya que por sus características la electricidad se conduce a través de cables, de ahí que al tener relación con los hechos investigados su aseguramiento es constitucional. Sin que escape a la consideración del juzgador, el argumento propuesto por la quejosa en el sentido de que para la emisión de actos de privación y de molestia, debe otorgarse la garantía de audiencia previa; sin embargo, tal argumento resulta infundado porque el aseguramiento de bienes, en cuanto técnica de investigación no tiene la naturaleza de una acto privativo, debido a que es de carácter provisional, en todo caso constituye un acto de molestia respecto de los cuales la garantías de audiencia puede ser forma posterior con base en la tesis CXLVII/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AUDIENCIA PREVIA. NO ES EXIGIBLE RESPECTO DE LOS ACTOS DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES CUYO EJERCICIO TRASCIENDE A UNA EXPECTATIVA DE DERECHO QUE AÚN NO SE INCORPORA EN LA ESFERA JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales que tienen como finalidad desincorporar, en forma definitiva, algún derecho de la esfera jurídica de los gobernados debe estar precedida, de un procedimiento en el que se les permita desarrollar plenamente sus defensas. En congruencia con lo anterior, se concluye que para determinar si una disposición de observancia general respeta la referida garantía de audiencia previa, resulta necesario, en principio, precisar si el ejercicio de la potestad conferida en aquélla conlleva la definitiva disminución, menoscabo o supresión de un derecho que se encuentra incorporado en la esfera jurídica de los gobernados, ya que si el acto de autoridad trasciende a la expectativa que tienen en cuanto a que, de cumplir determinadas condiciones, podrán gozar de una específica prerrogativa, debe estimarse que aquel acto no tiene efectos privativos y, por ende, constituye un acto de molestia regido por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, cuyo válido ejercicio se encuentra condicionado a que se emita por escrito, por autoridad competente y con la debida fundamentación y motivación, sin necesidad de que antes de su emisión se escuche al sujeto afectado". En el tercer concepto de violación, la quejosa aduce que en su perjuicio se viola el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad responsable ordenadora libró una ORDEN, con la cual se ingresó al Club Ecológico Habitacional Rio Belo, carente de fundamentación y motivación además de incongruente, ya que omitió expresar razones y fundamentar debidamente la resolución, lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por los artículos 40 del Código Penal Federal, así como 181 del Código Adjetivo Penal Federal, que son los que regulan la institución jurídica del "aseguramiento" en materia penal. Agrega que observando y analizando los artículos citados se puede concluir que el instrumento del delito se concibe como el elemento del cual se auxilia el activo para desplegar la conducta delictiva, mientras que el objeto del delito es la cosa vinculada con la descripción de la figura punible. Y en la caso en particular la quejosa es ajena a una conducta ilícita. Argumento que es infundado porque la quejosa partió de una hipótesis incorrecta, en la medida en que aseguramiento se decretó con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no en el Código Federal de Procedimiento Penales, lo cual resulta trascendente, ya que el cabio de sistema procesal no es una cuestión meramente semántica, sino que implica una forma distinta de procesar los delitos, lo que impacta tanto en los principios que rigen el sistema, como en la distribuciones de las cargas procesales. Una de las implicaciones en el sistema procesal penal acusatorio y oral, en lo que aquí interesa, es la recolección de los datos prueba, que a diferencia de los medios de pruebas y de las pruebas en sí mismas, sirven para integrar una investigación que será llevada ante un juez de control para que, sí encuentra méritos suficientes, autorice el desahogo de una investigación formal. En eta primera etapa, la recolección de indicios corre a cargo del agente del ministerio público investigador y de la policía de investigación que está bajo el mando de aquél, el que podrá asegurar los bines que puedan, en un momento dado, constituir un prueba material que será presentada ante un tribunal de enjuiciamiento, y hasta que eso suceda, o cuando se haya practicado todos los dictámenes, obtenido todas las muestras, haya sidofotografiado y que ya no resulten útiles en el proceso, podrá otorgar el destino final, el cual puede incluso ser la devolución a quien justifique su propiedad. En ese orden no asiste razón a la quejosa al señalar que en su perjuicio se viola el Código Federal de Procedimientos Penales porque el mismo resulta inaplicable, y tampoco que se viole el Código Penal Federal, porque en la resolución de la orden de cateo existen datos suficientes con los que se justifica tanto la autorización de la técnica de investigación como el aseguramiento de los indicios que fueron encontrados al ejecutarla, y que pueden tener relación directa con los hechos delictuosos que se investigan, persamente porque se trata de un delito de robo de fluido eléctrico. Y en cuanto a la