Claudia Sandoval Galvan

Expediente 200/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
200/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Claudia Sandoval Galvan
  • CLAUDIA SANDOVAL GALVAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de once de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Claudia Sandoval Galván; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de once de abril de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diez de abril de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte, la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, oficio número DB07NOT3046UI04 2017 y original de contrato de arrendamiento entre Lorenzo Garza Gastelum y Claudia Sandoval Galván, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de la misma, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CLAUDIA SANDOVAL GALVAN POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO EL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de once de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Claudia Sandoval Galván; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de once de abril de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el diez de abril de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte, la parte quejosa exhibió con su escrito de demanda, oficio número DB07NOT3046UI04 2017 y original de contrato de arrendamiento entre Lorenzo Garza Gastelum y Claudia Sandoval Galván, prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de la misma, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Sandoval Galván, contra actos de la Subgerencia Comercial División Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 200/2018. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo debe desecharla de plano. La tesis jurisprudencial V.2°J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe tener los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De lo anterior, se obtiene que a efecto de desechar de plano una demanda de amparo debe apreciarse un motivo de improcedencia y que ese motivo sea manifiesto e indudable, entendiéndose por ello, de forma respectiva, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Pues bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la interpretación armónica de los citados preceptos, se desprende que: a). El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b). El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c). El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la quejosa en esencia reclama la orden de corte de suministro de energía eléctrica sino realiza el pago de la cantidad de $24,802.00 (veinticuatro mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional), impuesta por la responsable, por lo que solicita la nulidad del reproche. De igual modo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se observa que el treinta y uno de marzo del año en curso, un empleado de la Comisión Federal de Electricidad acudió al domicilio de la quejosa y le manifestó la existencia de una multa por la cantidad de $24,802.00 (veinticuatro mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional); sin embargo, del oficio DB07NOT3046UI04 2017 relativo al ajuste 3046/2017, signado por el Responsable del Departamento Comercial de Zona Los Mochis y apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, exhibido por la parte quejosa, se advierte que con motivo del procedimiento de verificación realizado al aparato de medición 59CX54 instalado en el domicilio de la quejosa, se encontró la existencia de cables conductores que derivan una parte o toda la energía que CFE suministra al domicilio directamente a la carga que la consume, impidiendo que dicha energía sea medida por el watthorimetro de CFE, por lo que se obtuvo la cantidad de $24,802.00 (veinticuatro mil ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional) como resultado de la energía eléctrica consumida y no facturada durante el periodo comprendido de trece de enero de dos mil catorce, a diez de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, se colige que el reclamo en esta instancia constitucional versa respecto a la orden de corte del suministro de energía eléctrica derivada del ajuste 3046/2017 el cobro del ajuste. En ese orden de ideas, el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario -quejoso-, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Asimismo, es dable establecer que la relación existente entre la Comisión Federal de Electricidad y la quejosa no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular como usuario del servicio de energía eléctrica. Lo anterior no genera que la relación de coordinación se transforme de supra a subordinación, dado que en caso de incumplimiento, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada -Comisión Federal de Electricidad-, deje de otorgar el servicio de suministro de energía eléctrica al domicilio de la amparista, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener lo solicitado mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este sentido, no todo acto emitido por un Órgano de la Administración Pública ni la aplicación de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, lo que en el caso a estudio no acontece. Asimismo, es menester decir que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, en el caso concreto la Comisión Federal de Electricidad, verifique el correcto actuar de los contratantes, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; esto es, la factura o recibo de adeudo. En efecto, de lo anterior se concluye que en este caso la Comisión Federal de Electricidad no puede considerarse como autoridad responsable, dado que los actos reclamados por la quejosa en el escrito inicial de demanda, no pueden considerarse actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, toda vez que se trata de actos entre particulares, entre los que existe un acuerdo de voluntades. Sirve de apoyo, como un criterio orientador, la tesis de jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), registrada con el número 2005314, visible en la página dos mil ciento veinticinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro dos, Enero de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, Plenos de Circuito, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.' y 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.', en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato.". Ello es así, ya que no obstante que en la actualidad incluso el juicio de amparo proceda contra actos de particulares que revistan las condiciones a que se refiere la fracción II, último párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo en vigor, en la especie se estima que no se surten esas condiciones pues para ello es necesario que el particular reúna los siguientes requisitos: a) Realice actos equivalentes a los de autoridad. b) Que se afecten derechos mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. En cuanto al primero de los requisitos citados ya quedó expuesto con antelación. La segunda exigencia relativa a que se afecten derechos, esa afectación debe ser vista en el contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular señalado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una disposición normativa. Ahora bien, en el caso, en el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable no se advierte el elemento acotado en el inciso a), dado que dicho acto queda comprendido en una relación de voluntades de suministrar energía eléctrica entre la ahora quejosa con la Comisión Federal de Electricidad, relación regulada por el derecho privado, en la cual el ente público actúa como particular, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad. Respecto al tema en controversia existen diversos criterios aislados y de jurisprudencia, sin embargo, el doce de enero de dos mil dieciocho, se publicó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual al resolver la contradicción de tesis 250/2017, sostenida entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público relativa es procedente la vía ordinaria mercantil, por ser actos derivados de una cuestión contractual. En apoyo a lo expuesto se trae a colación la parte de la ejecutoria de la cual se generó la jurisprudencia en comento, que en lo que interesa, dice: "QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.(7) Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014.(8) La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:. V. Las empresas de abastecimientos y suministros;. XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio.". De acuerdo con el contenido de la ejecutoria en análisis, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Es de esa manera, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de servicios. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Por tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la orden del corte y el corte de suministro de energía eléctrica con motivo del ajuste realizado, deriva de un acuerdo de voluntades entre la quejosa y Comisión Federal de Electricidad, de ahí que, es inconcuso que tales actos derivan directamente de la relación contractual existente entre el usuario y la institución federal. Cabe mencionar que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De esta manera, la relación que prevalece entre ambas partes es de coordinación, ya que los derechos y obligaciones contraídas de forma recíproca, tienen como origen el contrato suscrito para la obtención del suministro de energía eléctrica. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes -usuario y el organismo- es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y, por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ochocientos noventa, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, cabe destacar que no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.". Sin embargo, es oportuno señalar que el acto reclamado origen de dicha contradicción de tesis es diverso al acto aquí analizado. Bajo el presente esquema del pensamiento, cabe precisar que, en la especie, de lo manifestado por la propia quejosa en su demandada se deriva la relación entre ella con autoridades que estima responsables sin que sea necesaria la relación contractual entre ambas, máxime que existe jurisprudencia con relación a la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad. En este contexto es notorio e indudable que la relación jurídica entre la amparista y la autoridad responsable resulta de un acuerdo de voluntades, es decir, es de coordinación y no de supra a subordinación. Apoya lo anterior la tesis PC.III.L. J/5 emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento.". En efecto, por regla general no es dable desechar la demanda de amparo al considerar la naturaleza de la autoridad responsable; sin embargo, existe jurisprudencia aplicable al caso concreto, en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la naturaleza de Comisión Federal de Electricidad tratándose de actos que derivan de la relación contractual, para lo cual, concluyó que debe ventilarse en la vía ordinaria mercantil, de ahí, que el presente juicio de amparo sea notoriamente improcedente. De lo expuesto derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". En diverso orden de ideas, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo y como su autorizado legal en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado José Mahomed Ali Castañeda Burgueño y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Álvaro Romero Mayoral, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como 6°, segundo párrafo y 8°, ambos del Reglamento para la aplicación de la mencionada Ley, la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública, por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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