Claudia Viridiana Pacheco Gutiérrez

Expediente 1323/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1323/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial en Estado
  • Claudia Viridiana Pacheco Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    CUENTA. En dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, dentro del juicio de amparo 1323/2022. Conste.Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado.Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1323/2022. De conformidad con la fracción I, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la integración de todo documento electrónico o digitalizado por medio de la Firma Electrónica que cuenta con los permisos necesarios, como la FIREL, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por sus características representen una imposibilidad material para su digitalización, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General en consulta, se integrarán únicamente al expediente físico o, en su caso, al cuaderno auxiliar que se forme con motivo del presente asunto, ello en atención a la relevancia de éstas. Por tanto, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, ya que de conformidad con la fracción XII, del artículo 3 del ordenamiento legal referido, será el expediente electrónico el que tendrá validez para consulta de las partes. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, 172 fracción XII y 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ************************, por derecho propio, contra actos del Consejero Presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial en el Estado de Michoacán y otras autoridades. En primer término resulta necesario precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: El informe de la presunta responsabilidad administrativa y calificación de la probable falta de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que rinde la MESA II de la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y que es remitido mediante oficio 652/2022, juntamente con las constancias del expediente CPJEM/STIRA/INV/24/2022-II, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial en el Estado, acordado por ésta última mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes, que bajo protesta de decir verdad formula la quejosa: Que la quejosa se encuentra adscrita como actuaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el que se tramitó el Juicio Oral Mercantil número 131/2021 que promovió ************** en contra de ********************. Derivado de la demora en dar trámite puntual al amparo directo promovido en dicho juicio, el apoderado jurídico de la moral "AVOCADOSAG" S.A. DE C. V. el quince de febrero de dos mil veintidós, promovió queja administrativa en contra del Juez Octavo de Primera Instancia de este Distrito Judicial, sustentando sus hechos de manera medular en la omisión para emitir el expediente al Tribunal Colegiado. Así, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se emitió por la Mesa II de la Secretaría Técnica de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Michoacán, pronunciamiento sobre el resultado del informe de la presunta responsabilidad administrativa y calificación de la probable falta, determinando oficiosamente que sí existen elementos suficientes para considerar la probable comisión de conductas consideradas como faltas administrativas por parte de la diversa servidora pública *************en cuanto actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo. En efecto, e l artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo dispone: ******************* Como se ve, en dicho numeral se establece uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo, cuando sostiene que es contra actos en un procedimiento administrativo sustentado fuera de juicio cuyos efectos son de imposible reparación, definiendo que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El propósito de tal dispositivo consiste básicamente en hacer del amparo un instrumento más eficiente, en el que sea posible controvertir a través de la vía indirecta únicamente aquellos actos cuya afectación sea de tal magnitud que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, dejando para la vía directa cualquier tipo de acto que implique alguna violación procesal. Lo cual justifica la necesidad de establecer precisamente un concepto de "actos de imposible reparación, que contribuya a hacer más eficiente el sistema. De ahí que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se debe cumplir -por la regla general- los elementos siguientes: Sean actos que afecten materialmente derechos impedir el libre ejercicio de algún derecho, de manera actual. Los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Entonces, para que proceda el juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución final, es decir, que pueda repararse; debiendo apreciarse su actualización o, no, en cada caso en concreto por parte del juzgador. El concepto de irreparabilidad está definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto extraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia ************* En el particular, el acto reclamado consiste en el informe de la presunta responsabilidad administrativa y calificación de la probable falta de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, y su remisión de forma conjunta con el expediente CPJEM/STIRA/INV/24/2022-II, a la Presidencia de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo del Poder Judicial en el Estado, para la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, quien lo admitió mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós, en el que ordenó notificar personalmente a la quejosa para que comparezca a la audiencia inicial. Ahora bien, el artículo 100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, señala: ************ De lo anterior se advierte que, el acto aquí reclamado, no reviste el carácter de irreparable, pues no produce afectación material a derecho sustantivo alguno, sino que en todo caso afecta situaciones adjetivas o intraprocesales reparables con el dictado de la resolución final correspondiente, ya que el inicio de procedimientos de presunta responsabilidad administrativa no implica -necesariamente- la emisión de resoluciones donde automáticamente por estar vinculada a esos procedimientos, se le imponga una sanción. Es decir, tales actuaciones por sí solas no tienen como consecuencia el impedir en forma actual el ejercicio de un derecho de naturaleza sustantiva, toda vez que el informe de presunta responsabilidad, solo tiene como consecuencia el inicio del procedimientos de responsabilidad, donde la quejosa ha sido citada a la audiencia inicial a efecto de que esté en posibilidad de ejercer su derecho de defensa y audiencia. Luego, si bien en la demanda de amparo la quejosa indica que se le atribuye una probable comisión de conductas consideradas como faltas administrativas en cuanto actuaria