fundamentación, motivación y exhaustividad que se dice violada, el concepto de violación es infundado, porque del estudio integral de la resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, contrario a que lo que se afirma, puede advertirse que el Juez de Distrito, atendió punto por punto la solicitud de orden cateo, revisó que los requisitos de forma y fondo se encontraban reunidos y valoró los datos de pruebas que el agente del Ministerio Público invocó para sustentar su petición, todo lo que se aprecia del considerando tercero de la resolución en comento. Asimismo citó los preceptos legales que son aplicables al caso, estableció los lineamientos con base en los cuales se autorizó la ejecución del cateo, los servidores públicos o funcionarios que estaban autorizados para intervenir en el mismo, y el período de vigencia de la orden, con lo cual dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 288 del Código Nacional de Procedimientos penales. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". En virtud de lo anterior, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Club Ecológico Habitacional Río Belo, en contra de los actos que reclamó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula 1-5, Agencia de casos transversales del equipo de investigación y litigación en el Estado de Michoacán como a los agentes de la Policía Federal ministerial adscritos a la delegación del Estado de Michoacán de Ocampo, de la Fiscalía General de la Republica, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia legal, el correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita en el Sistema de Agendas de Cita OJ la cual corresponde a Ernesto Jáuregui Gascón, apoderado jurídico de la moral tercera interesada CFE Distribución. Sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto, dado que la cita de referencia se programó para el pasado veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la inteligencia de que, con base en el sistema electrónico establecido en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, es posible atender a los justiciables en los días y horas establecidos en dicho portal, con independencia de la fecha en que se provea el correo electrónico que da aviso al órgano jurisdiccional sobre la cita programada para consulta de expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las dieciséis horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo I- 99/2021, promovido por Anastasio Pastor Almanza apoderado jurídico de la moral quejosa Club Ecológico Habitacional Rio Belo1, contra de los actos y autoridades que se indican en la tabla siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, en su calidad de Juez de Control (Marco Antonio Torres Reyes). a) La orden de cateo. Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula 1-5 Morelia, de la Unidad de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán, denominación correcta de la señalada como Agencia de Casos Transversales del Equipo de Investigación y Litigación, en el Estado de Michoacán de Ocampo. Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la delegación del Estado de Michoacán de Ocampo, de la Fiscalía General de la Republica, de nombres JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MEDELLIN Y OSCAR GUTIERREZ ZARAZUA. b) La ejecución de dicha orden. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, con la asistencia del secretario licenciado Juan 1 Carácter que se le reconoció en auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Francisco Orozco Córdova, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el secretario hace relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados en autos la demanda de amparo, auto de prevención de nueve de febrero de dos mil veintiuno, cumplimiento prevención, acuerdo de admisión parcial de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno; y, constancia de emplazamiento de la moral tercera interesada CFE Distribución2, así como los informes justificados de las autoridades que se relacionan en la tabla siguiente: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FECHA DE RECIBO SENTIDO 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. 08 MARZO 2021 CIERTO Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-5 Morelia de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia 22 MARZO 2021 CIERTO Policías Federales Ministeriales adscritos a la Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia 16 MARZO 2021 CIERTO A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede. Acto seguido, el Juez declara abierto el período de PRUEBAS, en el que el secretario hace constar que únicamente las ofertó el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de 2 Calidad que se le otorgó en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno. ?????????????? Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, sin que las demás partes hicieran uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en razón de su propia y especial naturaleza, los medios de convicción aludidos y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones, se cierra este período. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia correspondiente, cuando las labores del juzgado lo permitan. Doy fe.

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