Claudia Teresa Ruiz Ibarra

Expediente 719/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
719/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Claudia Teresa Ruiz Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que admitió la incompetencia planteada por este juzgado, formándose el amparo directo civil 1751/2019; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de destrucción, toda vez que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías; en consecuencia una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del Apartado Noveno, Capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el Titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al peticionario de amparo en el cuadernillo que se forme.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA CLAUDIA TERESA RUIZ IBARRA EL AUTO DE VEINTINCINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE ALA LETRA DICE: Con la demanda de cuenta presentada por Claudia Teresa Ruíz Ibarra, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en esta ciudad; fórmese y regístrese bajo el expediente 719/2019-2A; y de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda de amparo se puede concluir que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los que establecen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:. c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y.". A efecto de analizar la competencia de este juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón del grado consisten en la naturaleza del acto que impugne ya sea, que se promueva la demanda correspondiente como amparo directo o uniinstancial ante un Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, ante un Juzgado de Distrito como amparo indirecto o biinstancial. En el presente asunto, este Juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atendiendo a los siguientes razonamientos: Del contenido integral de la demanda de amparo, se puede concluir que el quejoso de mérito, de manera esencial señala como acto reclamado, la sentencia definitiva dictada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en los autos del expediente número 184/2018, relativa a la Tercería Excluyente de Dominio, promovido por la actora ahora quejosa, emitida por el juez señalado como autoridad responsable; tercería que deriva del juicio ejecutivo mercantil 155/2012, que se tramitó ante el mismo órgano jurisdiccional señalado como autoridad responsable, en el cual la suerte principal que se reclamó asciende a la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, monto menor de $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal (según escrito de demanda); en consecuencia, inapelable en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, de cuyo contenido se advierte que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal. En ese entendido, se concluye que el acto reclamado en esta instancia constitucional constituye una determinación que pone fin al procedimiento de origen y, por consecuencia, el mismo queda comprendido dentro de los supuestos contemplados en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, razón por la cual este órgano jurisdiccional considera que su estudio es de la competencia de un TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional. En consecuencia, es de concluir que el presente asunto no se encuentra dentro de la esfera competencial de éste órgano jurisdiccional. Norma el criterio, la Tesis II.1o.C.148 C, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Página 701 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1997, Materia Civil, Novena Época, Registro 197301, que dice: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN AQUÉLLA SE DICTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si en juicio ejecutivo mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial.". Asimismo, por similitud jurídica, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 126/2005, sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 952 del Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2005, Materia Laboral, Novena Época, Registro 176797, que establece: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.". Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48 y 171 de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de distrito se declara de plano legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de garantías y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo al presente expediente de amparo número 719/2019-2A. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley actual de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en callejón Hermenegildo Galeana 270 poniente altos 2, colonia Centro, de esta ciudad.

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