del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, esa atribución no es firme, pues incluso como se le hizo saber en el propio informe de presuntas responsabilidades de veintidós de septiembre: ************** De lo que se puede advertir que llegado el momento podrá controvertir por su parte precisamente dentro del procedimiento administrativo que se le instaura y no causan afectación de imposible reparación en perjuicio de la ahora quejosa. En consecuencia, si el acto reclamado únicamente produce afectaciones adjetivas o procesales que no impiden de forma directa el ejercicio de un derecho sustantivo y que además pueden repararse con la emisión de las resoluciones que se dicten al respecto, resulta improcedente su demanda de amparo, pues tratándose de actos dictados fuera de juicio, solamente procede contra los de imposible reparación Tiene aplicación a lo anterior las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: ************** *********************** De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase saber a las partes que el trabajo en los órganos jurisdiccionales se rige bajo los principios de impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica así como protección de los derechos humanos. Por ello, de conformidad con el artículo 257 de dicho Acuerdo General, la atención a personas justiciables se procurará realizar a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que tratándose de comunicaciones no procesales, se podrá brindar la atención vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales, como la videoconferencia, mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Asimismo, de forma excepcional, con fundamento en la fracción II, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se autoriza la diligencia de comunicaciones procesales, vía telefónica y mediante el uso de medios electrónicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en los casos en los que las partes no tengan acceso al expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, caso en el que deberá certificarse su recepción. Por tanto, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico ************************, así como el número telefónico 4431717225, para efecto de establecer comunicación no procesal y, en caso de que el asunto lo amerite, para comunicaciones procesales; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Hágase saber al actuario de la adscripción que realice cualquier clase de comunicación no procesal través del correo electrónico, que deberá realizarlo siempre de la cuenta o dirección institucional del fedatario público respectivo, de ahí que se tendrá que integrar al expediente electrónico a través del uso de la FIREL, la certificación correctamente redactada y razonada de su envío y acuse respectivo. De igual modo, de realizar alguna diligencia por medio de las soluciones digitales referidas, el fedatario de la adscripción deberá conservar el registro de ésta e incorporarla al expediente electrónico correspondiente, por medio del uso de la FIREL, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle un esquema de comunicación y almacenamiento centralizado. Asimismo, se les hace de su conocimiento que el horario de atención al público de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios, como lo es la FIREL o e.firma, en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Hágase del conocimiento de las partes que las listas de acuerdos se publicarán en los estrados de este órgano de control constitucional y en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Con fundamento en el artículo 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la listas de acuerdos publicadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales, en consecuencia, no es necesario que el fedatario judicial adscrito levante certificación de dicha situación para ser agregada al expediente respectivo. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. Ahora, en el caso de que aún y cuando los medios electrónicos estén disponibles, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando éstas deseen asistir personalmente a consultar los expedientes electrónicos de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, éstas deberán agendar cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del horario de atención al público precisado con anterioridad. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************************, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que al diverso ************************* únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, de conformidad con la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS CERTIFICADAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que, sin solicitud previa, tienen expedito su derecho de obtener copias certificadas de las constancias que requieran, previo recibo que se deje en autos. Ahora, debe precisarse que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Por otro lado, se hace saber a las partes que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 22 y el segundo párrafo del artículo 36, ambos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les reitera la invitación a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De igual modo, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza a las partes el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente físico, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico cámaras, grabadoras o lectores ópticos con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. Se informa a las partes que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE COMUNICADO. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los trámites realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, que en comparecencia treinta y uno de octubre de este año, la parte quejosa recibió de manera parcial la cantidad de $192,142.83 (ciento noventa y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 83/100 M.N.), a través de una transferencia bancaria, asimismo, informa que mediante auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, requirió a la Secretaria de Educación en el Estado para efecto de que realice el pago correspondiente a la cantidad de $5,902.22 (cinco mil novecientos dos pesos 22/100 m.n.) al aquí quejoso. REQUERIMIENTO. De igual manera, requiérase a la oficiante para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, es decir, desahogar la totalidad de los efectos del laudo emitido en el expediente de origen, o en su caso los medios de apremio que haya hecho efectivos para su cumplimiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá a la autoridad responsable, multa por el equivalente a DOSCIENTAS Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; y, si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento de incumplimiento de sentencia previsto en el numeral 193 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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